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| El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en conferencia de prensa. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (apro).- Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que realizan una investigación paralela sobre los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos confirmaron la negativa del gobierno de Enrique Peña Nieto de acceder a los testimonios de 26 militares del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche del 26 de septiembre del año pasado.
La negativa gubernamental para recabar los testimonios de los soldados constituiría una trasgresión al convenio de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que constituyó el GIEI a petición del Estado mexicano y representantes de los familiares de las víctimas.
En conferencia de prensa, Claudia Paz, Carlos Beristáin, Alejandro Valencia y Francisco Cox lamentaron la respuesta del gobierno de Peña Nieto, y señalaron que las observaciones sobre el factor militar en la desaparición de los 43 estudiantes serán incluidas en el informe final que se dará a conocer el 6 de septiembre próximo, cuando se culminen los primeros seis meses de su mandato, que podría prolongarse por un tiempo similar si el Estado mexicano y la CIDH lo aprueban.
La exfiscal de Guatemala, Claudia Paz y Paz, recordó que desde el inicio de su mandato, en marzo, el GIEI solicitó formalmente entrevistar a los 26 soldados destacamentados en Iguala hace un año, y fue hasta el 3 de agosto que a través de la Secretaría de Gobernación y la cancillería se les notificó la disposición de que la “solicitud sea atendida en el marco del proceso penal”.
Aunque manifestaron su sorpresa por la respuesta, los expertos consideraban que la propuesta de las autoridades era similar a un ejercicio anterior en el que la Procuraduría General de la República (PGR) tomó 10 testimonios de normalistas –gracias a los buenos oficios del GIEI–, declaraciones en las que estuvieron presentes los expertos y se les dio oportunidad de repreguntar.
Sin embargo, en el caso de los militares, la negativa fue fulminante. El domingo 16 en la respuesta definitiva los representantes de Peña Nieto instruyeron al GIEI a formular las preguntas por escrito, entregarlas al Ministerio Público y que “derivado de las características de esta diligencia, en ella sólo estará presente la autoridad ministerial y quienes deban desahogar la posiciones que sean formuladas”.
Ante esa respuesta, explicó Francisco Cox, los miembros del GIEI decidieron no entregar preguntas, “porque no tendríamos el control ni la posibilidad de repreguntar” y dar a conocer los cuestionamientos durante su próxima evaluación.
Cox agregó que el gobierno de Peña Nieto argumentó que su presencia en la diligencia de la PGR con los miembros del 27 Batallón y formular directamente preguntas “pondría en riesgo la legalidad de la investigación”, lo que para los expertos no es entendible es “por qué no hay preocupación por qué se dañe la legalidad de las declaraciones que se prestaron por los normalistas”.
El experto chileno reconoció que el obstáculo para acceder a los militares ha derivado en una “diferencia de opinión fuerte con el gobierno en cuanto cuáles son nuestras atribuciones y lo que es el marco de la legalidad de cumplir nuestro mandato, consideramos que tenemos una visión una interpretación distinta del convenio a la que tiene el gobierno”.
Sobre la posibilidad de extender el mandato de la GIEI, Alejandro Valencia explicó que en una reunión sostenida este sábado con padres de familia de desaparecidos, el titular de Segob, Miguel Osorio Chong, y el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, se notificó que los familiares de los desaparecidos y los expertos informaron a la CIDH su disposición de que se amplié el mandato otros seis meses.
Valencia informó que en ese encuentro, se acordó reanudar los operativos de búsqueda llevados a cabo por la Policía Federal, y que se habían suspendido sin explicación aparente.
Claudia Paz y Paz resaltó que, por los buenos oficios de los expertos, 10 estudiantes de Ayotzinapa, “testigos clave” rindieron su declaración ministerial ante la PGR, con lo que se suman a otros ocho testimonios que ya había tomado la dependencia con anterioridad, en tanto que la procuraduría estatal había consignado de 35 a 40 testimonios de normalistas.
La abogada guatemalteca contó que a sugerencia del GIEI “las cuatro causas principales se han acumulado en un juzgado”, en tanto que se espera que “otras de las causas que aun se encuentran en el fuero común, en el estado de Guerrero sean trasladadas y su conocimiento sea reclamado por la justicia federal”.
El médico español Carlos Beristáin dio a conocer que en la revisión de los 115 tomos de que consta el expediente, advirtieron que peritos de la PGR y de la procuraduría estatal, tenían en su poder 19 objetos pertenecientes a los estudiantes y que fueron localizados en dos de los camiones en los que viajaban.
Dijo que esa evidencia será analizada en la Universidad de Insbruck, Austria, en tanto que los familiares serán confrontados ante la evidencia para reconocer las pertenencias de las víctimas.
En la conferencia de prensa, representantes de medios de comunicación sobre las evidencias de que a casi un año de su desaparición los estudiantes de Ayotzinapa se encuentren con vida, a lo que Beristáin respondió que en su informe final se remitirán a las pruebas.
“Con las pruebas que tenemos disponibles no tenemos evidencia de que los chavos estén con vida como no tenemos evidencia, con las pruebas disponibles, de cuál es el destino de los chavos, estamos basando todo en las pruebas disponibles”, dijo el médico español.
Advirtió que los expertos no pretenden “especular, no es una buena manera de trabajar en casos desaparición forzada, cuando tengamos información la daremos al punto en que tengamos certeza”.
Los expertos resaltaron la probabilidad de que se realice una necropsia a los restos de Julio César Mondragón, joven que fue desollado, ante datos que no habían sido considerados en el primer análisis.
Asimismo lamentaron la destrucción de material de video de los hechos que fueron entregados al poder judicial y que fue destruido.
Los expertos informaron que a cinco meses de su trabajo 48% de las solicitudes de información a la PGR han sido atendidas; en 12% no han podido acceder por considerarse información inexistente; 13% se ha entregado de forma parcial y 27% está pendiente de ser abastecida.
