lunes, diciembre 30, 2019

Muere a los 80 años la luchadora social Alicia Galicia Lima


Doña Lichita será homenajeada este lunes.Foto Jesús Villaseca
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 30 de diciembre de 2019, p. 4
San Salvador Atenco, Méx., Alicia Galicia Lima, Doña Lichita, murió a los 80 años de edad. Activista aguerrida era considerada uno de los rostros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, y durante muchos años se dedicó a luchar por las causas sociales.
La defensa de la tierra era su vida, en el campo se le veía trabajando su parcela, en las manifestaciones contra el aeropuerto en Texcoco iba siempre a la vanguardia blandiendo su machete, cargando su canasta de mazorcas y nopales, y portando su manta.
En las conferencias de prensa era la voz longeva del movimiento; en la cocina organizaba la llegada de los contingentes para que todos comieran y en los actos culturales o donde se necesitara siempre estaba dispuesta a colaborar.
La recordamos como una gran mujer, una mujer guerrera con un compromiso muy serio, muy entregada a la lucha no sólo de la defensa de la tierra con el FPDT, sino en la lucha social; porque levantó la voz por la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos, por la defensa del agua, por el no a las mineras y a todos los megaproyectos que están despojando a los pueblos de todo lo que les pertenece, expresó María Trinidad Ramírez, dirigente del Frente.
Alicia Galicia, originaria de San Francisco Acuexcomac de Atenco, falleció el sábado 28 de diciembre y este domingo fue velada en su vivienda. Este lunes, el FPDT le rendirá un homenaje en la plaza principal de Atenco por su contribución al movimiento atenquense.
El rostro de Lichita y su activismo fueron plasmados en los carteles de las movilizaciones contra el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

viernes, diciembre 20, 2019

La Comisión de la Verdad debate sobre la función actual del GIEI en el caso

 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de diciembre de 2019, p. 11
El llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno mexicano acepte la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para colaborar con las indagatorias por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sorprendió a funcionarios federales, quienes aseguraron que algunos de los expertos que conformaron ese grupo han venido coadyuvando desde hace unos meses con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de ese caso.
Sin embargo, otras fuentes ligadas a las investigaciones señalaron que si bien los especialistas internacionales han estado en México, cooperando con los trabajos de la Comisión, no desarrollan las mismas facultades que realizaron como GIEI, por lo que la exigencia de los padres es que así sea.
Este debate se dio en medio de la última sesión del año, la décimo primera, de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que se realizó el miércoles en la Secretaría de Gobernación, en la que los los representantes legales de las familias y fuentes federales indicaron que en diversos puntos de búsqueda se hallaron nuevos huesos que el gobierno federal enviará a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su análisis y con ello confirmar si se trata o no de los estudiantes.
En un comunicado emitido el martes por la CIDH, se detalló que el pasado 3 de diciembre envió a las autoridades mexicanas la propuesta formal para la reinstalación del GIEI. Esto generó cierta polémica al interior de la comisión. Por un lado, algunos indicaron que ese paso se ha cumplido, pues en marzo se presentó el Grupo de Apoyo Técnico de ese organismo internacional, en el que participan algunos expertos de la entidad anterior.
Foto
▲ Los familiares de los 43 desaparecidos en Iguala exigen que el GIEI tenga más facultades en la investigación.Foto La Jornada
En respuesta, otros subrayaron que a partir de entonces los especialistas Ángela Buitrago y Francisco Cox han coadyuvado en las labores, se trata de una asesoría como consultores, que no es el mismo trabajo que desarrolló el GIEI cuya colaboración era mayor: tenían facultades para acceder a la investigación y a los expedientes, a realizar procesos de búsqueda, a entrevistar a presuntos responsables, a ingresar a los penales y a sugerir líneas de investigación y de búsqueda. En la reunión participaron el fiscal especial del caso, Omar Gómez; representantes de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la experta del GIEI, Ángela Buitrago, familiares de los normalistas y funcionarios
A su vez, al finalizar la sesión de la Comisión, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que acompañan a los padres de los jóvenes, indicó que se realizó un balance de los trabajos desarrollados en este primer año y se presentó la agenda del siguiente, entre ellas reuniones, por separado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el fiscal general de la República.

miércoles, diciembre 18, 2019

Inclumplido aún, el fallo de la Coridh sobre mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco

 
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de diciembre de 2019, p. 18
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco ha cumplido un año y las 11 denunciantes y sus representantes instaron al Estado a realizar las acciones necesarias para dar pronto cumplimiento a las reparaciones ordenadas en beneficio de las víctimas sobrevivientes, así como las medidas de carácter estructural.
Al hacer un balance de los avances y los asuntos pendientes en la implementación de las medidas ordenadas por la Coridh, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expuso la necesidad de unificar la investigación del caso, por lo que han exhortado a las autoridades a concretar y acelerar la atracción del asunto al fuero federal.
Lo anterior, toda vez que si bien este año se abrió una investigación por la Fiscalía General de la República, aún sigue abierta en la fiscalía local del estado de México una pesquisa cuyas serias deficiencias fueron expuestas por la Coridh.
Destacaron la falta de avances concretos por el Estado en la ­creación de un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales federales y del estado de México, como ordenó el tribunal interamericano.
Exhortaron al Estado a agilizar la implementación de los aspectos pendientes y garantizar la atención de salud a las mujeres, así como a celebrar una sesión de seguimiento de la mesa de cumplimiento instalada en abril.

viernes, diciembre 13, 2019

Extenderán la pensión vitalicia para niños víctimas y madres de la guardería ABC

  • Preparan nuevo decreto
  • Hay otras demandas de los familiares que deben ser acordadas, reconoce AMLO

El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer en Hermosillo con padres de los sobrevivientes y víctimas mortales del incendio de 2009 en la guardería ABC.Foto Cristina Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 13 de diciembre de 2019, p. 13
Hermosillo, Son., El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó este jueves con los padres de las víctimas del incendio ocurrido en la Guardería ABC, en junio de 2009, que emitirá un decreto por el cual los 70 niños sobrevivientes y los padres de los 49 menores fallecidos serán pensionados de por vida, y que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrirá la investigación sobre la tragedia.
Los deudos esperaban que ayer, en su tercer encuentro con el mandatario, éste emitiera un decreto presidencial que garantizara la atención médica de los sobrevivientes, pensiones vitalicias y el compromiso de que el Estado mexicano encarcelará a los ex funcionarios implicados en la conflagración. Tal acuerdo se aplazó para una próxima reunión, que se efectuará el 12 de marzo de 2020.
El tema principal fueron las ayudas para los sobrevivientes, que todos los niños heridos reciban servicios de salud sin distingo, ayuda económica vitalicia a las madres de los niños, y pensión al momento deque los menores cumplan la mayoría de edad. Todo esto se incluirá en el decreto con el fin de que no quede a capricho de las autoridades en turno.
Al salir de la reunión celebrada a puerta cerrada, López Obrador informó en entrevista que el nuevo decreto presidencial quedó pendiente hasta que los diversos grupos de padres de las víctimas alcancen una resolución conjunta, pues hay temas pendientes y se requiere un acuerdo general; hay procesos hacia la justicia que llevan tiempo, a veces tarda, pero debe de llegar.
La FGR recibirá un llamado
Asimismo, ofreció hacer un llamado respetuoso al fiscal general Alejandro Gertz Manero, para que retome la investigación hasta castigar a los implicados en la tragedia.
En general decidimos (el gobierno federal y los padres) que debe de haber justicia, lo que significa reparar los daños materiales y también castigar a los responsables, pero eso le corresponde a la Fiscalía General, hoy voy a pedirle a Alejandro Gertz Manero que se avance en la investigación que se tiene en la FGR, señaló el Presidente.
Encinas da continuidad a las reuniones
López Obrador, quien visitó Hermosillo acompañado por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que éste continuará siendo interlocutor entre las víctimas y gobierno federal. Además, anunció que Encinas Rodríguez y los padres de la Guardería ABC se reunirán el próximo 23 diciembre en la Ciudad de México.
Julio César Márquez, padre de Yeyé, uno de los menores fallecidos en la conflagración, aseguró que las ayudas vitalicias serán tabuladas con el monto máximo de pensiones, de acuerdo con el tabulador del Instituto Mexicano del Seguro Social. No puedo decir el monto por seguridad de las madres, hay información que es delicada y no puedo poner en riesgo a las demás familias, comentó.
La reunión con más de 80 representantes de las familias afectadas se llevó a cabo en la misma sede del anterior encuentro entre López Obrador y los deudos realizado el pasado 2 de septiembre, en un hotel ubicado a tres kilómetros del Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

jueves, diciembre 05, 2019

No prescriben delitos graves perpetrados en el desalojo de Atenco, determina la SCJN


Niega amparo a policía acusado por tortura
 
Periódico La Jornada
Jueves 5 de diciembre de 2019, p. 8
Los casos de tortura perpetrados por policías durante el desalojo de ejidatarios de San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006 no pueden declararse prescritos, debido a que de acuerdo con la jurisprudencia y los tratados internacionales firmados por México, la investigación de los crímenes de lesa humanidad no puede expirar hasta encontrar a los culpables.
Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al negar un amparo a Baltazar Nateras Nava, policía del estado de México acusado de cometer tortura sexual contra una de las participantes en las protestas contra la construcción de un aeropuerto en esa zona.
La represión ejercida por la Policía Federal y agentes de la Secretaría de Seguridad estatal dejó un saldo de dos personas muertas y más de 200 detenidas, muchas de las cuales denunciaron haber sido objeto de tortura y violación.
El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Mario Pardo Rebolledo, señala: Tratándose de delitos como el de tortura, la grave violación de derechos humanos que implica, hace la diferencia con otro tipo de ilícitos que no alcancen ese carácter y, por tanto, excepciona los plazos fijados al Ministerio Público a fin de que perfeccione la acción penal; pues de otra manera se contravendría su carácter de imprescriptibilidad.
Por unanimidad y sin discusión alguna, la propuesta fue aprobada por los ministros de la primera sala. En el texto de la resolución se declaró inconstitucional el plazo de 90 días que fijaba el Código de Procedimientos Penales del estado de México para que el Ministerio Público perfeccionara la acusación.
El incumplimiento de este plazo fue lo que permitió que, en primera instancia, Nateras Nava obtuviera un amparo de un juez de distrito, quien lo dejó salir en libertad, decisión que fue revertida por el fallo de la SCJN.