martes, 08 de mayo de 2007 - Julio Pimentel Ramírez
En el México de la llamada transición democrática, que en los hechos es solamente una alternancia en el poder de dos partidos que en esencia comparten el mismo proyecto socio económico y en esencia las mismas prácticas políticas, se vive un peligroso proceso de agudización del autoritarismo estatal y bajo el manto de la guerra al narcotráfico y a la delincuencia organizada, saca a los militares al campo y a las calles, reprimiendo a los movimientos sociales tal como sucedió en Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca.
La criminalización de los movimientos sociales no es una simple denuncia de incómodas -para el gobierno- organizaciones defensoras de los derechos humanos, es una realidad como se constata tanto con las actos represivos mencionados anteriormente en los que, como suele suceder, las llamadas fuerzas del orden ponen la fuerza y la represión y la población los muertos, heridos, torturados, desaparecidos y encarcelados, como con las injustas e infames condenas a las que fueron sentenciados tres dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco.
Ignacio del Valle Medina, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua fueron sentenciados por el juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández, a 67 años y seis meses de prisión cada uno, al encontrarlos responsables de secuestro equiparado, delito que les imputó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) por la retención de funcionarios entre febrero y abril del año pasado.
Como bien lo sabemos los ciudadanos de este país, la justicia mexicana no es ciega y justa sino que tiene particular tino para dictar sus veredictos, casualmente casi siempre en perjuicio de los que menos tienen y en beneficio de los poderosos. No olvidemos a los Cabal Peniche, al Divino y otros famosos delincuentes de cuello blanco a los que se ha exonerado y a los que el sistema legal mexicano ha tenido que pedir disculpas por las molestias ocasionadas y por dificultarles el disfrute de las fortunas adquiridas con el sudor de frentes ajenas.
Otra clara muestra de la inequidad en la impartición de justicia quedó estos días de manifiesto: mientras que a luchadores sociales se les condena a permanecer en prisión por más de seis décadas, además de que deben esperar el resultado de otros juicios pendientes y la apelación del Ministerio Público del Estado de México que se inconformó por la "benévola" sentencia del juez José Blas Hernández, otro juzgador en dicha Entidad condenó a Ismael Higuera Guerrero, alias El Mayel, líder de una célula criminal de los Arellano Félix, a 18 años de prisión.
En tanto, otros 18 detenidos en San Salvador Atenco hace un año, procesados por diversos delitos fueron trasladados del penal de Santiaguito al de Molino de Flores, en Texcoco, denunciaron que han sido amenazados "de muerte y de golpizas por parte de otros reos que gozan de protección de las autoridades penitenciarias". Cualquier semejanza de estas cárceles del democrático México del Siglo XXI, con el tristemente célebre Palacio Negro de Lecumberri, no son pura coincidencia sino muestras de que muchas cosas no se han modificado en este país.
Según declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, José Castillo Ambriz, si no hay más retrasos, en tres meses podría estar lista la sentencia contra los 174 procesados por el expediente Atenco, en algunos casos por secuestro equiparado y en otros por ataques a las vías de comunicación.
Esta será la segunda sentencia que reciban los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, Felipe µlvarez y Héctor Galindo, quienes recientemente fueron sentenciados a 67 años seis meses de prisión por el secuestro equiparado de siete funcionarios.
Esta situación de los detenidos de Atenco llama la atención sobre un tema comúnmente oculto a la opinión pública, al que la mayoría de los medios de comunicación ignoran o tergiversan y al que los partidos políticos suelen ignorar, algunos por convicción política e ideológica y otros por negligencia, que es el de los presos políticos o de conciencia.Aunque no existen cifras exactas del número de detenidos asociados a motivos políticos, el Comité Cerezo, considera que en México unas 500 personas se encuentran en prisión injustamente, algunas llevan ya varios años de prisión, incluso una década, sometidos a procesos injustos y, muchas veces, aberrantes.
Son ya varias las legislaturas que por oposición del PRI y del PAN, en la Cámara de Diputados federal se mantienen en el congelador varias iniciativas de ley de amnistía, que además de beneficiar directamente a cientos de afectados y sus familias, crearía mejores condiciones para la vida democrática del país.
En años recientes, acentuadamente en el último del sexenio foxista y los cinco meses que van del gobierno de Felipe Calderón, el número de presos políticos y de conciencia ha alcanzado niveles históricos. Se trata de participantes (en ocasiones ni siquiera eso) de movimientos sociales y expresiones de inconformidad colectiva. Esto ocurre en prácticamente toda la República.
Algunos alcanzan cierta difusión en los medios comerciales, los más sonados y ejemplares. Otros apenas son reportados por medios alternativos y organismos no gubernamentales de derechos humanos.Centenares de personas han sido detenidas y encarceladas desde 2005 en agresiones de carácter violento de las policías, lo que ha afectado a millares de personas, en especial indígenas, jóvenes urbanos, maestros democráticos y campesinos. Esto, además de las tumultuosas represiones en Guadalajara (mayo de 2005), San Salvador Atenco (mayo de 2006), Oaxaca (entre mayo y diciembre de 2006) y Mérida (2007).
Vicente Fox dejó a Felipe Calderón una herencia de más de 400 presos políticos, y la cifra se ha incrementado en estos cinco meses de la nueva administración federal debido a la represión de movimientos sociales que protestaban, por ejemplo, contra la instalación de la Minera San Xavier, en San Luis Potosí; por la visita del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, o bien por participar en actos de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Tabasco.
Es así que investigadores, intelectuales y artistas consideran un crimen y una injusticia que pretende inhibir todo tipo de protesta social, la sentencia de 67 años y seis meses de prisión a los dirigentes del FPDT. Con razón señalan que es urgente crear un movimiento nacional para la liberación de los presos políticos, porque "mañana serán miles".
