lunes, agosto 31, 2015

De ¡Eureka! a Tlachinollan

Carlos Fazio
H
ace 37 años, el 28 de agosto de 1978, las doñas del Comité ¡Eureka!, con Rosario Ibarra a la cabeza, iniciaron una huelga de hambre en la Catedral Metropolitana, a un lado de Palacio Nacional, para demandar la presentación con vida de más de 500 desaparecidos políticos y el castigo a los culpables. Eran los días postreros de una guerra sucia desplegada después de la matanza de Tlatelolco por las fuerzas armadas, la temible Dirección Federal de Seguridad y la paramilitar Brigada Blanca, y un puñado de mujeres, madres y familiares de desaparecidos emprendía una lucha desigual en defensa de los derechos humanos, contra un régimen presidencialista autoritario que había hecho de la práctica sistemática de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas la razón de ser de un terrorismo de Estado al servicio del gran capital.
Este sábado 29 de agosto, en Tlapa, en la zona de la Montaña, allá en Guerrero, en nombre del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barreda exhibió la continuidad de la práctica de la desaparición forzada en México. Al presentar el 21 informe de labores del centro humanitario, Barreda se refirió a la tragedia de Iguala/Ayotzinapa, que el 26 de septiembre del año pasado cambió la vida de las 43 familias de los jóvenes normalistas desaparecidos, y aseveró que la impunidad en México es sistémica. Dijo que el caso desnuda la realidad de un país donde gobernantes, políticos, empresarios, militares y distintos niveles de autoridades policial y judicial conviven y forman parte de los circuitos de corrupción y violencia de los grupos de la economía criminal. Denunció que existe un patrón sistemático de agresiones a las normales rurales, en particular a la de Ayotzinapa, y que a casi un año del hecho no se ha iniciado un solo juicio penal por el delito de desaparición forzada ni se ha indagado la eventual responsabilidad en los crímenes (hubo además seis ejecuciones y una de las víctimas fue torturada) del 27 batallón de infantería del Ejército en Iguala.
Existe un continuum entre la guerra sucia de los años 70 y el momento actual, que exhibe y desnuda un patrón crónico de impunidad de actores estatales que desempeñan tareas de seguridad pública. Lo que incluye a miembros de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) y de las policías federal, estatal y municipal, y sus respectivas cadenas de mando, que actúan en complicidad con agentes del Ministerio Público y jueces, y no pocas veces en colusión con grupos de civiles armados que actúan como escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social para el exterminio de disidentes y/o jóvenes que son considerados desechables o matables (Agamben) por el capitalismo criminal de comienzos del siglo XXI.
Desde la militarización de la seguridad pública en diciembre de 2006, el baño de sangre se incrementó a raíz de los operativos conjuntos de la Sedena, la Semar y las distintas policías, y a la par de un uso excesivo de la fuerza del Estado con fines de control social arreciaron las violaciones masivas de derechos humanos, incluidas la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones sumarias.
En 32 meses de gestión, el régimen de Peña Nieto acumula más de 57 mil asesinatos dolosos, y suman más de 30 mil las desapariciones desde 2007. De alcances históricos, las redes colusivas de corrupción/impunidad/simulación que operan al margen de la Constitución implican una consecuencia evidente: la impunidad generalizada alienta la repetición de los crímenes. Verbigracia, en nuestros días, Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato, Calera, Ostula...
De la guerra sucia de los años 70 con epicentro en Guerrero a los hechos de Iguala/Ayotzinapa en 2014, la desaparición forzada de personas ha sido una herramienta de la represión institucionalizada. Prototipo de un delito de carácter continuado, se produce una desaparición forzada cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a una persona o ésta es privada de su libertad por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, o por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o asentimiento (por ejemplo, escuadrones de la muerte y grupos paramilitares o de limpieza social), y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de dicha persona o a reconocer que está privada de la libertad, sustrayéndola así a la protección de la ley.
La práctica de la desaparición remite al Decreto noche y niebla ( Nacht-und-nebel-erlass) del führer Adolfo Hitler, del 12 de diciembre de 1941, reconocido como el primer documento de Estado con órdenes para detener-desaparecer personas de manera furtiva o secreta, bajo el cobijo/ocultamiento de la oscuridad y la niebla. El decreto fue complementado por otros que especificaban cómo debían hacer desaparecer a personas sospechosas de resistir la ocupación nazi en Europa: sin dejar rastro de su paradero, ninguna pista, ningún atisbo de esperanza y sin proporcionar información alguna a sus parientes. El cadáver debía ser inhumado en el sitio de muerte y el lugar no sería dado a conocer. El objetivo era generar “un efecto aterrorizante ( abschreckende wirkung)”, eficaz y perdurable sobre los familiares y la población, que debería permanecer con la incertidumbre sobre el destino de los detenidos.
El propósito era paralizar a la población a través del terror. Los desaparecidos eran un medio; el objetivo principal era desarticular cualquier forma de resistencia y mantener a la población en una incertidumbre duradera. Un esquema necrofílico que se ha venido repitiendo en México a través de la simulación e instrumentación gubernamental de la búsqueda de los 43 desaparecidos, con el objetivo encubierto −pero hasta el presente no logrado− de aniquilar síquicamente a los familiares y compañeros de las víctimas y a la población en general, e inhibir cualquier oposición o resistencia a la colonización, ocupación y despojo del territorio que habitan.

Responde la PGR a observaciones de la CNDH sobre el caso Iguala

Entrega documento, pero no precisa cuántas sugerencias atendió
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 31 de agosto de 2015, p. 13
La Procuraduría General de la República (PGR) entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los posicionamientos sobre las 26 observaciones y propuestas formuladas en el informe Estado de la investigación del caso Iguala, que el organismo hizo público en julio pasado.
En el documento, la procuraduría dio a conocer los avances en las investigaciones sobre los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero.
La PGR presentó este documento con el propósito de hacer una aportación a la labor de la oficina especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirmó la procuraduría en un breve comunicado, en el cual no ofreció detalles sobre cuántas observaciones fueron cumplidas.
La PGR destacó que se reitera el compromiso con las tareas de búsqueda, esclarecimiento de hechos y sanción de los responsables, actuando, como indica su mandato, con estricto apego a la ley, probidad, eficiencia y transparencia.
El pasado 23 de julio la CNDH emitió dicho documento, en el cual hizo diversas observaciones y propuestas a la PGR sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre en Iguala.
Al presentar el documento a los medios de información, la CNDH evidenció fallas en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas y omisiones en la práctica de diligencias ministeriales federales y locales.
Ante la barbarie ocurrida en Iguala no es momento de callar ni de olvidar, manifestó el ombudsman nacional, Luis Raúl González, quien durante una conferencia llamó a romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad, pues advirtió que sin esa separación nunca se alcanzarán la paz y la justicia en México.
Entre las observaciones de la CNDH destaca la sugerencia de que integre las fichas de identificación y perfiles de los alumnos desaparecidos.
Otra sugerencia es que continúe con las acciones de búsqueda para dar con el paradero de los estudiantes, específicamente en la sierra de Guerrero, en Apango, y no descartar ninguna línea de investigación.
También, obtener los datos de los celulares de dos estudiantes desaparecidos, incluidos los mensajes que fueron enviados durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014, así como de otros dos teléfonos, desde los que supuestamente se mandaron mensajes e hicieron llamadas el 26 de septiembre anterior.
Asimismo, investigar ¿por qué motivos los alumnos de la normal fueron llevados a la ciudad de Iguala? ¿Quién los trasladó y por qué precisamente a los alumnos de primer grado? Se debe indagar la injerencia o no de autoridades escolares, señala el texto de la CNDH.
La PGR debe tomar declaración a los buzos de la Marina que recuperaron restos en el río San Juan para atender las inquietudes del equipo forense argentino que apoyó a las víctimas, añadió la comisión.
De acuerdo con fuentes de la procuraduría, la dependencia ha dado cumplimiento a por lo menos la mitad de las sugerencias de la CNDH.

domingo, agosto 30, 2015

Sistémica, la impunidad en México

Desde las trincheras de Ayotzinapa
  • El caso Iguala desnudó la realidad del país
  • Delito de lesa humanidad, señala Alto Comisionado
  • Los 43 transformaron a Tlachinollan: Abel Barrera
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Todos somos Ayotzinapa, el grito de solidaridadFoto Víctor Camacho
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El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, cumplió 21 años y a la conmemoración en Tlapa, Guerrero, asistieron familiares de los 43 normalistas desaparecidos de AyotzinapaFoto Víctor Camacho
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El crimen del 26 de septiembre no fue un hecho aislado, existe un patrón sistemático de agresiones a las normales rurales, denunciaron padres de los 43Foto Víctor Camacho
Blanche Petrich
Enviada
Periódico La Jornada
Domingo 30 de agosto de 2015, p. 2
Tlapa, Gro.
La organización de derechos humanos Tlachinollan presentó aquí su 21 informe de labores dedicado a la tragedia de Iguala-Ayotzinapa, que cambió la vida de las 43 familias de los muchachos desaparecidos y los tres caídos, pero que también transformó la naturaleza de esta institución. Dejamos de ser solamente una oficina de abogados y acompañantes para integrarnos de lleno a la lucha de este movimiento ejemplar, dijo Abel Barrera, fundador y dirigente.
La exigencia de justicia y verdad de estas familias incansables, que perdieron a los hijos que querían ser maestros de campesinos pobres, es ya el ejemplo más nítido de lucha desde abajo que enfrenta a un poder impune, dijo Barrera; un movimiento que ha desnudado la realidad de este país, donde pactan gobernantes, militares, partidos y empresarios con la delincuencia organizada.
En su 21 aniversario, Tlachinollan tituló su reporte Desde las trincheras de Ayotzinapa, la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo. En este documento se recoge el pensamiento de María Araceli Ramos, originaria de San Juan de las Flores (Costa Grande) y madre de Cutberto Ortiz Cabañas, uno de los 43. Mientras los gobernantes, partidos políticos y empresarios se ponen nerviosos, porque se avecina el 26 de septiembre, me sigo preguntando: ¿por qué yo he tenido que padecer la desaparición forzada de mi padre en los años 70 y ahora la de mi hijo?
El informe, un libro que recoge la historia del normalismo rural, la actuación de los cacicazgos políticos en Guerrero y su colusión con el crimen organizado y sus pactos con los gobiernos en turno, agrupa la voz de los padres de los desaparecidos y muertos del 26 de septiembre de 2014 y una narración sencilla y lógica de los hechos, con detalles y pasajes, algunos de ellos inéditos.
En los hechos presentados, aclaran, no se busca dar respuestas a lo sucedido ni generar tesis sobre lo mismo.
Pero sí se llega a algunas conclusiones: Queda claro que los crímenes del 26 de septiembre no fueron un hecho aislado, por el contrario, existe un patrón sistemático de agresiones a las normales rurales y en específico a Ayotzinapa, asienta el reporte.
También sostiene que revisar la actuación de las autoridades en la investigación del caso Ayotzinapa permite entender el carácter sistémico de la impunidad en México, ayuda a ubicar con mayor precisión donde nacen y crecen las grietas de la verdad oficial. Y brinda la ocasión de desatar una vez más la digna lucha que desde hace casi un año emprendieron.
El informe de Tlachinollan enlista las deficiencias de la pesquiza : falta de certeza científica en la verdad oficial, la PGR no aclara cómo se explica su teoría del asesinato de Julio César Mondragón (el joven que fue mutilado), no ha iniciado un solo juicio penal por delito de desaparición forzada, no se ha indagado la responsabilidad del Ejército y no se han investigando los circuitos de corrupción y connivencia con el narcotráfico de la clase política guerrerense.
La Montaña, de pie con los 43
En la caótica comunidad de Tlapa, un conglomerado urbano sin orden ni planeación, donde han sentado base los comerciantes y negociantes que intercambian con las comunidades indígenas de La Montaña –más de 600 pueblos nahuas, mixtecos y tlapanecos regados en 19 escarpados municipios, entre ellos varios de los estadísticamente más pobres del país– la importancia política del centro Tlachinollan y el liderazgo de Abel Barrera se hicieron sentir ayer en la plaza pública.
Aunque impregnado por el sentido dramático del caso Ayot-zinapa, sin duda el más duro y de mayor calado que ha llegado a manos de estos defensores de derechos humanos, Tlachinollan celebró ayer su 21 aniversario. Y eso significó fiesta, bandas de músicos que llegaron de distintos pueblos y, por supuesto, comida. De Acatepec, un pueblo montañés muy pobre, que quedó aún mas pobre cuando fue arrasado hace dos años por los huracanes Ingrid y Manuel, llegaron las mujeres con leños, tinas, sacos de maíz y comales. Cocinaron toda la noche para alimentar a los miles que llegaron ayer, consejos de ancianos, comisionados ejidales y autoridades locales de la región. Solidaridad con los que se han solidarizado con ellos por dos décadas.
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La lucha de las familias ayuda a ubicar con precisión donde nacen y crecen las grietas de la verdad oficial, explica informe de TlachinollanFoto Víctor Camacho
Y todos cerrando filas en torno al grupo siempre compacto, indivisible, de los padres, madres y hermanos de los estudiantes normalistas.
La jornada empezó con una misa que brindó el párroco Juan Molina, de Xochitepec, Acatepec. Tejedor de redes comunitarias, Molina repartió velas entre los centenares de congregados para representar la indoblegable fuerza de los padres en su lucha por encontrar a sus hijos. “Desde el gobierno –acusó– hay un gran esfuerzo por hacer que nos cansemos, que nuestro corazón se desanime y dejemos la lucha por la justicia. No nos vamos a cansar”.
México preocupa a ONU-DH
Acudieron a Tlapa diversas organizaciones, entre ellas el Centro Pro de Derechos Humanos, Serapaz, Amnistía Internacional y el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña, quien, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se celebra hoy, recordó que este delito de lesa humanidad anteriormente fue producto de dictaduras militares, pero hoy es perpetrado en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como medio de represión a opositores.
Sobre México, agregó, al Alto Comisionado le preocupa el acoso persistente a defensores, familiares, testigos y abogados involucrados en labores de búsqueda y denuncia.
Luego del acto central del informe hubo marcha y mitin en la plaza central, frente a un palacio municipal que todavía muestra las pintas que recuerdan el asesinato de Antonio Vivar, pedagogo del Movimiento Popular Guerrerense, el pasado 7 de junio, en la noche de las elecciones. Ahí estuvo su hermano, quien se expresó así: A Antonio lo mataron por haber despertado demasiado a la lucha.
Hicieron presencia los campesinos del Consejo de Comunidades Damnificadas, que desde hace seis meses esperan que el gobierno federal les entregue una dotación de maíz comprometida para la siembra. El gobierno tiene una deuda pendiente, recordó, y su incumplimiento enfrenta con mayor miseria a 16 mil personas.
Finalmente Abel Barrera volvió a tomar la palabra. Para subrayar el salto cualitativo que ha dado su organización como integrante de un movimiento en lucha, el antropólogo, generalmente apacible y reflexivo, sacó a flote un discurso apasionado:
Dirigiéndose a los familiares de Ayotzinapa, les dijo: Ahora ustedes son nuestros maestros y maestras de derechos humanos. Son nuestra esperanza, la trinchera de lucha que va a cambiar a México.
Y les prometió: Vamos a pelear con ustedes, no nos rajamos. Peña Nieto nos pidió pasar página. ¡Ni madres! No nos rajamos. Vamos a enfrentar este poder impune, a estos procuradores y procuradoras que no quieren ver que este pueblo se está organizando. Y estos pueblos de La Montaña que hoy ven aquí representados ya se pusieron de pie para buscar, a su lado, a sus hijos.
Cruenta búsqueda
El centro Tlachinollan fue la primera organización que llegó, la madrugada del 27 de septiembre, a la Normal Rural de Ayotzinapa para ayudar a contar a los estudiantes que faltaban. Y desde entonces permanece ahí, representado por el abogado Vidulfo Rosales.
Nunca imaginamos cuán cruenta y riesgosa sería esta búsqueda, dice el informe.
Para Barrera, el caso de Iguala –que suma centenares de desaparecidos recientes más, además de los 43 jóvenes– no es un caso aislado, sino producto de una historia de impunidad. Desde la guerra sucia de los años 60, en el estado se cuentan más de 6 mil desapariciones forzadas. Desde el caso de Rosendo Radilla, de los años 70, que nunca se aclaró a pesar de que existe una orden de la Corte Interamericana, hay continuidad en una línea de crimen de Estado que no se ha cerrado.

sábado, agosto 29, 2015

Los de Abajo: Tlachinollan

Gloria Ramírez
E
l Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan llega a su 21 aniversario entre una de las peores crisis de derechos humanos que se ha enfrentado en México. Ayotzinapa le tocó en casa, donde, fiel a su convicción y tradición, se mantuvo desde el primer momento al lado de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Sus integrantes recorrieron, junto a familiares y compañeros de los normalistas, agencias del Ministerio Público, hospitales, basureros y fosas clandestinas. Buscaron, y buscan, huellas y certezas. Refutaron la verdad histórica ofrecida por el gobierno federal y hoy por hoy son referencia indiscutible para quien quiere seguir hurgando.
Jamás han hablado por los padres de Ayotzinapa, como nunca lo han hecho por ninguna de las organizaciones, comunidades y familias que acompañan. No suplantan las voces de los verdaderos protagonistas; de ello dan fe los mephaa, na savi, nahuas y ñomndaa de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Celebraron sus dos primeras décadas cuando parecía que el panorama no podía estar peor. Inmerso el país en la política neoliberal de despojo, explotación y represión contra los pueblos, los agravios eran infinitos: desapariciones forzadas, tortura, prisión política, criminalización de la protesta y un largo etcétera en medio de una precariedad extrema. Y resulta que aún faltaba. Meses después de su festejo, el 26 de septiembre de 2014, el país se durmió con 46 futuros maestros menos, tres fueron asesinados durante esa noche y las primeras horas del día siguiente, y a los otros 43 los seguimos buscando.
Injusticia e impunidad encontraron en cada rincón de la Montaña y el resto de Guerrero. Ahí están su denuncia y acompañamiento, y junto a esto encontraron luchas, resistencia y dignidad, por lo que, junto a los pueblos, reivindican su derecho a la libre determinación y al ejercicio de su autonomía.
Están con el desposeído y el violentado; con los pobres, aunque eso signifique, también a sus integrantes, persecución y hostigamiento. Señalan al Estado de frente y sin ambigüedades, pues ha demostrado su falta de capacidad técnica y de voluntad política para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Son muchos y muchas los que, a pie, buscan justicia. A las familias de los 43 de Ayotzinapa y a las de decenas de miles de desaparecidos, reconoce Tlachinollan en su 21 aniversario.

Prorroga CIDH 2 meses actividad de expertos en caso Ayotzinapa

  • El grupo presentará un informe el 6 de septiembre en el DF
  • Los especialistas independientes brindan asistencia al Estado mexicano
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Sábado 29 de agosto de 2015, p. 12
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió prorrogar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por dos meses. El grupo fue designado en el contexto del acuerdo firmado por el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Los miembros del GIEI son Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. El acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa fijó las actividades principales a ser desarrolladas por el GIEI: elaboración de planes de búsqueda con vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y un análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.  
El 2 de marzo de 2015 es la fecha formal de inicio de las actividades del GIEI, el mandato actual de seis meses concluirá el 2 de septiembre, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Asistencia Técnica. La presentación del informe final de actividades del GIEI tendrá lugar en la ciudad de México el 6 de septiembre.
La CIDH decidió prorrogar el mandato por dos meses. Esto permitirá al GIEI recibir y procesar los comentarios y las observaciones al informe final. Dichas observaciones podrán ser presentadas por el Estado, organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, entre otros actores. El Estado y los representantes tendrán hasta el 15 de septiembre para opinar sobre la posible renovación del mandato.
Reconocemos el importante trabajo que ha hecho el GIEI hasta la fecha, dijo la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine. Ahora nos parece de fundamental importancia conocer la reacción del Estado y de toda la sociedad mexicana al informe final del GIEI. Creemos que el informe será una contribución internacional significativa a los esfuerzos para fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de víctimas de desaparición forzada, así como para vigorizar la capacidad institucional para la prevención de este grave crimen, agregó.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
El 2 de marzo de este año llegaron al país los integrantes del GIEI para brindar asistencia técnica al Estado mexicano en el marco de las medidas cautelares MC-409/14, en favor de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos –desaparecidos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014–, emitidas por la CIDH el 10 de octubre de 2014.

viernes, agosto 28, 2015

Padres y madres de los 43 normalistas insisten en que se les diga ‘‘dónde están’’

  • Realizan una marcha en Iguala al cumplirse 11 meses de los acontecimentos
  • Demandan que Gobernación autorice que los expertos de la CIDH permanezcan más tiempo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 28 de agosto de 2015, p. 9
Chilpancingo, Gro.
Esta tarde padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, maestros y colonos, marcharon en Iguala al cumplirse 11 meses del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 alumnos. En un mitin insistieron en que lo importante es que el gobierno diga ‘‘dónde están nuestros hijos’’.
Entre los contingentes participó Marisa, esposa de Julio César Mondragón, uno de los tres estudiantes normalistas que fueron asesinadosñ él fue desollado. La marcha partió de la Plaza de las Tres Garantías, en Iguala, hasta llegar a la calle Juan Álvarez esquina con Periférico Norte, donde se colocaron ofrendas florales. Posteriormente se trasladaron al lugar donde murió Julio César Mondragón. Ahí su esposa colocó una cruz de aluminio.
En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, declaró que hasta el momento la Secretaría de Gobernación no les ha enviado por escrito la autorización para que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permanezca en el país otros seis meses para concluir la investigación.
Sobre lo expresado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, quien ‘‘desmintió’’ los señalamientos del grupo de expertos de la CIDH, donde indicaban que fueron desaparecidas videograbaciones de la escena en donde se aprecia la intervención de la policía el 26 de septiembre, expresó: ‘‘Es parte del encubrimiento entre ellos (el gobierno) de la escena del crimen; les fue fácil desobedecer y desaparecer las evidencias’’.

Informa Arely Gómez que hay ocho detenidos más por Ayotzinapa

  • Se enviarán a Austria las muestras recabadas de diversas prendas de los normalistas
  • Asegura que ha trabajado ‘‘de la mano’’ con el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH
  • Se seguirá investigando ‘‘hasta que el último responsable sea consignado’’, dice la procuradora
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de agosto de 2015, p. 8
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, sostuvo en el Senado que se seguirá investigando la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ‘‘hasta que el último responsable sea consignado’’.
La funcionaria informó que hay ocho nuevos detenidos cuya participación fue clave en el caso Iguala, y que en las próximas horas se enviará al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Innsbruck, en Austria, las muestras recabadas de diversas prendas y objetos pertenecientes a los normalistas.
Al intervenir en la séptima reunión plenaria de los senadores del PRI y el PVEM, la procuradora sostuvo que desde su llegada a la dependencia ha cumplido su compromiso de trabajar de la mano, ‘‘con plena apertura y transparencia con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con los que ha sostenido 45 reuniones de trabajo en los pasados seis meses’’.
Durante estos encuentros se han establecido intercambios muy valiosos para el desarrollo de la investigación, dijo. ‘‘Nos han planteado 152 peticiones, de las cuales se ha cumplido 80 por ciento y estamos trabajando en el desahogo de las restantes, que en ocasiones requieren de la colaboración de otras instancias y autoridades’’, precisó.
Una de ellas, dijo, ‘‘fue instruir a que se acumularan todas las causas penales en un mismo juzgado, como ellos lo solicitaron’’. Además, ‘‘acabo de instruir a que las muestras recabadas de diversas prendas y objetos pertenecientes a los normalistas de Ayotzinapa sean remitidas al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Innsbruck, en Austria’’.
La diligencia de entrega para el análisis correspondiente se realizará en las próximas 72 horas por el subprocurador de derechos humanos de la PGR, detalló Arely Gómez.
La titular de la PGR agregó que el expediente del caso creció 38 tomos para llegar a 123 al día de hoy, con 14 anexos en total. ‘‘Precisamente sobre el expediente es que elaboramos ya una versión pública que en este momento está siendo revisada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y muy pronto se dará acceso a los solicitantes de esa información’’.
La procuradora Gómez, que fue recibida con efusividad por sus antiguos compañeros de bancada en el Senado –se dirigió al coordinador priísta, Emilio Gamboa Patrón, como ‘‘líder’’– dijo que es consciente de que los hechos de Iguala, que están próximos a cumplir un año (el 26 de septiembre), “han lastimado a la sociedad mexicana’’ y por ello se ha reunido con los familiares de los 43 desaparecidos.
‘‘Y les he abierto las puertas de la institución para que puedan conocer en todo momento el curso de la investigación’’, añadió la procuradora.
Delitos como los cometidos en Iguala ‘‘deben ser castigados con todo el peso de la ley. El Estado mexicano no tolera la impunidad, estamos obligados a llegar a las últimas consecuencias’’.
Sólo el discurso de la procuradora fue público; la sesión de preguntas y respuestas se desarrolló a puerta cerrada y los senadores no trataron el tema Ayotzinapa.

jueves, agosto 27, 2015

Sergio González Rodríguez cuenta la historia de ‘Los 43 de Iguala’

El periodista publica un análisis de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014, fecha en que desapareció un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa. 
Sergio González Rodríguez cuenta la historia de Los 43 de Iguala
(Foto: Redacción AN/ Anagrama

El periodista y escritor, Sergio González Rodríguez publica Los 43 de Iguala volumen, investigación que rompe la artificiosa división entre buenos y malos, insurrectos y gobiernistas, sobre lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
El escritor ofrece una crónica-ensayodocumentada y argumentada, donde revela los agentes, factores, causas, fuerzas y responsabilidades que fueron el detonante de aquella noche de atrocidades.

“Debo hablar –afirma González Rodríguez– de lo que nadie quiere ya hablar. Contra el silencio, contra la hipocresía, contra las mentiras, habré de decirlo. Y lo hago porque sé que otros como yo, en cualquier parte del mundo, comparten esta certeza: el influjo de lo perverso ha devorado la civilización, el orden institucional, el bien común”.

La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, decenas de estudiantes mexicanos fueron atacados por policías y criminales. Después sucedió una de las barbaries más estremecedoras de los últimos tiempos. Según el gobierno mexicano, los jóvenes fueron secuestrados y sufrieron golpes y torturas antes de ser asesinados; sus cuerpos fueron incinerados por los criminales. Las familias de las víctimas se negaron a aceptar lo sucedido bajo un reclamo: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, e incriminaron al Estado. La indignación que suscitaron esas atrocidades dividió a las personas en dos bandos: quienes apoyan a ultranza la causa de los estudiantes y quienes aceptan la ‘verdad histórica’ del gobierno.

En este sentido, escribe el periodista: “Tengo frente a mí sobre mi mesa de trabajo, fotografías, documentos, informes, transcripciones judiciales, testimonios, grabaciones, videos acerca de la crueldad extrema que aconteció una noche de verano en una ciudad al sur de México, la cual, por un entrecruzamiento avieso de sucesos, predestinaciones, azares, intenciones, se convierte en un ejemplo exacto de la vigencia de lo perverso bajo la apariencia de lo normal: allí donde confluyen el poder y el contrapoder del orden global. (…) Esta historia sucede ahora en otras partes del mundo de modo semejante y nos resistimos a verlo. Si alguien lo niega o lo duda, le reto a que lea completo este libro. Debemos recobrar la lucidez ante la actualidad del horror consentido, y ejercer la libertad de transformar lo aciago”.

Ayotzinapa, 11 meses de búsqueda

Marchan miles del Ángel al Zócalo; hacen presencia en embajadas
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Aspecto de la marcha para pedir justicia a 11 meses del caso AyotzinapaFoto Marco Peláez
Emir Olivares y José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de agosto de 2015, p. 4
Han sido 11 meses de ‘‘rabia, indignación, coraje, dignidad y búsqueda’’. Casi un año sin saber el paradero de sus hijos; 334 días desde que policías del municipio de Iguala, Guerrero, atacaron con armas de fuego a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, dejando a tres de ellos muertos, 43 más desaparecidos y cinco heridos.
Ayer, los familiares de los normalistas realizaron la 15 Acción Global por Ayotzinapa, que incluyó la presencia ante embajadas de varios países y una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. En ambas acciones, los manifestantes exigieron al gobierno federal ampliar seis meses más el periodo para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siga con sus investigaciones sobre este crimen.
La jornada concluyó con un mitin en el Zócalo. Desde ahí, los padres y madres de familia anunciaron las actividades para conmemorar el primer aniversario de los hechos, que incluirán un ayuno de tres días, entre el 24 y el 26 de septiembre; la preparación para la jornada que se conocerá como ‘‘Día de la Indignación Nacional’’ o ‘‘Paro Político Nacional’’, el 26, así como un ‘‘contrainforme de la situación real que vive el país’’, entre el 31 de agosto y el primero de septiembre.
Asimismo, se informó que varias organizaciones sociales estadunidenses realizan gestiones para que en el marco de la visita del papa Francisco a Filadelfia, del 25 al 27 de septiembre, una comisión de padres y madres de Ayotzinapa pueda ser recibida por el pontífice.
Al tomar la palabra en el Zócalo, Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, señaló que en estos 11 meses el gobierno federal sólo ha demostrado ‘‘que no tiene palabra’’, porque ‘‘no ha cumplido las promesas que hizo frente a los familiares’’.
Informó que hace unos días se reunieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien demandaron que se prorrogue el periodo de trabajo GIEI. En principio, el funcionario aceptó la idea, ‘‘pero nos acabamos de enterar por nuestros abogados de que el gobierno tomará la decisión hasta después del 6 de septiembre, día en que el grupo de expertos presentará su informe final’’.
En las movilizaciones de ayer también participaron colectivos sociales, organizaciones sindicales y estudiantes, entre otros. De acuerdo con los organizadores, en la marcha vespertina participaron 3 mil personas. En la ruta final hacia el Zócalo, los manifestantes hicieron un alto en el ‘‘antimonumento’’ con el número +43, en el cruce de Reforma y Bucareli, donde hicieron un ‘‘pase de lista por los ausentes’’.
La madre del estudiante José Álvarez Nava exigió al ‘‘gobierno corrupto que nos entregue a nuestros hijos. No estamos pidiendo un favor, es su obligación entregar a los 43 y a los miles de desaparecidos que hay en el país’’.
Por la mañana, se dividieron en varios contingentes para visitar las embajadas de 30 países y entregar un documento en el que solicitan a los diplomáticos su intervención a fin de que las autoridades mexicanas autoricen una prórroga a las investigaciones que realiza el GIEI, pues consideraron que las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República ‘‘han sido ineficaces y la dependencia ha sido incapaz de ofrecer verdad y justicia’’. Así, visitaron las representaciones de Portugal, Argentina, España, Bélgica, Francia, Tailandia y la Unión Europea, entre otras.
Por otra parte, tres personas fueron detenidas al término de la marcha en la estación Zócalo de la línea 2 del Metro. De acuerdo con el reporte de los hechos, un grupo de personas llevó la protesta por Ayotzinapa hasta las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.
En la entrada del acceso sur invitaron a los usuarios a pasar sin pagar. Liberaron los torniquetes; sin embargo, ante la afluencia se hizo una gran aglomeración. Se abrieron las puertas laterales, pero también resultaron insuficientes para la entrada de personas.
Eran las ocho de la noche y la gente seguía llegando, por lo que empezaron a empujarse, lo que generó una confrontación con el personal de la estación, que al verse superado por los manifestantes pidió refuerzos.
Durante algunos minutos hubo empujones, golpes y forcejeos, así como gritos de los usuarios, algunos de los cuales presentaron crisis nerviosas.

miércoles, agosto 26, 2015

“Inacabada”, investigación del caso Ayotzinapa: Vidulfo Rosales

mié, 26 ago 2015 12:05
México, DF. La aceptación del gobierno mexicano para prorrogar el mandato del grupo de expertos en el caso de Iguala es positivo, pero es una muestra de que la investigación por la desaparición de los 43 normalistas está inacabada, y por lo tanto no hay una “verdad histórica” como la que se pretende hacer creer, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia de Ayotzinapa.
"Por el contrario, falta mucho por investigar y eso nos coloca a nosotros en la lucha por la justicia y la verdad histórica", dijo el abogado entrevistado en el inicio de la Jornada Global por Ayotzinapa.
Expresó su deseo de que el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contenga recomendaciones contundentes respecto de líneas adicionales que pueda tener la investigación y se incluyan entidades o instituciones que hasta ahora no han sido requeridas como el Ejército y algunos políticos, entre ellos el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.
Además, Vidulfo Rosales dijo que todavía es posible que este grupo de expertos pueda entrevistar de manera directa al grupo de militares que estuvieron el día de los hechos en el destacamento de Iguala. "La solicitud está firme y para nosotros es muy relevante que ese encuentro se dé".
Destacó que la prórroga admitida permite otra vez colocar esta exigencia sobre la mesa y hacer que sea posible. "Los expertos han encontrado datos que implican al Ejército el día de los hechos, por lo que es importante que los militares puedan responder de manera directa a los cuestionamientos del grupo de expertos", insistió.

Hoy no pedimos, exigimos a EPN una respuesta: Padres de los 43 a 11 meses de su desaparición

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Padres de los 43 encabezan marcha a once meses de la desaparición de los jóvenes. Foto: Twitter @masde131
Padres de los 43 encabezan marcha a once meses de la desaparición de los jóvenes. Foto: Twitter @masde131
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Al cumplirse 11 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, miles de personas se congregaron en el monumento al Ángel de la Independencia para participar en la marcha para exigir la presentación con vida de los estudiantes.
“Aquí estamos más firmes que nunca en el corazón de la capital para recordarles que en Guerrero y en México faltan 43″, exclamó Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, previo a que iniciara la marcha en Paseo de la Reforma, en este día que se cumplen 11 meses de que los jóvenes estudiantes fueron desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, por policías municipales y supuestamente entregados a sicarios de una banda criminal.
“Hoy los padres de familia ya no lloran, tampoco piden que el gobierno les cumpla. Hoy le exigen a Enrique Peña Nieto una respuesta pronta porque así se comprometió él en esa ocasión que nos reunimos en la residencia oficial de Los Pinos. Diez puntos que para él quedaron en el olvidó pero que para nosotros están en la memoria porque nos faltan 43″, expresó.
En su mensaje, de la Cruz aclaró que el movimiento no se ha desviado ni dividido, a pesar de los intentos que, dijo, ha hecho el Gobierno mexicano para desmovilizarlos.
A la marcha, que forma parte de la XV Acción Global por Ayotzinapa, acudieron cientos de personas de todas las edades y organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, así como contingentes de varias universidades como del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Autónoma de la Ciudad de México (UACM), además de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La marcha se dirige hacia el zócalo capitalino y a lo largo de Paseo de la Reforma se han apostado policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), algo que no se había visto en movilizaciones anteriores por los 43 normalistas.
Los padres de los 43 en la embajada de Grecia. Foto: Twitter vía @PlantonxAyotzi.
Los padres de los 43 en la embajada de Grecia. Foto: Twitter vía @PlantonxAyotzi.
Horas antes, dos brigadas de familiares y compañeros de los 43 jóvenes se manifestaron afuera de las embajadas de varios países en la Ciudad de México para pedir su respaldo en la lucha.
“Estamos recorriendo las embajadas para entregar un documento de petición de apoyo diplomático”, dijo por la mañana a la agencia dpa, Felipe de la Cruz.
Las brigadas acudieron, entre otras, a las embajadas de Vietnam, Hungría y Portugal al inicio de su recorrido.
AUTORIDADES PIERDEN EVIDENCIA
La PGR, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) y el Tribunal Superior de Justicia, son culpables de la pérdida de evidencia fundamental para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, dijo Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso.
Rosales Sierra se refiere al extravío de unos videos provenientes de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, ubicado a la salida de la ciudad con rumbo a Chilpancingo, y que debieron grabar el momento exacto en donde fueron secuestrados de un autobús Estrella de Oro la mitad de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa).
“Ahí la policía de Iguala y Guerreros Unidos para a los estudiantes, las cámaras captaron todo, a cabalidad, porque es casi abajo del Palacio de Justicia. Toda la mecánica de los hechos”, dijo.
Los videos, explicó Vidulfo, fueron remitidos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y de ahí desaparecieron.
“La Procuraduría de Justicia del Estado debió requerir al Tribunal esos videos y de oficio la presidencia del Tribunal debió poner a disposición la evidencia”, afirmó el abogado.
Para Vidulfo Rosales si los videos no aparecen, se perderá evidencia irreparable y también, la oportunidad de esclarecer los hechos.
En su último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la CIDH, reveló la posible existencia de esos videos.
“El GIEI ve con preocupación la pérdida de pruebas en el caso. Específicamente ha informado a las autoridades competentes de la PGR, la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala cerca del Palacio de Justicia. Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, dijo el Grupo en el comunicado.
En su informe, el GIEI indicó que la PGR no informó a los familiares y sus abogados sobre el hallazgo de ropa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 27 de septiembre del año pasado.
Claudia Paz del GIEI informó que en junio el Grupo de Expertos se percató de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se procesó, constituyendo un hecho “grave desde el punto de vista de la investigación”.
“Dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. En opinión del Grupo, este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares. El Grupo pidió ese mismo día a la PGR que se identificara el lugar donde se encontró la ropa y fuese examinada por peritos de la PGR y del EAFF para procesarla, fotografiarla y tomar las muestras genéticas correspondientes, y resguardarla de forma adecuada. Dicha diligencia se realizó los días 29 y 30 julio, y las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos de ambas partes serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis genético”, señaló el grupo de expertos.
Vidulfo Rosales indicó que la ropa no sólo se ocultó, sino que no se adjuntó al expediente de manera adecuada.
“Es una situación grave, porque esa ropa presenta manchas, no sabemos qué tipo de manchan son. Si se hubieran adjuntado en un inicio de la investigación, hubiera habido mayor facilidad para realizar los exámenes de genética e identificar de quiénes son esas ropas”, dijo.

domingo, agosto 23, 2015

Los expertos de la CIDH tienen indicios que los normalistas están vivos: vocero de padres de los 43

Por:  / 23 agosto, 2015


23 de agosto, 2015).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que hay indicios de que los jóvenes podrían seguir vivos, informó el vocero de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, esto en su más reciente visita a la Normal Rural de Ayotzinapa.
El integrante del GIEI, que es auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alejandro Valencia Villa se reunió con padres de los 43 desaparecidos en la Normal Rural de Ayotzinapa, como parte de los preparativos del último informe del grupo, que se presentará en los primeros días septiembre.
De la Cruz declaró que en el encuentro privado entre los padres y Valencia Villa, en el que se les informó que el GIEI no logró entrevistar a los soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército respecto a los ataques del 26 y 27 de septiembre, se les dijo que hay indicios de que los normalistas podrían estar vivos.
Sin embargo, aún no se tiene información sobre cuáles son los argumentos sobre los cuales se basa el GIEI para mencionar esa línea, en otro punto, De la Cruz mencionó que el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) coincide , y se prueba que la “verdad histórica” que dio a conocer el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam en enero, es falsa.
De la Cruz recalcó que no conocen qué tipo de pruebas podrían tener tanto el GIEI como el EAAF al respecto, pero el último informe de los expertos tendrá todos los detalles de la investigación, así como las irregularidades del caso Ayotzinapa que está a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
También hizo mención de la destrucción de los videos que grabaron las cámaras de la sede del  Tribunal Superior de Justicia en Iguala la noche del 26 y los primeros minutos del 27 de septiembre, los padres no dudan en que haya otro tipo de pruebas que las autoridades ocultaron.
Los expertos de CIDH hicieron pública no sólo la preocupación de la pérdida de pruebas como la destrucción de una videograbación donde se aprecia la participación de la policía de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, también mencionaron la aparición de ropa de los normalistas que no había sido utilizada como evidencia y que luego de cinco meses no han podido entrevistar a militares como testigos del caso.
Los expertos de la Comisión argumentan que el Estado mexicano, les impone como requisito que sea a través de un cuestionario escrito. Sobre la solicitud de entrevista presencial a los militares como testigos, esto, tendría que ser ante Ministerio Público.
Sin embargo los especialistas afirman que un cuestionario no tendrían control de cómo ni de que responderían los militares. Hasta ahora, solo el 48 % de las peticiones hechas al gobierno han sido cumplidas.

Seguiremos buscando a nuestros hijos aunque nos digan locas


Rubicela Morelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 23 de agosto de 2015, p. 9
Huexca, Mor. María Elena Guerrero Vázquez, madre de Giovanni Galindes Guerrero, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, dijo que no volverá a su casa y no descansará hasta no encontrar a su único hijo.
Exigió al presidente Enrique Peña Nieto que presente con vida a los estudiantes y reiteró que policías municipales de Iguala los detuvieron y se los llevaron, por lo que, dijo, las autoridades deben saber en dónde están.
La madre de Giovanni, de 20 años, participó junto con otros padres de los normalistas desaparecidos en la reunión de Pueblos de Morelos en Resistencia, celebrada en el poblado de Huexca (donde se edifica y hacen pruebas para que opere una termoeléctrica) para pedirles que los apoyen en su lucha por hallar a sus vástagos.
Llorando, Guerrero Vázquez, originaria del poblado de Poliutla, municipio de Tlapehuala, región de la Tierra Caliente de Guerrero, una de las zonas más inseguras y violentas por las disputas entre cárteles de la droga, pidió a los pueblos de Morelos y a los maestros del Movimiento Magisterial de Bases, presentes en el encuentro, que los continúen apoyando en las manifestaciones para exigir al gobierno que les devuelva a sus hijos.
Como madres no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos y no vamos a regresar a nuestra casa sin ellos; (Giovanni) es mi único hijo, cuya ilusión fue prepararse para servir a la gente y a la sociedad; (pero) creo que ahora en este país es un delito estudiar, reprochó.
Macedonia Torres Romero, madre de José Luis Luna Torres, otro de los normalistas, originario de Amilcingo, Morelos, advirtió que continuarán protestando aunque la gente y los medios oficiales las tachen de locas.

Piden que el gobierno amplíe el plazo a expertos que investigan el caso Ayotzinapa

Hay deficiencias en verdad histórica, señalan legisladoras
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de agosto de 2015, p. 9
El gobierno federal debe ampliar el plazo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que concluya su investigación del caso Ayotzinapa, demandaron las senadoras Angélica de la Peña y Dolores Padierna, del PRD.
De la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, presentó ya una propuesta ante la Comisión Permanente y confía en que se dictamine a la brevedad. Resulta fundamental que para cumplir con los fines del acuerdo con la CIDH el gobierno federal amplíe los términos del mismo, toda vez que las investigaciones y los procedimientos penales en relación con la desaparición forzada de los 43 normalistas no han concluido por parte de las autoridades competentes.
Padierna consideró que se debe ampliar el plazo debido a que los expertos encontraron deficiencias en la investigación de la PGR, así como evidencias de que se ocultó información.
El grupo de expertos está a escasos 12 días de concluir su primer mandato y no ha podido avanzar lo suficiente porque las autoridades federales insisten en que la versión de su verdad histórica sea la que se mantenga.
La senadora Padierna recalcó que los expertos toparon con la constante negativa de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional para entrevistar a los militares de la región de Iguala e inspeccionar los cuarteles. Se encontraron también con la ausencia del Ejército en la investigación de la PGR, lo que genera más dudas y suspicacias de las que debería aclarar.
Agregó que si se atienden las deficiencias en la investigación de la PGR que los expertos han señalado no sería extraño que en los próximos meses pudieran salir libres varios de los implicados en el caso, incluyendo a la pareja Abarca-Pineda.
Añadió que el ex presidente municipal de Iguala y su esposa fueron procesados y encontrados culpables del homicidio de Arturo Hernández Cardona y otros dirigentes sociales de Iguala, pero no es consistente la acusación sobre la desaparición de los jóvenes normalistas.
Además a ninguno de los procesados se le ha vinculado o imputado el delito de desaparición forzada, como sin con ello el gobierno presumiera que no existió.
Padierna adelantó que el PRD propondrá que se invite al grupo de expertos a una reunión formal con las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.