jueves, 10 de mayo de 2007, Por Ricardo Monreal Avila
A partir del pasado fin de semana podemos incorporar al diccionario de la justicia mexicana un nuevo término: atencazo, o la decisión mediante la cual se aplica crueldad judicial extrema a luchadores y líderes sociales en nombre del Estado de Derecho.
La sentencia del juez penal primero de Toluca de condenar a 67 años con 6 meses de prisión a los líderes de Atenco, Ignacio Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez, tiene el tufo rancio de los años del autoritarismo político de la época de Gustavo Díaz Ordaz. ¿El delito? Secuestro equiparado. ¿Contra quién? Contra cuatro funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Estado de México. ¿Cuánto tiempo estuvieron "secuestrados"? Unas horas. ¿Quién acusa? El propio gobierno que los juzga.
Equiparar con el delito de secuestro la retención por unas horas de servidores públicos que llevaban la encomienda de conversar y negociar un acuerdo con los ahora sentenciados, no es secuestro. Al menos, no lo es en los términos que las disciplinas criminológicas prevén para este delito, donde debe mediar violencia extrema y la obtención de un beneficio económico para los secuestradores. Los funcionarios del gobierno estatal, ¿fueron interceptados al salir de su domicilio, de un cajero automático, en un crucero de tránsito, al dejar sus oficinas o bajo cualesquier otra circunstancia bajo las cuales son secuestrados y extorsionados día tras día inermes ciudadanos mexicanos y extranjeros en nuestro territorio? ¿Estuvieron en todo momento bajo la condición de cautiverio, que implica estar amarrados de pies y manos, con los ojos vendados, en un cuarto de aislamiento, sometidos a tortura y sin identificar a sus victimarios? ¿Dónde está la solicitud de rescate por parte de los dirigentes encarcelados y sentenciados?
En otras palabras, ¿Daniel Arizmendi, el tristemente célebre "mochaorejas", que acumuló una fortuna de 50 millones de pesos mediante el secuestro, realmente es equiparable con los dirigentes de los campesinos y ejidatarios de Atenco que están defendiendo sus tierras y se niegan a venderlas o a ser expropiados?
Voltaire señaló que "la justicia llevada demasiado lejos puede transformarse en injusticia". Pero si además se aplica parcialmente, retrocedemos a ese estado natural del hombre descrito por Platón en La República: "Yo declaro que la justicia natural no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte". Y, en efecto, el atencazo es precisamente eso: no un acto de justicia, sino una decisión para determinar judicialmente --en un conflicto entre autoridades y ciudadanos--, quién es el más fuerte, a quién asiste el derecho a la fuerza y no la fuerza del derecho o la razón.
Para ilustrar el tamaño de esta justicia "llevada demasiado lejos", es decir, de la injusticia real de una sentencia formalmente justa, tenemos algunos indicadores. En los mismos hechos de violencia de los que se responsabiliza a los líderes de Atenco, hubo dos jóvenes muertos residentes del mismo municipio. ¿Dónde están los responsables? Libres. Ni siquiera han sido identificados. ¿Cuántos presos hay por los abusos cometidos contra mujeres de esa comunidad por parte de las fuerzas del orden y acreditados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ninguno.
Por otra parte, el mismo día en que fueron sentenciados los líderes de Atenco fue dictada casi en la misma región, con similar código penal y por jueces pares, una sentencia tres veces menor, de sólo 18 años, al operador de cárteles del narcotráfico, Ismael Higuera Guerrero, "El Mayel". Portar machetes es más peligroso que traficar con drogas. Por otra parte, ¿qué otros secuestradores o "delincuentes equiparables" han recibido este tipo de sentencias en el Estado de México, una de las mayores entidades con este tipo de delitos? Fuera del "Mochaorejas", que purga una sentencia de más de 300 años, no se tiene registro de un "castigo ejemplar" como el impuesto a los presos de Atenco, cuya sentencia desmedida viene a confirmar ahora lo que siempre se negó: que no deben ser considerados infractores menores del orden común, sino verdaderos rebeldes mayores que desafían un orden especial y superior, el orden político de gobierno.
La sentencia de 67 años (la Procuraduría del Estado solicitó el doble; el benigno juez concedió lo mínimo) exhibió la trama esencial del atencazo o machetazo judicial: si no son "reos peligrosos" del orden común, como el juez se encargó de subrayar, entonces el elevado número de años sólo se explica por el carácter extraordinario de los reos de Atenco, el cual no es otro que su condición de presos del orden político.
¿A quién amenaza la libertad de Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Alvarez? Al orden político establecido en Atenco y a los intereses económicos que ese orden representa. El daño de los "macheteros" de Atenco no es a la sociedad civil, sino a las sociedades anónimas que codician sus tierras.
No podemos soslayar las consecuencias previsibles del atencazo judicial. La más inmediata es su generalización por el principio de proximidad y equiparación en casos similares. Tenemos a los líderes de la APPO de Oaxaca, en la misma cárcel y con cargos similares a los de Atenco, esperando sentencia. Más los líderes de movimientos de protesta que surjan en los próximos años, por la proclividad de los actuales gobiernos de enfrentar la presión social con la represión policial.
Criminalizar la protesta social es uno de los instintos básicos de los gobiernos de derecha. Les aterra ver a los marginados, excluidos y pobres en las calles defendiendo sus derechos más elementales. El término "luchadores sociales" o "demandantes de justicia" no existe en su mapa conceptual. "Si fueran eso que dices tendrían abogados serios de despachos famosos litigando en los tribunales", piensan muchos de ellos. "Terrorismo", es el término con el que se sienten más cómodos, seguros y confiados en esta guerra a favor del orden y la seguridad.
Orden, seguridad y autoridad, son las coordenadas de la derecha. Para "socializar" estos principios tiene un ejército de maestros, la policía; una escuela, la cárcel; y una coartada ideológica y política, el "terrorismo".
El atencazo o machetazo a la justicia que implica esa sentencia de 67 años desnuda al Estado de derecha (no de Derecho) que se quiere implantar en el país. Hay que revestirlo y, por supuesto, revertirlo.
