domingo, julio 05, 2020

Solidaridad con Pueblos Mayas en riesgo de hambruna

Solidaridad con Pueblos Mayas en riesgo de hambruna.
Envía llamamientos al Estado mexicano para urgir:
📌 Implementación de un Plan de Emergencia Alimentaria hacia pueblos originarios.
📌 Intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Hacemos de su conocimiento el número de cuenta bancaria del Fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México AC (Fideo) para que con un donativo sean parte de las acciones que estamos realizando, en atención a la emergencia alimentaria agravada por el Covid-19, que padecen las familias desplazadas, víctimas de paramilitares en: Acteal, de la Sociedad Civil de las Abejas, Chalchihuitán y en el municipio de Aldama. Son más de 3 mil personas que dignamente resisten ante la injusticia. Con los donativos continuaremos llevando maíz, frijol, arroz, azúcar, sal, jabón y alimento enriquecido a base de amaranto que tanto gusta y nutre.

Cuenta en Scotiabank: 00107853564. Clabe interbancaria: 044180001078535644. Para recibo deducible de donativo, envía tus datos al correofisanimdf@gmail.com Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Fabiola de la Rosa, Eufrosina Rodríguez, Pilar Torre y Luis Reyna.

sábado, julio 04, 2020

Fundadoras del FISANIM

Convencidos de la necesidad imperante de hacer un cambio en 1989 se dio el primer paso.
Aquí una de nuestras fundadoras y actual directora general Ofelia Medina y nuestra querida directora de proyectos Begoña Lecumberri.

viernes, julio 03, 2020

Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C. Fisanim

¡QUE RENAZCA LA ESPERANZA!
Gracias a tu donativo logramos llegar a 240 familias que, 
con su ejemplar organización colectiva, repartieron
equitativamente lo que les llevamos.
Aún hay 180 familias en situación de desplazamiento
interno forzoso en Chalchihuitán y Aldama a quienes
no hemos llegado, esperamos pronto,
y gracias a ustedes, hacerlo.







Murió Heriberto Salas, fundador del frente de pueblos en Atenco

Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 3 de julio de 2020, p. 15
San Salvador Atenco, Méx., Heriberto Salas, fundador del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, organización que siempre se opuso a la edificación del aeropuerto en el municipio de Texcoco, falleció ayer.
¡Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos! Heriberto Salas es de los hombres que nunca mueren, escribieron compañeros de lucha en sus redes sociales.
Salas, ejidatario de Nexquipayac, encabezó hasta sus últimos días a los campesinos de su poblado, quienes demandaban que la empresa Pinfra desmantelara la autopista Pirámides-Texcoco, que formaba parte de la infraestructura de la fallida terminal aérea, porque violaron los amparos judiciales otorgados para que les respetaran sus tierras.
Fue fundador del FPDT junto con Ignacio del Valle Medina, Adán Espinosa, Felipe Álvarez, María Trinidad Ramírez y Bernardino Cruz, entre otros, que lograron con sus movilizaciones echar atrás, en agosto de 2002, el proyecto foxista.
El 3 y 4 de mayo de 2006, cuando el pueblo de San Salvador Atenco sufrió una de las represiones más violentas de las fuerzas federales y estatales, Heriberto Salas fue objeto de la agresión.
Con la reactivación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en septiembre de 2014, cuando el entonces presidente Enrique Peña anunció que el lugar para edificar la terminal aérea era Texcoco, el FPDT volvió a su resistencia.
De los 365 ejidatarios que conforman Nexquipayac, 17 no vendieron sus terrenos, entre ellos Salas, y promovieron el juicio de amparo 7402013 por las diversas anomalías y en el cual exigieron la restitución de sus terrenos.

jueves, julio 02, 2020

¡Gracias al Fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México!





Revisarán indemnización a víctima de guardería ABC

 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de julio de 2020, p. 15
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó que se revise la indemnización otorgada a los familiares de una de las víctimas del incendio de la guardería ABC, quienes demandan una compensación de alrededor de 10 millones de pesos.
Los ministros de la primera 'sSala señalaron, por mayoría de cuatro votos contra uno, que en este caso existieron violaciones graves a los derechos humanos de los afectados por parte de autoridades federales, por lo cual procede una reparación integral por el daño causado.
La guardería ABC se incendió el 5 de junio de 2009, provocando la muerte de 49 niños. Las investigaciones revelaron que el inmueble había sido subrogado por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, quien ocupaba la Presidencia de la República en esa época.
En el caso resuelto por la SCJN, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya había autorizado una primera indemnización, sin embargo, los familiares consideraron que era insuficiente pues no contemplaba una compensación por la afectación sicológica que sufrió el hermano de la víctima directa, también menor de edad, y demandaron además cubrir el pago de las costas judiciales y de transporte que erogaron para litigar el caso.
Los ministros señalaron que la resolución de la CEAV fue poco clara y, además, omisa en determinar la procedencia o improcedencia de algunas de las medidas complementarias que componen la reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos, esto en términos de la Ley General de Víctimas.
En la sentencia aprobada, elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se advierte que la autoridad judicial sí está facultada para revisar una indemnización otorgada por la CEAV, si es que la encuentra insuficiente: los órganos del Poder Judicial de la Federación, efectivamente, están facultados para la recuantificación de los montos indemnizatorios, previa y erróneamente calculados por las autoridades competentes para ello.
Sobre este asunto, la CEAV adelantó desde mayo pasado que acataría la sentencia de la SCJN, pero pidió que se comprenda que su presupuesto es limitado y no puede aplicar los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en litigios parecidos otorga compensaciones millonarias.
Este caso fue uno de los varios que venía arrastrando la CEAV desde la administración pasada, y cuya acumulación originó la falta de recursos denunciada por Mara Gómez, antes de renunciar a presidir esta comisión.

lunes, junio 15, 2020

Emergencia alimentaria en Chiapas

Amigas y compañeros:
Aquí les comparto el trabajo que gracias a la generosidad de ustedes, estamos realizando con las ejemplares organizaciones y maravillosas personas que viven en situación de desplazamiento interno forzoso en Acteal, Chalchihuitán y Aldama, Chiapas.
Por favor compartan nuestro video.



Nuestro trabajo en la emergencia alimentaria que viven más de tres mil personas en situación de desplazamiento interno forzado en Chiapas. FISANIM.

domingo, junio 14, 2020

Ofelia Medina en el programa de Nitzia Chama


HOY 14 de junio, a las 20 hrs, no se pierdan el programa de Nitzia Chama en el cual entrevistará a Ofelia Medina sobre la emergencia alimentaria en que se encuentran nuestros compas en Chiapas.  Entérate de la situación de nuestros hermanos en Chiapas.  Búscalo en el Face, Instagram o YouTube como: Inspirarte o cómo Nitzia Chama

OFELIA MEDINA | EL PODER DE AYUDAR

martes, junio 09, 2020

“Basta de contar hasta 10”: la campaña contra feminicidios en México tras una polémica propaganda del gobierno

Violencia de género

Familiares de víctimas y activistas criticaron el mensaje oficial que propone “Cuenta hasta 10” antes de actuar en forma violenta. “Es una ofensa a las mujeres”, dicen.

Foto del 8 de marzo de 2020. Un grupo de mujeres enciende fuego durante las marchas contra la violencia de género, en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Pese a un intento de boicot durante la presentación virtual del proyecto, activistas y familiares de víctimas de feminicidio dieron inicio este martes 9 a la campaña "Basta de contar hasta 10", en respuesta a una muy criticada propaganda impulsada por el propio Gobierno de México.
Dicha campaña surge como respuesta al descontento generado por la el plan "Cuenta hasta 10" promovida por el Gobierno de México en el que invita a tranquilizar a la gente contando hasta diez antes de actuar de forma violenta, lo que fue calificada como "obsoleta" en la rueda de prensa.
Desde el punto de vista de las organizadoras de la "contracampaña", el mensaje que manda el gobierno invisibiliza la realidad de la violencia contra las mujeres y es "una ofensa contra las mujeres", según señaló Elizabeth Machuca, hermana de Eugenia Machuca, asesinada en el 2017 en el Estado de México.
"Basta de contar hasta 10" cuenta con un video en el que aparecen activistas, familiares afectadas y las actrices Ofelia Medina y Kate del Castillo y la periodista Lydia Cacho. Allí se exige al gobierno terminar con los feminicidios, recordando que en México mueren diez mujeres cada día a causa de violencia de género.
En el emotivo video salen familiares de las víctimas y rostros conocidos, quienes van recordando a mujeres fallecidas por violencia de género en México, donde cada día mueren asesinadas diez mujeres.
"Estoy cansada de contar hasta diez feminicidios diarios, quiero hacer una invitación a ser empáticos, no seamos ciegos y sordos, los invito a que como sociedad nos unamos", expresó Mayra González, hermana de Gloria Sintia, quien desapareció el 20 de agosto de 2016, en la región de Xicotepec, Puebla.
INTENTO DE BOICOT
A lo largo de la conferencia realizada vía Zoom, las organizadoras tuvieron problemas en concretar la reunión, debido a que un grupo de personas no identificadas insultaron a las presentes con comentarios misóginos y agresiones directas a algunas de las activistas presentes.
Ante ello, algunas de las madres de hijas asesinadas expresaron que es una realidad que viven a diario en su búsqueda de justicia, y resaltaron que incrementa el dolor que genera que ya tienen por la pérdida y de la violencia institucional que trae la impunidad.
Es por eso que las familiares de las víctimas volvieron a pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador​ y a las autoridades que les dieran un espacio para hablar sobre sus casos.
"A las feministas y las activistas que tienen esas reuniones las invitamos a que cedan ese lugar y les den un espacio a las familias, es más importante qué siente una mamá y que la escuchen a qué siente la secretaria (ministra) con una activista, tienen que escuchar la voz de las familias", expresó la activista y familiar afectada, Malú García.
La campaña "Cuenta hasta 10" invita a contar hasta diez antes de que la "violencia se apodere de ti" o de que "te desesperes" frente a tus familiares o pareja. En distintas escenas, enseña como por ejemplo una mujer que se enfada con un familiar al que se le caen los platos, o como una pareja discute en el comedor de su casa.
Cuestionado sobre esta campaña, López Obrador dijo el pasado 28 de mayo "ser respetuoso del derecho de las mujeres", aunque aclaró que no era "feminista", sino "humanista".
Además, el pasado 15 de mayo, López Obrador aseguró que el 90 % de las llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres son falsas, declaraciones que múltiples asociaciones civiles condenaron.
Tan solo en abril fueron registradas 21.722 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.
En el mismo mes se registraron, además, 68 presuntos feminicidios, acumulando 308 víctimas de este tipo de homicidio registradas por el SESNSP desde que inició el año, frente a los 305 en el mismo periodo de 2019.
EFE

sábado, junio 06, 2020

Urgen padres de Guardería ABC audiencia con FGR

Cristina Gómez Lima


Hermosillo, Son. A once años de la tragedia infantil que cobró la vida de 49 menores, padres de la Guardería ABC urgen la audiencia prometida con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero para continuar con el proceso jurídico en contra de los responsables del incendio en Hermosillo. 
Reunidos en las ruinas de la instancia infantil, los padres de las víctimas fatales demandaron al Gobierno Federal acelere el compromiso de resolver el tema de justicia; así como la resolución pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Juanita Luna, madre de Jonathan, sostuvo que la justicia no puede dilatar más, dijo que aunque entiende la paralización de juzgados por la pandemia del coronavirus, el respeto a los derechos humanos de los mexicanos debe prevalecer. 
"Pedimos hablar con el Fiscal General para que nos escuche, no es un capricho de nosotras las madres… hay muchos temas que se tienen que hablar con él, por que es quien  toma las decisiones", expuso la madre ABC. 
Ahí mismo, el grupo de padres insistieron que la carpeta de investigación nunca se ha suspendido o cerrado, por lo que aclararon que hasta que no se esclarezcan los hechos que provocaron el incendio aquel viernes 5 de junio del 2009, seguirán gritando: ¡Ni perdón, ni olvido!.
Tras culminar la ceremonia religiosa al exterior de las instalaciones de la Guardería ABC, el movimiento Manos Unidas convocó a una caravana de vehículos para visibilizar su exigencia, exigir no repetición con la aplicación total de la Ley 5 de Junio, así como cárcel para los presuntos responsables

A 11 años del incendio, padres de las víctimas exigen audiencia con el fiscal Gertz Manero

Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 6 de junio de 2020, p. 13
Hermosillo, Son., A 11 años de la tragedia en la guardería ABC, donde fallecieron 49 menores, padres de las víctimas urgieron la audiencia prometida con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para continuar con el proceso jurídico en contra de los responsables del incendio en Hermosillo.
Reunidos en las ruinas de la instancia infantil, los padres de las víctimas fatales demandaron al Gobierno federal que acelere el compromiso de resolver el tema de justicia; así como la resolución pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Juanita Luna, madre de Jonathan, sostuvo que la justicia no puede tardar más, aunque entiende que los juzgados estén paralizados por la pandemia del coronavirus, el respeto a los derechos humanos de los mexicanos debe prevalecer. “Pedimos hablar con el fiscal general para que nos escuche. No es un capricho de nosotras las madres… hay muchos temas que se tienen que hablar con él, porque es quien toma las decisiones”, expuso la madre.
¡Ni perdón ni olvido!
Ahí mismo, el grupo de padres insistieron que la carpeta de investigación nunca se ha suspendido o cerrado, por lo que aclararon que hasta que no se esclarezcan los hechos que provocaron el incendio aquel viernes 5 de junio de 2009, seguirán gritando: ¡Ni perdón ni olvido!
Tras culminar la ceremonia religiosa afuera del galerón que albergó la guardería ABC, el ­Movimiento Manos Unidas convocó a una caravana de vehículos para visibilizar su exigencia, de no a la repetición con la aplicación total de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (conocida como ley 5 de junio), así como cárcel para los presuntos responsables.

viernes, junio 05, 2020

A 11 años del incendio en la guardería ABC, sin agotarse la investigación

FGR busca a principales responsables
 
Periódico La Jornada
Viernes 5 de junio de 2020, p. 13
Se cumplen 11 años del incendio en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y que dejó un saldo de 49 niños fallecidos y 106 heridos. A la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) revisa si los nuevos elementos aportados por familiares de las víctimas servirán para acreditar la responsabilidad de ex funcionarios locales y federales encuanto a las malas condiciones en las que operaba esa estancia.
Asimismo, se integra una carpeta de investigación con base en una denuncia del IMSS para que se indaguen irregularidades en las llamadas estancias subrogadas incluyendo la ABC.
Al respecto, Gabriel Alvarado, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, señaló que hace 11 años sucedió la mayor tragedia infantil del país y todavía el Estado mexicano tiene una enorme deuda con las familias que perdieron a sus hijos y con otros tantos que sufrieron quemaduras y lesiones que perdurarán toda su vida, por lo que se debe esclarecer la verdad en torno a qué provocó el incendio.
La estancia infantil comenzó a funcionar en agosto de 2001 como parte de una sociedad civil dirigida por Marcia Altagracia Gómez del Campo Tonella –prima de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón– y quien no ha recibido ninguna sentencia condenatoria, aunque en total se condenó a 29 años de prisión a 19 personas, entre ellos ex funcionarios del IMSS que autorizaron la operación de la estancia, empleados del municipio de Hermosillo y del gobierno estatal, así como algunos directivos de la Guardería.
En ese contexto, el litigante Gabriel Alvarado sostuvo que “está en manos de la FGR resolver una averiguación previa y dos carpetas de investigación, una en contra del exgobernador Eduardo Bours y del ex procurador general de Justicia Abel Murrieta Gutiérrez, ambas por los delitos de obstrucción de justicia y falsificación, así como en contra de otros ex funcionarios por omisiones cometidas tanto en la investigación como por las irregularidades con las que operaba el establecimiento.
Gabriel Alvarado agregó que recientemente la FGR abrió otra carpeta por una nueva acusación que presentó el IMSS, y que esas pruebas arrojarán datos muy importantes que podrían permitir el esclarecimiento de los hechos y determinar responsabilidades.
El caso también sigue vigente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde en 2010 el ahora presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, presentó un proyecto que fue discutido y rechazado por el pleno, en el que apuntaba a responsabilidades civiles y penales de varios funcionarios, entre ellos al entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
Sin embargo, las repercusiones de esta tragedia siguen llegando a laCorte, en forma de amparos de las víctimas y sus familiares, que buscan ser indemnizados. Recientemente en la primera sala, el ministro Juan Luis González presentó un proyecto donde propone que los jueces puedan fijar el monto de una reparación económica cuando se determine que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha hecho una cuantificación que incluya una reparación integral.
La votación de este asunto ha sido pospuesta ya en dos ocasiones, mientras han llegado a la SCJN otros dos asuntos similares.

martes, junio 02, 2020

Comité de Desplazados forzados internos Chalchihuitle

Al Fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México

Desplazados internos de Chiapas, Mayo 2020



El FISANIM y el Frayba, alertas sobre la emergencia alimentaria que padecen los desplazados de: Los Chorros, en Acteal, de Chalchihuitan, y de Aldama, Chiapas, México.

Gracias a: Patricia Cano por producir y dirigir este hermoso regalo; a Paco Bernal por también colaborar en la producción y en la investigación; a Luciano Frías por la edición y a Mauricio Sánchez por la composición y la guitarra.
¡Viva la Vida!

viernes, mayo 29, 2020

Conferencia del FISANIM



Gracias a:

Patricia Cano por producir y dirigir este hermoso regalo; a Paco Bernal por también colaborar en la producción y en la investigación; a Luciano Frías por la edición y a Mauricio Sánchez por la composición y la guitarra.

¡Viva la Vida!

jueves, mayo 28, 2020

Piden donativos a favor de la salud de niños indígenas


Hacemos de su conocimiento el número de cuenta bancaria del Fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México AC (Fideo) para que con un donativo sean parte de las acciones que estamos realizando, en atención a la emergencia alimentaria agravada por el Covid-19, que padecen las familias desplazadas, víctimas de paramilitares en: Acteal, de la Sociedad Civil de las Abejas, Chalchihuitán y en el municipio de Aldama. Son más de 3 mil personas que dignamente resisten ante la injusticia. Con los donativos continuaremos llevando maíz, frijol, arroz, azúcar, sal, jabón y alimento enriquecido a base de amaranto que tanto gusta y nutre.
Cuenta en Scotiabank: 00107853564. Clabe interbancaria: 044180001078535644. Para recibo deducible de donativo, envía tus datos al correofisanimdf@gmail.com Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Fabiola de la Rosa, Eufrosina Rodríguez, Pilar Torre y Luis Reyna.

miércoles, mayo 27, 2020

Alertamos posible hambruna de Pueblos Mayas en desplazamiento forzado


  • Llamamiento al Estado mexicano para implementar un Plan de Emergencia Alimentaria hacia Pueblos Originarios.

  • Urgente la presencia de la Cruz Roja Internacional para la atención de los desplazamientos internos en Chiapas.

  • Apremiante que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, atienda la situación de manera integral y de acuerdos a los Principios Rectores y la Directrices de la ONU relacionadas al COVID-19.

El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM), “el Fideo” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), han recibido información directa por parte de población del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), en Chenalhó, Chiapas, México, respecto al riesgo de una emergencia alimentaria que de prolongarse puede derivar en hambruna. En vulnerabilidad la vida de las familias que viven en desplazamiento forzado ocasionado por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región y la falta de atención integral de los gobiernos federal y estatal.


En la documentación realizada por FISANIM y Frayba constatamos la situación de pobreza en la que viven las desplazadas y los desplazados, aunado a la falta de medidas sanitarias en el marco de la pandemia del COVID-19. La Región Altos está marcada como una de las zonas marginalizadas en el estado de Chiapas.


3304 personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a los municipios de Chenalhó, (integrantes de Las Abejas de Acteal) Chalchihuitán y Aldama. Estas personas se encuentran en condiciones de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas, cuando se activa la violencia armada se resguardan en las montañas. Varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, sin acceso a sus trabajaderos para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no han podido ir a cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. En los tres casos prevalece la omisión del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).


En las tres situaciones de desplazamiento forzado hay grave riesgo para la vida y salud de las personas desplazadas debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidas, las niñas, niños, mujeres y las ancianas / los ancianos son las víctimas con mayor vulnerabilidad. Es importante señalar que el Interés Superior de la Niñez, es protegido y salvaguardado por el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona lo siguiente: “… en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. El Estado mexicano no ha garantizado la seguridad personal, alimentaria y la salud psicológica.


Las autoridades de procuración de justicia no han realizado las diligencias para desarmar a los grupos civiles armados de corte paramilitar que actúan en el municipio de Chenalhó. El gobierno del estado de Chiapas solamente ha realizado acciones para administrar el conflicto.


Ante la falta de seguridad para regresar a sus casas y trabajaderos, por el riesgo constante para la vida, se prevé una situación de emergencia a la salud y alimentaria especialmente entre las mujeres y niñas/os, quienes son los más vulnerables en el contexto del COVID-19.


El nuevo Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia de la COVID-19 está teniendo en los Pueblos Originarios: “Los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su vez los hace particularmente vulnerables a la enfermedad.” 1


 La soberanía alimentaria ha sido descrita como un derecho, y más específicamente como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. 2  Ha sido ampliamente reconocida en contextos nacionales y cada vez más forma parte de los debates en el escenario mundial, incluido en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 3 El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha indicado que los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) “deberían garantizar la efectividad del derecho a la alimentación y la nutrición de las mujeres rurales en el marco de la soberanía alimentaria y velar porque tengan autoridad para gestionar y controlar sus recursos naturales”. 4


Ante esta situación grave exigimos a los gobiernos federal y estatal una actuación con debida diligencia para implementar las medidas cautelares urgentes:


  1. La alimentación es un derecho constitucional incumplido a los Pueblos Originarios y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia, es urgente la implementación de un Plan de Emergencia Alimentaria.


    1. La actuación eficiente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

    2. La intervención de la Cruz Roja Internacional para contribuir en la ayuda humanitaria en los territorios que el desplazamiento forzado se ha prolongado, en Chiapas, México.


    1. Atender de manera irrestricta las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19 el cual recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos de Tratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.5


    1. Se desactive la violencia en estos territorios provocada por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo fue la Masacre de Acteal.


    A la sociedad civil nacional e internacional le solicitamos se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Al banco Scotiabank. Cuenta: 00107853564 Clave interbancaria: 044180001078535644


    Solicitamos también a quienes nos indignamos por esta situación firmen esta acción urgente y envíen llamamientos al Estado mexicano:


    Alertamos posible hambruna a indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado




     

     
    13 firmas
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    COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo y no sólo se trata de la salud. Advierte experto de la ONU. 18 de mayo de 2020.
    2. Forum for Food Sovereignty, Declaration of Nyéléni (2007), available
    3 UN Human Rights Council, Revised Draft United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, UN Doc. A/HRC/ WG.15/5/2 (2018).
    4CEDAW, General Recommendation No. 34, supra note 30, at para. 64. See also Jean Ziegler, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on Food Security and Food Sovereignty, UN Doc. E/ CN.4/2004/10 (2004) [hereinafter “Ziegler 2004”]; UN Human Rights Council, Debates on the Declaration on the Rights of Peasants, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012); Magdalena Sepúlveda Carmona, Final Draft of the Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012), at para. 75
    Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19
    San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
    A 26 de mayo de 2020.

    Acción urgente No. 8

Centro Frayba alerta de un “desastre humanitario” en los Altos de Chiapas

Hermann Bellinghausen 

En el Centro Frayba se solicitó asistencia médica y apoyo humanitario a las comunidades indígenas en los altos de Chiapas. Foto tomada del Twitter de @CdhFrayba
Ciudad de México. En lo que se perfila como “un escenario previo de lo que fue la Masacre de Acteal”, se teme una fuerte hambruna y un “desastre humanitario” de los desplazados tzotziles en los tres municipios de los Altos de Chiapas donde existen numerosas familias desplazadas por la violencia paramilitar de Chenalhó, alertaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (conocido como Fideo), respectivamente en voz de Pedro Faro y la actriz Ofelia Medina, junto con Marcos Pérez, consejero y figura muy respetada del municipio de Chalchihuitán.


Durante la conferencia de prensa celebrada en San Cristóbal de Las Casas este lunes, los organismos urgieron al Estado mexicano para implementar un Plan de Emergencia Alimentaria hacia Pueblos Originarios. También declararon “urgente” la presencia de la Cruz Roja Internacional para la atención de los desplazamientos internos y contribuir “en la ayuda humanitaria en los territorios donde el desplazamiento forzado se ha prolongado”.
Declararon “apremiante” que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas “atienda la situación de manera integral y de acuerdos a los Principios Rectores y la Directrices de la ONU relacionadas al Covi0d-19”. Ello, “en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.

Al emitir una acción urgente, “ante esta situación grave”, exigen a los gobiernos federal y estatal “una actuación con debida diligencia para implementar medidas cautelares” en favor de centenares de niños, mujeres y hombres en condiciones muy precarias.
En su llamamiento, Frayba y Fideo asientan: “La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente violado en la población indígena, y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia. Es urgente la implementación de un plan de emergencia alimentaria”.
Detallaron la necesidad de atender “de manera puntual y efectiva” las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia Covid-19, que “recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos deTratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias”.
Consideran clave que “se desactive la violencia en estos territorios, provocado por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo que fue la Masacre de Acteal”.
Mientras Chiapas se está convirtiendo en una de las entidades con más rápida propagación del temible coronavirus, las familias desplazadas en los municipios tzotziles de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, y otras más refugiadas en San Cristóbal de Las Casas, todas bajo los techos mínimos del desamparo, enfrentan una carencia casi total de alimentos, agravada por la imposibilidad, a riesgo de perder la vida, para trabajar y cosechar sus parcelas en las comunidades de donde fueron desplazados por una suerte de coalición paramilitar cobijada por los caciques y el gobierno constitucional de Chenalhó y tolerada por el gobierno estatal y las Fuerzas Armadas.
Los testimonios de ataque armados, algunos durante varias horas, son constantes, prácticamente “a diario” al menos en Chalchihuitán. Como testimonia Ofelia Medina: “con lágrimas en los ojos, los indígenas hablan de su hambre”. También celebra que a pesar de la violencia que sufren se mantengan en resistencia pacífica. Además, apuntó, como los juzgados están cerrados, no hay quien haga justicia. (Tampoco lo hacían cuando estaban abiertos).
Ante la situación, el vocero de Chalchihuitán y los organismos mencionados llamaron a la sociedad civil nacional e internacional a que “se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México”. Detallaron que sería al banco Scotiabank, Cuenta: 00107853564; Clave interbancaria: 044180001078535644.