Para las mujeres sobrevivientes, esta resolución constituye “un nuevo paso para combatir los obstáculos interpuestos por el Estado para alcanzar la justicia”.
La agrupación de mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco logró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deba remitir a la Fiscalía General de la República (FGR) la investigación sobre los hechos de represión social, detenciones arbitrarias y actos de tortura por fuerzas policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco en 2006.
Así lo confirmó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión 245/2022, ordenando a la FGJEM remitir la averiguación previa del caso Atenco a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
Para la agrupación de mujeres sobrevivientes, esta resolución judicial constituye “un nuevo paso para combatir los obstáculos interpuestos por el Estado para alcanzar la justicia”.
En julio de 2020, las mujeres sobrevivientes acompañadas por el Centro Prodh iniciaron esta larga batalla legal contra las autoridades del Estado de México para que cumplieran con lo ordenado por el Tribunal interamericano.
El Centro Prodh recordó que, durante estos 17 años, “las autoridades locales han sido las encargadas de investigar los actos de tortura y represión en Atenco; sin embargo, hasta hoy ningún elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres”.
“Por el contrario la FGJEM ha obstaculizado, desde el 2006 e incluso después de la emisión de la Sentencia de la Corte IDH, la posibilidad de que las mujeres sobrevivientes accedan a la justicia, más recientemente negándose a remitir la investigación a FGR”, manifestó el Centro Prodh en un comunicado.
Precisó que, tras la confirmación de la remisión del total de la investigación a la FGR, ahora esta entidad está obligada a conducirla de manera integral, amplia, sistemática, minuciosa y sin dilación para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso, así como los posibles vínculos entre los responsables directos y sus superiores jerárquicos, individualizando los responsables en todos los niveles de decisión tanto federales, estatales o municipales.
