Comentan el reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
José Antonio Román, Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de agosto de 2015, p. 4
Miércoles 19 de agosto de 2015, p. 4
Diversas organizaciones de derechos humanos criticaron las ‘‘terribles fallas, fisuras y omisiones’’ que presenta la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las cuales quedaron evidenciadas en el reciente informe del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que cuestiona severamente la llamada ‘‘verdad histórica’’ presentada por el gobierno federal.
Aunque las organizaciones señalaron que estas revelaciones del GIEI eran ‘‘previsibles dado el desaseo y el proceso caótico’’ en que desde el inicio se vienen realizando las investigaciones, no deja de ser frustrante.
En entrevistas por separado, Perseo Quiroz, secretario ejecutivo de Amnistía Internacional México; Santiago Aguirre, del Centro Pro de Derechos Humanos; Juan Carlos Gutiérrez, de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas); José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y Silvano Cantú, consultor y uno de los negociadores por las organizaciones civiles de la Ley General de Víctimas, expresaron su apoyo a la solicitud de ampliar el mandato del grupo de expertos y coincidieron en que fue un ‘‘acierto’’ haber pedido su llegada a México para asesorar y supervisar técnicamente las indagatorias del caso.
Incluso, Santiago Aguirre expresó la conveniencia de que el modelo de este grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sea reproducido en otros casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el país.
Además, señaló que la negativa para entrevistar a militares ‘‘no tiene asidero legal’’, debido a que en casos de otros testigos y personas que intervinieron en los hechos no se esgrimió ese argumento para imposibilitar las entrevistas directas con el GIEI.
Con esta decisión, ‘‘el gobierno federal va a mantener a perpetuidad la sospecha sobre lo que hizo o no hizo el Ejército antes, durante y después de los hechos, al no permitir que los expertos entrevisten a los militares’’.
Dijo que la pérdida o destrucción de los videos y la ropa de los estudiantes, que no fue mostrada en estos 11 meses a los familiares de los normalistas, demuestran que la investigación tiene desde el principio enormes carencias y omisiones, que desde luego impiden o debieron haber impedido, en su momento, que la PGR hablara sobre una ‘‘verdad histórica’’.
Perseo Quiroz, de AI México, recordó que diversas organizaciones venían denunciando desde el principio que las investigaciones del caso se llevaban de manera ‘‘caótica’’ y que no era un proceso plenamente exhaustivo, dado que se basaban esencialmente en declaraciones de los detenidos. ‘‘El informe del grupo de expertos viene a corroborar esta tesis’’, dijo.
Juan Carlos Gutiérrez, de Idheas, destacó que el informe ‘‘desmorona la versión oficial, la echa por tierra, porque habla de graves alteraciones procesales no sólo en el caso Ayotzinapa, sino en gran cantidad de desaparecidos en el país’’. Y agregó: ‘‘Lo que los expertos han denunciado pone en cuestionamiento la verdad oficial y desafortunadamente, como en muchos otros casos, si no se atienden esas recomendaciones nuevamente vamos a estar como en el pasado, es decir, no saber quién fue y no conocer la verdad de lo que sucedió’’.
José Antonio Guevara, de CMDPDH, calificó de ‘‘aberrante que se haya perdido un video de una de las investigaciones más importantes y trascendentes que tiene en este momento el país’’, y dijo que es inaudíto que no hayan mandado a estudio la ropa que encontraron de los jóvenes normalistas. ‘‘Esto es un escándalo’’.
En tanto, el consultor Silvano Cantú destacó que a pesar de los obstáculos puesto a los expertos, el grupo ha avanzado y es ‘‘gravísimo’’ el reporte que presentan. ‘‘No solo atenta contra el derecho procesal de las víctimas, sino contra el derecho de toda la sociedad de conocer la verdad de lo que ocurrió, de los hechos’’.
