martes, noviembre 21, 2017

Jornada de Lucha: 3 años



Niega Estado mexicano “tortura generalizada” en Atenco

Ante CoIDH sostiene haber reparado daño a mujeres torturadas sexualmente


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR.- 22/11/2017
Como hace 11 años, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual de Atenco denunciaron los hechos de tortura sexual cometida en su contra por agentes de los 3 niveles de gobierno.
Ahora, frente a las y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y como hace 11 años, el Estado mexicano, a través de sus funcionarios, insistió en que los operativos obedecieron a un “enfrentamiento entre dos bandos: policías y manifestantes”, negó que hubo tortura generalizada y enfatizó que el daño a las mujeres se había reparado.
Durante las audiencias públicas realizadas este 16 y 17 de noviembre, en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, por el caso de tortura sexual contra 11 mujeres peticionarias de Atenco, la comitiva mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, trató de justificar el contexto de las violaciones sexuales.
Desde el jueves 16, cuando cinco de las 11 mujeres presentaron su testimonio oral para dar cuenta de que fueron detenidas de forma arbitraria, golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, los funcionarios mexicanos trataron de “contextualizar” los hechos y aclarar que ya habían tomado medidas de reparación por este caso.
Incluso cuando el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo trató de dar un discurso sobre el respeto a los Derechos Humanos (DH), fue interrumpido por la abogada de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Florencia Reggiardo, quien lo objetó toda vez que en esa etapa del proceso solo se debían hacer preguntas a las sobrevivientes que declaraban.
Asimismo el director del Área de Casos de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Carlos Uriel Salas Segovia y la directora de Derecho Internacional de la Consultoría Jurídica de la misma dependencia, Karla Victoria Jones Anaya, cuestionaron a las víctimas si conocían los informes donde ofrecieron medidas para reparar el daño.
Para afianzar esta posición, el viernes 17 el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo destacó que había 52 policías “consignados” y que en una audiencia realizada el 14 de marzo de 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció violaciones a DH y negó que el caso Atenco ocurriera en un contexto de “tortura generalizada”.
También dijo que, de acuerdo con una investigación realizada en 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hubo y no hay elementos para juzgar a mandos superiores jerárquicos, no hubo una orden para violar DH y que el uso de la fuerza fue una acción legítima y legal, aunque reconoció que hubo “excesos”.
NUEVAS REPARACIONES
En voz del embajador, el Estado mexicano pidió que no se ordenen “nuevas medidas de reparación” adicionales a las propuestas por el gobierno mexicano, y acusó a la CIDH, organismo que envió el caso a la Corte, de incurrir en errores graves y violaciones procesales en este caso.
Como respuesta a los alegatos de la comitiva mexicana, las litigantes de Cejil y del Centro de DH Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acompañantes legales de las denunciantes, aclararon que ningún autor de los crímenes ha sido sancionado. La abogada del Prodh, Araceli Olivos Portugal, dijo que la información vertida era un ejemplo de la “retórica de la impunidad” para justificar la brutalidad policial de hace once años.
Para desmentir los dichos del Estado, la abogada Stephanie Erin Brewer precisó que la investigación de la SCJN, que no era penal, encontró que la violencia en los operativos policiales de Atenco fue tolerada por omisión por la cadena de mando, es decir, por los jefes de la policía que conocieron y toleraron los hechos.
Al contrastar las versiones, los jueces del alto tribunal, Humberto Antonio Sierra Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y la jueza Elizabeth Odio Benito, notaron una radical y distinta forma de ver los hechos.
Por esa razón una pregunta en la que insistieron fue saber si había o no responsables condenados. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tuvo que matizar los dichos y señalar que las 52 personas imputadas eran probables responsables y que en realidad no había ninguna condena.
El fiscal destapó la verdad negada cuando afirmó que en un principio hubo una sentencia por el delito de actos libidinosos que finalmente fue revocada. Además, dijo, de los 52 imputados, sólo 18 siguen en proceso. “No hay impunidad porque los procesos legales siguen”, consideró.
Los jueces pidieron que en la siguiente etapa, deberán enviar alegatos por escrito, las víctimas deberán informar por qué consideran que hubo una estrategia (avalada por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto) para ejercer tortura sexual ya que “una cosa es solicitar la intervención de la fuerza pública y otra masivas violaciones” y pidió al Estado informar cuántos policías participaron y cuántos civiles había, entre otros datos.
Las 11 mujeres de Atenco piden reparación para ellas pero también para evitar la repetición de los hechos. Es por ello que demandaron que se reconozca el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica.
En su camino hacia la justicia, Mariana Selvas Gómez; Georgina Edith Rosales Gutiérrez; María Patricia Romero Hernández; Norma Aidé Jiménez Osorio; Claudia Hernández Martínez; Bárbara Italia Méndez Moreno; Ana María Velasco Rodríguez; Yolanda Muñoz Diosdada; Cristina Sánchez Hernández; Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo; han encontrado más víctimas de tortura sexual, una técnica que consideran, se usa para desmovilizar a la sociedad, reprimir o fabricar culpables.
Por ello, durante tres años mantuvieron la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, que actualmente está integrada por 24 mujeres de diferentes regiones del país.
17/AGM/LGL

Concluyen las audiencias: Mujeres de Atenco


Concluyen las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso #MujeresDeAtenco.
Gracias a Claudia, Angélica Patricia, Italia, Suhelen, Norma, Ana María, Ana Patricia, Edith, Mariana, Yolanda y Cristina por su lucha y voz digna.

El Centro Prodh agradece a todas las personas que sumaron y acompañaron a las 11 mujeres en su valiente comparecencia ante la Corte. Asimismo, agradecemos a Center for Justice and International Law-CEJIL por el trabajo conjunto.

La sentencia del caso será dictada en los próximos meses. Sigamos acompañando las sobrevivientes de #TorturaSexual en su búsqueda de verdad y justicia.

Te invitamos a consultar todos los materiales de la campaña #RompiendoElSilencio en AQUÍ

domingo, noviembre 19, 2017

Se inicia hoy tercera jornada nacional de protesta por los 43 normalistas

Incluirá toma de casetas de cobro en Guerrero y plantón ante la SRE
Durante la marcha por los tres años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, del Ángel de la Independencia al Antimonumento, el pasado 26 de septiembreFoto Yazmín Ortega Cortés
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 19 de noviembre de 2017, p. 12
Tixtla, Gro.
Padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa anunciaron que la Tercera Jornada Nacional Romper el Muro de la Impunidad se iniciará hoy con la toma de casetas de cobro en Guerrero y concluirá con un plantón ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a partir del 20 de noviembre en la Ciudad de México.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, situada en Tixtla, Guerrero, una madre de familia dio lectura a un boletín en el que anunció que este domingo levantarán las plumas de las tres casetas de cobro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ubicadas en el estado.
Del 20 al 26 de noviembre, explicó, se instalarán en plantón en la SRE en la Ciudad de México, con la exigencia de que se agilicen las pesquisas de las cuatro líneas de investigación y sean detenidos los elementos de las policías municipal de Huitzuco y la Federal, así como del Ejército Mexicano, quienes presuntamente hicieron desaparecer a los 43 jóvenes.
Si los poderosos piensan que por el paso del tiempo nos vamos a doblegar, les decimos que se equivocan: aquí seguimos exigiendo la presentación con vida de los 43 (estudiantes normalistas), advirtió la madre.
Insistió en que México no puede ir al festín electoral sin transitar hacia el desarrollo económico; si no tenemos verdad y justicia para los 43 padres y los miles que buscan desesperadamente a sus hijos y claman por justicia.
Denunció que el gobierno federal se ha encargado de encubrir a los responsables al realizar una indagatoria deficiente y al presentar una tesis de investigación basada en su conclusión del basurero de Cocula, que carece de sustento científico.
“La Procuraduría General de la República, desde el inicio de este año, propuso un cronograma que va de junio a octubre, mediante el cual terminaría de esclarecer las cuatro líneas de investigación. En cada reunión nos van dando resultados a cuentagotas.
Algunas veces nos informan la identificación de determinados responsables; otras más, el hallazgo de indicios menores, pero ningún responsable ha sido detenido y procesado. La estrategia del gobierno es ir administrando nuestro caso, mantenerlo en este estatus para que no genere costos al grupo gobernante en 2018, reclamó.
Rechazan posible candidatura de Aguirre Rivero
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) que si el asesino ex gobernador Ángel Aguirre Rivero se registra como candidato del distrito 8 por la Costa Chica, protestaremos ante dicha instancia.
Agregó que lo tomaremos en cuenta en las próximas actividades para evitar que este asesino nuevamente forme parte de este poder y tome decisiones en el estado y el país, cuando él forma parte del crimen cometido en Iguala.

sábado, noviembre 18, 2017

Los relatos de Atenco

Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez
L
os relatos son estremecedores. Y su valentía más. Son 11 mujeres mexicanas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh). Una a una encaran al Estado mexicano. Todas son víctimas de tortura sexual y llegaron a esta instancia porque el gobierno mexicano las ultrajó y luego las llamó mentirosas. Dejaron en San José, Costa Rica, trozos de sus vidas y le regalaron a México mucho de su dignidad.
Todo empezó el 3 y 4 de mayo de 2006, hace ya 11 largos años, cuando fuerzas policiales irrumpieron en San Salvador Atenco con la orden de reprimir, violar y sembrar el terror en una comunidad que años atrás se atrevió a desafiarlos. En 2001 Atenco les ganó la partida en defensa de sus tierras contra la construcción del nuevo aeropuerto. Nunca los perdonaron y se la cobraron en cuanto tuvieron oportunidad.
Las 11 mujeres de Atenco relatan el horror con bravura. También con dolor. Le hablan de frente a los representantes del Estado mexicano y les exigen verdad y justicia. La respuesta oficial resulta increíble para los jueces de la Coridh, que escuchan de los funcionaron que absolutamente nadie está tras las rejas por haber asesinado, torturado y violado en un operativo ordenado y monitoreado en tiempo real por el gobierno.
Claudia Angélica, Patricia, Italia, Suhelen, Norma, Ana María, Ana Patricia, Edith, Mariana, Yolanda y Cristina tuvieron el 16 y 17 de noviembre la oportunidad de gritar su verdad a los transgresores, pero a ellos parece que se les olvida que están frente a una corte internacional y les ofrecen dádivas. ¿Qué podemos hacer para aliviar su dolor? ¿Qué podemos ofrecer para que lo superen?, les preguntan sin vergüenza. Y ellas, dignas, responden que lo que quieren es la investigación que les han negado, castigo a los culpables de toda la cadena de mando, que se sepa la verdad y que ellas nunca mintieron. Que les den garantías de que nunca más se repetirá en México algo similar. Eso.
Insisten en que no se trató de unos cuantos policías libidinosos, sino de un operativo de Estado. A su lado, siempre, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ofrecen pruebas.
Toca ahora garantizar la seguridad de las mujeres que rompieron el miedo. Del Estado se puede esperar todo, así es que es imperativo que se asegure su integridad y la de sus familias. Ellas hicieron lo suyo, toca al resto de la sociedad responder a su valentía, acompañarlas y exigir al Estado su protección.
La Coridh emitirá la sentencia vinculatoria en los próximos meses. La batalla de estos días la ganaron ellas.

La tortura sexual contra 11 atenquenses fue una acción sistemática, dicen abogadas

El reconocimiento de responsabilidad oficial es aún muy limitado, afirman ante la Coridh
Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia sobre el caso San Salvador Atenco, el jueves pasado en San José, Costa RicaFoto Xinhua
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 18 de noviembre de 2017, p. 4
Los actos de tortura sexual cometidos por policías de diversas agrupaciones contra mujeres durante el operativo efectuado el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, no fueron hechos aislados, sino parte de una actuación sistemática que fue tolerada por las autoridades mexicanas, a través de la falta de investigación de las denuncias y la descalificación de las víctimas.
Así lo afirmaron ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) las representantes legales de las 11 mujeres que iniciaron un litigio contra el Estado mexicano por los abusos sexuales que ­sufrieron.
En la segunda jornada de audiencias sobre el tema, las abogadas de las sobrevivientes de tortura sexual en Atenco señalaron que los actos de los policías no fueron aberraciones imprevisibles, sino muestras de un patrón de tortura, abusos e impunidad, todo ello rodeado de insultos con estereotipos de género.
Tras destacar que las aprehensiones masivas y arbitrarias formaron parte de una estrategia de control social mediante el uso excesivo de la fuerza, destacaron que la falta de castigo para los policías fue posible gracias a que altos funcionarios –incluido el entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto– pusieron en tela de juicio las acusaciones sin haberlas investigado.
Recordaron que la indagatoria sobre el caso nunca se llevó a cabo de manera eficiente e incluso fue suspendida apenas un año después de los hechos, lo cual propició que, aunque varios policías fueron investigados, a final de cuentas no recibieron sanción.
Por ello, las abogadas subrayaron que las víctimas de tortura sexual exigen que el Estado mexicano les ofrezca una disculpa pública, las reconozca como víctimas de violaciones de derechos humanos y, sobre todo, les dé garantías de no repetición de los hechos.
En su respuesta, los delegados del gobierno de México –encabezados por el subsecretario para asuntos multilaterales y de derechos humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas– subrayaron que desde 2013 el Estado admitió su responsabilidad en los ac­tos de tortura sexual cometidos en Atenco y ofreció una disculpa a las víctimas.
Aunque enfatizó que el objetivo del gobierno mexicano no es poner en duda las agresiones sufridas por las 11 mujeres demandantes, el funcionario insistió en que los abusos sexuales no formaron parte de una estrategia deliberada, y destacó que el operativo policiaco tenía razón de ser, debido a que el día 3 de mayo de 2006 los manifestantes habían recurrido a medios violentos.
Indicó que las autoridades consignaron a 29 servidores públicos acusados de tortura y a otros 22 por el encubrimiento de dichos actos, y que el Estado mexicano efecutó una adecuada reparación del daño, además de ofrecer una serie de medidas que no fueron aceptadas por las demandantes.
En su réplica, las abogadas de las víctimas consideraron que el reconocimiento de responsabilidad del gobierno sigue teniendo un carácter muy limitado; trata de legitimar los abusos al decir que los policías habían sido agredidos antes, y omite que sus indagatorias no han llevado a ningún agresor a la cárcel.
En su postura fi­nal sobre el tema, la comisionada Margaret May Macaulay, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que es claro que la tortura sufrida por las víctimas no fue aislada, sino parte de un patrón de brutalidad policiaca y tortura sexual, en el marco de una operación masiva que necesariamente tendría que haber sido diseñada y autorizada por autoridades de alto rango. El fallo de la Coridh sobre el caso Atenco se dará a conocer en 2018.

ONG piden a la Corte Interamericana emprender una pesquisa seria del caso

Reconocen la dignidad de la lucha de las víctimas denunciantes
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Sábado 18 de noviembre de 2017, p. 4
Las 11 mujeres que denunciaron tortura sexual y otras agresiones en el operativo policiaco de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, representan a miles de víctimas y dan cuenta de los grandes problemas estructurales del Estado, entre ellos el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad.
Así lo afirmaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, representantes legales de las denunciantes, los cuales destacaron que la exigencia de las mujeres ha significado una búsqueda incansable para alcanzar la justicia y el reconocimiento de la verdad de lo ocurrido.
En comunicado conjunto, emitido tras la segunda audiencia sobre el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), ambas organizaciones reconocieron la dignidad de la lucha de las 11 sobrevivientes de tortura sexual.
Recordaron que el 3 y 4 de mayo de 2006, “fuerzas policiales irrumpieron para sembrar terror en Atenco a partir de un operativo diseñado por autoridades y monitoreado en tiempo real, con el objetivo de ‘restablecer el orden’”.
Destacaron que las detenciones arbitrarias de las 11 mujeres se enmarcan en la captura indiscriminada de más de 200 personas. Éstas devinieron en el ensañamiento contra sus cuerpos como mecanismo de control social. La tortura física, sexual y sicológica que enfrentaron los días 3 y 4 de mayo de 2006 dejó marcas que aún enfrentan.
Por ello, exigieron que la Coridh ordene al Estado realizar una investigación seria que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad. Esto, sin descartar pruebas y líneas de investigación relevantes y conducentes a poner fin a la impunidad.

viernes, noviembre 17, 2017

Mujeres de Atenco #MujeresDeAtenco

A nuestras dignas y valientes compañeras, Mujeres de Atenco , nuestro infinito agradecimiento por su resistencia, perseverancia, por ellas, por nosotras, porque nunca más ocurra. ¡Justicia! x
Vía @TPPGuerraSucia

Se debe llegar al fondo de los hechos de Atenco

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de noviembre de 2017, p. 9
Para las víctimas de tortura sexual durante el operativo en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, la reparación del daño no se limita a una solución amistosa o una indemnización económica. La única forma posible que vislumbran para "recuperar” 11 años de su vida es que realmente se alcance la verdad sobre lo que sucedió y se haga justicia.
Al comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), cinco de las 11 denunciantes del Estado mexicano ante ese organismo insistieron en la necesidad de que se profundice en la cadena de mando para sancionar no sólo a los que ejecutaron el operativo, sino también a quienes lo diseñaron e implementaron. Asimismo, demandaron que el Estado mexicano brinde garantías de no repetición de hechos similares, pues aseguraron que la violencia sexual contra las luchadoras sociales es una práctica sistemática de las autoridades mexicanas.
Exigieron que el Estado reconozca los agravios no sólo contra las 11 mujeres denunciantes ante la Coridh, sino a las más de 240 personas detenidas de manera arbitraria y agredidas por los elementos policiacos durante el operativo. Otra demanda es que, con el apoyo de las autoridades, se ponga en marcha un centro de acompañamiento y documentación independiente que acompañe a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual y sus familias en cualquier parte del país, con un enfoque de derechos humanos, integral y donde se atiendan las necesidades médicas y sicológicas, y se les brinde asesoría legal.

Mujeres víctimas de abusos en Atenco narraron las atroces acciones policiacas

Los representantes del gobierno mexicano fueron reprendidos por jueces de la Coridh
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de noviembre de 2017, p. 8
Las mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por la tortura sexual de la que fueron víctimas durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco la madrugada del 4 de mayo de 2006 comparecieron ante ese penal internacional en búsqueda de la justicia que tras 11 años no han obtenido.
En el contexto del 120 periodo ordinario de sesiones de esta Corte, cinco de las 11 denunciantes narraron el horror y las atroces acciones de los policías en su contra. No fue sencilla su comparecencia. Por momentos guardaban silencio, al borde del llanto por la dureza de recordar aquellos hechos.
Fueron golpeadas, sometidas, humilladas, insultadas. Las agresiones sexuales incluyeron tocamientos y la introducción de dedos en vagina, y en un caso en el ano. Médicos legistas y agentes del Ministerio Público las maltrataron, no les dieron apoyo e incluso fueron socarrones y desestimaron sus denuncias; y las autoridades estatales pusieron en duda sus dichos.
Los jueces de la Corte se mostraron sensibles con los relatos, y no se limitaron a preguntar exclusivamente sobre la denuncia por tortura sexual, sino que ahondaron en el contexto, en cómo se dio el operativo y los procesos judiciales contra las denunciantes, sobre la lucha contra el nuevo aeropuerto internacional de México, y hasta pidieron saber el nombre del entonces gobernador del estado de México.
Los representantes del gobierno mexicano, en principio, se limitaron a preguntar a las comparecientes si conocían los términos de las propuestas del Estado para la solución amistosa, si sabían que se había consignado a 52 servidores públicos o si se enteraron de que un día antes de los hechos se había dado un enfrentamiento entre pobladores y policías. Esto motivó que los jueces llamaran la atención de los funcionarios, pues consideraron que ese tipo de interrogantes no profundizaban con los objetivos de la audiencia.
Vengan a calentar a esta puta, dijeron varios policías al tener sometida a Bárbara Italia Méndez, recordó. Abusaron de ella: apretaron sus senos, mordieron y chuparon varias partes de su cuerpo e introdujeron sus dedos en su vagina. Fue el horror. En su búsqueda de justicia, aceptó realizarse un peritaje un año después con la fiscalía de mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR). Fue revictimizante: mientras estaba desnuda en un pequeño cuarto, en el exterior se escuchaba el tumulto de varios policías que hacían chistes sexistas, además, las dos mujeres que le aplicaron las pruebas le tomaron fotografías con sus celulares.
Norma Jiménez fue agredida en el asiento trasero de un autobús por varios policías. Ante los jueces dijo que cuando solicitó a un médico legista que la revisara porque había sido violada, éste le contestó que seguramente ellas mismas se habían infligido las lesiones. Su padre no le habla. Cree que estoy equivocada por estar denunciando esto aquí. En respuesta, la juez Elizabeth Odio le dijo: Las mujeres no nos equivocamos cuando denunciamos. Claudia Hernández recordó que los uniformados le arrancaron la ropa y cuando se dieron cuenta de que estaba en su periodo menstrual, gritaron: Vamos a ensuciar más a esta perra. Y comenzó su tormento. Varias ocasiones pensó en quitarse la vida.
Angélica Patricia Torres vivió el mismo suplicio. Exigió que el Estado aclare públicamente que no mintieron. En ese tiempo vi un mensaje en la televisión, en el que el gobernador decía que mentíamos..., cuando contaba esto, un juez le pidió decir el nombre del entonces mandatario estatal. Enrique Peña Nieto, contestó. Gracias, reviró el juzgador.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República condenaron los hechos de violencia sexual y tortura en contra de 11 víctimas y expusieron su disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana.

jueves, noviembre 16, 2017

Justificó Robledo el uso excesivo de fuerza en Atenco

En espera de justicia
La estrategia planeada por las autoridades permitió desarticular a uno de los grupos de mayor radicalidad, reveló en un informe
Los probables responsables no se entregaron de forma pacífica, eso explica la rudeza policiaca, dijo
No tenemos mayores elementos que acrediten los supuestos abusos sexuales, señaló
El 3 de mayo de 2006, ejidatarios de San Salvador Atenco, en el estado de México, se enfrentaron a policías estatales que pretendían desalojar a floricultores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra del mercado Belisario Domínguez. La respuesta de los agentes fue brutalFoto Alfredo Domínguez
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 4
Días después de los operativos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, el entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Wilfrido Robledo Madrid, presentó un informe en el que justificó el excesivo uso de la fuerza de las corporaciones policiacas, debido al grado de amenaza que han llegado a constituir grupos radicales, en referencia al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Aseveró que la estrategia planeada entre autoridades estatales y federales permitió desarticular a uno de los grupos de mayor radicalidad. Y se excusó: “Es importante entender que los probables responsables nunca se entregaron pacíficamente; por el contrario, ofrecieron amplia resistencia, recurriendo a métodos violentos (…) lo que explica los niveles de rudeza adoptados para reducirlos y asegurarlos”.
Al referirse a las denuncias sobre los supuestos abusos sexuales contra varias mujeres detenidas durante el operativo, que hoy son motivo de revisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentó: No tenemos mayores elementos que lo acrediten.
El documento, con fecha 17 de mayo de 2006, fue entregado en su momento al entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, y al procurador estatal, Abel Villicaña Estrada. Y cobra relevancia en víspera del análisis del caso en el organismo internacional.
Robledo dio cuenta de la actuación de los efectivos, de la coordinación con la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), de la radicalidad con la que los pobladores agredieron a los policías y secuestraron a 12 de ellos, así como de la “campaña mediática encabezada por el periódico La Jornada, que de manera sistemática ha desvirtuado los objetivos del operativo”.
En el extenso informe no se refiere, en cambio, al hecho de que dos jóvenes perdieron la vida durante la acción policiaca, debido al impacto de cartuchos de gases lacrimógenos.
“Las medidas coativas tomadas hace unos días en San Salvador Atenco, aunque lamentables, están plenamente justificadas jurídica y políticamente, dado el grado de amenaza que han llegado a constituir grupos radicales, quienes por el hecho de oponerse a las autoridades federales en la iniciativa de construcción del aeropuerto de Texcoco, habían logrado convertir a ese municipio en un territorio sin ley ni orden social.
Esto no puede permitirse, ni se permitirá, aunque en ocasiones tenga que llegarse al uso de la fuerza pública. En el caso de Atenco, fue preferible una acción preventiva donde las acciones se dieron en un ambiente latente de provocación de ciudadanos que han elegido la ilegalidad para defender sus derechos y donde la policía esperaba agresiones similares a las de Tláhuac, en alusión al linchamiento de policías federales en esa demarcación en noviembre de 2004.
Acerca de las denuncias por abusos policiacos, mencionó que desde los primeros reclamos se recabó toda la información para ubicar a quienes se excedieron en sus atribuciones, además de que se dio conocimiento a la autoridad ministerial competente.
Detalló que en el operativo de la madrugada del 4 de mayo de 2006 participaron mil 815 elementos de la ASE y 700 de la PFP. El objetivo, asentó, era liberar a los policías secuestrados y detener en flagrancia a los miembros del FPDT y de otras organizaciones radicales que los apoyaban. Fueron aprehendidas más de 200 personas.
Finalmente, habló de una estrategia concertada en las acciones del FPDT para involucrar a varios grupos aliados, en particular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ello que el subcomandante Marcos tuviera justificación para recuperar espacios en los medios de comunicación y en la opinión pública para redimensionar este movimiento.

Tortura a mujeres, caso emblemático en México

En espera de justicia
Mujeres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco fueron trasladadas al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, tras ser detenidas durante el operativo policiacoFoto Agencia MVT
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 5
La tortura física, sicológica y sexual que sufrieron las mujeres detenidas durante el operativo en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, es el caso más emblemático de su tipo en la historia reciente de México, pues la violencia sexual que se usó entonces sigue siendo habitual durante los arrestos de mujeres, advirtió Amnistía Internacional (AI).
A unas horas que el caso sea analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), este jueves y viernes, la directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum, aseveró que Atenco debió haber marcado un parteaguas y provocar un cambio de consciencia en su momento.
Sin embargo, lejos de ello, a más de 11 años de estos delitos observamos que la tortura sexual sigue siendo una práctica común en nuestro país que queda en la impunidad
Como parte de la audiencia por este caso, AI presentará ante la Coridh un documento técnico (amicus curae) respecto del tema de la tortura sexual y la falta de investigación en estos casos.

Mandos federales y estatales urdieron el plan en Texcoco

En espera de justicia
Policías estatales, municipales y federales participaron en la represión contra los habitantes de San Salvador Atenco, el 4 de mayo de 2006, con la finalidad de rescatar a los agentes retenidos por ejidatariosFoto Alfredo Domínguez
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 5
La cadena de mando del operativo policiaco realizado el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco incluyó a funcionarios tanto federales como estatales, ya que ambos participaron en la planeación del mismo, la definición de los propósitos que perseguía y los distintos escenarios que podrían ocurrir.
De acuerdo con un documento de la indagatoria realizada en 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso, la noche del 3 de mayo autoridades federales y estatales sostuvieron un encuentro en el municipio de Texcoco con la finalidad de estudiar detalles de las acciones que se realizarían al día siguiente.
Por el gobierno federal asistieron Eduardo Medina Mora, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; Miguel Ángel Yunes García, coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública; Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), y Ramón Pequeño García, delegado estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En cuanto al gobierno del estado de México, participaron Enrique Peña Nieto, entonces gobernador de la entidad; Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno; Wilfrido Robledo Madrid, titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), y Héctor Guevara Ramírez, subsecretario de Gobierno del Valle de México Zona Oriente.
El documento de la SCJN también registra que tras evaluar la situación del 3 de mayo, Peña Nieto y Benítez Treviño subrayaron que la intención del operativo del día 4 sería usar la fuerza pública a fin de desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, liberar a los servidores públicos que habían sido retenidos por los civiles inconformes y restablecer el estado de derecho en San Salvador Atenco.
De igual forma, se pretendía recuperar las patrullas, equipo y armamento de distintas corporaciones policiales que los inconformes habían retenido, así como presentar ante la autoridad correspondiente a las personas que fueran detenidas en flagrancia.
La investigación de la Suprema Corte encontró que después de que el gobernador mexiquense y su gabinete se retiraron del lugar, se dio una segunda parte de la reunión, en la cual se definió la estrategia y plan para llevar a cabo dicho operativo, con base en información del Cisen.
En dicho encuentro estuvieron presentes Ardelio Vargas, Ramón Pequeño y Wilfrido Robledo, además de Héctor Sánchez Gutiérrez, coordinador de las fuerzas federales de apoyo de la PFP.
Más tarde se sumaron Rogelio Cortés Cruz y David Vital Espinosa, director de Operaciones y coordinador de Subdirecciones del Valle de México, de la ASE, respectivamente.
Ahí se realizaron una serie de evaluaciones acerca del “impacto probable que podía generarse si representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se trasladaban a San Salvador Atenco, como lo habían anunciado en un acto de la denominada La otra campaña”.

Abusaron de ellas al ser trasladadas a Santiaguito

En espera de justicia
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 5
Las 11 mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por "tortura sexual" fueron agredidas a bordo de tres camiones en el que eran trasladadas al penal de Santiaguito, municipio de Almoloya de Juárez, estado de México.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez documentó que 28 policías custodiaban los tres vehículos, 19 de ellos están bajo proceso y los autos de formal prisión se emitieron entre 2012 y 2016. A dos agentes les concedieron un amparo y para el resto no se ha cumplido la orden de aprehensión.
En el primer camión, número económico 7054, de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), fueron agredidas sexualmente Ana María Velazco, Yolanda Muñoz y Cristina Sánchez. El autobús era resguardado por 10 agentes.
Acerca del segundo, número económico 7035, de la propia ASE, denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual Mariana Selvas y Georgina Rosales. En ese vehículo viajaban ocho uniformados.
El último, era un autobús de transporte de pasajeros, de la línea San Pedro-Santa Clara. En este vehículo fueron violadas Suhelen Gabriela Cuevas, Bárbara Italia Méndez, Claudia Hernández, Norma Aidé Jiménez y Angélica Patricia Torres.
Los detenidos eran custodiados por 10 policías.

miércoles, noviembre 15, 2017

Hablar de las agresiones es sentir como si hubiera pasado ayer, relatan las víctimas

En espera de justicia
El sistema utiliza las vejaciones para intimidar a las luchadoras sociales, señalan
Edith Rosales y Norma Jiménez acudirán a rendir testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos HumanosFoto José Antonio López
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 5
Para las mujeres que fueron víctimas de agresiones sexuales la madrugada del 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, no hay lugar a dudas: lo que les pasó no fue un accidente o la ocurrencia de unos cuantos policías que perdieron el control, sino parte de un sistema que utiliza las violaciones y las humillaciones como una forma de intimidar a las luchadoras sociales, de acuerdo con los testimonios de dos de las agredidas.
Y es justamente el recuerdo de esas agresiones, junto con el deseo de que no le ocurran a nadie más, lo que ha llevado a 11 mujeres a seguir adelante en una demanda de justicia que, más de una década después, llegará finalmente a discutirse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).
En víspera de las audiencias que podrían desembocar en el octavo fallo de la Coridh contra el Estado mexicano, La Jornada platicó con dos de las promotoras de la queja.
Norma Jiménez Osorio, al igual que muchas otras personas, llegó a Atenco movida por la indignación. Hace 11 años ella trabajaba en una publicación feminista y le seguía los pasos a La Otra Campaña, del EZLN, pero al enterarse de que el 3 de mayo había muerto un adolescente en los enfrentamientos entre policías y lugareños, decidió trasladarse a la zona del conflicto.
La idea era que la presencia de ciudadanos de otras regiones pudiera aminorar la violencia, pero alrededor de las seis de la mañana del 4 de mayo se movilizó una cantidad inmensa de policías que llegaron por todas partes.
Norma –en ese entonces de 23 años de edad– trató de huir, pero de repente sintió un golpe en la cabeza y un empujón que la mandó al piso. Lo siguiente que recuerda es a un grupo de alrededor de 10 policías que me patearon por varios minutos.
Sin castigo, los agentes que se excedieron en el uso de la fuerza durante el operativo en AtencoFoto Alfredo Domínguez
Luego de una serie de actos vejatorios sobre los que prefiere no abundar, porque todo vuelve y se siente como si hubiera pasado ayer, la estudiante de artes plásticas fue llevada a la parte trasera de un camión, donde fue violada por cinco o seis policías.
Tomaban turnos y llamaban a otros. No sé cuánto tiempo pasó... fue horrible. Comenzaron a subir a mucha gente más y escucho cómo están torturando sexualmente a otras mujeres, rememora.
Una experiencia similar describe Edith Rosales Gutiérrez, quien llegó a Atenco para sumarse en apoyo de los manifestantes. A las seis de la mañana empezaron a tocar las campanas (del pueblo) porque venían los policías. Al que alcanzaban, era para golpearlo, a tirarlo con lujo de violencia, narra.
“Cuando me alcanzan, me agarran del pelo y me jalan hacia atrás. Me empezaron a golpear, imagino que con toletes, y empezaron a decir palabras ofensivas. ‘Puta, perra’, mil cosas. Me suben a una camioneta de redilas y ahí es donde... abusan de uno. Me quitan los zapatos y me empiezan a romper la ropa”, dice. La crudeza del momento la vuelve incapaz de dar detalles.
Aun así, tiene bien presente el recuerdo de que “en todo el transcurso (los policías) se dieron vuelo con las compañeras. Se oía cómo ellas decían que las dejaran, y como ellos gritaban: ‘tráete a la güerita, tráete a ésta, a la otra’. Bien grotesco”.
Aunque permanecieron tiempos diferentes en prisión y tuvieron experiencias singulares, las dos coinciden en afirmar que lo vivido por ellas no fueron actos aislados, sino un patrón de conducta que no sólo se registró en Atenco, sino en la contención de otros movimientos sociales.

Abusos en atenco, a corte internacional

En espera de justicia
Mañana la Coridh revisará los testimonios de 11 mujeres atacadas sexualmente
A varias chavas arrestadas las violaron, señaló la entonces estudiante de cinematografía Valentina Palma, de origen chileno, tras ser detenida en mayo de 2006Foto Mario Antonio Núñez
Fernando Camacho y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 4
La llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) del caso de las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, fue posible debido a que la justicia mexicana no llevó a cabo una investigación eficiente para esclarecer esas agresiones cometidas por policías, y por tanto los presuntos responsables de los hechos no han sido castigados.
Al no encontrar justicia en las instancias nacionales, 11 mujeres –aunque el número de agraviadas fue mayor– llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual sometió el asunto a la jurisdicción de la Coridh el 17 de septiembre de 2016, por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas.
En víspera de que la corte analice el caso –este jueves y viernes–, en el contexto de su 120 periodo de sesiones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), representante legal de las 11 denunciantes, enfatizó que hay 36 servidores públicos (policías, médicos del penal de Santiaguito y agentes del Ministerio Público) bajo investigación por estos hechos, pero hasta ahora no existe ninguna sentencia condenatoria firme y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas.
Recordó que los hechos se denunciaron como torturas sexual, física y sicológica, las cuales se documentaron por parte de expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
El Centro Prodh detalló que aunque inicialmente se consignó a 21 policías por abuso de autoridad, todos fueron absueltos por considerarse un delito no grave. Un agente estatal fue condenado por el delito de actos libidinosos, pero también fue absuelto porque no se considera grave.
Un ejemplo de la forma en que se concretó la impunidad en favor de los servidores públicos supuestamente involucrados en el caso es el del policía Baltazar Nateras Nava, contra quien no se pudo emitir una orden de aprehensión por el hecho de que un juez consideró que había defectos técnicos en la solicitud. El juzgador dio un plazo de 90 días para corregir la falta, pero nuevos detalles legales hicieron que dicho periodo fuera rebasado, y el agente tramitó y obtuvo un recurso de amparo.
Diez médicos legistas que atendieron a las víctimas a su llegada al penal también fueron puestos en libertad. Los jueces estimaron que, por las características propias de su función, no tenían obligación de denunciar los hechos de tortura. Consideraron que al dejar constancia de las lesiones en sus reportes médicos, permitieron que los hechos pudieran ser investigados después.
Un agente del MP fue liberado luego de que un juez de distrito afirmó que su labor no era denunciar los delitos que hubiera podido notar en el transcurso de la indagatoria, sino únicamente investigar los que ya se le habían planteado en el expediente a su cargo.
Al analizar el caso, la CIDH recomendó al Estado mexicano realizar una investigación penal efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable; esclarecer los hechos; sancionar a los responsables, y profundizar en la cadena de mando, lo cual no se ha cumplido. Consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y sicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual contra las 11 denunciantes, y violación sexual de siete de ellas. Por ello dio conocimiento a la Coridh.

A más de 11 años del exceso de fuerza

En espera de justicia
Fernando Camacho y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Miércoles 15 de noviembre de 2017, p. 5
Los días 3 y 4 de mayo de 2006 autoridades del estado de México y del gobierno federal implementaron un operativo policiaco en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. A continuación una breve cronología de los hechos:
2 de mayo
Negociaciones entre autoridades de Texcoco y floricultores inconformes con su reubicación en la Central de Abasto. Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) los apoyan.
3 de mayo
Al no haber acuerdos, los floristas e integrantes del FPDT realizan varias acciones de protesta, lo que produce varios enfrentamientos con policías municipales, estatales y federales. Hay lesionados de ambos lados.
Los pobladores de ese municipio mexiquense retienen a 12 uniformados. Las autoridades aprehenden a 84 manifestantes, entre ellos al líder del FPDT, Ignacio del Valle.
Comienzan a llegar a Atenco ciudadanos y activistas en apoyo al FPDT.
4 de mayo
En la madrugada, más de 2 mil elementos de la Policía Federal y de la Agencia de Seguridad Estatal irrumpen en Atenco para restablecer el orden y liberar a los secuestrados.
Pobladores, simpatizantes de La Otra Campaña y activistas los enfrentan.
Uniformados arremeten con excesivo uso de la fuerza. Javier Cortés, de 14 años, y Alexis Benhumea, de 20, perdieron la vida por impacto de cartuchos de gas lacrimógeno.
Son capturadas 106 personas. En el trayecto al penal de Santiaguito, se dan las agresiones sexuales contra al menos 26 de las 47 mujeres detenidas.

Exigen Justicia para Ranferi

El 11 de noviembre, durante la sesión de la Asamblea Nacional Popular realizada en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, las organizaciones, colectivos y personas que asistimos acordamos repudiar los salvajes asesinatos contra el compañero Ranferi Hernández Acevedo, dirigente de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero (OICVG), su esposa, Lucía Hernández; su suegra, Juana Dircio, y el compañero Antonio Pineda, cometidos el 14 de octubre anterior en el camino de Ahuacuotzingo, rumbo a Chilapa de Álvarez, Guerrero, a menos de 500 metros de un retén militar.
Exigimos castigo a los asesinos materiales e intelectuales, una investigación imparcial, científica y exhaustiva acorde con los protocolos internacionales y el urgente otorgamiento de medidas cautelares a los familiares e integrantes de la OICVG. ¡Alto a los crímenes de Estado! ¡Justicia para todos los asesinados! ¡Ranferi vive, la lucha sigue!
Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, H. Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal de Ayotzinapa y Asamblea Nacional Popular. Gustavo López

martes, noviembre 14, 2017

Mujeres de Atenco

El operativo resultó en decenas de detenciones arbitrarias, 2 muertes y 26 denuncias de violencia sexual.

Las mujeres sobrevivientes de Tortura Sexual en San Salvador Atenco llevaron su caso ante la Corte Interamericana de DH



Esta semana es muy importante: Las mujeres sobrevivientes de #TorturaSexual en San Salvador#Atenco llevaron su caso ante la Corte Interamericana de DH. Esta semana serán las audiencias. Han pasado 11 años sin justicia en México: han sido humilladas, tachadas de mentirosas, calumniadas. Hoy son un ejemplo de fuerza y valentía. 


Más info en la página del Centro Prodh , les cito:
"La búsqueda de justicia de las once sobrevivientes de Atenco es emblemática: por un lado, muestra un patrón de violación a los derechos humanos –que se utilizó entonces en represiones políticas y que hoy se ha trasladado al contexto de la Guerra contra el narcotráfico–; y por el otro, demuestra la falta de voluntad y capacidad de las autoridades para hacer justicia.

Han transcurrido once años desde los hechos; las mujeres no han dejado de alzar la voz y han mostrado que los ataques que denunciaron –aunque fueron tachadas de mentirosas por las autoridades– no solamente fueron ciertos, sino que evidencian un patrón común: detención ilegal – tortura (agravada por la condición de género) – fabricación de pruebas – condena – impunidad para los perpetradores.

Acompáñalas rumbo a la corte este 16 y 17 de noviembre y comparte los materiales que hemos generado desde el Centro Prodh."

viernes, noviembre 10, 2017

La tortura sexual, en estado crítico


Gabriela Rodríguez
U
na chica comenzó a relatar la tortura, y reconocí en la mirada de aquellas mujeres mi propio dolor y el agobio del silencio. La rabia nos empezó a hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar a nuestros cuerpos, comprendimos entonces que estábamos vivas y, desde ese momento, juntas.
Son 11 las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Gracias a la búsqueda de justicia emprendida por estas luchadoras sociales, el tema no se ha tirado al olvido, ellas también han abierto la posibilidad de que la violación sexual logre tipificarse como tortura.
El 4 de mayo de 2006 Enrique Peña Nieto era gobernador del estado de México. El actual presidente de México reunió esa tarde al gabinete de seguridad, ocasión en que se decidió usar la fuerza pública para desalojar la carretera, el operativo era contra un grupo de personas solidarias que bloquearon la carretera federal Lechería-Texcoco con el fin de exigir la liberación de las personas detenidas (también habían retenido a algunos servidores públicos). El día anterior las fuerzas de seguridad habían detenido a los floricultores de Texcoco, cuando intentaban instalar puestos autorizados en el mercado, con lujo de violencia los habían desalojado y trasladado al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya.
El operativo de la madrugada del 4 de mayo más que violento fue infernal. Para romper el bloqueo enviaron a mil 815 policías estatales y 700 policías federales. En total fueron detenidas más de 200 personas incluyendo a 50 mujeres. Un menor de edad y un joven fueron privados de la vida por elementos policiales que les disparon con arma de fuego y latas de gas lacrimógeno. La violencia se intensificó durante los traslados al Cepreso abarcando violencia física sicológica y sexual. A juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de 80 por ciento de las personas detenidas fueron certificadas con lesiones que requerían hospitalización, se recurrió a la violencia con quienes ya estaban sometidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que en el traslado apilaron un cuerpo sobre otro, sin importar el sexo, golpeando con los pies y toletes, amenazando con que los matarían y desaparecerían. Una vez dentro de dicho Centro, hombres de negro los pateaban y azotaban contra la pared, desde el momento de la detención y hasta después de ser ingresadas al penal, 31 de las cerca de 50 mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales que fueron corroboradas por testigos.
Mientras las mujeres tuvieron que lidiar por años con procesos penales por ultrajes a la autoridad, portación de arma y secuestro equiparado, las violaciones en su contra se mantuvieron impunes. Por la ineficacia de las investigaciones por los delitos cometidos, 11 de las denunciantes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual admitió el caso en noviembre de 2011. En octubre de 2015 la Comisión resolvió en favor de las peticionarias declarando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, sicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia. La Comisión recomendó al Estado investigar de manera efectiva y dentro de un plazo razonable, sancionar los distintos grados de responsabilidad e implementar medidas estructurales para prevenir la repetición de hechos similares. Nueve meses después, la CIDH valoró que el Estado no había avanzado sustantivamente y remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El próximo 16 y 17 de noviembre se realizará la audiencia pública en la CIDH. La resolución del caso es una oportunidad para contar con medidas para atacar las fallas estructurales del sistema de justicia en México, evidenciadas la tortura generalizada, especialmente la sexual. La Corte podrá ordenar al Estado implementar medidas estructurales para mejorar la investigación, garantizar la independencia de especialistas que documentan casos de tortura y fortalecer los controles sobre los cuerpos policiales para prevenir y sancionar los excesos en el uso de la fuerza. En el tema de género, la Corte podría desarrollar los tipos de violencia sexual que pueden constituir tortura, esta grave violación de derechos reconocida por la ONU como generalizada en México. El caso podría ordenar la eliminación de las disposiciones que hoy criminalizan la protesta, modificando la práctica de detenciones masivas.
De gravedad, el viacrucis que hay que recorrer para acceder a la justicia, y que siempre haya que recurrir a instancias internacionales. No sé si estas compañeras hubiesen llegado hasta donde van, sin el acompañamiento durante 11 años del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC.
Me parece obvio el interés por actuar con tanta saña en el caso. Los floricultores desalojados pertenecían al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el cual se conformó en 2001 para oponerse a la expropiación de tierras en el municipio de San Salvador Atenco, en las que la administración federal de Vicente Fox Quesada pretendía construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Enrique Peña Niego logró desalojar a los dueños de la tierra, hoy avanza la construcción de esta multimillonaria obra.
Nota: ¡Una buena noticia! Nashieli Ramírez, verdadera defensora de derechos humanos, presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Twitter: @Gabrielarodr108