domingo, agosto 07, 2022

Acusan incumplimiento de medidas para proteger a desplazados tsotsiles

Grave, la situación de 22 comunidades de Chiapas: Frayba

Indígenas de Aldama se resguardan entre los maizales del ataque de paramilitares desde Chenalhó.Foto Luis Miguel Aguilar
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Periódico La Jornada
Domingo 7 de agosto de 2022, p. 6

San Cristóbal De Las Casas, Chis., No porque pase el tiempo la situación de los desplazados en el municipio de Aldama deja de ser grave y urgente, señala el cuerpo de abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en conversación con La Jornada.

Reiteraron que existe una simulación en el cumplimiento gubernamental de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de (CIDH) otorgó a 22 comunidades tsotsiles de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó.

Hasta el momento se han registrado siete asesinatos en Aldama y uno más en Chalchihuitán, más otras 10 personas que fallecieron por enfermedades y la situación derivada del desplazamiento forzado (en su mayoría personas ancianas, niñas y niños); en estos municipios existen 5 mil 5 personas en desplazamiento forzado, intermitente o permanente.

Las carencias alimentarias y de mínima atención a su salud los han convertido en personas no vulnerables, sino crónicamente vulneradas en sus condiciones de vida a causa de agresiones armadas y hasta bombas durante ya tres largos años. La huella sicológica, y la casi imposibilidad de recibir educación, hace de los niños y las niñas de entre 12 y 15 comunidades de Aldama un caso de urgente atención humanitaria.

Si no fuera por ciertos apoyos de la sociedad civil, particularmente del Fideicomiso en Pro de la Niñez Indígena (Fisanim), que preside la actriz Ofelia Medina, niños, mujeres y personas mayores de Aldama vivirían en aislamiento total sus auténticas condiciones de guerra. Sus agresores son grupos armados que disparan desde Santa Martha, Chenalhó.

Los pasados 12 y 13 de julio, la comisionada y relatora para México de la CIDH, Esmeralda Elizabeth Arosemena Bernal de Troitiño, y Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva, encabezaron una misión en la zona. Primero recorrieron las comunidades de Koko’ y Tabak, en Aldama, y al día siguiente Canalumtik, Pom y Chenmut, en Chalchihuitán. En ambos municipios se entrevistaron de manera privada con las personas beneficiarias de las medidas cautelares y escucharon de viva voz los testimonios de mujeres y hombres sobre la situación de violencia que viven debido a la omisión y aquiescencia del Estado para permitir la actuación impune de grupos armados, refiere el Frayba.

Los representantes de las familias desplazadas de Aldama insistieron a su vez en que ante la emisión de las medidas tutelares y cautelares, el Estado mexicano debe cumplir las recomendaciones, así como sus otras demandas, en las cuales no existen avances contundentes. La primera es liberación inmediata y definitiva de nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez, a quien consideran preso político, y que desde abril está en arresto domiciliario, luego de permanecer encarcelado un buen rato.

Ante la previsible inasistencia a los tribunales de los presuntos testigos por los cargos de asesinato imputados a Santiz Jiménez, la causa en su contra se ha desvanecido, pero sigue sin obtener su libertad, como apunta el cuerpo de abogados del Frayba. Las principales exigencias de los indígenas bajo fuego, respaldadas por los demás pobladores de Aldama que les comparten algo de alimento y espacios para protegerse de las balaceras (por ello se habla de desplazados intermitentes, que van y vienen de sus casas y parcelas, en constante riesgo de sus vidas) son: investigación, desarme, detención y castigo al grupo agresor, así como abrir carpetas de investigación.

Demandan asimismo apoyo humanitario y servicios médicos (incluyendo una ambulancia blindada); arreglo del camino de Cotzilnam a Xuxch’en y de Yeton a Cotzilnam, bajo permanente tiroteo; equipamiento del hospital para atender a heridos y lesionados, así como para la rehabilitación, física y sicológica de los afectados; albergue para desplazados de 12 comunidades.

Según el Frayba, la CIDH constató la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que sigue prevaleciendo, así como la ausencia de medidas efectivas para poner fin a las agresiones con armas de fuego, violencia e inseguridad que viven las comunidades beneficiarias, manteniendo estos actos en la impunidad y lejos del esclarecimiento de la verdad y la justicia; manifestó también su solidaridad y preocupación por el riesgo a la vida e integridad de las víctimas.

sábado, agosto 06, 2022

Vuelven a llover balas en Aldama, Chiapas

Representantes tsotsiles piden dejar de ser cazados como animales, poder ir libres y en paz a sus parcelas y los niños a las aulas.Foto Luis Enrique Aguilar
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Periódico La Jornada
Sábado 6 de agosto de 2022, p. 10

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Tras mes y medio de relativa calma en las comunidades tsotsiles de Magdalena Aldama, este jueves se reactivó la lluvia de balas procedente de francotiradores, presuntos paramilitares, apostados en distintos poblados de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó.

Según reportaron desplazados del municipio de Aldama, a las 15:50 horas las comunidades de Tabac y Coco’ fueron atacadas con disparos de altos calibres percutidos por grupos armados, que provienen de los puntos de ataque de la Base de la Policía y Curva Tontik en Saclum, Chenalhó. La agresión se repitió a las 20:24 horas.

El motivo de este pasajero respiro es que el 25 de junio se desató un conflicto, a tiros, entre los propios grupos civiles armados en Santa Martha. Desde entonces, los pobladores de Aldama observan tiroteos en la comunidad de la cual los separa una gran hondonada (el territorio en disputa). Incluso hubo un ataque al comisariado ejidal, uno de cuyos miembros murió en los hechos.

Para las comunidades agredidas de Aldama se trató de la primera vez en tres años que no fueron baleadas por un añejo conflicto agrario que entró en fase crítica hace ya cinco años. Los representantes de las 12 comunidades Beneficiarias de las Medidas Cautelares 284-18 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama expresaron en días pasados:

Desde hace cinco años nuestro pueblo vive una crisis humanitaria y económica tras ser agredidos por grupos armados que operan en Santa Martha, del municipio de Chenalhó, por disputa de 60 hectáreas; ello ha llevado a nuestro pueblo a la pobreza, migración de muchas personas por no poder trabajar en sus parcelas y también se han perdido las cosechas por el abandono a consecuencia de las agresiones, lo que provocó desplazamientos forzados permanentes e intermitentes, así como varios heridos y fallecidos.

Desde el 23 de abril de 2021 se implementaron medidas cautelares a favor de 12 comunidades afectadas en Aldama (resolución 35/2021 de la CIDH). La comisión solicitó al Estado mexicano implementar las acciones de seguridad necesarias para proteger y salvaguardar la vida e integridad física de las personas beneficiarias. Ello no ha impedido las balaceras. Sólo en 2022 se han perpetrado más de 200 ataques.

A juicio de los representes de Aldama, el conflicto interno entre sus agresores muestra que en Chenalhó existen no uno, sino varios grupos armados, y no todos son de Santa Martha, provienen de otros poblados lejanos; aquellos donde se gestó la masacre de Acteal hace 25 años.

Siguen operando y asesinando, como prueban los hechos recientes. El 25 de junio empezó un conflicto en Santa Martha entre grupos armados y la gente del comisariado por una disputa de tierras. De hecho, hay familias desplazadas de Zapata, en Chenalhó.

Los representantes indígenas advierten: “Si no actúa el gobierno ante esta problemática, podría repetirse lo sucedido en Acteal en 1997, porque el paramilitarismo sigue activo y nunca se desarmó. Los verdaderos asesinos aún transitan libremente, mientras los inocentes, que buscan la justicia verdadera, exigir sus derechos humanos, a la tierra, a la paz y defender al territorio, siguen siendo privados de su libertad, amenazados, perseguidos.

El gobierno nunca desarticuló e investigó estos grupos armados, mientras los organizadores siguen libres, y las amenazas hacia nuestro pueblo continúan. La población sigue viviendo en temor y con afectaciones sicológicas, nerviosismo y enfermedades que ha provocado esta situación.

Los desplazamientos son permanentes. Son zonas de alto riesgo las comunidades Xuxch’en, Coco’, Tabac, Ch’ivit, Stzelejpotobtik y Cabecera. El último desplazamiento se dio en Ch’ivit el 20 de febrero de este año. Pero, el desplazamiento intermitente abarca 10 comunidades que salen en sus hogares cuando los ataques son muy intensos. Esto impide el tránsito y causa daños y pérdida de cosechas.

Los representantes tsotsiles declaran: Lo único que pedimos es vivir en paz, retomar nuestras vidas cotidianas y que la niñez retorne a las aulas, que el tránsito sea libre y sin miedo, que al ir a nuestras parcelas ya no seamos cazados como animales. Aunque se han logrado algunos acuerdos compensatorios a su favor, ante el otorgamiento en trámite de las tierras a Santa Martha, los daños económicos, materiales, físicos y sicológicos siguen latentes en nuestros corazones. Y la mayor parte de sus demandas, no han sido atendidas.