Mantienen a Ignacio del Valle en penal de alta seguridad
ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL
ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL
Un año después de la incursión policiaca a San Salvador Atenco, donde fueron detenidas con brutalidad 207 personas, entre ellas ocho menores de edad y cinco extranjeros -que posteriormente fueron deportados a sus países de origen-, aún hay en prisión 28 personas, tres de ellas en un penal de máxima seguridad.
A 12 meses de los acontecimientos, 174 personas se encuentran sujetas a proceso penal, por los delitos de secuestro equiparado, ataques a las vías generales de comunicación, ultrajes, lesiones y portación de arma prohibida. Tras el operativo, la Procuraduría General de Justicia del estado de México consignó a 192 personas, por lo que se abrieron tres causas penales.
Ignacio del Valle Medina -líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)-, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo fueron considerados por las autoridades como sujetos de alta peligrosidad, por lo que el gobierno del estado convino con la Federación en que los tres permanecieran en el Centro Federal de Readaptación Social numero 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, para evitar que desde la prisión puedan orquestar otro movimiento similar en San Salvador Atenco.
En la primera causa, radicada en el juzgado primero penal de Toluca, a cargo de Alfredo Blas Hernández, se acusó a Del Valle, Alvarez y Galindo, recluidos en el penal del Altiplano, de secuestro equiparado por la retención ilegal de funcionarios mexiquenses entre febrero y abril del año pasado. En esta causa también están acusados América y Josefina del Valle, hija y hermana del líder del FPDT, así como Adán Espinoza y Bernardino Cruz Cardona, quienes para la autoridad aún son prófugos de la justicia.
A los detenidos en el penal del Altiplano se les siguió un proceso penal, el cual cerró el pasado 11 de abril, y a más tardar el 8 de mayo el juez dictará la sentencia correspondiente.
La segunda causa penal fue la 95/06 del juzgado primero penal de Toluca, en contra de los floristas Arturo Sánchez Romero, Martha Patricia Romero Hernández y Raúl Romero Macías, a quienes se les imputaron los delitos de portación de arma prohibida (machete), ultrajes y lesiones, en agravio de nueve policías.
La tercera, la que aglutina a la mayoría de los detenidos, es la 96/06 que instruye el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar. Esta última se inició por la consignación de la averiguación previa que levantó la procuraduría por los enfrentamientos entre pobladores de Atenco y policías federales y estatales.
A 189 personas se les acusó de delincuencia organizada, secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. Tras el análisis, el juez resolvió que en 17 casos no había elementos para procesar, por lo que dictó la libertad inmediata del mismo número de personas. A 170 determinó procesarles por ataques a las vías de comunicación y a 23 por secuestro. En suma, serán 172 los procesados, ya que en 21 casos se imputaban los dos delitos a la misma persona.
Gracias a la promoción de amparos, 41 de los 171 procesados en esta causa han logrado que sus juicios sean enviados a Texcoco, para que allá se concluyan los procesos y se les dicte la sentencia correspondiente.
La justicia federal ha declarado que el juez Maldonado Salazar es incompetente para conocer de los procesos, ya que los hechos ocurrieron en el distrito judicial de Texcoco, donde deben ser procesados los detenidos. El juez primero de Texcoco ha aceptado a la fecha 14 expedientes.
