Editorial de La Jornada. En los primeros días de mayo de 2006, fuerzas federales, estatales y municipales fueron lanzadas en un violento operativo de represión en contra de los comuneros de San Salvador Atenco y otras localidades mexiquenses, quienes años antes habían constituido el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para oponerse al proyecto del entonces presidente Vicente Fox de construir un aeropuerto en terrenos agrícolas de Texcoco. Un incidente menor en el que policías estatales y municipales intentaron retirar a vendedores de flores en el mercado de Texcoco derivó en un bloqueo carretero, una batalla campal, decenas de detenciones y la retención de varios funcionarios por parte de los pobladores. En respuesta, los gobiernos federal y estatal –encabezado entonces este último por Enrique Peña Nieto– lanzaron una brutal incursión sobre San Salvador Atenco en la que murieron los jóvenes Ollin Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortés, cientos de personas fueron salvajemente golpeadas, decenas de mujeres fueron violadas por elementos policiales, otros centenares fueron detenidos, incluidos menores de edad, y resultó incendiado el auditorio de la localidad.
Años más tarde, las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos establecieron la comisión de delitos graves por parte de ambas instancias de gobierno, y la Federación fue acusada por su responsabilidad en detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, sicológicas y sexuales, carencia de acceso a la justicia y discriminación por razones de género.
Ayer, a 20 años de aquellos injustificables abusos de poder, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó San Salvador Atenco, donde firmó el Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, reivindicó la lucha del FPDT y de otros movimientos sociales y prometió que “nunca más un policía, un guardia nacional, reprimirá al pueblo de México”. La mandataria reconoció que aún hay camino por recorrer hacia el acceso a la justicia para muchas de las luchas sociales del país y señaló la diferencia de actitudes gubernamentales antes y después de 2018 hacia los movimientos sociales y populares.
Por su parte, Hortencia Ramos, integrante del FPDT, reprochó que hasta la fecha “ningún violador o asesino ha sido juzgado, desde el asesino confeso Enrique Peña Nieto o los panistas de mano dura Vicente Fox y Felipe Calderón, pasando por los señores de Texcoco, hasta los altos mandos policiacos”, y señaló que en Atenco “la justicia es una cuenta pendiente hasta no ver tras las rejas, juzgados, sentenciados y condenados, a quienes, desde el Estado, cometieron un crimen de lesa humanidad contra las comunidades”.
Asiste la razón a la Presidenta en su señalamiento de que su administración y la de su predecesor han dado un trato digno y respetuoso a los movimientos sociales y que en siete años y medio éstos no han sido reprimidos por el gobierno federal. Pero también es cierto que los altos responsables por la atrocidad perpetrada hace dos décadas –Vicente Fox, su secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, y Enrique Peña Nieto– nunca han comparecido ante un tribunal para explicar su responsabilidad en los crímenes cometidos. Por su parte, Wilfrido Robledo Madrid, quien se desempeñaba como responsable de la mexiquense Agencia de Seguridad Estatal, murió en 2022 sin que sus responsabilidades por esos hechos fueran sancionadas.
Por lo que hace a los ex gobernantes del ciclo neoliberal, la justicia pendiente rebasa el ámbito de Atenco. Una inmensa cantidad de delitos de toda clase –políticos, económicos, sociales, ambientales y comunes– fueron perpetrados entre 1988 y 2018 al amparo del poder público, sin que hasta la fecha, y a pesar de los innegables cambios positivos experimentados en el país, haya sido posible impartir justicia. Hoy, tras la reforma al Poder Judicial, existen al menos condiciones menos desfavorables para pugnar por ella. Para el FPDT y para todas las personas agraviadas, es una reivindicación vigente y un derecho irrenunciable.
