EMIR OLIVARES ALONSO
Diversas organizaciones exigen justicia por la represión en Atenco Foto: Alfredo Domínguez
A más de un año del "ilegal" encarcelamiento de decenas de personas en los penales de Santiaguito y Molino de las Flores tras los hechos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, la "irregularidades" en el proceso penal en su contra demuestran que "no hay elementos para que los detenidos continúen presos", aseguró el Colectivo de Abogados Zapatistas, defensores legales de la mayoría de los acusados por esos hechos.
"Un año ha servido para demostrar que fue realizado un acto contrario a todas las garantías constitucionales antes, durante y después de las múltiples detenciones arbitrarias, al igual que los actos de tortura perpetrados antes, durante y después del auto de formal prisión", subrayó el equipo de abogados encabezado por Pedro Suárez Treviño y Juan de Dios Hernández Monge.
Destacaron que una de las principales irregularidades es que el Ministerio Público (MP) no firmó la comparecencia y puesta a disposición de los acusados por parte del policía Juan Jesús Estrada Estrada, por lo que "en estricto derecho dicha prueba carece de valor probatorio". Pese a esto, argumentaron que el juez segundo de lo penal en Toluca, Jaime Maldonado -quien hasta hace unas semanas conoció del caso-, siempre consideró esa declaración como una prueba contundente para mantener presos a más de 30 personas.
Una más de las inconsistencias que han detectado los juristas es que los policías que dicen haber sido secuestrados señalan que en su presunta retención no participaron mujeres, a pesar de que varias de las personas a las que se investiga por la comisión de ese delito son del sexo femenino.
"Las declaraciones de los policías acusadores son cada vez más contradictorias; los acusadores de los compañeros investigados por secuestro equiparado, del día 4 de mayo, afirman que quienes los plagiaron son hombres, que ninguna mujer participó en esos hechos; entonces, Mariana Selvas y Georgina Edith Rosales -dos de las detenidas por ese ilícito-, así como las demás compañeras presas, no son responsables del delito de secuestro", subrayaron.
Recordaron que recientemente un tribunal colegiado declaró incompetente al juez Maldonado para conocer del caso debido a que no acreditó su competencia para que fuese llevado en un distrito judicial distinto al de Texcoco, que es donde sucedieron los presuntos delitos. Con relación a esto, expusieron, "existe tesis jurisprudencial en el sentido de que lo actuado por una autoridad incompetente es nulo de pleno derecho, por lo que los compañeros y compañeras presos políticos deben ser puestos en libertad".
Añadieron que la justicia del estado de México ha manejado "políticamente" dicho proceso, al grado de que a un año del mismo, "tiempo límite para que a cualquier ciudadano se le dicte sentencia", aún no se han presentado las pruebas de descargo por parte de la defensa de los acusados.
Puntualizaron que debido a que el Tribunal Superior de Justicia de la entidad no ha revocado la apelación que el MP interpuso por el presunto delito de delincuencia organizada contra los más de 200 detenidos por esos hechos, se corre el riesgo de que sean afectados inclusive quienes gozan de libertad bajo fianza y los que fueron absueltos.
