Ropa de los normalistas no fue integrada a la indagatoria: expertos
Alejandro Valencia, Francisco Cox, Claudia Paz y Carlos Beristain, del GIEI, durante la conferencia de prensa en la CDHDFFoto Cristina Rodríguez
José Antonio Román
Periódico La Jornada
Martes 18 de agosto de 2015, p. 5
Martes 18 de agosto de 2015, p. 5
Luego de lamentar que el gobierno mexicano les impidiera realizar entrevistas directas a los militares que serían testigos esenciales en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) informó de la pérdida y eventual destrucción de videos que pudieron servir en la investigación.
En la presentación del informe de su quinto mes de labores, y a dos semanas de que concluya su mandato inicial de seis meses, se anunció que hay diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y representantes de las víctimas a fin de ampliar el plazo para completar su trabajo.
Aunque el grupo mostró su disponibilidad, se aclaró la necesidad de algunas adecuaciones al nuevo periodo que estarían en el país. Además, falta la respuesta del gobierno mexicano a esta petición, que podría darse esta misma semana.
El informe final, que reuniría su labor de seis meses de asistencia técnica en la búsqueda con vida de los estudiantes, la investigación penal, atención a víctimas y elaboración de propuestas de políticas públicas para el tema de desaparición forzada, se presentará el domingo 6 de septiembre; se espera que el documento contenga las recomendaciones del caso al Estado mexicano.
En conferencia realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los expertos Claudia Paz, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristain –sólo faltó Ángela Buitrago– informaron haber solicitado a especialistas independientes diversos peritajes sobre aspectos claves del proceso, tales como algunos de tipo forense sobre autopsias y lesiones en detenidos. En el primer caso, para las necropsias practicadas a los estudiantes Daniel Solís, Julio César Ramírez y Julio César Mondragón Fontes –este último fue asesinado y desollado–, se encontró que no fueron evaluadas lesiones que aparecen en el informe original.
Otros peritajes son de telefonía, de la dinámica del fuego en el contexto del basurero, y sobre escenas del crimen, cuyos resultados serán dados a conocer en el informe final de este periodo.
Sobre la negativa oficial para entrevistarse con los 26 militares del 27 batallón de infantería que estuvieron el día de los hechos, el GIEI informó no entender por qué sí ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado, sin haber sido remitidos a la vía penal, como condicionó el Estado mexicano.
Francisco Cox señaló que tras el condicionamiento gubernamental de sólo formular las preguntas por escrito y no estar siquiera presentes en la diligencia, el grupo de expertos decidió no entregar el cuestionario, pues ‘‘eso significa que no tenemos control de cómo se responde, de qué se responde, ni la posibilidad de que se precisen puntos que vayan saliendo durante la declaración’’, dijo.
El argumento esgrimido por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es que una acción de este tipo ‘‘pondría en riesgo la legalidad de la investigación’’. El grupo lamentó el sentido de la respuesta y que ésta haya tardado cinco meses en darse.
Respecto de las videograbaciones perdidas, el reporte señala que en su momento se informó a la PGR de la existencia de una videograbación de la escena durante la intervención policial que dio lugar a la desaparición de los normalistas en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia.
‘‘Según testimonios proporcionados al grupo de expertos, dichos videos fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR’’, dice el informe.
El domingo pasado, el GIEI realizó una reunión de preparación de los familiares para la diligencia de identificación de la ropa encontrada, debido al fuerte impacto sicológico que ello supone. La ropa estuvo resguardada por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, pero no fue integrada a las investigaciones.
Sobre la negativa oficial para entrevistarse con los 26 militares del 27 batallón de infantería que estuvieron el día de los hechos, el GIEI informó no entender por qué sí ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado, sin haber sido remitidos a la vía penal, como condicionó el Estado mexicano.
Francisco Cox señaló que tras el condicionamiento gubernamental de sólo formular las preguntas por escrito y no estar siquiera presentes en la diligencia, el grupo de expertos decidió no entregar el cuestionario, pues ‘‘eso significa que no tenemos control de cómo se responde, de qué se responde, ni la posibilidad de que se precisen puntos que vayan saliendo durante la declaración’’, dijo.
El argumento esgrimido por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es que una acción de este tipo ‘‘pondría en riesgo la legalidad de la investigación’’. El grupo lamentó el sentido de la respuesta y que ésta haya tardado cinco meses en darse.
Respecto de las videograbaciones perdidas, el reporte señala que en su momento se informó a la PGR de la existencia de una videograbación de la escena durante la intervención policial que dio lugar a la desaparición de los normalistas en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia.
‘‘Según testimonios proporcionados al grupo de expertos, dichos videos fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR’’, dice el informe.
El domingo pasado, el GIEI realizó una reunión de preparación de los familiares para la diligencia de identificación de la ropa encontrada, debido al fuerte impacto sicológico que ello supone. La ropa estuvo resguardada por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, pero no fue integrada a las investigaciones.
