Celebran convenio para el regreso de especialistas del GIEI a México

Retomarán las bases de la investigación del caso Ayotzinapa iniciada en 2015

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Sábado 9 de mayo de 2020, p. 16

La firma del acuerdo para la reinstalación en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estudiar el caso Ayotzinapa, fue celebrado tanto por los padres de los 43 normalistas desaparecidos como por los mismos integrantes del colectivo de especialistas.

Felipe de la Cruz, uno de los voceros del movimiento de padres y madres de los estudiantes, señaló que la confirmación del regreso del GIEI es una noticia que recibimos con agrado porque viene a aumentar la esperanza de encontrar el paradero de los jóvenes, porque ellos (los expertos) ya tienen un camino recorrido en la indagatoria sobre el tema.

Luego de saludar la voluntad política del actual gobierno para permitir el regreso de los especialistas, De la Cruz llamó a retomar el contenido de los dos informes de trabajo elaborados por el GIEI y consideró que sus integrantes deben abocarse a temas que aún no han sido suficientemente explorados, como la supuesta participación de militares en el ataque a los 43 estudiantes.

De igual manera, pidió que se siga estudiando la hipótesis de que la agresión a los normalistas se debió a que tomaron sin querer un autobús que transportaba heroína hacia Estados Unidos, así como el involucramiento en los hechos de los policías de Cocula y Huitzuco.

Por su parte, Ángela Buitrago, miembro del GIEI, saludó el convenio que permite el regreso del equipo a México, y subrayó que con autonomía e independencia van a retomar las bases de la investigación que ya habían iniciado en 2015, aunque puntualizó que debido a la reserva de la indagatoria, no puede comentar cuáles son los temas exactos a los que se van a abocar.

Con la excepción de Alejandro Valencia, quien ya había adquirido otros compromisos en Colombia, los restantes cuatro integrantes del GIEI (Carlos Beristáin, Claudia Paz, Francisco Cox y la misma Buitrago) ya hemos concertado algunos objetivos centrales, que son los de ver responsabilidades (de los atacantes de los 43) y ubicar a los estudiantes. Esos son objetivos absolutamente necesarios.

Buitrago destacó que, con la voluntad política mostrada tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por la Fiscalía General de la República, se ha logrado acceder a alguna información que había sido imposible hasta ahora, y eso ha sido una punta de lanza para poder encontrar verdades.

En cuanto la pandemia lo permita, nosotros regresaremos a México con la intención de seguir colaborando, con decisión absoluta para que los papás sepan dónde están sus hijos. Seguimos con la misma convicción desde el principio y vamos a colaborar al máximo, señaló.

Ayotzinapa: tiempo de resultados

L

a secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó ayer que tanto el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aceptaron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporarse a los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

La encargada de la política interior también informó que la Comisión ampliada se reunirá cada mes con los padres de los estudiantes desaparecidos, además de sostener reuniones internas quincenales en Bucareli, con el fin de revisar los avances en el caso.

Según Sánchez Cordero, existen ya adelantos importantes en las indagatorias y se ha mantenido la coordinación con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que participó en las pesquisas a demanda de los familiares y la sociedad, por lo que hay un optimismo oficial acerca de que en breve tiempo se aclarará el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos luego de los hechos de violencia ocurridos en el municipio Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Sin duda es un hecho saludable que un poder soberano –el Judicial–, y un órgano autónomo del Poder Ejecutivo –la Fiscalía–, se sumen de manera plena a los esfuerzos de la Comisión de la Verdad, integrada en su origen por representantes de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, así como por delegaciones de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, y de las organizaciones civiles que los acompañan.

Con esta ampliación se da una confluencia de factores que estuvieron ausentes durante más de cuatro años, el más importante de los cuales acaso sea la voluntad política de la Presidencia para esclarecer el horror iniciado hace más de un lustro con la desaparición de los jóvenes.

Dada esta conjunción inmejorable, cabe demandar a las autoridades que los familiares de las víctimas y el conjunto de la sociedad mexicana puedan conocer con exactitud, y sin dilaciones innecesarias, qué pasó entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 y dónde están los 43 estudiantes desaparecidos.

Es evidente que el esclarecimiento debe ir acompañado de la reparación del daño y de la garantía de no repetición, pues sin ellas no podrá hablarse de una aplicación cabal de la justicia en el episodio de violación a los derechos humanos más emblemático de este siglo en México.

Por último, es imprescindible que la investigación se extienda a todos los involucrados en el crimen, y se confirmen o descarten las sospechas de encubrimiento desde las más altas esferas del poder público que enturbiaron el caso en el sexenio anterior.

Para lo anterior deberá emprenderse una revisión exhaustiva de las deficiencias y los aspectos llanamente deplorables de la pesquisa realizada por la extinta Procuraduría General de la República, cuya culminación fue la impresentable verdad histórica, sostenida hasta el final por la administración federal pasada.

Padres de los 43 exigen nueva etapa en las pesquisas sobre Ayotzinapa

Los afectados mantienen la esperanza

El 5 de marzo López Obrador volverá a recibir a los familiares de los normalistas desaparecidos //

No hay muchos progresos: subraya abogado

Fernando Camacho Servín, Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Viernes 7 de febrero de 2020, p. 7

En la reunión realizada este jueves entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se habló de la necesidad de abrir una nueva etapa en la investigación del caso, con el impulso de la voluntad política de este gobierno, señalaron asistentes al encuentro.

Se están acelerando las dinámicas y tareas en todas las áreas, tanto la de hallar la verdad como la de brindar justicia, y hoy (ayer) se ratificó un informe de que se sigue avanzando por ahí. Estamos en la lógica de fortalecer los procesos que luego puedan dar resultados, más que de dar resultados en sí, indicaron defensores de derechos humanos que pidieron no ser citados con sus nombres.

Cuestionado sobre el ánimo de los padres de los normalistas sobre la falta de resultados definitivos de la indagatoria, las fuentes señalaron que aunque están inquietos de que no se les brinda la información que están esperando, hay claridad de que este gobierno ha tomado acciones que habían estado pidiendo. En general, mantienen la esperanza de que haya verdad y justicia.

Tras el encuentro en Palacio Nacional, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 indicó que restos localizados durante las búsquedas del caso Ayotzinapa sufrieron una infección por las condiciones de las cuevas en las que fueron localizados, por lo que aún están en procesos de limpieza para enviarse a la Universidad de Innsbruck, Austria, para ser analizado.

El abogado indicó que se revisaron avances de la investigación, aunque también reconoció que progresos no hay muchos, y programaron para el 5 de marzo un nuevo encuentro con el mandatario

El pasado 9 de enero los padres de los normalistas se reunieron con el Presidente. Rosales dio a conocer en dicha ocasión que fueron localizados nuevos restos durante 18 jornadas de búsqueda, que serían enviados a análisis a Innsbruck y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizar estudios que estarían listos en febrero o marzo.

En el encuentro de ayer, al que también acudió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el mandatario les ratificó su compromiso de continuar con la investigación.

Padres de los 43 piden a la CNDH revisar su apoyo a la verdad histórica

• Piedra Ibarra, abierta al diálogo
• La recomendación fue emitida por el anterior presidente de la comisión

▲ Este domingo se cumplieron 64 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y se realizó una marcha para exigir justicia y dar con el paradero de los alumnos.Foto Pablo Ramos

Jessica Xantomila

 

Periódico La Jornada
Martes 28 de enero de 2020, p. 6

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos solicitaron a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, que se revise la recomendación que emitió su antecesor, Luis Raúl González Pérez, pues consideran que contiene algunos aspectos “que carecen de sustento científico y probatorio, que llegó a conclusiones muy subjetivas y obviamente confirmaban la verdad histórica”.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los normalistas, dijo lo anterior y agregó que en la primera reunión que sostuvieron con Piedra Ibarra, desde que asumió el cargo el 15 de noviembre pasado, también le pidieron tener un diálogo más fluido y que la CNDH debe tender los puentes de acercamiento con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa porque hay información importante que está saliendo de ahí y no debe ser ajena a estos procesos de investigación.

Sobre la revisión de la recomendación que emitió la CNDH en 2018 respecto de la desaparición de los jóvenes, indicó que también se planteó a la ombudsperson que se exploren rutas jurídicas para volver a revisarla, para reinvestigar, analizar cómo se puede avanzar en su cumplimiento y prescindir de aquellos puntos que carecen de sustento probatorio.

En entrevista detalló que algunas de las inconsistencias que observan en el documento de la comisión es lo relacionado con la supuesta existencia de 40 restos de cuerpos de los estudiantes. Otro de los puntos, añadió, es que la recomendación refiere que los normalistas sí tenían vínculos con la delincuencia organizada, que los autobuses utilizados por los jóvenes fueron infiltrados y que en la escuela hay distribución de droga.

Rosales indicó que en el encuentro privado con la titular de la CNDH, que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, no se detalló sobre los mecanismos que se implementarán para revisar la recomendación. Para ello, agregó, se acordó una próxima reunión técnica con la presencia de abogados y peritos en la que ya podamos entrar en pormenores.

Indicó que Piedra Ibarra refirió que está en un proceso de revisión y restructuración de áreas importantes de la CNDH, y que la oficina encargada del caso también será verificada. Añadió que la ombudsperson manifestó mucha apertura. Hay voluntad y la disposición de poder retomar un diálogo con los padres de familia, de restablecer la confianza, que ésta se construirá con acciones concretas.

Entre febrero y marzo, resultados de nuevas pesquisas sobre los 43

• Innsbruck y forenses argentinos analizan restos
• El hallazgo, tras 18 jornadas de búsqueda de los normalistas; giro en el caso da esperanza a sus padres

Fernando Camacho y Néstor Jiménez

 

Periódico La Jornada
Viernes 10 de enero de 2020, p. 7

Tras 18 jornadas de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizadas en la presente administración federal, fueron localizados restos humanos que ya se analizan en la Universidad de Innsbruck, Austria, y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Se prevé que los resultados estén listos entre febrero y marzo, señalaron los padres de los estudiantes luego de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, evitaron revelar detalles, ya que forma parte de la investigación jurídica.

Antes del encuentro, el Ejecutivo sostuvo que es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad (sobre el paradero de los estudiantes); es una espina que tenemos clavada.

En conferencia en Palacio Nacional al salir del encuentro de más de hora y media con el mandatario, los padres dijeron tener muchas expectativas del hallazgo, ya que arroja una ruta y tesis distintas a las que se desarrollaban con el gobierno anterior, indicó su abogado, Vidulfo Rosales.

La nueva ruta, dijo, establece la construcción de un andamiaje jurídico e institucional para avanzar de manera más rápida en 2020, gracias a la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y con una hipótesis que apunta a que el paradero de los estudiantes puede estar en lugares distintos a Iguala, ya que el día del ataque fueron separados.

Durante el encuentro, el Presidente “escuchó nuestras peticiones como madres y padres desesperados por no saber nada de nuestros hijos (…), él tiene el sentimiento como padre, nos entiende; son seis Navidades que no sabemos nada de ellos, que no los tenemos en nuestras casas”, expresó Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista.

Por la mañana, en su conferencia de prensa, López Obrador indicó que es su deseo y el de su administración llegar a la verdad del caso. Se ha complicado; yo quisiera ya tener resultados. No es un asunto de falta de recursos, de falta de voluntad; no vamos a encubrir a nadie.

Al referir que hubo posturas que se inclinaban porque si se conocía la verdad en el caso de Ayotzinapa podían resultar afectadas las instituciones, se pronunció en sentido contrario: las instituciones se fortalecen si se hace justicia, porque una cosa son las instituciones y otra los servidores públicos.

Los padres de los 43 y el Presidente volverán a reunirse el 9 de marzo.

La Comisión de la Verdad debate sobre la función actual del GIEI en el caso

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Viernes 20 de diciembre de 2019, p. 11

El llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno mexicano acepte la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para colaborar con las indagatorias por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sorprendió a funcionarios federales, quienes aseguraron que algunos de los expertos que conformaron ese grupo han venido coadyuvando desde hace unos meses con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de ese caso.

Sin embargo, otras fuentes ligadas a las investigaciones señalaron que si bien los especialistas internacionales han estado en México, cooperando con los trabajos de la Comisión, no desarrollan las mismas facultades que realizaron como GIEI, por lo que la exigencia de los padres es que así sea.

Este debate se dio en medio de la última sesión del año, la décimo primera, de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que se realizó el miércoles en la Secretaría de Gobernación, en la que los los representantes legales de las familias y fuentes federales indicaron que en diversos puntos de búsqueda se hallaron nuevos huesos que el gobierno federal enviará a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su análisis y con ello confirmar si se trata o no de los estudiantes.

En un comunicado emitido el martes por la CIDH, se detalló que el pasado 3 de diciembre envió a las autoridades mexicanas la propuesta formal para la reinstalación del GIEI. Esto generó cierta polémica al interior de la comisión. Por un lado, algunos indicaron que ese paso se ha cumplido, pues en marzo se presentó el Grupo de Apoyo Técnico de ese organismo internacional, en el que participan algunos expertos de la entidad anterior.

▲ Los familiares de los 43 desaparecidos en Iguala exigen que el GIEI tenga más facultades en la investigación.Foto La Jornada

En respuesta, otros subrayaron que a partir de entonces los especialistas Ángela Buitrago y Francisco Cox han coadyuvado en las labores, se trata de una asesoría como consultores, que no es el mismo trabajo que desarrolló el GIEI cuya colaboración era mayor: tenían facultades para acceder a la investigación y a los expedientes, a realizar procesos de búsqueda, a entrevistar a presuntos responsables, a ingresar a los penales y a sugerir líneas de investigación y de búsqueda. En la reunión participaron el fiscal especial del caso, Omar Gómez; representantes de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la experta del GIEI, Ángela Buitrago, familiares de los normalistas y funcionarios

A su vez, al finalizar la sesión de la Comisión, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que acompañan a los padres de los jóvenes, indicó que se realizó un balance de los trabajos desarrollados en este primer año y se presentó la agenda del siguiente, entre ellas reuniones, por separado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el fiscal general de la República.

Ayotzinapa/Iguala: lectura desde necropolítica

Maciek Wisniewski*

S

i bien la masacre en Iguala (bit.ly/2MOjI0f) fue un claro producto de la imperante lógica de la necropolítica en México, la misma constituye también una suerte de mirador que pone al desnudo sus mecanismos de muerte, demostrando que:

A pesar de diferentes transformaciones, la estructura de poder en México sigue descansando en su vieja facultad: la necropolítica: la soberanía como el poder de dar vida o muerte (A. Mbembe); si bien el PRI reconfiguró sus herramientas de dominación y pasó por una profunda mutación siguiendo la evolución del propio capitalismo, sus fuerzas del orden lejos de pasar al segundo plano sólo profundizaron su trabajo de muerte: Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Nochixtlán o Tanhuato son lugares-casos que demuestran que la soberanía en México consiste básicamente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz tiene el rostro de una guerra sin fin.

Si por un lado tenemos a los normalistas rurales, productos de la Revolución que mantienen la llama de una parte de su legado −oportunidad de educación para los pobres y su concientización−, por otro tenemos al Estado posrevolucionario que trata de deshacerse de este residuo rompiendo códigos éticos, flexibilizando el derecho y obrando en un clima de estado de excepción creando cuerpos torturables y desechables −morenos y pobres−, un proceso alimentado por la basada en odio de clase y raza lógica del llamado exterminismo.

La constante demonización y estigmatización de los normalistas, fruto de su activismo político y la sostenida persecución y criminalización por el Estado (pinches ayotzinapos, bandidos manipulados por las guerrillas locas, etcétera), son parte del clásico proceso de la construcción del enemigo en el que la deshumanización (parásitos inútiles y cucarachas, entre otros) es el paso crucial a convertir el sujeto en un ser matable − uccidibile (G. Agamben)− y exterminable.

La noción de necropolítica acuñada por Mbembe con ejemplos de Kosovo, Palestina y Sudáfrica (véase: Necropolitics, en: Public Culture, número 15-1, 2003, p. 11-40) bien podría tener a México como uno de sus casos; ésta es en esencia “un amplio abanico de ‘políticas de muerte’ para el control poblacional” que implica no únicamente el derecho de matar por el soberano/el Estado, sino también “de exponer a otros −la propia población de un país incluida− a la muerte” y decidir qué tipo de cuerpos están destinados a ocupar una estrecha franja entre la vida y la muerte, un modo de ejercer el poder que a menudo pasa a ser camuflado como emergencia, crisis humanitaria o... guerra a las drogas y donde una de sus principales herramientas es la creación de ciertas zonas de muerte −pensemos en algunas regiones de México...− donde la muerte misma es a la vez herramienta de dominación y de resistencia (sic).

Es precisamente en este sentido que el asesinato, el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de los normalistas más allá de su móvil inmediato, se vislumbra también por un lado como una política de disciplinamiento de varones jóvenes de clases subordinadas ante la creciente desigualdad y la privación de derechos y bienes (educación, etcétera) y por el otro, de limpieza en el contexto de una sostenida en México “guerra en contra de los jóvenes, de los que ‘sobran’, destinados a ser ‘descartados’ con pretexto de la guerra contra las drogas” (C. Fazio, Sobre los hechos de Ayotzinapa/Iguala..., en: La noche de Iguala..., M. Aguilar Mora y C. Albertani, editorial JP, 2015, p. 74).

La instauración de una grave crisis de seguridad −también conocida como la guerra al narcotráfico− un estado de excepción/emergencia que se extendió con el tiempo y empezó a considerarse normal, ha sido instrumental en esta política de disciplinamiento o limpieza, haciendo del narcotráfico no sólo un negocio, sino una herramienta de terror y prolongación ( outsourcing) de la contrainsurgencia, donde los grupos criminales que obran mano a mano con agentes estatales son la cara oculta del Estado ( proxy) y continúan su trabajo de muerte.

Así, dado que el crimen organizado es la parte integral del capitalismo tardío −no una aberración en sus márgenes−, la masacre en Iguala ( vide: el quinto autobús) constituye también una ventana a las entrañas del capitalismo narco y necropolítico que impone decadentes, pero aceleradas formas de acumulación por desposesión con base en la política de muerte y la economía criminal (L. Arizmendi, J. Beinstein, Tiempos de peligro: estado de excepción y guerra mundial, PyV/UAZ, 2018, p. 28-29), y expone el carácter necrófilo del sistema: la compulsión por subordinar la vida social al imperativo de la ganancia económica, de convertir lo viviente en oro (la muerte) (C. Fazio..., p. 80), algo que a su vez nos regresa a Mbembe, que localiza la emergencia de la propia necropolítica en el nacimiento del capitalismo y el tráfico de los seres humanos “convertidos ‘en metal’ y en mercancía” ( Necropolitics...).

Si en la dialéctica Ayotzinapa/Iguala el segundo nombre representa la desaparición y la muerte y el primero toda la historia de resistencia y esperanza, el movimiento que se formó en su torno se vislumbra como “un movimiento antinecropolítico” par excellance (bit.ly/2OT3dCL): por la vida, la verdad y la justicia.

*Periodista polaco

Ayotzinapa: a mis 43 hermanos

Aquilino Flores Mejía*

M

e llamo Aquilino, soy originario de la Montaña Alta de Guerrero, de origen indígena y de padres campesinos. Las oportunidades de estudio son escasas en nuestra región, por ello, quienes deseamos seguir estudiando, nos vemos en la necesidad de salir.

Por fortuna encontré mi mejor lugar para estudiar en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, que durante más de 93 años ha brindado la oportunidad de estudio a los hijos de campesinos, obreros y maestros. Una escuela de pobres y para pobres, que, por exigir nuestros derechos, como el acceso a la educación, somos reprimidos, estigmatizados, perseguidos, asesinados y encarcelados, por malos gobiernos de nuestro país.

Ahí aprendí a no agachar la cabeza, ni dejarme pisotear y, como decía el maestro Lucio Cabañas Barrientos, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. En Ayotzi aprendí que la solidaridad es antes que el bienestar personal, me inculcó además tener empatía con los más pobres, asumir el compromiso de llevar educación a los lugares más apartados y luchar por la libertad de expresión y la de los presos políticos.

Ayotzinapa ha sido reprimida un sinfín de ocasiones, basta recordar aquel 12 de diciembre de 2011, en la Autopista del Sol donde fueron asesinados Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. El 7 de enero de 2014, Freddy Fernando Vázquez Crispín y Eugenio Tamarit Huerta, fueron atropellados mientras boteaban en la comunidad de Buenos Aires del municipio de Atoyac de Álvarez en la Costa Grande de Guerrero. Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro perdieron la vida el 4 de octubre de 2016 en un presunto asalto, acontecimientos que han quedado en la impunidad.

Jamás voy a olvidar el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron a 43 compañeros de mi amada escuela, todos alumnos de nuevo ingreso, y sin que hasta la fecha se conozca su paradero y sin que los responsables materiales e intelectuales hayan sido procesados y castigados como exigimos desde hace cinco años de dolor, de tristeza, de llanto, de soledad, de desesperación, de impotencia, pero también de esperanza, en que un día se haga justicia y nuestros 43 compañeros sean presentados con vida, así, como se los llevaron.

El 26 de septiembre me ha marcado y no logro entender cómo una autoridad del Estado desapareció a nuestros 43 compañeros. Recuerdo ese día con lágrimas y se me vienen a la mente todos esos rostros que nunca volvieron a su alma mater porque el narcoestado actuó de forma cobarde.

Recuerdo que ese día estábamos en una plática de amigos, caía la tarde, miré que partían a una actividad común dentro de la escuela, pues al no tener los apoyos necesarios por parte de los tres niveles de gobierno, se llevan a cabo diversas actividades para tener el sustento de las prácticas profesionales. Nunca imaginé que no regresarían. Me duele mucho no saber de su paradero y que las autoridades responsables no hayan sido castigadas, sino premiadas, y el caso esté en total impunidad como en los más de 40 mil desaparecidos en el país.

Eran como las ocho de la noche, de pronto recibimos la noticia de que les dispararon y que habían matado a dos de nuestros compañeros; en ese momento mi cuerpo se entumeció y por mi cabeza pasaron muchas ideas, sentí una gran desesperación por no poder ayudar a mis hermanos, eso me pesa mucho todos los días, quiero saber la verdad, que haya justicia y que no se repita este tipo de hechos.

Entristezco cada que se aproxima el 26 de septiembre, pues es una fecha de mucho dolor para mí, por no saber nada de nuestros compañeros a cinco años de su desaparición forzada.

Sabemos que ese día participó la policía municipal, la Policía Federal y el Ejército, partícipes directos en la desaparición forzada de los 43, del asesinato de Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava, y los responsables de que Aldo Gutiérrez Solano se encuentre en estado vegetativo y tres civiles más asesinados por el ataque del Estado.

Recuerdo mucho la foto de Julio César Mondragón Fontes. Me cuesta trabajo describir cómo me siento al recordar su rostro, sólo sé de a los que les han quitado la vida por las armas del gobierno.

Desde donde estén quiero decirles que los extrañamos y que seguimos exigiendo justicia a estos gobiernos insensibles y sordos, pues en nuestro México ser estudiante es lo más peligroso, sus intereses personales prevalecen sobre la justicia, el respeto por los derechos humanos y el derecho a la vida.

Escribo estos renglones, porque sé que llegaron a la Normal por la pobreza, por la inseguridad, por falta de oportunidades en nuestros pueblos, pero sé también que lo hicieron porque Ayotzi nos brinda la oportunidad de superarnos.

A ustedes compañeros 43 que no han regresado con sus familias y compañeros, quiero decirles que sus madres y padres de día y de noche sin descanso oran y buscan en todos los rincones del mundo, sus compañeros de la Normal están resistiendo y siguen esperándolos en su casa, al igual que nosotros.

México y las organizaciones sociales siguen levantando la voz, los estudiantes siguen siendo asesinados, pero han levantado la voz, el mundo entero quiere saber de ustedes y se suman cada vez más voces en la exigencia de su presentación con vida.

Me cuesta decirlo, pero tengan por seguro que los encontraremos, sé que es difícil. Los que no los olvidan nunca son su padres y madres, están preocupados por ustedes, quieren saber si comieron, si durmieron, si están bien de salud, me desagarra el alma verlos sufrir por ustedes y que luchan incansablemente por saber su paradero.

¡Cuando alguien muere se le tiene que dejar ir, pero cuando a alguien se le desaparece, se le tiene que hacer volver!

* Egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y estudiante de Sicología en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Certeza de que fue crimen de Estado contra los normalistas, dice Encinas

AMLO confía en que se esclarecerá el caso porque ya no hay impunidad

▲ Estudiantes, ONG y pueblo en general acompañaron a los padresde los 43 normalistas en la marcha por el quinto aniversario del ataque de Iguala. La imagen, en el Zócalo capitalinoFoto Luis Castillo

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Viernes 27 de septiembre de 2019, p. 5

Con la certeza de que se trató de una desaparición forzada cometida por agentes del Estado, las nuevas indagatorias revelan que la noche de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa no hubo contacto telefónico de normalistas con el crimen organizado, no hay indicios de que salieron de Guerrero y se tiene claro que los responsables se juzgarán en México, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la nueva condición que le permite confiar en que se esclarecerá el caso: Tenemos la gran ventaja de que no hay impunidad. Cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad si se mantiene el acuerdo de que impere la versión oficial, pero cuando no hay impunidad todo el gobierno de la República actúa para conocer los hechos.

Después del anuncio de la entrega de recompensas de 1.5 millones de pesos a quien ofrezca información fidedigna de la desaparición y de 10 millones por datos que permitan detener a Alejandro Temescalco, un narcotraficante que operó la noche del ataque contra los normalistas en Iguala, López Obrador llamó a colaborar en aportar datos para aclarar el caso, y se comprometió a proteger a quienes informen, recompensarlos y, si se requiere, ayudarlos, si están implicados. El mandatario vestía la camiseta conmemorativa del quinto aniversario de la desaparición de los normalistas que le regalaron los padres durante su reunión hace unos días en Palacio Nacional, misma que también llevaba Encinas.

Durante la presentación de los avances, el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo –también con su playera conmemorativa–, sostuvo que la próxima semana se girarán los citatorios, comenzando por el gobernador, procurador y secretario de Seguridad Pública de entonces. Se incluirá al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien ha expresado su disposición a colaborar.

–¿Se va a pedir también la comparecencia del ex presidente Enrique Peña Nieto?

–Todas las autoridades que tenían un cargo entonces. Ninguna persona está por encima de la ley; si es necesario, cualquier persona será llamada ante la justicia, dijo.

No vamos a encubrir, sino a investigar todas las complicidades que se dieron, así como indagamos fuertemente los actos de malos tratos y tortura ocurridos.

Interrogado sobre la impunidad de quienes han sido liberados por vicios en la investigación o tortura, Gómez Trejo aseveró que aunque por disposición de un tribunal colegiado se haya liberado a involucrados, no significa que quedan excluidos de rendir cuentas frente a la justicia. Estamos reuniendo evidencias con la finalidad de integrarles nuevos delitos.

Encinas destacó que el replanteamiento de la investigación contempla la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la apertura de las instalaciones del 27 batallón de infantería en Iguala, la puesta a disposición del personal militar que estaba activo ese día, el desistimiento de 200 amparos –promovidos por el pasado gobierno– para no poner ningún obstáculo legal a la investigación.

Además, la incorporación de pesquisas realizadas por la fiscalía estatal en los seis días posteriores al ataque, antes de que la Federación atrajera el caso, que contiene información fundamental, así como datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública sobre el papel de la Policía Federal y el Cisen.

Se ocultó información importante, como las bitácoras del Grupo de Coordinación Guerrero, que articulaba todas las instituciones de seguridad federales y locales en el estado, dijo Encinas; señaló que se tiene claro que el proceso legal debe realizarse en México, a pesar de que por los acuerdos internacionales podría trasladarse a la Corte Penal Internacional. Recordó que analizaron más de 80 millones de llamadas hechas durante cuatro años, de las cuales se identificaron 206 mil de interés, lo que permitió construir una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y de 116 números telefónicos. Se solicitará al gobierno de Estados Unidos colaboración en llamadas de Guerreros Unidos a Chicago. Detalló que se realizan ocho operativos en 48 días de búsqueda en Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecoacuilco, con apoyo del Ejército.

Sin ustedes no habríamos llegado aquí, agradecen padres de los 43

Marcha sobre Paseo de la Reforma.Foto Luis Castillo

Fernando Camacho y Emir Olivares

 

Periódico La Jornada
Viernes 27 de septiembre de 2019, p. 6

Cinco años después, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se hacen la misma pregunta: ¿dónde están? Han transcurrido mil 826 días desde que fueron desaparecidos de manera forzada en Iguala, Guerrero.

Ayer, sus familias volvieron a las calles. Sí, expresaron confianza en el actual gobierno federal, pero exigieron resultados, celeridad en las indagatorias y firmeza con las instituciones y funcionarios que no han cooperado totalmente en el proceso.

Miles de personas se unieron a las madres y los padres de los normalistas para marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México en demanda de verdad y justicia. La movilización fue aprovechada por jóvenes vestidos de negro y embozados para vandalizar negocios, monumentos y hasta una parte de la fachada de Palacio Nacional.

Los desmanes provocaron la inconformidad de cientos de asistentes. Cuando la movilización entró al Zócalo, un grupo de embozados arremetió con palos y tubos contra la puerta Mariana de Palacio Nacional, sobre la cual también grafitearon el numero 43 y lanzaron un cohetón, lo que causó molestia. Decenas de universitarios les reclamaron y hasta Felipe de la Cruz, vocero de las familias, los confrontó: no nos estamos manifestando así, tranquilos. Y es que momentos antes habían vandalizado ya una treintena de negocios.

Las actividades por el quinto aniversario de la desaparición forzada de los normalistas comenzaron poco después de las 3 de la tarde, cuando un grupo de representantes de diversas organizaciones religiosos celebraron una misa para honrar la memoria de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En un templete instalado frente al Ángel de la Independencia, donde se colocó una mesa con un crucifijo y un cirio, leyeron diversos fragmentos de la Biblia y convocaron a los asistentes a la marcha a orar juntos para alcanzar la verdad y la justicia en el caso Iguala.

La movilización convocó a varios miles de personas (5 mil, según las autoridades capitalinas, y más de 10 mil, según los organizadores) que acompañaron a los padres y madres de los 43 en medio de consignas y gritos de apoyo. Ahí estuvieron presentes normalistas, estudiantes universitarios, sindicalistas e integrantes de organizaciones populares.

Durante el mitin en el Zócalo, los familiares de los 43 manifestaron su confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo lo apremiaron a dar resultados con prontitud.

Es cierto, tenemos empeñada la palabra del señor Presidente, y eso a los 43 padres nos abre una esperanza muy grande, pero también les decimos que esa palabra debe ser cumplida para poder tenerle confianza, no sólo esperanza, afirmó Mario César González, padre de uno de los desaparecidos.

Es momento de ser un poco más duro con las dependencias que no quieren dar información (sobre la desaparición de los estudiantes), porque no nada más con el discurso y las buenas palabras vamos a llegar a la verdad, sino que debemos ser un poquito más contundentes con aquellas personas involucradas en los hechos, afirmó entre consignas y gritos de apoyo.

Joaquina García, madre de otro de los normalistas ausentes, asentó que las familias lo único que piden “es que se aclare dónde están nuestros hijos y que se investigue a los culpables de la verdad histórica que inventaron, que nos ha lastimado mucho”.

Los padres agradecieron la solidaridad de los ciudadanos y las organizaciones que los han acompañado. Sin ustedes no habríamos llegado hasta aquí.

5 años: Ayotzinapa

¡Nos faltan 43!

Iguala: a cinco años de la barbarie

E

l 26 de septiembre de 2014 marcó un antes y un después en México. La noche de ese día, en Iguala, Guerrero, cuerpos armados del Estado agredieron a un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que habían llegado a la ciudad para tomar autobuses a fin de trasladarse a la capital de la República para participar en los actos conmemorativos del 2 de octubre. Policías municipales de Iguala, posiblemente respaldados por otros de Cocula y de Huitzuco, y presuntamente con algún grado de participación de la policía estatal, la Federal y efectivos del Ejército, balacearon a los normalistas, mataron a tres de ellos y a otros tres civiles, causaron graves lesiones a dos de los estudiantes y se llevaron a 43, de los cuales hasta la fecha se ignora su paradero.

La atrocidad fue minimizada desde un principio por los gobiernos estatal y federal, los cuales despreciaron el clamor social que llamaba, antes que nada, a buscar a los muchachos desaparecidos y que en los días siguientes creció a una exigencia masiva y multitudinaria de justicia y esclarecimiento. La extinta Procuraduría General de la República tardó dos semanas en atraer el caso y cuando al fin lo hizo emprendió una investigación que ha quedado registrada como ejemplo de desaseo, omisión, fabricación de culpables, alteración de indicios, desaparición de pruebas y engaño a la sociedad. A fines del mes siguiente el entonces procurador, Jesús Murilllo Karam, presentó unas conclusiones inverosímiles: los normalistas, dijo, habían sido entregados por sus captores uniformados a un grupo local de la delincuencia organizada –los llamados Guerreros Unidos–, trasladados a la vecina Cocula, donde fueron asesinados e incinerados en el basurero municipal de esa población.

Lo que el funcionario llamó verdad histórica resultaba insostenible por sus múltiples inconsistencias con la realidad, y, sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto se aferró a esa versión hasta el último día del sexenio. La presión y la movilización social encabezada por los familiares de los normalistas desaparecidos y la desconfianza en las autoridades nacionales obligó al régimen a aceptar la coadyuvancia de instancias internacionales como el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, las cuales dieron a conocer múltiples aspectos que desmentían los dichos oficiales.

Ante las revelaciones de esos equipos y la falta de resultados creíbles en el trabajo de la PGR el descrédito del Ejecutivo federal creció de manera exponencial. Junto con la revelación de la Casa Blanca de las Lomas, que tuvo lugar unos meses después, la barbarie de Iguala marcó un punto de declive irremediable para el gobierno peñista y para el régimen en su conjunto. Buena parte de la sociedad cobró conciencia de golpe de lo irrelevantes que eran para la autoridad la protección de los derechos humanos y la escandalosa impunidad resultante. Los sucesos trágicos y exasperantes de hace cinco años y la secuela de opacidad, irresponsabilidad y encubrimiento en que se desarrolló la investigación incidieron en forma decisiva en la erosión final del ciclo de gobiernos neoliberales. El impacto en la población influyó a su manera en la aplastante derrota electoral sufrida por el Partido Revolucionario Institucional en los comicios generales del año pasado.

El nuevo gobierno, por su parte, tenía desde su arranque el compromiso ineludible de esclarecer las razones reales de la barbarie, dar con el paradero de los normalistas e impulsar la revisión de los graves vicios en los que incurrió la PGR.

Ciertamente, esta revisión es una tarea colosal y complicada y debe llevar no sólo al establecimiento de la verdad a secas, sino también a fincar responsabilidades penales a quienes pervirtieron la procuración de justicia. La Cuarta Transformación ha empeñado en ello voluntad política y la sensibilidad de la que careció el gobierno anterior, pero estas condiciones favorables deben traducirse en resultados. Las madres y los padres de los muchachos asesinados, heridos y desaparecidos tienen derecho a conocer con toda precisión qué ocurrió con sus hijos y, en el caso de los últimos, dónde están. La justicia plena ante crímenes que pueden ser tipificados de lesa humanidad no debe demorar mucho tiempo más. A México le urge saldar ese episodio de tragedia y barbarie y para ello no hay otro camino que establecer la verdad, hacer justicia, reparar el daño y garantizar la no repetición. Hoy, a cinco años de la atrocidad, el país debe construir la certeza de que un caso semejante no va a suceder nunca más.

Aplaude la ONU las acciones del gobierno para esclarecer el caso Iguala

Diputados instan a la FGR a consignar a los responsables // Señalan a Tomás Zerón de Lucio por manipular las pesquisas

A gritos, mujeres y hombres demandaron llamar a declarar al ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.Foto Afp

Periódico La Jornada
Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 8

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó ayer las acciones del actual gobierno en el caso Ayotzinapa, a cinco años de ocurrida la desaparición forzada de los 43 normalistas, pues han significado un cambio de rumbo y la construcción de una relación de confianza con los padres de familia de los jóvenes.

Mientras, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia aprobó un resolutivo dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que subsane las omisiones y consigne a los presuntos responsables por el delito de desaparición forzada de personas, mediante tipos penales existentes al momento en que ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Además se pide dar continuidad a las indagatorias en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex funcionario de la extinta Procuraduría General de la República, por la presunta manipulación de la investigación del caso.

En un comunicado, la ONU-DH indicó que merece un reconocimiento particular el establecimiento de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y el diálogo establecido entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las familias de los estudiantes.

De igual forma, elogió que se hayan celebrado convenios de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la propia ONU-DH, así como que se haya nombrado a un nuevo fiscal especial para el caso, mismo que cuenta con el respaldo de las familias y las organizaciones que las acompañan.

La comisión presidencial ha significado un verdadero cambio de rumbo. Logró construir una relación de confianza entre las familias y el Estado mexicano. Consideramos de particular relevancia que la instancia haya permitido abrir espacios de diálogo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y las Fuerzas Armadas, afirmó Jan Jarab, representante del ONU-DH en México.

Por su parte, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) refrendaron ayer su decisión de ordenar la apertura, en versión pública, de la carpeta de investigación sobre el caso Iguala.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, señaló, a su vez que sigue siendo urgente que las autoridades resuelvan lo que ha sucedido con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y exhortó a las fuerzas políticas y a la sociedad en general a actuar con responsabilidad y no lucrar políticamente.

Familiares de los 43 exigen a la FGR sancionar a quienes inventaron la verdad histórica

• Marcharon por Reforma e Insurgentes
• Demandan llamar a declarar al ex secretario Osorio Chong y al procurador Murillo Karam

Fernando Camacho y Georgina Saldierna

 

Periódico La Jornada
Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 7

En vísperas del quinto aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, padres de estos jóvenes y normalistas realizaron un mitin frente a la Fiscalía General de la República, en el que pidieron que se llame a declarar y se sancione a ex funcionarios que inventaron la llamada verdad histórica, pues con su actuación impidieron que la justicia llegara y no se conociera la realidad del caso.

Los centenares de manifestantes se apostaron frente al organismo tras marchar por las avenidas Reforma e Insurgentes desde el llamado antimonumento a los 43 alumnos sin localizar.

Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, dijo que la fiscalía debe cumplir su obligación de llamar a declarar a ex funcionarios, como el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex procurador general, Jesús Murillo Karam.

Tras las negociaciones que los padres de familia han sostenido con representantes de la nueva administración federal, confió en que se realizará una verdadera investigación, ya que en esos trabajos están incluidos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre consignas exigiendo conocer al paradero de los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y el planteamiento de que defenderán a las normas, De la Cruz estimó positivo que se haya llamado a declarar al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y a sus colaboradores, porque no se debe dejar de lado a ninguno de los funcionarios de los tres niveles de gobierno que puedan aportar algún dato o evidencia sobre el caso.

Frente a los padres que portaban cartulinas con los nombres y las fotografías de sus hijos y en múltiples entrevistas a medios nacionales e internacionales, el vocero expuso que conocer la verdad de lo sucedido hace cinco años en Iguala no debilitará a las instituciones, sino que las fortalece.

Más tarde, familiares de los 43 desaparecidos y sus abogados dijeron que la lentitud con la que han ocurrido algunas acciones oficiales en el caso Ayotzinapa se debe en gran medida a la permanencia de funcionarios del gobierno anterior en la Fiscalía General de la República y el Ejército, pero también a que la indagatoria realizada por la extinta procuraduría genera mucha desconfianza y no sirve de base para realizar nuevos avances.

Vemos muy difícil (que haya avances más rápidos en la investigación) porque todavía están personas del gobierno anterior y puede ser que obstaculicen, pero nosotros le hemos dicho al fiscal especial del caso que si hay obstáculos, nos avise, porque nos tenemos que movilizar, afirmó ayer Cristina Bautista, madre de uno de los alumnos agredidos, durante una jornada informativa en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Pese a ello, indicó que las familias de los alumnos desaparecidos hace ya cinco años deben tener paciencia, porque a diferencia del gobierno anterior, que nos llevó cuatro años con puras mentiras, en el actual hay una actitud de apertura, aunque la confianza se irá construyendo conforme avancen las investigaciones.

Cinco años en espera de justicia para los estudiantes

Emir Olivares y Gustavo Castillo

 

Periódico La Jornada
Jueves 26 de septiembre de 2019, p. 5

Este jueves se cumplen cinco años de los hechos ocurridos en la ciudad guerrerense de Iguala. Hace un lustro, a las ocho de la noche, alrededor de 100 estudiantes de Ayotzinapa se encontraban en ese municipio –se habían apoderado de cuatro autobuses que utilizarían para realizar prácticas escolares y acudir a la manifestación conmemorativa del 2 de octubre–, cuando decenas de agentes del Estado, sobre todo policías de varios municipios, los atacaron, privaron de su libertad a 43 normalistas y los entregaron a integrantes del grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos.

Desde hace cinco años los 43 jóvenes están desaparecidos. La versión oficial fue que se les asesinó e incineró. Un total de 142 presuntos involucrados en el delito de secuestro fueron detenidos y puestos a disposición de jueces federales; sin embargo, 77 de ellos ya han sido liberados por fallas en la investigación, detención y formulación de imputaciones que realizó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

El 26 de septiembre, ante las agresiones de los policías de los municipios de Iguala y Cocula, algunos normalistas resultaron heridos de bala, otros decidieron, espantados, correr al monte, se escondieron en una casa abandonada o pidieron auxilio en las viviendas de la zona cercana a la avenida Periférico, donde la agresión dejó como saldo un estudiante fallecido y decenas de lesionados.

Durante los ataques, uno de los agentes les gritó: ¡Hijos de su pinche madre, se van a morir como perros!, relató uno de los sobrevivientes de la agresión ante el Ministerio Público del fuero común el 27 de septiembre de 2014.

Las indagatorias realizadas por el Ministerio Público Federal establecieron que en las agresiones participaron también policías municipales de Cocula y Huitzuco, en tanto que las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalan la presunta participación de dos agentes de la Policía Federal y dos elementos de la Policía Ministerial de Guerrero, y presumiblemente uniformados de al menos tres municipios más.

La llamada verdad histórica –dada a conocer el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam– señala que los agentes municipales entregaron a los 43 estudiantes a miembros de Guerreros Unidos, y un número no definido de ellos fueron asesinados e incinerados la misma noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta la fecha, formalmente, de los estudios realizados a 64 de un total de 28 mil restos óseos localizados en el río Cocula, apenas uno dio resultados positivos para la identificación de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas que fueron privados de su libertad.

Tras la desaparición de los estudiantes, padres de las víctimas e integrantes de la normal de Ayotzinapa realizaron grandes movilizaciones tanto en Guerrero como en la Ciudad de México en demanda de esclarecer el paradero de las víctimas, y castigo a los responsables.

Ante la falta de resultados, exigieron y consiguieron el apoyo de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con ello que las investigaciones fueran revisadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La participación de los especialistas internacionales derivó en múltiples recomendaciones para que el gobierno mexicano continuara con las indagatorias. Asimismo, la CNDH presentó en noviembre pasado su recomendación por el caso, donde acreditó graves violaciones a derechos humanos –aunque los padres rechazaron parte de ese documento.

Muchos de los señalamientos de esas instancias no han sido atendidos y ahora, con la llegada del nuevo gobierno federal, se integró la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, como lo ordenó un tribunal federal luego de múltiples recursos de amparo presentados por los representantes de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

De los acusados por la desaparición de los estudiantes, ya han sido liberados algunos jefes de Guerreros Unidos, entre ellos Gildardo López Astudillo, así como presuntos autores materiales, entre ellos Agustín Reyes, Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio.

Ayotzinapa y la institucionalidad podrida

Mario Patrón

A

21 días del quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa surgen nuevamente hechos que dan cuenta de que la verdad no está tutelada en beneficio de las víctimas y de que, aún peor, dicha ausencia de verdad es consecuencia principalmente de que hay instituciones del Estado mexicano que están podridas y que –ya sea por acción o por omisión– generan impunidad. Esto es el máximo agravio para las víctimas de un delito, más aún para quienes desde hace cinco años se encuentran viviendo una grave violación a los derechos humanos.

Los índices nacionales sobre impunidad son devastadores: las propias cifras oficiales develan que sólo .1 por ciento de cada 10 casos denunciados accede a la justicia. Una impunidad de 99 por ciento da cuenta de que hoy en México las instituciones que deberían auxiliar, acompañar y representar a las víctimas no hacen su trabajo. Por el contrario, acuden a métodos ilegales de investigación, distorsionan hechos, manipulan pruebas y ensucian la verdad de lo sucedido.

Esa es la impunidad: la negación máxima de procesos serios de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables. La impunidad pone en el centro intereses contrarios a la legalidad y al estado de derecho, en tanto que la justicia pone en el centro a las personas que se duelen de la peor atrocidad, como lo es la desaparición forzada.

La liberación de Gildardo López Astudillo es una mala noticia. Todos los reportes lo señalan como jefe de plaza de Guerreros Unidos y como el actor que se vinculaba con las instituciones públicas para corromperlas. Así lo develó la investigación de las autoridades estadunidenses, quienes detuvieron a integrantes de ese grupo criminal por traficar heroína en dicho país. Escuchas telefónicas y particularmente un racimo de mensajes extraídos de los teléfonos celulares dan cuenta del papel de López Astudillo, muestran con nitidez que las instituciones policiales presentes en la zona trabajaban para la banda criminal y apuntan a que ese entramado de corrupción no se agota en las instituciones municipales, sino que involucra a actores estatales e incluso federales.

Ayotzinapa marcó al país: develó el México de la macrocriminalidad y la corrupción, de los contubernios entre las autoridades policiales y políticas con el crimen organizado, de los territorios sujetos al control criminal y de instituciones públicas que forman parte de la delincuencia. Sólo así se explica un entorno que posibilitó la vulnerabilidad extrema de las víctimas y luego una tragedia del mayor calado: personas ejecutadas y estudiantes desaparecidos a plena luz del día en una ciudad.

El factor diferencial para revertir esta cruenta realidad era la justicia como traducción de la verdad: explicar sin reserva qué sucedió, incluido el paradero de los estudiantes, pero también el involucramiento del crimen y de las autoridades a todos los niveles y la detención y sanción de las personas responsables.

Frente a la tragedia, el Estado tenía la oportunidad de marcar un antes y un después. Por desgracia, así como Ayotzinapa fue la expresión profunda del contubernio crimen-autoridades, también se constituyó en la máxima expresión de la impunidad y la podredumbre de las instituciones que deberían tutelar la verdad.

Ya en septiembre del 2015, el GIEI advirtió las ilegalidades de la PGR en la investigación y en mayo de 2016 proporcionó una lista de personas torturadas para imponer una mentira como verdad histórica en el caso. La ONU-DH, en su informe Doble Injusticia, advirtió la existencia de un mecanismo ilegal de investigación que pasaba por detenciones arbitrarias, allanamientos, torturas e incluso un caso de ejecución arbitraria, cometidas tanto por la PGR como por la Marina y la Sedena. La propia CNDH, en su recomendación sobre el tema, alud≠e a más de 50 casos de métodos ilegales que han manchado lo que debió ser la investigación más profunda y profesional en México y que terminó siendo la expresión de la podredumbre institucional.

En junio de 2018, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas, emitió una sentencia histórica que dio origen a la Comisión Presidencial creada por AMLO para el caso. Los magistrados concluyeron que la PGR no hizo una investigación imparcial e independiente y que se habían cometido graves irregularidades, como la elaboración de pruebas ilegales que debían ser eliminadas del caudal jurídico. Pasó un año y dos meses desde esta resolución y la PGR y la hoy FGR no han podido reconfigurar las acusaciones. Tan mal hecha está la investigación que no presentaron nuevas pruebas que evitaran que personas como López Astudillo salieran en libertad a pesar de haber delinquido de manera evidente.

Hoy, el caso Ayotzinapa cuenta con un andamiaje institucional inédito. Existe una Comisión Presidencial, una Fiscalía Especializada dentro de la FGR y asistencia técnica internacional a cargo de la CIDH y la ONU, lo que ha posibilitado el regreso de dos de los expertos del GIEI. No hay duda de que este andamiaje es expresión de voluntad del nuevo gobierno, pues suma recursos políticos del mayor nivel con recursos jurídicos y presencia internacional. El gran reto de este andamiaje es romper con prácticas de instituciones podridas que privilegian intereses oscuros y que se materializan en la máxima impunidad.

Ante ello, como sociedad nos toca seguir acompañando a los 43 padres y madres que, a cinco años, siguen buscando a sus muchachos y que constituyen la reserva moral del México digno.

Padres de los 43 exigen diálogo con el Presidente

Se cumplen cuatro años 11 meses de la desaparición de los alumnos

Cuando falta un mes para que se cumplan cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes fueron atacados los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, sus familiares demandan dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el propósito de que ratifique su compromiso de resolver el caso y aplicar la justicia.Foto Pablo Ramos

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Martes 27 de agosto de 2019, p. 5

Después de 59 meses de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, familiares de los jóvenes siguen en búsqueda de verdad y justicia. Ayer, al conmemorarse cuatro años y 11 meses de los hechos en Iguala, Guerrero –que dejaron 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, seis asesinados y varios lesionados de gravedad–, madres y padres de los normalistas exigieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba el próximo mes, al cumplirse cinco años de los hechos, con el fin de que reafirme su compromiso con la resolución del caso.

Como cada día 26 de todos los meses, marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, acompañados de unas 300 personas, entre estudiantes de varias normales e integrantes de organizaciones sociales. Señalaron que si bien con el actual gobierno federal se han dado pasos concretos en búsqueda de la verdad y la justicia, “el proceso va lento y la desesperación ya es mucha.

Seguimos exigiendo la presentación de nuestros hijos, que nos los devuelvan. Tenemos un poco de esperanza con este gobierno, que al menos avanza paso a pasito, no como el anterior, que aun cuando firmó documentos, nunca hizo nada, aseveró doña María Martínez, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez.

Don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, manifestó que la desesperación es patente en las familias, pues han pasado casi cinco años desde aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Demandó que se empiece a sancionar a los funcionarios involucrados en las irregularidades de las indagatorias, como al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República Tomás Zerón de Lucio. Si están ahí, no entiendo por qué no los atrapan, por qué no van por ellos.

El caso de Ayotzinapa y 40,000 personas desaparecidas

AMLO firma decreto para dar con normalistas desaparecidos

La verdad por encima de todo

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la firma en el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.Foto Carlos Ramos Mamahua

Enrique Méndez y Emir Olivares

Periódico La Jornada
Martes 4 de diciembre de 2018, p. 3

En su primer acto de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer el decreto para constituir la comisión de la verdad que investigará la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin encubrir a nadie.

En una ceremonia a la que acudieron los padres de los estudiantes, ofreció que se conocerá toda la verdad, que es revolucionaria, cristiana; la mentira es reaccionaria, del demonio. La verdad por encima de todo. El gobierno ayudará en ese propósito y les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro. No nos vamos a lavar las manos.

También, en su conferencia de prensa matutina, reiteró que como Presidente no será cómplice de violaciones a derechos humanos y se indagará incluso una posible intervención del Ejército, pero acotó que cualquier resultado dependerá de la investigación autónoma que realizará la fiscalía general.

En el antiguo Salón de la Tesorería de Palacio Nacional resaltó que con la firma del decreto su administración inicia el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y se ordena a las distintas áreas del gobierno prestar todo el apoyo a ustedes y a la comisión que se integrará, para llegar a la verdad.

En respuesta a María Martínez Seferino –madre de Miguel Hernández Martínez–, quien lo definió como ejemplo de que hay que seguir luchando, pero le exigió demostrar que sí los apoyará, el mandatario sostuvo que ganó con el apoyo del pueblo y por eso no habrá ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió.

El resultado, dijo, dependerá del trabajo de los responsables de la comisión, que tendrán amplias facultades. Por eso tengan confianza. No le debo nada a ningún grupo de interés creado. Sólo tengo un amo, que es el pueblo de México. Ganamos a pulso, con el apoyo del pueblo, que es el soberano y al que le tengo respeto y lealtad.

Antes, en la conferencia, resaltó que su gobierno no va a ocultar la verdad, y puntualizó que la investigación incluirá a toda la administración, a los involucrados, y en el supuesto de que elementos del Ejército estuviesen inmiscuidos, en vez de debilitarse esta institución tan importante para la vida pública del país, se fortalecería si se hace un deslinde. Pero no nos adelantemos, porque para eso es la investigación.

Se trata, delimitó, de llevar todo el proceso y no de que se detenga o se encarcele a fulano o a mengano, si no hay una investigación de por medio. No podríamos hacerlo de esa forma. El propósito es dar todas las facilidades.

Aclaró que si bien la investigación se realizará de manera independiente por el Ministerio Público, estará pendiente del avance. “No es decir ‘ya, se firmó el decreto y ahí va el proceso a otras instancias, a otros poderes, donde ya no tenemos nada que ver’. Seremos respetuosos de la autonomía de los otros poderes, pero este es un asunto de Estado, que nos importa mucho a los mexicanos”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que la comisión tiene un solo compromiso y un único propósito: investigar a fondo, con objetividad e imparcialidad, y esclarecer lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, hasta que todos los mexicanos sepamos qué pasó, quiénes fueron los responsables y respondan ante la justicia, sin importar quiénes eran o qué cargo ocupaban entonces.

Alejandro Encinas, quien coordinará la comisión desde su cargo como subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que se buscará la verdad de una de las más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país. Esclarecer el caso Iguala es el inicio de una política de Estado que coloca en el centro de la atención a las víctimas.