lunes, mayo 21, 2018

Hacen negocio con niños ABC


Un grupo de madres y padres de la guardería ABC se encuentra sumamente indignado al descubrir que sevidores públicos del IMSS y proveedores han hecho un gran negocio con sus hijos muertos.

Hace siete meses tuvieron acceso a la información que el Seguro Social proporcionó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en donde dan cuenta de gastos millonarios para la atención de niños lesionados y expuestos, así como a los padres de los fallecidos.
Las cifras no les cuadraron a estos papás y solicitaron tanto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como al IMSS que les detallaran la información con un desglose de facturas y comprobación de gastos.

Iniciaron un largo proceso mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y les fue entregada la documentación pormenorizada por cada niño fallecido, muerto y expuesto.

Gastos médicos particulares inflados, medicinas con sobreprecio, servicios no prestados, firmas falsificadas de madres, viáticos no solicitados y medicamentos no recetados, entre otros, hallaron los padres en la documentación entregada.

Esta semana estuvo en Hermosillo el director nacional del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, y les dijo a los papás que había destituido a la administradora del Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales (Caice) para someterla a investigación.

Los padres preparan ya una denuncia penal contra servidores públicos del IMSS por probable corrupción.

Tuve acceso a la documentación de dos de los 24 expedientes de niños lesionados, del cual tengo copia, y buscando datos al azar encontré los siguientes:

-El 18 de junio de 2015, el IMSS compró al proveedor Omar Cuitláhuac Flores Carrillo para uno de los menores lesionados tres cajas de cápsulas Fotoral a 750 pesos más IVA cada una (se supone que los medicamentos no tienen IVA), pagando en total 2 mil 610 pesos, cuando el valor comercial del suplemento es de 220 pesos en la Farmacia Yza. Es decir, 340% de sobreprecio.

-El 10 de octubre de 2015, el IMSS compró al proveedor anterior para esta misma víctima tres cajas de Adimod 400 mg, a 1,040 pesos cada una, cuando el valor comercial es de 405 pesos. Un sobreprecio del 256%.

-El 17 de mayo de 2017, el IMSS compró al mismo proveedor quince tubos de Voltaren Emulgen de 100 gramos a 620 pesos más IVA cada uno, cuando el valor en el mercado es de 137 pesos. El sobrprecio aquí es del 452%.

-El 29 de octubre de 2015, el IMSS admitió una factura por 85 mil 944 pesos del proveedor Juan Oswaldo Pompa Colosio por la instalación de una barda a base de block, piso de concreto, techo de lámina, sellado de ventanal y retiro de escombro, en un domicilio de uno de los niños lesionados, pues la institución autorizó trabajos de adaptación de las viviendas para poder albergar a menores con quemaduras. La familia del menor beneficiado con esta obra asegura que sólo se trató de una ampliación de una barda de block que implicó tres vueltas.

-El 6 de abril de 2015, el IMSS aceptó pagar una factura al proveedor anterior por 259 mil 120 pesos por diversos trabajos y en el expediente aparece un recibo de conformidad de las obras dirigido al Caice por parte de la madre de menor lesionado con su firma falsificada.

-Una mamá de un niño lesionado me informó que aparece como receptor de crema Cethapil pero que es alérgico y no se le puede suministrar, pese a ello está en la factura de compra del 17 de agosto de 2012 de 42 piezas a 420 pesos cada una.

El tamaño del daño al erario aún no está cuantificado, pues se trata de una enorme cantidad de información que abarca de 2009 a la fecha y que tiene que ver con los padres de los 49 niños fallecidos, los 24 niños y ocho adultos lesionados con quemaduras y los 80 niños afectados por exposición al humo y gases tóxicos.

Recordemos que a los padres y a las víctimas lesionadas y expuestas los ampara el Decreto Presidencial del 20 de julio de 2010 que proporciona atención médica vitalicia en el País y el extranjero, entre otros beneficios.

Estela Báez, mamá de Julio César “Yeyé” Márquez Báez, tuiteó este viernes respecto a este descubrimiento:

“Al subrogar los servicios de guardería, nuestros hijos fueron un gran negocio para @Tu_IMSS y tristemente lo siguieron siendo después de muertos. Lucraron con lo más sagrado, su memoria, y llegaremos hasta las últimas consecuencias, es promesa”.

martes, mayo 15, 2018

El Estado y Ayotzinapa: ¿tapar el sol con un dedo?

Magdalena Gómez

L
a semana pasada, el Estado mexicano una vez más dio muestra de autoritarismo. De manera nada casual, a un día de que sus funcionarios asistieran a una sesión más de la Comisión Interamericana de Derechos Hu­manos (CIDH), difundió su descalificación, dos me­ses después, al reporte Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, elaborado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU, con la participación directa de su oficina en México mediante su representante, Jan Jarab. El punto central del informe cuestionado es que se encontraron: fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente.
El gobierno reprochó que la oficina de las Naciones Unidas se salió del acuerdo que rige sus actividades y afirmó que contiene conclusiones prematuras que podrían afectar el resultado de las investigaciones.
A ello se le respondió, desde Ginebra, ratificando el contenido del informe y su cuestionada metodología y señalando que conocieron en su momento de la intención gubernamental de dar por terminada la operación de su oficina en México. Reiteraron que seguirán cumpliendo con apego al respeto a los derechos humanos. El repudio nacional e internacional a la postura peñanietista, incluyendo al Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH sobre Ayotzinapa, llevó a que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, intentara minimizar las graves acusaciones contra la oficina de la ONU, señalando que simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe de la oficina, mantenemos todo el respeto para las Naciones Unidas.
Sólo recordemos que también en su momento, se descalificó al relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, quien dijo que esa era práctica generalizada en México, como se hizo con todos los señalamientos críticos del Alto Comisionado de la ONU previos a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
Pese al escándalo del día anterior, durante la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa, realizada el 8 de mayo, en el 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados reiteraron que el gobierno busca cerrar el caso, ante lo que ve como riesgo electoral para la renovación de la Presidencia de la República. Señalaron cuatro elementos:
El rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la verdad histórica; la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA; el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones, y el rechazo a cumplir el diagnóstico sicosocial.
Cuánto simbolismo encierra la actual postura sistemática del Estado mexicano frente a las contundentes evidencias sobre su patrón de impunidad. No hay novedad en la descalificación a víctimas y a defensores de derechos humanos en el país, sí la hay en su abierto enfrentamiento con los espacios internacionales de derechos humanos, que coinciden y respaldan las denuncias nacionales. Ya se fueron los tiempos en que se afirmaba que México era candil de la calle y oscuridad de su casa. La política exterior era cuidada con cierto esmero y respaldada con hechos, de ello dan prueba los esfuerzos mediadores en Centroamérica, la recepción a los exiliados sudamericanos, incluso, aunque en menor medida, la de los refugiados guatemaltecos. Sin duda, estoy hablando de gobiernos priístas perpetuados y, sin embargo, el de Peña Nieto lo es. La diferencia está en que hoy la descomposición del Estado está tocando fondo: es explosiva la combinación de corrupción, delincuencia organizada, desapariciones forzadas, crímenes, la pauperización de amplios sectores de la población, la profundización de políticas extractivistas y el despojo; en fin, cierre del ciclo histórico que abrió el constituyente de 1917.
El modelo neoliberal no es compatible con la democracia, en todas sus formas, no sólo la llamada representativa, con el respeto a los derechos de los pueblos, vaya, con el derecho a la vida. Este último está en juego en el caso Ayotzinapa, pero no sólo ello, detrás está la cauda de procesos impunes, como el que cumple este año medio siglo y que también involucró a estudiantes. Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg. Vincula desapariciones, delincuencia organizada, complicidades y/o participación de policías locales y federales frente a un Ejército que se mantiene al margen de la investigación.
De todo ello dio cuenta en sus informes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, por eso lo expulsó el peñanietismo. En julio el mecanismo de seguimiento de la CIDH dará su informe. ¿A quién?

domingo, mayo 13, 2018

Encabeza el FPDT movilización de 7 horas contra el nuevo aeropuerto

  • Con otras ONG, recorre comunidades para informar sobre el ecocidio en 45 municipios
  • Legisladores, cómplices de la devastación de cerros, presencia de minas ilegales y huachicoleros, dicen
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, activistas, investigadores, maestros y lugareños de los municipios de la ribera del ex lago Texcoco, marcharon este sábado de las Pirámides de Teotihuacán a la autopista Peñón-Texcoco, para protestar por obras del nuevo aeropuertoFoto René Ramón
René Ramón
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 13 de mayo de 2018, p. 23
Texcoco, Méx.
Durante más de siete horas, integrantes de organizaciones sociales y ambientalistas, y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) formaron una caravana que recorrió pueblos y colonias de cinco localidades de la ribera del ex Lago de Texcoco para denunciar ante sus habitantes la devastación territorial y ecológica que están sufriendo 45 municipios de la cuenca del Valle de México a raíz de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Como no se había visto desde hace casi dos décadas, este sábado líderes sociales, académicos, profesores, ambientalistas y defensores de derechos humanos, así como vecinos, se reunieron en la puerta uno de la zona arqueológica de las Pirámides de Teotihuacán.
Encabezados por Ignacio del Valle Miranda, líder del FPDT, iniciaron con un mitin ante el turismo nacional y extranjero que ingresaba por las puertas uno y dos de esta zona declarada patrimonio de la humanidad. A los visitantes les informaban de los daños ambientales, sociales, hídricos y económicos que ya son visibles y que afectan a los pobladores de 45 municipios.
América del Valle, integrante del FPDT, entre otros oradores, aseveraron que el daño ambiental es evidente en Tenango del Aire, Amecameca, Tezoyuca, Chalco, Ecatepec, Acolman, Texcoco y Atenco, donde varias empresas sobrexplotan ilegalmente materiales pétreos; y al acabarse los cerros está desapareciendo la fauna y la flora nativa, rompiendo el equilibrio ecológico.
La caravana –integrada por más de 20 automóviles, un camión urbano de pasajeros y al menos 10 ciclistas– se enfiló hacia comunidades del municipio de San Juan de Teotihuacan. Visitaron San Lorenzo Tlalmililolpan, San Lucas y San Miguel Xometla; frente al palacio municipal protestaron contra las autoridades.
Tanto alcaldes como legisladores, sin distinción de partido político, dijeron, son parte de la corrupción que ha permitido la devastación de cerros, la innumerable presencia de minas clandestinas, robo y venta de combustible, exterminio de flora nativa, desplazamiento y exterminio de fauna nativa y crecimiento de asentamientos irregulares en torno a la zona del ex Lago de Texcoco, donde el gobierno federal licitó a la iniciativa privada la construcción del NAIM.
Tras horas de caminatas por comunidades, entre otras San Pedro Tepetitlán, Chipiltepec, Pilares, San Francisco Zacango y los alrededores de la cabecera municipal de Tezoyuca , tomaron la carretera federal Texcoco-Lechería y en algunos tramos ingresaron a los pueblos de Acuexcomac y San Salvador, en Atenco, así como en los alrededores de la Magdalena Panoaya y Tocuila, en Texcoco.
En todo el trayecto, los representantes del FPDT y de las agrupaciones no gubernamentales realizaron al menos cuatro paradas para efectuar mítines y bloquearon por algunos minutos dos caminos rurales para entregar a los habitantes sus denuncia por la devastación territorial que ha provocado la construcción del megaproyecto impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante el recorrido hubo respaldo de conductores y vecinos que viven en condiciones de pobreza. El mayor respaldo lo recibió de la gente de Acuexcomac, comunidad que entre 2001 y 2006 participó activamente en el movimiento de resistencia hasta que ocurrieron los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006.
Paso libre en caseta Peñón-Texcoco
Luego de seis horas, el contingente abandonó la zona de Atenco y después de una hora arribó a la caseta de cobro de la autopista Peñón- Texcoco, donde liberaron las plumas y permitieron el paso libre a automovilistas, operadores de autobuses y de transporte de carga.
Durante cinco minutos, la Policía Federal cerró la autopista para impedir que los conductores cruzaran la garita sin pagar, pero una vez que la gente afectada denunció la acción, los agentes reabrieron la circulación con dirección a Ciudad de México.
Ignacio del Valle aseguró que la devastación de los cerros para rellenar con materiales pétreos los predios para el NAIM es un ecocidio, un acto criminal en perjuicio de estas comunidades. El aeropuerto ha creado una situación inestable, caos social. Estamos hartos, son 17 años de resistencia. América del Valle sostuvo que la caravana fue el fiel reflejo de que sí hay resistencia dentro de nuestros pueblos, aunque medios y autoridades digan lo contrario.

viernes, mayo 11, 2018

Ofelia Medina, Coyunturas 2018: México al revés



Conversación con la reconocida actriz y activista Ofelia Medina para reflexionar sobre el momento actual, la democracia y las verdaderas necesidades del pueblo mexicano.

miércoles, mayo 09, 2018

#AyotziEnCIDH 

* Preocupación en la CIDH por descalificaciones contra informe de la Onudh Mexico

* Mensajes filtrados desmienten que se trate de un caso limitado al ámbito municipal.

* Piden familias que informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea presentado en México.

Más información: http://bit.ly/AyotziAM


Ratifica ONU-DH su informe sobre Ayotzinapa


Ciudad de México. La ONU-DH "reafirma la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos en el caso Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas el lunes (7 de mayo) por el Gobierno mexicano", indica un comunicado difundido simultáneamente en la sede de Ginebra y México.
La oficina de Jan Jarab, representante en el país latinoamericano del Alto Comisionado, indicó que, "después de una lectura minuciosa de la respuesta del Gobierno de México, reafirma que operó dentro del mandato establecido en el acuerdo firmado con el Gobierno mexicano en 2002 que estableció su oficina de país", durante el gobierno del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006)​​​.
Además, señaló que el informe se elaboró "de conformidad con un acuerdo que abarcaba sus actividades, a pesar de la decisión del Gobierno (del presidente Enrique Peña Nieto) de no renovarlo luego de que expirara el 1 de febrero de 2018".
El documento de marras, titulado "Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", publicado el 15 de marzo de 2018, concluyó que hay "fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente".
Revelaba además el hallazgo de que esas "serias violaciones" fueron a su vez "inadecuadamente investigadas y encubiertas".
El Gobierno respondió tras el informe que calificó de "prematuro", que su publicación "no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas partes sobre la continuidad de sus actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo señalado".

El gobierno pretende cerrar ya el caso Ayotzinapa, advierten familias de los 43

  • Hay señales de que no tiene voluntad política para aclararlo, dicen abogados
  • Ante posible cambio de partido en Los Pinos, desacredita a los órganos internacionales, sostienen
Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos realizaron una manifestación frente a la Secretaría de Relaciones ExterioresFoto Notimex
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de mayo de 2018, p. 5
Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señalaron que las autoridades del país buscan cerrar ya el caso –ante la posibilidad de un cambio de partido en el gobierno– y desacreditan a los organismos internacionales que documentan sus fallas, al tiempo que los representantes del Estado mexicano defendieron sus indagatorias y aseguraron que éstas continúan en marcha.
Durante las audiencias del 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los abogados de las víctimas advirtieron que existen señales de que el gobierno no tiene voluntad política de esclarecer lo ocurrido con los estudiantes en Iguala.
Una de ellas, indicaron, es la descalificación al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, por haber emitido un informe sobre los presuntos actos de tortura que sufrieron más de 30 personas acusadas por el caso Iguala, sin que esos señalamientos fueran concluyentes.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, consideró lamentable que el Estado –en un acto sin precedentes– haya acusado a Jan Jarab de exceder su mandato por documentar que al menos 34 personas fueron torturadas para obligarlas a autoinculparse o incriminar a otras por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
Asimismo, destacó que las autoridades federales no han investigado lo suficiente los mensajes interceptados por el gobierno de Estados Unidos –filtrados por un periódico de circulación nacional en México–, según los cuales un grupo de la delincuencia organizada coordinó desde el vecino país del norte el ataque contra los normalistas el 26 de septiembre de 2014.
En su oportunidad, el comisionado Edison Lanza, de la CIDH, consideró que dicha filtración es gravísima y exigió a las autoridades mexicanas que la investiguen.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, se preguntó si la falta de investigación de este tema implica un intento de encubrir a los delincuentes por el posible vínculo entre el crimen organizado y los círculos más altos del gobierno, incluidos el Ejército y la Policía Federal.
Una de las intervenciones que más llamó la atención en la audiencia celebrada en República Dominicana fue la de Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, quien acusó al gobierno mexicano de haber “violado y pisoteado el derecho de nuestros jóvenes a ser buscados. Su ‘verdad histórica’ está convertida en cenizas’”.
En respuesta a las críticas, el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, afirmó que las búsquedas de los 43 normalistas jamás se han detenido, y puso de ejemplo que hasta ahora se han realizado más de 800 acciones en este sentido, en unos 360 lugares, muchos de ellos sugeridos por especialistas internacionales.
De igual manera, indicó que en días recientes se ha consignado a otras 31 personas por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas, y afirmó que se ha tratado de sensibilizar a los detenidos para que proporcionen información valiosa acerca del tema, pero muchos de ellos se han mostrado reacios por temor a que algo les ocurra o se han quejado sin razón de que se les presiona para declarar en un sentido u otro.

martes, mayo 08, 2018

México critica a la ONU por juzgar el caso Iguala sin que haya concluido

La queja, contra representante en el país en materia de derechos
Dennis A. García
Periódico La Jornada
Martes 8 de mayo de 2018, p. 3
En un hecho inusual, el gobierno mexicano reprochó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en Ginebra, Suiza, que su representación en México no respetó un acuerdo de no emitir declaraciones concluyentes sobre el caso Iguala.
En el documento que hicieron llegar al alto comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, informa que las declaraciones que se hayan obtenido bajo tortura, por la desaparición de los 43 normalistas, no deberán ser consideradas.
Un comunicado conjunto, emitido por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República, indica que haber dado a conocer, el 15 de marzo, el documento Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, por Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las pesquisas.
Asegura que desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la oficina en torno al asunto.
En el documento de 23 páginas que hicieron llegar por medio de la misión permanente de México ante los organismos internacionales, con sede en Ginebra, enfatiza que el informe de Jan Jarab “carece de rigor metodológico y sustento jurídico para arribar a la conclusión de que se está cometiendo una ‘doble injusticia’, como su mismo título lo describe”.
En el informe que dio a conocer el representante en México de la ONU-DH indica que de los 129 detenidos, al menos 34 presentan fuertes elementos de que sí habrían sido sometidos a tortura.
Al respecto, el gobierno mexicano informó que de acuerdo con la prueba de Estambul aplicada a 34 detenidos por el caso Iguala, dos arrojaron evidencia de tortura física, 26 dieron negativo, cuatro no aceptaron la aplicación del protocolo, uno ya fue procesado por otro delito y uno más está pendiente de emisión del dictamen.
En ese sentido, mencionó que, como lo recomienda el informe (de la ONU-DH en México), todas las pruebas que pudieran haber sido obtenidas a través de la comisión de actos de tortura, debidamente comprobados, no deberán ser consideradas para el seguimiento del caso y la integración de las respectivas causas penales.
Informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a través de la ahora Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, inició, desde el 20 de abril de 2016, 27 averiguaciones previas, las cuales se encuentran relacionadas 128 presuntas víctimas de tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias, entre otros.
Por lo anterior enfatizó que dadas las conclusiones a las que llega la representación del organismo internacional en México, se percibe que está asumiendo funciones que sólo corresponden a un juzgador, lo cual desvirtúa la función que se acordó realizaría en el país, lo que podrían tener un efecto adverso en los procedimientos en curso.
En relación con las posibles siete irregularidades en la diligencia del río San Juan del 28 de octubre de 2014, en el municipio de Cocula, destaca el gobierno mexicano que se considera que las irregularidades advertidas no fueron lo suficientemente graves para que pudieran afectar todo el proceso de la investigación.
Al presentar el informe, Jan Jarab señaló que el Poder Judicial de la Federación debe excluir del expediente las pruebas obtenidas bajo tortura y que si no hay en contra de algún procesado otros elementos probatorios, más que las confesiones viciadas, sí deberían salir libres.

sábado, mayo 05, 2018

Exigen castigar asesinato de estudiante de la UNAM hace 12 años en Atenco



La muerte de Alexis no debe ser en vano; hoy más que nunca debemos honrar su vida y no rendirnos ni ceder en la lucha por la defensa de nuestras tierras y contra la construcción del nuevo aeropuerto, señaló el FPDTFoto La Jornada
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 5 de mayo de 2018, p. 12
San Salvador Atenco, Méx.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) rindió un homenaje al estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ollín Alexis Benhumea Ramírez, a 12 años de su asesinato, luego de que fuera impactado por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por la policía el 4 de mayo de 2006, durante la toma del poblado de San Salvador Atenco.
La muerte de Alexis no debe ser en vano; no debemos olvidarlo y hoy más que nunca debemos honrar su vida y no rendirnos ni ceder en la lucha por la defensa de nuestras tierras y contra la construcción del nuevo aeropuerto. Exigimos castigo a los autores intelectuales de su asesinato, dijo Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT.
Este viernes, un grupo de campesinos se congregó en la plaza principal de Atenco y desde ahí marcharon a la vivienda de la familia Romero, donde Alexis se refugió tras ser herido por el proyectil de gas lacrimógeno, y ahí realizaron un mitin.
Después, al grito de ¡Métele a la marcha, métele al tambor, métele que traigo a Alexis en mi voz! y ¡Alexis no murió, el gobierno lo mató!, bloquearon parcialmente la carretera federal Texcoco-Lechería y en su camellón colocaron una ofrenda floral y un paliacate en recuerdo del estudiante.
Alexis, rememoraron, acudió a Atenco junto con su padre Ángel Benhumea en solidaridad con los atenquenses. El estudiante era miembro de la Otra Campaña y fue uno de los primeros activistas en caer herido cuando se encontraba en el acceso principal a Atenco, sobre la carretera federal Texcoco-Lechería y calle Fresnos, Junto con otros activistas, herido, Alexis se refugió en una vivienda.
El joven no recibió atención médica hasta 15 horas después de haber sido herido, debido a que no podía salir por el cerco policiaco ni las ambulancias podían entrar a donde se encontraba.
Alexis fue llevado al hospital Zaragoza con doble fractura de cráneo y exposición de masa encefálica. El 12 de mayo se le diagnosticó muerte cerebral y tras 34 días, el 7 de junio de 2006, murió en el hospital regional Adolfo López Mateos, donde había sido internado seis días antes.
Responsabilizamos a Vicen-te Fox (entonces presidente), a Enrique Peña Nieto (ex gobernador mexiquense) y Wilfredo Robledo Madrid (ex titular de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense) porque sus policías dispararon gas lacrimógeno y también las armas de fuego. Ellos deberían estar en prisión. Les decimos que las muertes de Alexis y de Javier Cortés (otro de los jóvenes asesinados durante la represión) no deben quedar impunes, dijeron.

Alemania y Austria critican que el Estado no resuelva el caso de los 43

Sergio Ocampo Arista, corresponsal 

Tixtla, Gro. Miembros de la ONG Pan para el Mundo, provenientes de Alemania y Austria, criticaron que el Estado Mexicano, no haya resuelto el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.
La delegación de Pan para el Mundo, visitó las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, encabezada por Cornelia Fűlkrug Weitzel, en donde escucharon los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, y de los padres de familia de los desaparecidos.

Al respecto la presidenta de la ONG, anunció que solicitarán a la Unión Europea que se revisen los tratados comerciales en donde se establece el respeto a los Derechos Humanos por parte del gobierno mexicano.

 Por su parte, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó que la presencia de esta delegación que integran ciudadanos de Alemania y Austria, viene a fortalecer la lucha por la presentación de los estudiantes, sobre todo en el marco del proceso electoral en el que pareciera se pretende olvidar el tema.

Atenco, la última batalla por el lago de Texcoco


Al-Dabi Olvera
A
tenco significa a la orilla del agua. Su glifo, dibujado en el Códice de Mendoza, muestra una curveada orilla café, o labio de tierra, besada por una ola de color azul.
Conocido en todo el mundo por su lucha campesina, San Salvador Atenco guarda en su memoria la antigua forma de vida de la cuenca de México. Chintetes, ahuautles, patos migrantes, los recuerdos infantiles de cualquier atenquense están poblados con fauna y flora acuáticas, fiestas de petición de lluvia y destellos de la cultura acolhua.
Hoy, este pueblo se encuentra justo en el centro de la guerra de colonización capitalista más antigua del continente: la desecación del lago de Texcoco.
El último y definitivo paso de este proceso de violencias históricas, rara vez puestas en tela de juicio, es la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), anunciada con bombo y platillo durante el segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El NAICM es la obra de infraestructura más grande de América Latina desde la construcción colonial del Tajo de Nochistongo en los primeros años del siglo XVII, sin olvidar el Gran Canal del Desagüe, concluido en 1900, la creación de ciudad Nezahualcóyotl en la época de las glorias del PRI y el actual aeropuerto, los proyectos urbanos han dado la espalda a la vocación lacustre de esta región.
Esta centenaria guerra contra el territorio, que podría resumirse con el eufemismo porfirista de gobernar las aguas, no se ha librado sin la transformación, el desplazamiento y el sufrimiento de las poblaciones originarias. Miles de indígenas perecieron en la construcción de Nochistongo; pueblos como Chimalhuacán perdieron su laguna ante la construcción de enormes asentamientos humanos.
Pero Atenco resiste. Fértiles y listos para la época de lluvias, sus campos se encuentran en el último territorio libre de los proyectos urbanizantes. Con machete en alto, símbolo de la resistencia campesina, y bajo el nombre de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Atenco y sus pueblos vecinos de Nexquipayac, Acuexcomac y Tocuila, cuidan sus terrenos como uno de los últimos resabios del patrimonio biocultural de la llamada región más transparente del aire.
Se les ha acusado de violentos. De que no quieren el progreso. En una guerra desigual, como lo es toda empresa colonial, su voz ha retumbado por sí misma. En 2001 ganaron fama internacional por echar abajo los 19 decretos presidenciales con los que Vicente Fox pretendía expropiar sus tierras para la construcción del aeropuerto. La derrota al gobierno mexicano les dio fuerza hasta la represión de 2006.
Sin embargo, para la alta política mexicana, el tema del aeropuerto en el lugar donde persisten estos pueblos se reduce a contratos, licitaciones, transparencia y desarrollo. En resumen, un asunto de dinero. Ahora que el tema del NAICM se ha vuelto electoral, candidata y candidatos a la Presidencia prácticamente no hablan de las poblaciones originarias. Hasta hoy, ningún presidenciable o empresario los ha llamado para escuchar su opinión, mucho menos para consultarlos. Fueron borrados del mapa, literalmente.
Si acaso hablan de ellos, es para cambiar radicalmente su esencia. El magnate Carlos Slim, cuyo holding empresarial está involucrado hasta el tuétano de la construcción de la obra, habla de la transformación mágica de la ciudad. Léase: civilizar a los habitantes de la región. Con una carta, el FPDT le contestó: ¿Quién ha invertido más, usted o nosotros?
No tenemos que debatir nada, los llamamos a que tengan el atrevimiento de que nos escuchen.
Ignacio del Valle pasó cuatro años en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya, condenado a 112 años de prisión. Fue liberado por una intensa campaña internacional. Él recuerda tanto su infancia cazando patos como las técnicas de supervivencia que utilizaba en prisión. Desde que salió libre no ha dejado la lucha. No hay marcha en la que no participe. No hay conmemoración del operativo ordenado por Enrique Peña Nieto los días 3 y 4 de mayo de 2006 en la que no insista: ¡La tierra no se vende!
Durante la represión del llamado Mayo Rojo, miles de efectivos policiales invadieron la región. El operativo dejó un saldo de dos centenas de detenidos, más de 20 mujeres denunciaron tortura sexual y dos jóvenes fueron asesinados: Alexis Benhumea y Javier Cortés.
De nuevo: Atenco no olvida. Su plaza vuelve a llenarse. Una misa organizada por el FPDT abraza la rabia por el agravio peñista y celebra la fiesta de la Santa Cruz a la vez. Personas que fueron detenidas, mujeres que sufrieron tortura sexual y cuyo caso podría llevar al Presidente ante tribunales internacionales están presentes. La disputa se mantiene abierta, tanto como en 2001.
A 12 años de la represión, la consigna es no olvidar. Para Ignacio del Valle su rebelión partió de lo más sagrado en la memoria: la relación directa con el lago. El despojo sería ya no convivir con él. En aquel lugar donde las aguas besan la tierra, los campesinos esperan el temporal y la restitución de la laguna. En parte, en eso fincan su esperanza, en que el lago resista con ellos y termine por devorar el megaproyecto aeroportuario.
Mientras tanto, la población de Atenco no se queda quieta; la reproducción de la vida lacustre es el principal frente de batalla: pronto volverán a ver crecer el maíz desde los campos anegados.

viernes, mayo 04, 2018

Atenco: 12 años contra la tortura sexual



12 años de la acción de tortura cometida por el Estado Mexicano en contra de mujeres del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco(FDPTA), como forma de disuasión en la defensa del territorio realizada por el FDPTA ante la amenaza de despojo por la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

NAICM, obra contra el sentido común: Vera


Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 4 de mayo de 2018, p. 15
San Salvador Atenco, Méx.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo que en el país hay empresarios como Carlos Slim llenos de avaricia porque no les basta con haberse apropiado de empresas de los mexicanos como Telmex, pues ahora quieren seguir llenándose las bolsas de dinero con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), a costa de la ruina de los pobladores.
Ya se están frotando las manos de todo el dineral que van a ganar, y una de esas personas ya ganó mucho dinero con toda la infraestructura que creamos todos los mexicanos con nuestro impuestos como Telmex; uno de estos grandes inversores ya quiere otro pastel, no le basta, la avaricia, no tiene medida, dijo.
Al ofrecer una misa en la explanada de San Salvador Atenco para conmemorar 12 años de la represión y toma del poblado por fuerzas federales y estatales, afirmó que el NAICM es una obra que está contra el sentido común, porque además de robarles la tierra a los campesinos, en México no se tiene por qué montar una construcción tan costosa por la cimentación y el mantenimiento que necesitará.
Ante los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), el obispo reconoció la lucha y resistencia de los campesinos de Atenco, que han defendido sus tierras ejidales cuando en mayo de 2016 durante la toma y represión del poblado, más de 200 personas fueron encarceladas y hubo mujeres violadas.
Les voy a dar las gracias a ustedes los pobladores de Atenco y a todos los que solidariamente vienen porque no sólo defienden sus tierras, defienden a México. Ojalá no se desanimen, por eso les agradecemos, no todo está perdido, somos muchos en México que luchamos por defender nuestros territorio, nuestra vida, todos ustedes están luchando por la nación, expresó.
Este jueves, los campesinos realizaron un mitin y evento cultural, para conmemorar los 12 años de represión cometida durante el operativo ordenado por el entonces gobernador y ahora presidente, Enrique Peña Nieto. El FPDT afirmó que hoy más que nunca la resistencia y lucha por sus tierras y contra el NAICM siguen vivas.

miércoles, mayo 02, 2018

Lucha de Atenco, en pie “más que nunca”: Ignacio del Valle

Habitantes de San Salvador Atenco durante una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en imagen de archivo. Foto María Luisa Severiano

Javier Salinas Cesáreo, corresponsal 

San Salvador Atenco, Méx. El movimiento de lucha de San Salvador Atenco es uno de los casos emblemáticos de resistencia de los últimos años en el país y tras 12 años de una de las peores represiones contra los campesinos por parte de las fuerzas policíacas del Estado mexicano, conocida como Mayo Rojo; y después de 17 años del surgimiento de la defensa de sus tierras contra las construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM); la lucha de los comuneros continúa y "hoy más que nunca se mantiene en pie". 
Ignacio del Valle Medina, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) sostuvo que la resistencia de los campesinos sigue vigente. "Son 17 años de resistir y luchar contra esa bestia gigante que existe, el Estado, y que tiene ese poder de aplastar y pisotear los derechos más fundamentales de los pueblos. Y 12 años de la represión brutal de nuestro pueblo, pero hemos resistido caminando juntos de la mano de tantos hermanos que nos han apoyado y se han solidarizado". 
"Muchos nos ha dicho, sobre todo los medios de comunicación, que nos estamos oponiendo al progreso y bienestar, eso no es cierto. Nos estamos oponiendo porque la zona donde se construye su aeropuerto de muerte está siendo devastada y también están siendo destruidos los cerros donde se extraen los materiales; están siendo devastados los bienes, y los derechos de los pueblos están siendo aplastados. No solo el objetivo es tirar ese aeropuerto sino defender la dignidad que nos están pisoteando como pueblo, como nación", dijo. 
Historia de una lucha 
El lunes 22 de octubre de 2001, durante la gestión de Vicente Fox, la vida de los pueblos de San Salvador Atenco cambió su rumbo. En el Diario Oficial de la Federación se publicaron 19 decretos de expropiación por una superficie total de cinco mil 384 hectáreas de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán en el estado de México para el proyecto de construcción del NAICM. Eran 13 pueblos los afectados en sus ejidos; todos aledaños a la ribera del exlago de Texcoco y al lago Nabor Carrillo. 
En Atenco, un pueblo hasta ese entonces tranquilo, con tradiciones ancestrales, con habitantes que eventualmente participaban en organizaciones y simpatizaban con movimientos sociales, pero con una historia de gobiernos priístas; se gestó el movimiento de lucha campesina más importante en el país, en los últimos años. Enarbolaron sus machetes y lucharon por defender sus tierras con el lema: "Tierra sí, aviones no", "No al aeropuerto" y "La tierra no se vende". 
Los campesinos se organizaron, hicieron plantones, marchas, bloqueos, protestas e innumerables retenciones de funcionarios solo con el objetivo de echar abajo el proyecto aeroportuario. 
Un 11 de julio del 2002, los campesinos fueron reprimidos por las fuerzas estatales cuando les impidieron el paso para llegar hasta Teotihuacán, en donde habrían de increpar al entonces gobernador mexiquense, Arturo Montiel. 
Tras el enfrentamiento 12 campesinos fueron presos, un sin número resultaron heridos y 14 días después a consecuencia de los golpes policíacos falleció José Enrique Espinoza. Tras la muerte del campesino y oposición de la resistencia, la tarde del jueves primero de agosto de 2002, el gobierno federal determinó cancelar el proyecto aeroportuario. 
Sin embargo, sobre las violaciones a sus derechos humanos nunca se resolvió nada a pesar de que quedaron plenamente documentadas y tampoco de los responsables de la muerte de Enrique Espinoza. 
Mayo rojo 
En 2006, en San Salvador Atenco ocurrió una de las represiones más violentas. El 3 de mayo, la lucha por los espacios para la venta en vía pública, frente al mercado municipal, Belisario Domínguez en Texcoco, fue la detonante para que el gobierno del estado de México, al mando de Enrique Peña Nieto, montara una estrategia, en complicidad con el ayuntamiento perredista, para vengarse del movimiento atenquense que años atrás había echado abajo uno de los mayores proyectos económicos del país, el de la construcción del NAICM. 
Ese día, los miembros del FPDT fueron golpeados y se atrincheraron durante nueve horas en una vivienda, de donde fueron sacados a la fuerza y detenido el dirigente Ignacio del Valle Medina. Al mismo tiempo y en respuesta a la acción policíaca, los pobladores de Atenco bloquearon la carretera y la policía los enfrentó deteniendo a decenas de ellos. Ese 3 de mayo, durante el enfrentamiento, el joven de 14 años, Francisco Javier Cortés Santiago cayó asesinado por un disparo de arma de fuego, proveniente de las armas de los policías. 
La madrugada del 4 de mayo, la acción policíaca continuó contra el pueblo de Atenco y miles de policías incursionaron en la comunidad. Utilizando gases lacrimógenos, catearon casas, detuvieron a cientos de ejidatarios y en el traslado hubo abuso sexual a las mujeres. En la refriega fue herido el estudiante de la UNAM, Ollín Alexis Benhumea Ramírez, quien fue impactado por uno de los proyectiles de gas lacrimógeno, lanzados por la policía y quién 34 días después murió. 
El dirigente, Ignacio del Valle fue encarcelado en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y condenado a 112 años de prisión, quién a la postre lograra su liberación años después. Más de 200 campesinos fueron recluidos en el penal de Santiaguito, que también lograron su libertad. 
Del caso, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales documentaron un sin número de violaciones a los derechos humanos. Pese a las múltiples denuncias y testimonios de abusos policíacos, golpes, vejaciones y abuso sexual hacia las mujeres, principalmente durante el traslado de los presos y los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés; sólo 21 policías fueron sometidos a proceso, sin que alguno quedara preso. 
En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución del caso en la que dejó de manifiesto que sí existieron violaciones graves de garantías individuales, pero que no pudieron atribuirse participación a las autoridades y funcionarios que autorizaron el uso de la fuerza pública, así como aquéllos que participaron en la reunión en la que diseñaron la estrategia para implementar el operativo. 
NAICM, confrontación permanente 
Con la reactivación de la construcción del NAICM en septiembre de 2014 cuando el presidente Enrique Peña anunció que el lugar para edificar la terminal aérea era Texcoco; FPDT volvió a su resistencia, primero con movilizaciones y después con la presentación de varios amparos y denuncias penales. 
A partir de esa fecha, las incursiones a las tierras de Atenco han sido constantes por parte de trabajadores y topógrafos, que comenzaron a laborar en la cimentación de los terrenos del NAICM y la barda perimetral. Los trabajadores eran custodiados por elementos policiacos y personal del Ejército. Cinco meses después, las confrontaciones fueron permanentes, al grado de que se detectó la incursión a los ejidos del pueblo de tanquetas del Ejército. 
Los ejidatarios establecieron un campamento y vigilancia en la parte de los cerritos Huatepec y Tepezingo para no permitir la invasión de sus tierras y se declararon en alerta permanente. También, pararon las obras de construcción de la autopista Pirámides -Texcoco que forma parte del equipamiento del NAICM. 
El gobierno federal y estatal comenzó con la operación de dividir las comunidades, utilizando a ejidatarios vinculados con el PRI y apoyados "por golpeadores", para enfrentar a los campesinos opositores y romper con su resistencia. Así en mayo de 2015, los grupos de choque, apoyados Policía Federal, desalojaron a los miembros del FPDT del plantón del cerro de Huatepec. Días después, lo hicieron con el plantón que tenían para impedir la construcción de la autopista. 
En los últimos dos años y medio, las obras del NAICM han avanzado, alterando la vida de los habitantes de poblados aledaños y devastando el entorno de montes y cerros localizados en 12 municipios de la zona, con la explotación de al menos 150 minas de donde se extraen materiales pétreos para la cimentación de los terrenos del proyecto aeroportuario. 
En los municipios de Texcoco, Tezoyuca, Otumba, Acolman, Teotihuacán, Nopaltepec, Temascalapa, Tepetlaoxtoc, Chalco, San Martín de las Pirámides y San Salvador Atenco, los pobladores se han opuesto a la explotación indiscriminada de las minas que ha afectado su entorno; también se han inconformado por el paso diario, en sus comunidades y vías principales, de los más de 5 mil camiones de carga y góndolas que se encargan del acarreo de materiales pétreos hacia los terrenos del NAICM, porque han deteriorado sus calles y afectado sus casas. 
Los opositores han considerado que la edificación de la nueva terminal aérea y la explotación de minas están provocando un ecocidio de dimensiones extraordinarias. Actualmente, el FPDT ha conformado un frente con comunidades afectadas de al menos 12 municipios quienes lucha contra la obra aeroportuaria y en defensa de la naturaleza y la vida.

lunes, abril 30, 2018

Piden ejidatarios de Atenco a López Obrador ser escuchados


Se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 30 de abril de 2018, p. 12
San Salvador Atenco, Mex.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) llamó al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a escuchar la palabra de los campesinos que defienden su tierra y luchan contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) y acudir a San Salvador Atenco, donde desde hace 17 años resistes y han enfrentado tres sexenios de horror y tragedias por el despojo de sus parcelas.
Los campesinos de este municipio también piden al aspirante presidencial definirse en torno a la nueva terminal aérea, como ellos, “con firmeza, sin ambigüedades y ni lugar a dudas: ¡No al aeropuerto!
Señor Andrés Manuel: usted se ha reunido con empresarios, con banqueros, con estudiantes de universidades privadas. ¡Qué bueno! Los ha escuchado y ha ido hasta donde ellos se encuentran. ¿Puede escuchar nuestra palabra? ¿Puede venir a nuestras tierras? ¿Puede venir a San Salvador Atenco? ¿Puede abrir sus ojos ante nosotros? ¿Puede abrir sus oídos y su corazón aunque sólo seamos campesinos pobres que se niegan al despojo y la muerte? ¿Puede escucharnos aunque no seamos banqueros ni empresarios? ¿Puede? Ojalá así sea, señalan en una carta abierta enviada al candidato.
El FPDT manifestó que con la construcción del aeropuerto está en juego su vida: “Usted debe comprender que para nosotros no se trata de una obra aeroportuaria, sino de la vida y la historia de nuestros pueblos desde tiempos milenarios. Se trata de que no nos despojen de nuestras tierras.
El fondo del conflicto es el lugar que han invadido para tratar de imponer un gran negocio, sin importar los agravios y los daños a los pueblos, y sin importar la catástrofe ambiental y social que su ambición está provocando. Se trata de que el aeropuerto no se haga en Texcoco, por el bien de nuestros pueblos y para que no sea el dinero quien gobierne. ¡Ése es el punto!
Y prosigue: “Nuestro dilema no está en seleccionar quién o cómo habrán de despojarnos de la vida. Nuestro dilema no está en si se hace con dinero público o privado. No se trata de saber si los empresarios son ‘honestos’ o ‘corruptos’, o de si se hará con licitaciones transparentes o con adjudicaciones directas. Nada de eso”.
En la misiva, los campesinos expresan al candidato presidencial que exigen respeto por sus vidas, sus tierras, su historia y su derecho como mexicanos al bien común. Agregaron que la pugna real es la de la madre Tierra contra el dios dinero, “no nos cansaremos de repetirlo, nosotros optamos por la madre Tierra. Para nosotros, el dios dinero –así tenga apellido nacional o de origen libanés– es sinónimo de muerte y despojo. No importa si se apellida ‘bueno’, ‘malo’, ‘transparente’ o ‘corrupto’: la construcción del aeropuerto nos despoja de la vida.
“Usted sabe quiénes somos. No ignora nuestra historia. Usted y los vastos sectores del pueblo que lo apoyan, así como los académicos, intelectuales y personalidades que lo rodean, saben perfectamente que hemos enfrentado tres sexenios de horror y tragedias, desde el 22 de octubre de 2001, cuando Vicente Fox decretó el despojo de nuestras tierras para la construcción del Aeropuerto Internacional.
Lo sabe bien, porque desde entonces los pueblos afectados hemos tenido que ir con machete en mano hasta la capital, que en esos años usted gobernó, para manifestarnos y denunciar lo que hoy sigue siendo la violación más artera al derecho de vivir en paz.

sábado, abril 28, 2018

Las desapariciones, producto de la corrupción e impunidad: Rosales

El caso Ayotzinapa es el más avanzado en indagatorias
A 43 meses de la desaprición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, sus familiares siguen con el clamor de justiciaFoto María Luisa Severiano
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 28 de abril de 2018, p. 13
Iguala, Gro.
El asesinato de los estudiantes de cine en Guadalajara, Jalisco, y de otras personas en diferentes entidades de la República es la continuación de toda una estrategia para la desaparición forzada, producto de la corrupción e impunidad que se presenta en México, afirmó Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de La Montaña.
En entrevista tras la conclusión de la jornada En el corazón de los 43, resaltó que el caso emblemático de Jalisco es consecuencia de la impunidad y de la mala investigación que hace la Procuraduría General de la República (PGR).
Sobre las irregularidades que cometen los funcionarios y no hay sanciones, transparencia ni rendición de cuentas para ellos, dijo que como prueba es que no dan cuenta de los expedientes de los 33 mil desaparecidos que hay, incluidos los compañeros de Chilapa, Iguala, Acapulco, no dicen cómo están avanzando (las indagatorias).
Rosales Sierra manifestó que han pasado 43 meses de impunidad porque no se ha esclarecido el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en la que el gobierno permanece inmóvil sin aplicar políticas legislativas, de carácter administrativo o de otra índole para revertir el problema de la desaparición forzada.
Incluso se puede ver a la clase política, a los candidatos y no figura (en sus propuestas) el tema de la desaparición forzada, del que nadie quiere hablar porque está asociado con la delincuencia organizada y los vínculos que las instituciones y las autoridades tienen con la delincuencia, aseguró.
Destacó que el caso Ayotzinapa es el más adelantado en materia de investigación, porque la mayoría de las desapariciones no tienen avances en las indagatorias, hay más de 33 mil expedientes de desaparición forzada cuyas pesquisas no avanzan, muchos de ellos tienen más de tres años.
No hay una metodología científica para realizar las búsquedas, eso ocasiona que se sigan cometiendo esos crímenes en Guerrero y en otras partes del país, expuso el abogado.
Familiares y amigos llevaron ofrendas al lugar donde ese día asesinaron a tres normalistas.

viernes, abril 27, 2018

Han sido meses eternos; el gobierno sólo ha dado mentiras, afirman familiares de los 43

Insisten en que el día de las desapariciones las autoridades vigilaban a los jóvenes
Miles de personas marcharon en Ciudad de México para exigir la presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La caminata comenzó en el Ángel de la Independencia y concluyó en el Zócalo capitalinoFoto Jesús Villaseca
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de abril de 2018, p. 12
Han sido 43 largos y frustrantes meses para las madres y padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014. Tres años y siete meses de incertidumbre y tristeza, pero a la vez de mantener la esperanza de que algún día regresen a casa.
Ayer se cumplió un mes más, el número 43, desde la desaparición forzada de los normalistas a manos de agentes del Estado aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Fue una conmemoración simbólica al coincidir el número de meses con el de desaparecidos por este caso. Y como tal los familiares y quienes los han acompañado sabían de la relevancia de tomar las calles una vez más, y después de siete meses, pudieron regresar al Zócalo capitalino a manifestar su indignación, exigir verdad, justicia y castigo para todos los implicados. También, por primera vez en mucho tiempo, sumaron miles los manifestantes (5 mil de acuerdo con los organizadores) entre colectivos, organizaciones sociales y sindicales, normalistas, universitarios y ciudadanía en general.
Marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la Constitución, desde donde demandaron al titular de Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, agilizar las indagatorias para resolver el caso antes de que termine su mandato, el próximo primero de diciembre. Y es que, acusaron, a 43 meses de los hechos lo único que el gobierno les ha ofrecido son mentiras.
Los familiares rechazaron las versiones que tratan de excusar la participación del Ejército en los hechos. Esto luego de que se hicieron públicas conversaciones vía Whatsapp en las que supuestos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos habrían planeado, desde Chicago, el levantamiento y ejecución de los chicos, al confundirlos con miembros del cártelrival, Los Rojos, para lo que habrían contado con el apoyo de policías municipales. Se trata de comunicaciones que forman parte de un juicio en Estados Unidos contra los probables narcotraficantes.
Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández, uno de los desaparecidos, acusó: “¿Cómo que no participó el Ejército, si monitoreó a los muchachos a través del C-4 desde que salieron de la normal? ¿Cómo no si tomó fotos y videos? ¿Cómo no si los intimidó en el hospital Cristina (donde los jóvenes llevaron esa noche a sus compañeros heridos)?” Por lo que exigió investigar a los solados y que el gobierno deje de insistir en la versión de que en el crimen sólo habrían participado miembros del crimen organizado y policías de diversos municipios de Guerrero.

jueves, abril 26, 2018

XLIII Acción Global por Ayotzinapa y por México

26 de abril de 2018 | 16:00 | Marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo 



Hoy se cumplen 43 meses de la desaparición de los 43 normalistas

Los padres exigen audiencia con Navarrete Prida; marcharán al Zócalo
Este miércoles, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos protestaron frente a la Secretaría de GobernaciónFoto Roberto García Ortiz
Emir Olivares y Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de abril de 2018, p. 6
Este jueves 26 de abril será una fecha simbólica para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa. Se cumplen 43 meses de la desaparición forzada de los 43, por lo que se anunció que la acción central de las actividades por la exigencia de la presentación con vida de los jóvenes será una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo.
Ha pasado un mes más para estas familias, que no han descansado en su demanda de verdad y justicia tras el crimen contra sus hijos en Iguala, Guerrero, perpetrado entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, que dejó seis muertos (entre ellos tres normalistas), varios lesionados y 43 víctimas de desaparición forzada.
Con esa marcha se cerrarán las actividades programadas de la jornada En el Corazón 43 X 43, con la cual no se dejó pasar el emblemático número.
Como parte de las acciones, ayer las familias, acompañadas por estudiantes de la normal de Ayotzinapa, se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación (SG), donde solicitaron audiencia directa con el titular, Alfonso Navarrete Prida, quien a cuatro meses de haber asumido el cargo no se ha reunido con los familiares de los 43.
La exigencia central es que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto acelere las indagatorias del caso para que éste quede resuelto antes de que el mandatario concluya su gestión, el próximo primero de diciembre.
Una comisión de madres, padres y representantes legales fue recibida en Gobernación por Lorenzo Gómez Hernández, director general adjunto de Gobierno. Sin embargo, para los quejosos el acuerdo fue escueto.
La SG informará a Rosales fecha y hora de la reunión
El funcionario se comprometió a que entre los días 3 y 4 de mayo (jueves o viernes de la próxima semana), empleados de la SG se pondrán en contacto vía telefónica con Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares, para informarle día, lugar y hora en que Navarrete Prida podría recibirlos.
La respuesta del funcionario dejó insatisfechos a los familiares, quienes reiteraron que más que un movimiento de víctimas, la lucha de los padres de los normalistas Ayotzinapa se ha convertido en un movimiento social, por lo cual requiere la atención del gobierno federal.
Insistieron en sus demandas de justicia y verdad, y confiaron en que esta tarde (a las 16 horas) los ciudadanos se sumen a la movilización.