Por: Eduardo Ibarra Aguirre
A 67 años y seis meses de prisión fueron sentenciados Ignacio del Valle Medina, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, al encontrarlos responsables --el juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández-- del ilícito de secuestro equiparado, delito que les imputó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
El titular del Ministerio Público mexiquense, Abel Villicaña Estrada, anunció enseguida de que se conoció la resolución que ésta “será minuciosamente revisada”, ya que la dependencia que encabeza solicitó la pena máxima: ¡120 años de cárcel!
Aparte está el humor negro de sentenciarlos justamente al año de la brutalidad de los cuerpos policíacos que cobraron dos vidas jóvenes, violaron a decenas de mujeres, encarcelaron a muchos inocentes, torturaron sin límites y, como trofeo de guerra, robaron cuanto domicilio particular quedaba a la mano.
Contrasta sobremanera la vocación del abogado para destruir a los tres dirigentes con su entrega para laborar a marchas forzadas y atropellando lo que sea preciso para exonerar a su exjefe Arturo Montiel Rojas. A esto debe añadirse que América del Valle Ramírez, Adán Espinosa y Bernardino Cruz, están acusados en la misma causa penal y, por ello mismo, prófugos desde hace un año.
Si de contrastes hablamos, no es omitible que mientras se daba a conocer la sentencia, el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo fue recibido por Trinidad Ramírez, en nombre de Ignacio del Valle y el FPDT, por la destacada lucha que libraron a favor de los derechos de su comunidad.
Algunos de los beligerantes métodos utilizados por los pobladores de Atenco para enarbolar demandas legítimas, no justifican en lo más mínimo las draconianas sentencias emitidas y menos aún las solicitadas por Enrique Peña Nieto, el gobernador que desde temprano dispone ilimitadamente de los recursos públicos para proyectar su figura para las presidenciales de 2012.
Los priístas Villicaña Estrada y Peña Nieto hacen una deplorable –para muchos-- pero también invaluable –para otros más-- aportación a la política del gobierno del cambio de Vicente Fox Quesada, enriquecida en los últimos cinco meses y una semana por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para criminalizar el reclamo popular y sobre todo a los actores sociales, como bien denominan las organizaciones civiles de derechos humanos a la recurrente práctica de convertir la prisión política en uno de los métodos consentidos para gobernar.
Este método de gobernar que se estimaba característico del priato, de los tiempos de la guerra sucia, mantiene tras la rejas a 30 activistas sociales de Atenco, mientras los agentes policiacos señalados documentadamente como presuntos delincuentes sólo fueron objeto de procedimientos administrativos.
En Oaxaca suman 38 los activistas que están tras las rejas. En total son 400 prisioneros de conciencia los que dejó como herencia El presidente Fox, como él mismo insiste en hacerse llamar, pese al rechazo a su protagonismo político, de acuerdo a Carta Paramétrica, de 50 por ciento de la ciudadanía. Y Calderón no sólo no lo contradice, sino que le dio el gusto en León, Guanajuato, sumándose involuntariamente a los que impugnan su condición de titular del Ejecutivo.
Esta ilegal obsequiosidad del michoacano para el guanajuatense adoptivo, se muta en intolerancia primitiva hacia 19 jóvenes emeritenses presos por impugnar la visita de George W. Bush, los muchachos potosinos encarcelados por protestar contra la instalación de la Minera San Javier y una lista que suma 100 presos de conciencia como aportación del gobierno del empleo y de leyes hasta hacer de la prisión política una institución sólida del panismo y el yunquismo hechos gobierno.
Sólo que faltarán muchísimas prisiones para desarticular el vasto reclamo social que cruza toda la geografía nacional y que en estos días da muestras de vigor, madurez y legitimidad.
