Pietro Ameglio
Nos llenamos de indignación al leer la noticia de la condena por 67 años de cárcel a Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, acusados de dos “secuestros equiparados”. Y quedan todavía de la otra campaña en esta lucha social 25 presos entre Santiaguito y Texcoco, cientos con procesos penales y varios prófugos. Irónicamente, pero confiamos que también proféticamente, la sentencia fue dictada el mismo día que en Cuernavaca se le entregaba al FPDT y a Ignacio del Valle el XV Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo.
Nos llenamos de indignación al leer la noticia de la condena por 67 años de cárcel a Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, acusados de dos “secuestros equiparados”. Y quedan todavía de la otra campaña en esta lucha social 25 presos entre Santiaguito y Texcoco, cientos con procesos penales y varios prófugos. Irónicamente, pero confiamos que también proféticamente, la sentencia fue dictada el mismo día que en Cuernavaca se le entregaba al FPDT y a Ignacio del Valle el XV Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo.
Cuesta siquiera imaginar el nivel de ensañamiento y venganza del actual gobierno, y sus múltiples socios. Tuvimos el privilegio de conocer a Nacho, a su familia y a los activistas del Frente por su solidaridad con nuestro Frente Cívico por la Defensa del Casino de la Selva, desde el 2002; allí construimos acciones y relaciones de mutuo compañerismo. Ellos han sido pioneros en el México reciente de la solidaridad real entre movimientos, pues han acudido en innumerables ocasiones a apoyar luchas sociales legítimas, con generosidad y valor. Puedo decir que es un hombre honesto, bueno de corazón, sencillo, generoso, inspirado en valores humanistas de la mayor altura. Igual diría de los que alcancé a tratar del FPDT.
Una buena foto de la actual situación mexicana es para mí el hecho que una persona como Nacho reciba una condena así y esté en un penal de alta seguridad como el Altiplano, junto a reos de elevada peligrosidad social que no reciben ni un tercio de su sentencia y hacen lo que quieren. Lo que él y sus compañeros hicieron es nada en comparación a los que dieron la orden de disparar y a los que mataron a Francisco Cortés y Alexis Benhumea en Atenco, y a los que violaron a más de 30 mujeres. ¿Dónde están ellos? ¿Alguien los ha identificado o hay alguna, al menos, averiguación previa contra ellos? Según la valiente abogada defensora de estos luchadores sociales, Bárbara Zamora, “ni siquiera las víctimas los reconocieron como responsables”; ellos ni siquiera estaban allí en el momento del supuesto secuestro.
Pero más allá de este inexorable argumento jurídico, está el hecho de que no puede ignorarse que dentro de un conflicto social se atraviesan muchas dinámicas de lucha, de ambas partes, mismas que no deben ser interpretadas sólo penalmente sino que tienen que contextualizarse dentro de un proceso que incluye con frecuencia omisiones y agresiones de las dos partes. La historia así lo muestra y nadie debe escandalizarse, porque esa es la etapa de humanización que todavía enfrenta nuestra especie. Con esta reflexión no pretendemos justificar nada, simplemente ahondar en desnudar esta estrategia de los gobiernos en México, particularmente de los últimos años, donde se busca convertir a los cuerpos de los activistas sociales, o de cualquiera que esporádicamente reclame un derecho, en blanco de la represión, tratándolos como criminales comunes (para ello también está la aprobación de la nueva ley antiterrorista).
A sus acciones se aplicará sólo el filtro del orden jurídico legaloide, casi siempre con pruebas falsificadas y testigos a modo, sin el contexto del proceso legítimo y legal de luchar por derechos antes violentados porque, en realidad, los activistas están permanentemente defendiéndose de previas agresiones impunes de todo tipo por parte de la autoridad.Cuál ha sido la táctica reciente más usada -además de las cíclicas cuotas de muertos- a gran escala nacional: el arresto masivo aterrorizante e impune, con todo tipo de violaciones, ilegalidades y vejaciones imaginables. Hacernos sentir que no valemos nada, que no tenemos ningún poder ante la autoridad, que a propósito refuerza su poder cometiendo descarada y visiblemente las arbitrariedades (policiales, militares, judiciales, políticas).
Esta táctica del terrorismo masivo, en diferentes escalas, es la que permite actualmente a esta etapa capitalista una expansión nunca antes vista, pues enriquece sobremanera al mejor instrumento de reproducción capitalista conocido hasta ahora: la guerra, intrínsecamente necesaria para la perduración y crecimiento de este modelo económico. Como hemos afirmado otras veces, la gran trampa que enfrentamos es la construcción desde los poderes de la inseguridad ciudadana, en la que la población aterrorizada se le sobrepone la idea de seguridad con la de paz, logrando que en nombre de esa palabra mágica -seguridad- la sociedad renuncie a siglos de conquistas en sus derechos. Se detuvo, entonces, la reflexión y dejó su lugar al terror. Cesan así los aún mínimos derechos humanos que rigen.
El gobierno, en complicidad con los medios, logró hace un año instalar masivamente ese terrorismo contra la ciudadanía a través de los medios, tergiversando los hechos originados en el municipio de Texcoco, con una violación de la autoridad a los derechos de vendedores ambulantes de flores. Construyeron con mucha precisión la figura del chivo expiatorio, alguien monstruoso que encarnaba a todos los males sociales y a quien si se le eliminaba se acababan los problemas. Esa ilusión infantil, como diría Piaget, instala a la población en un gran infantilismo social, y representa por tanto un mecanismo letal para la toma de conciencia ciudadana, permitiendo avanzar a las fuerzas del orden de forma indiscriminada y violenta. Al dejar de pensar y ver la población permite cualquier abuso inimaginable, con tal de sentir su cuerpo y el de los suyos seguro. Por eso el gobierno, y sus aliados, son ampliamente favorecidos por la violencia y la polarización social ya que les permite infantilizar más a grandes mayorías, que les depositan todo su ser con tal que les hagan sentir seguros, aún a costa de matar, encarcelar o torturar.
Se acaba así de escribir un capítulo más de esa telenovela que el gobierno nos quiere hacer creer acerca de su preocupación por nuestra seguridad y bienestar: ya hay chivo expiatorio y castigo ejemplar, donde se demuestra la decisión y firmeza de la autoridad, que enseña la validez oficial de la Ley del Talión y la venganza (Aeropuerto y la otra campaña dixit). La población puede respirar tranquila, hay quien nos cuide. Para algunos, sólo faltaría decir: “Aleluya, gloria a dios, ya se respeta el Estado de derecho en México. Estamos en paz”.
Pero demos un paso más a fondo en la reflexión de este hecho tan infame. Este paso tiene que ver con una característica tan intrínseca a la derecha: la doble moral. Hace semanas se orquestó en México una campaña muy agresiva, con descalificaciones de todo tipo, incluso hasta el grado de “excomulgar” a quienes votaran a favor de la despenalización del aborto en ciertas circunstancias. Todo se planteó bajo el eje de la “defensa de la vida”. No estamos en contra del legítimo derecho a debatir y defender públicamente posturas éticas esenciales, ni mucho menos nos asustan los llamados a la desobediencia de conciencia, pero sí discrepamos radicalmente de las formas condenatorias y unilaterales de presentar los argumentos. Pero, sobre todo, de la doble moral. ¿Cómo atreverse a llamar a la desobediencia civil y antes haber condenado enérgicamente cuantas acciones de este tipo igualmente legítimas llevaron a cabo el zapatismo, la APPO y la resistencia al fraude electoral? ¿De qué “respeto a la vida” nos pueden hablar seriamente el gobierno, y sus aliados, si permiten semejante atropello legal y humano a estas personas del FPDT, y a los otros más de 500 presos políticos y de conciencia en el país? ¿De cuál “respeto a la vida” nos pueden hablar si dejan impune el asesinato y violación de la anciana nahua Ernestina Ascensión Rosario atribuyéndolo a causas gastrointestinales? ¿De qué “respeto a la vida” nos pueden hablar si dejan impunes las decenas de violaciones certificadas por la propia CNDH de hombres y mujeres de la otra campaña en Atenco y la APPO en Oaxaca, y los asesinatos de Francisco y Alexis? ¿De qué “respeto a la vida” nos pueden hablar si financian y encubren la creación de más grupos paramilitares en Chiapas, bajo la fachada de la OPDDIC, que roban tierras comunitarias productivas, ganado y matan indígenas?
Me temo que las autoridades quieran reforzar -a través de esta desproporcionada militarización y criminalización de la protesta social- este camino de violación a los derechos humanos básicos que busca provocar desánimo o un choque violento contra quien controla “el uso del monopolio legal pero ilegítimo de la violencia estatal”. Siguiendo con la cita del Dr. Marín: “el monopolio de la violencia legal en manos de la dictadura civil o militar de los capitalistas es humanamente ilegítima y fuente de creciente inhumanidad, por ello la absoluta necesidad de impulsar, como se expresó en las conclusiones del XXII Congreso de ALAS en Chile: la desobediencia debida a toda orden de inhumanidad”.
Muchas autoridades –en franco proceso de debilitamiento aunque parezca lo contrario- ignoran que a cada vez más mexicanos y mexicanas estas injusticias nos refuerzan en las energías de continuar luchando organizada y no violentamente por una tierra más justa y humana para todos y todas. Una cobardía como ésta al FPDT nos motiva a redoblar esfuerzos, porque nuestra lucha se engloba en los procesos de humanización de nuestra especie.
