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Atenco: justicia irrenunciable

Editorial de La Jornada. En los primeros días de mayo de 2006, fuerzas federales, estatales y municipales fueron lanzadas en un violento operativo de represión en contra de los comuneros de San Salvador Atenco y otras localidades mexiquenses, quienes años antes habían constituido el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para oponerse al proyecto del entonces presidente Vicente Fox de construir un aeropuerto en terrenos agrícolas de Texcoco. Un incidente menor en el que policías estatales y municipales intentaron retirar a vendedores de flores en el mercado de Texcoco derivó en un bloqueo carretero, una batalla campal, decenas de detenciones y la retención de varios funcionarios por parte de los pobladores. En respuesta, los gobiernos federal y estatal –encabezado entonces este último por Enrique Peña Nieto– lanzaron una brutal incursión sobre San Salvador Atenco en la que murieron los jóvenes Ollin Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortés, cientos de personas fueron salvajemente golpeadas, decenas de mujeres fueron violadas por elementos policiales, otros centenares fueron detenidos, incluidos menores de edad, y resultó incendiado el auditorio de la localidad.

Años más tarde, las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos establecieron la comisión de delitos graves por parte de ambas instancias de gobierno, y la Federación fue acusada por su responsabilidad en detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, sicológicas y sexuales, carencia de acceso a la justicia y discriminación por razones de género.

Ayer, a 20 años de aquellos injustificables abusos de poder, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó San Salvador Atenco, donde firmó el Plan de Justicia para Atenco y la Montaña, reivindicó la lucha del FPDT y de otros movimientos sociales y prometió que “nunca más un policía, un guardia nacional, reprimirá al pueblo de México”. La mandataria reconoció que aún hay camino por recorrer hacia el acceso a la justicia para muchas de las luchas sociales del país y señaló la diferencia de actitudes gubernamentales antes y después de 2018 hacia los movimientos sociales y populares.

Por su parte, Hortencia Ramos, integrante del FPDT, reprochó que hasta la fecha “ningún violador o asesino ha sido juzgado, desde el asesino confeso Enrique Peña Nieto o los panistas de mano dura Vicente Fox y Felipe Calderón, pasando por los señores de Texcoco, hasta los altos mandos policiacos”, y señaló que en Atenco “la justicia es una cuenta pendiente hasta no ver tras las rejas, juzgados, sentenciados y condenados, a quienes, desde el Estado, cometieron un crimen de lesa humanidad contra las comunidades”.

Asiste la razón a la Presidenta en su señalamiento de que su administración y la de su predecesor han dado un trato digno y respetuoso a los movimientos sociales y que en siete años y medio éstos no han sido reprimidos por el gobierno federal. Pero también es cierto que los altos responsables por la atrocidad perpetrada hace dos décadas –Vicente Fox, su secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, y Enrique Peña Nieto– nunca han comparecido ante un tribunal para explicar su responsabilidad en los crímenes cometidos. Por su parte, Wilfrido Robledo Madrid, quien se desempeñaba como responsable de la mexiquense Agencia de Seguridad Estatal, murió en 2022 sin que sus responsabilidades por esos hechos fueran sancionadas.

Por lo que hace a los ex gobernantes del ciclo neoliberal, la justicia pendiente rebasa el ámbito de Atenco. Una inmensa cantidad de delitos de toda clase –políticos, económicos, sociales, ambientales y comunes– fueron perpetrados entre 1988 y 2018 al amparo del poder público, sin que hasta la fecha, y a pesar de los innegables cambios positivos experimentados en el país, haya sido posible impartir justicia. Hoy, tras la reforma al Poder Judicial, existen al menos condiciones menos desfavorables para pugnar por ella. Para el FPDT y para todas las personas agraviadas, es una reivindicación vigente y un derecho irrenunciable.

Nunca más se reprimirá al pueblo, dice Sheinbaum en Atenco

La mandataria restituyó ayer 54.5 hectáreas a ejidatarios de Atenco y reivindicó su lucha luego de la “cruenta represión” que vivieron el 3 y 4 de mayo de 2006, durante los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Foto Presidencia

Emir Olivares y Javier Salinas Enviado y Corresponsal

La Jornada. San Salvador Atenco, Méx., Desde esta tierra mexiquense, donde hace 20 años se dio la represión de Estado contra los pobladores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó: “nunca más un policía, un guardia nacional, reprimirá al pueblo de México. ¡Nunca, nunca más!”

Ante decenas de personas que se agrupan en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) –sinónimo de lucha y resistencia–, la mandataria encabezó ayer un acto en el que se restituyeron 54.5 hectáreas de tierra a ejidatarios de esta comunidad, donde afirmó que a diferencia de los gobiernos neoliberales, la 4T se opone al entreguismo al extranjero y, en cambio, defiende la soberanía nacional.

Reivindicó la histórica lucha del pueblo de Atenco, en particular del FPDT, que con sus movilizaciones y pese a la “cruenta represión” que sufrió los días 3 y 4 de mayo de 2006, logró detener la imposición del aeropuerto internacional que los regímenes del neoliberalismo pretendieron construir en la zona lacustre de Texcoco.

Delineó las diferencias entre el proyecto de la 4T y los gobiernos “de la oligarquía”, pues en lugar de implantar el megaproyecto, lo sometió a consulta popular y se determinó la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, mientras Texcoco hoy “es un área natural protegida”.

Hace dos décadas, expuso, los gobiernos federal y estatal –entonces encabezados por Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, respectivamente– “cometieron graves violaciones a derechos humanos de los pobladores de Atenco y otros sectores que acudieron en su apoyo”, como torturas, violaciones sexuales a mujeres, el asesinato de dos jóvenes y decenas de detenciones arbitrarias.

“El día de hoy (ayer) se cumplen 20 años de una cruenta represión, de un gobierno que defendía los intereses de unos cuantos”, rememoró la mandataria..

Y diferenció: “donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras; donde hubo corrupción, hoy nos presentamos ante ustedes con honestidad; donde hubo cerrazón, hoy hay diálogo; donde hubo represión, hoy hay diálogo y reconocimiento; donde se defendían los privilegios, hoy hay atención a los derechos, y donde hubo entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional. Quienes piensan que agachando la cabeza se sirve a la patria están muy equivocados; los mexicanos siempre tendremos la frente en alto, como nos enseñaron los grandes luchadores sociales de nuestro país”.

En la ceremonia –que empezó una hora después de lo programado a causa de una protesta de un grupo opositor al FPFT–, la Presidenta indicó que cuando venía en camino, vía terrestre, se vio varada en un embotellamiento debido a que un grupo de ejidatarios bloqueó la carretera Texcoco-Lechería en reclamo de acceso al derecho humano al agua y a tierras. Esto generó un caos en esta vía, dejando cientos de vehículos atrapados.

Puntualizó que un gobierno de los regímenes del pasado hubiera respondido con represión policiaca; en cambio, apuntó, ella misma dialogó con los inconformes.

Así, subrayó que la 4T tiene una visión distinta a los gobiernos neoliberales. “Los conservadores de hoy, la derecha de hoy, esos que tuvieron el poder y lo utilizaron para reprimir al pueblo, para despojarlo y despojar a la patria de sus recursos naturales, ahora están queriendo regresar por sus fueros, porque nunca se cansan. Quieren regresar, pero se enfrentan a algo muy importante: la conciencia del pueblo de México; se enfrentan a las grandes mayorías que quieren que sigamos avanzando por el rumbo de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

Antes, Hortencia Ramos, representante del FPDT, dijo que si bien hay avances en la justicia, aún no es total, pues los represores siguen en la impunidad y el Mayo rojo sigue sin castigo.

“Ningún violador o asesino ha sido juzgado. Ningún autor intelectual ha sido condenado. Desde el asesino confeso Enrique Peña Nieto o los panistas de mano dura Vicente Fox y Felipe Calderón, pasando por los señores de Texcoco, hasta los altos mandos policiacos, ninguno de ellos ha sido siquiera requerido por un tribunal”, señaló ante la mandataria, al dar lectura a un manifiesto del FPDT.

Sostuvo que la justicia “es una cuenta pendiente” y criticó que aún con el gobierno de la transformación no haya castigo para los perpetradores. “Es inaceptable que la política que el Estado ha desarrollado en todo este tiempo, en el ayer neoliberal e incluso en la actualidad, sea la de garantizar impunidad a todos ellos”.

Tras 20 años, exigen castigo para culpables de represión en Atenco

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra durante una protesta por las agresiones de los policías el 3 y 4 de mayo de 2006. Foto Archivo

Javier Salinas Cesáreo, Corresponsal

San Salvador Atenco, Méx., A 20 años de la represión del pueblo de San Salvador Atenco cometida por fuerzas federales y estatales, entre el 3 y el 4 de mayo de 2006, por su lucha contra la edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) pidió castigo para los responsables intelectuales y materiales de los abusos contra la población.

Señaló que los ex presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) –entonces gobernador del estado de México (2005-2011)– y el resto de los culpables no han pisado la cárcel.

El FPDT ha exigido estos años justicia por las muertes de Alexis Benhumea y Javier Cortés, castigo para los responsables de abusos sexuales contra mujeres de Atenco y por las múltiples detenciones sin órdenes de aprehensión.

Expuso que con el trabajo que realiza el gobierno federal “se abre una ventana para que los responsables del operativo y de la ejecución sean juzgados y encarcelados.

“No olvidamos ni perdonamos, exigimos que la justicia llegue a nuestras comunidades y a las organizaciones civiles; buscamos paz, progreso y un desarrollo integral, así como justicia social para todas y todos”, difundió el FPDT.

César del Valle Ramírez, uno de los dirigentes, expuso que han trabajado con María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, quien se ha reunido con los sobrevivientes. “Estas acciones son buenas y necesarias, pero aún falta generar los procesos”.

Comentó la importancia de atender la justicia social, la cual se construye con el gobierno a través del proyecto Manos a la Cuenca, el cual contempla salud, educación, seguridad, infraestructura urbana, reintegración de la tierra y protección a los recursos naturales desde la montaña hasta el lago.

Del Valle Ramírez destacó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se avanzó con la declaratoria del Área Natural Protegida el Parque Ecológico, la creación de una universidad y un hospital, así como la reintegración de las tierras en una primera etapa y la rehabilitación de pozos, entre otras demandas.

Agregó que con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reactivaron las mesas para la continuidad del Plan de Justicia Social para los pueblos afectados por la construcción fallida de la terminal aérea en el lago de Texcoco.

No obstante, dijo, aún hay temas pendientes como la restitución de 186 hectáreas del polígono de Xalapango y Parque Ecológico Lago de Texcoco, solución al conflicto por la invasión de predios en los municipios de Atenco y Ecatepec.

De igual forma, la cancelación de minas y su restauración por la explotación, la construcción de dos canchas de futbol, la Universidad Rosario Castellanos, la preparatoria Margarita Maza, cuatro nuevos pozos para Atenco e infraestructura para la demarcación.

El dirigente anunció que este domingo y lunes se realizarán actividades para conmemorar los 20 años de la represión de Atenco y esperan la visita de la presidenta Sheinbaum.

Historia de los abusos

En 2006, en San Salvador Atenco se perpetró una de las represiones más violentas contra la población; el 3 de mayo, la lucha por los espacios para la venta en vía pública, frente al mercado municipal Belisario Domínguez, en Texcoco, fue el pretexto para que el gobierno mexiquense, a cargo de Peña Nieto, montara una estrategia, en complicidad con el ayuntamiento perredista, para castigar al movimiento de Atenco que en 2002 echó abajo, por primera vez, uno de los mayores proyectos de su gobierno.

Ese día, los miembros del FPDT fueron golpeados, vejados y arrestados, aunque algunos se atrincheraron nueve horas en una casa, fueron sacados a la fuerza por la entonces Policía Federal y agentes antimotines mexiquenses; su líder, Ignacio del Valle Medina, fue arrestado.

Como respuesta, los vecinos bloquearon la carretera Texcoco-Lechería, donde los uniformados los desalojaron y detuvieron a decenas.

Durante el enfrentamiento, Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, fue ultimado por un disparo de un arma de fuego de los uniformados.

La madrugada del 4 de mayo, la acción oficial continuó contra el pueblo de Atenco, donde miles de policías irrumpieron con gas lacrimógeno, catearon las viviendas y arrestaron a cientos de ejidatarios; en esa refriega, el universitario Ollín Alexis Benhumea Ramírez, fue impactado por un proyectil de gas y 34 días después falleció.

En el traslado de detenidos, los oficiales abusaron sexualmente de las mujeres, mientras que Ignacio del Valle fue encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano y condenado a 112 años de prisión; 10 años después se logró su liberación.

Junto con él, más de 200 campesinos fueron recluidos en el penal de Santiaguito, quienes después de años de lucha legal fueron liberados.

Por este caso, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales documentaron un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos.

A pesar de las múltiples denuncias y testimonios de abusos policíacos, golpes y vejaciones, así como las muertes de los dos jóvenes, sólo 21 oficiales fueron sometidos a proceso, pero ninguno quedó preso.

En septiembre de 2014, el entonces presidente Enrique Peña reactivó el proyecto y el FPDT volvió a oponer resistencia; primero con movilizaciones y después con varios amparos y denuncias penales.

Durante cuatro años, personal del gobierno federal incursionó en las tierras de Atenco para laborar en la cimentación de la terminal aérea y la barda perimetral; los operarios eran custodiados por elementos policiacos y personal del Ejército.

La explotación de minas en Texcoco, Tezoyuca, Otumba, Acolman, Teotihuacan, Nopaltepec, Temascalapa, Tepetlaoxtoc, Chalco, San Martín de las Pirámides y San Salvador Atenco para el proyecto provocó un ecocidio.

En diciembre de 2018, con el arribo de López Obrador a la presidencia, se anunció la cancelación de la terminal aérea en Texcoco.