Los líderes presos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, estado de México, todavía tienen recursos legales para reducir la pena impuesta de más de 67 años de prisión por el delito de secuestro.
El especialista en Derecho Penal, Israel Alvarado, manifestó que también cabe la posibilidad de que los legisladores que se opongan a esta sentencia dictada a Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, propongan adecuaciones a la ley para reducir las penas; sin embargo, advirtió que esto sería un "desacierto político desastroso".
En entrevista señaló que como la pena fue emitida por un juez de Primera Instancia, queda la posibilidad de que su defensa interponga un recurso de apelación ante una sala penal del Tribunal Superior del estado.
De agotarse este recurso, dijo, en el cual el tribunal de alzada podría confirmar la sentencia o incluso elevarla, queda la opción de presentar un juicio de amparo directo contra la resolución, ante un Tribunal Federal, y en este caso, la pena podría reducirse y no aumentarse.
La víspera legisladores federales y estatales del PRD se pronunciaron por un punto de acuerdo, tanto en el Congreso de la Unión como en el local, a fin de emitir un exhorto para que el juez penal reduzca la pena a los integrantes del FPDT o en su caso, promover que se les aplique la figura jurídica de la amnistía.
Sobre este punto, Israel Alvarado, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) señaló a Notimex que los legisladores interesados en que se reduzcan las penas a quienes encabezaron movilizaciones contra la construcción del aeropuerto alterno, pueden aplicar el principio de retroactividad en beneficio.Mencionó que "si la pregunta en concreto es, si es viable o jurídicamente posible (reducir la pena a los líderes de Atenco), es completamente posible", y subrayó que el procedimiento sería legislar para crear una sanción nueva, menor para el delito que se imputa.
Sin embargo, explicó que el principio de retroactividad en beneficio se tendría que aplicar a todos los acusados por el mismo delito, aún cuando ya estén en ejecución de sentencia o a cualquier persona en proceso penal por un delito similar.Apuntó que en el aspecto jurídico, este principio "es completamente viable", pero "políticamente sería un desacierto", pues la ley, resaltó, no es para un grupo o personas en particular, sería desastroso porque el propio legislador consideró que el delito es suficientemente grave para aplicar esa pena".
Los legisladores "no pueden salir ahora con que debe ser grave (la pena) para todos, pero para ellos no tanto, entonces hay que bajarla", y advirtió que a quienes cometieran el mismo delito en el futuro, se les aplicaría la sanción reducida, lo que sería "algo sumamente irregular", opinó.
Puntualizó que este procedimiento legislativo "en términos prácticos, en un día lo hacen, como en el caso del desafuero (de Andrés Manuel López Obrador)" y podrían modificar la ley antes de que resolviera un tribunal de alzada sobre la sentencia a los líderes de Atenco.
