La Fiscalía desoye la petición de los padres afectados y no cita a los políticos implicados en el incendio que mató a 49 niños en 2009
VERÓNICA CALDERÓN México
Fotograma del documental 'Nunca más', sobre la tragedia.
Fotograma del documental 'Nunca más', sobre la tragedia.
La Fiscalía mexicana ha ordenado el arresto de 22 personas que trabajaban en la Guardería ABC, un centro de cuidado infantil oficial donde murieron 49 niños el 5 de junio de 2009 en Hermosillo (Sonora, al noroeste del país) y al menos otros 70 pequeños heridos, algunos de ellos con secuelas de suma gravedad. Ninguna de ellas es un alto funcionario, como los familiares de las víctimas se han cansado de exigir, sino trabajadoras de bajo nivel, muchas de ellas se encontraban en el sitio al momento de la tragedia. Entre las personas citadas hay incluso la madre de una de las víctimas.
Las personas buscadas por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) son mujeres que trabajaban como la directora, profesoras, cocineras e intendentes en la guardería. El centro infantil funcionaba sin extintores, ni letreros de evacuación y las dos salidas de emergencia estaban selladas. El listado de irregularidades es tan largo como la cantidad de veces que los padres han exigido que se acuse a los funcionarios de alto nivel que permitían que la guardería permaneciera abierta. Las víctimas del incendio, que no pudieron ser rescatadas hasta que un hombre estrelló una camioneta contra un muro para poder ingresar al sitio, son niños y niñas que no rebasaban los cinco años.
"Es una burla" comentó Gabriel Alvarado, representante legal de la organización Manos Unidas por Nuestros Niños. El grupo había promovido el recurso legal para intentar que la Procuraduría General de la República (Fiscalía) citara ante la Justicia a los funcionarios responsables por la montaña de negligencias, irregularidades y corruptelas que provocaron que la Guardería ABC funcionara en una bodega sin salida de emergencia, en una ciudad donde en verano las temperaturas rozan los 50 grados. Eduardo Bours —gobernador en ese momento del Estado de Sonora— y Ernesto Vargas Gaytán —exsecretario de Hacienda estatal— son solo dos de las decenas de funcionarios municipales, estatales y federales involucrados en la tragedia.
Los políticos salpicados por el caso pertenecen tanto al Partido Acción Nacional, que gobernaba la capital sonorense, hasta la esposa del entonces presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, emparentada con uno de los dueños de la guardería. Incluso la próxima gobernadora de Sonora, la priísta Claudia Pavlovich, respaldó públicamente a los dueños de la guardería pese a la montaña de acusaciones.
El listado de irregularidades es tan largo como la cantidad de veces que los padres han exigido que se acuse a los funcionarios de alto nivel que permitían que la guardería permaneciera abierta
El caso de los 49 niños muertos en la Guardería ABC es quizá uno de los mayores ejemplos de impunidad que ostenta México, un país donde el 98% de los crímenes cometidos quedan sin resolver. Se han cumplido seis años de la tragedia y, pese a que el centro de cuidado funcionaba bajo la supervisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se ha condenado a ningún alto funcionario por la tragedia. Los representantes legales de los familiares han continuado la presión sobre la Fiscalía, pero la PGR ha cruzado límites inéditos dada la gravedad del caso, como pedir tres veces la extensión del plazo legal para citar a los supuestos responsables, una investigación que ya lleva seis años.
Apenas el pasado 17 de julio, el subprocurador Gilberto Higuera Bernal, en una reunión con los familiares de las víctimas en Hermosillo, anunció que la PGR resolvería el caso "a más tardar en dos semanas". El diario La Jornada recogió: "Higuera Bernal, en seguimiento a las instrucciones dadas por la procuradora Arely Gómez González, 'instruyó a su equipo para que profundice en el estudio de posibles responsabilidades de otro carácter atribuibles a los probables responsables'". En otras palabras, el funcionario prometió que ahondaría en la investigación para probar la responsabilidad de altos políticos señalados una y otra vez por los familiares. El artículo comenta: "[Higuera Bernal] no precisó si se refiere a posibles acusaciones de tipo penal por homicidio culposo que pudieran alcanzar a funcionarios federales". La decisión de hoy aclara que no se refería a ellos.
