Almoloya de Juárez / DPA
Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo, líderes del movimiento de San Salvador Atenco, fueron sentenciados hoy a 67 años y seis meses de prisión al ser encontrados culpables del delito de secuestro equiparado en contra de funcionarios estatales y federales.
A un año de los disturbios en San Salvador Atenco, ubicado a unos 30 kilómetros al noreste de Ciudad de de México, los dirigentes presos en el penal de alta seguridad del altiplano, fueron notificados de sus sentencias por el juez primero penal de Toluca, Alfredo Blas Hernández, quien además les impuso una multa equivalante a 2,464 días de salario mínimo (unos 12,000 dólares) a cada uno.
El año pasado, más de 200 personas fueron detenidas en San Salvador Atenco después de un enfrentamiento entre policías y pobladores por el desalojo de vendedores ambulantes.
En febrero y marzo del 2006, en diversos actos de protesta realizados por el poblado de San Salvador Atenco, fueron retenidos primero el subsecretario de Gobierno del Estado de México, Rosendo Rebolledo, y posteriormente cinco funcionarios de la Secretaría de Educación, a quienes se amenazó con rociar de gasolina y prenderles fuego, hecho de los que se responsabilizó a los ahora sentenciados.
El juez consideró que hubo suficientes elementos para condenar a los tres líderes sociales, que aún tienen una causa pendiente por ataques a las vías de comunicación. Los tres sentenciados permancerán en el penal del altiplano donde se encuentran algunos de los capos del narcotráfico y jefes de bandas de secuestradores más peligrosos del país.
El Tribunal de Justicia del Estado de México indicó que en la causa penal que hoy recibió sentencia, aún se encuentra prófuga América del Valle, hija del principal dirigente de San Salvador Atenco.
Otras 25 personas permanecen detenidas en relación a este caso, aunque están bajo proceso por ataques a las vías de comunicación y diversos cargos, y un total de 144 están en libertad bajo fianza.
Recién el viernes pasado, un centenar de personas se manifestó frente al palacio de gobierno de la ciudad de Toluca, para exigir la la liberación de quienes consideran "presos de conciencia".
La defensa de los inculpados adelantó que apelará la sentencia, que dijo es producto de una persecución política contra líderes sociales.
Tras los disturbios fueron detenidos una alemana, dos españolas y dos chilenos, que fueron expulsados de México días después, con la prohibición de regresar al país durante cinco años.
Tanto los chilenos como las españolas denunciaron violencia policial, abusos sexuales y golpes a numerosos detenidos. Las mujeres afirmaron haber sido víctimas ellas mismas de tocamientos sexuales y burlas.
