- Al rendir protesta no contrajo ningún compromiso claro con los derechos humanos, dice
- Preocupante, el nombramiento del secretario de Gobernación; persisten tortura e impunidad, señala
VICTOR BALLINAS
En su informe anual 2007, Amnistía Internacional (AI) resalta que Felipe Calderón fue elegido presidente en un controvertido proceso electoral, y la imparcialidad de las elecciones y el estrecho margen de la victoria del Partido Acción Nacional (PAN) fueron cuestionados por el candidato que obtuvo el segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, postulado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.
El organismo internacional subraya que, al rendir protesta, Calderón no contrajo ningún compromiso claro de fortalecer la protección de los derechos humanos y, por el contrario, ''fue motivo de preocupación el nombramiento que hizo como secretario de Gobernación de Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, que cuando tuvo ese cargo no impidió ni castigó las violaciones graves a easas garantías cometidas en aquella entidad''. Los altermundistas torturados, detenidos ilegalmente e incomunicados, son un ejemplo de lo anterior.
AI destaca en su informe 2007 que, en el caso de México, Vicente Fox Quesada concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin a las violaciones de derechos humanos y a combatir la impunidad, que siguieron siendo generalizadas.
Amnistía Internacional denuncia en dicho informe mundial que en México ''continuaron tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en los estados; asimismo, fracasaron las acciones para esclarecer las violaciones del pasado y procesar a los responsables''.
Por lo que hace a la violencia contra las mujeres, AI subraya que ''siguió siendo endémica en muchas entidades'' y cita el caso de Ciudad Juárez; además, varios periodistas fueron asesinados y defensores de derechos humanos y oponentes políticos siguieron corriendo peligro, sufrieron hostigamiento y fueron procesados con procedimientos infundados.
La organización internacional sostiene que los elevados índices de delincuencia y la inseguridad pública continuaron ocupando un lugar destacado en las preocupaciones de la opinión pública, y hace notar que ''los altos índices de esa delincuencia, en muchos casos relacionada con el narcotráfico, menoscabaron la seguridad pública en muchas zonas del país, en tanto que operaciones policiales masivas contra manifestantes se saldaron con violaciones graves de derechos humanos''.
Subraya que durante 2006 recibió informes de ''violaciones graves en el estado de Oaxaca, en el contexto de una dilatada crisis política". Hace notar que en junio de ese año, la policía local usó fuerza excesiva en contra de los maestros en huelga que habían ocupado y paralizado el centro de la ciudad capital de ese estado. ''Se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para apoyar a los docentes y exigir la renuncia del mandatario estatal, y ocuparon edificios oficiales, emisoras de radio y de televisión. Informes dan cuenta que policías vestidos de civil dispararon contra partidarios de la APPO, causando la muerte de al menos dos personas. Durante la crisis hubo torturas, detenciones arbitrarias e incomunicación a maestros y partidarios de esa organización civil. En octubre, policías atacaron varias barricadas, con saldo de tres civiles muertos y muchos heridos; 4 mil 500 integrantes de la Policía Federal Preventiva entraron a la ciudad. En noviembre se detuvo a 140 personas; muchas no habían participado en los hechos que se les imputaban''.
Amnistía da cuenta del reiterado ''uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos''; por ejemplo, refiere el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán, donde en abril de 2006 policías federales y estatales desalojaron a mineros en huelga que bloqueaban el acceso a la planta. ''Tras el desalojo se produjeron enfrentamientos violentos en los que murieron, a consecuencia de disparos efectuados por la policía, José Luis Castillo Zúñiga y Héctor Alvarez Gómez; 54 personas más resultaron con lesiones, entre ellos agentes policiales''.
El informe enfatiza en que a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el caso Sicartsa, porque consideró que las policías federal y estatal actuaron ilegalmente y solicitó una investigación ''criminal'', las autoridades se negaron a llevarla a cabo.
También da cuenta del operativo policiaco en San Salvador Atenco, el 3 de mayo de 2006. Dice que, según los informes, varios agentes estaban retenidos, por lo que ''la policía utilizó gas lacrimógeno, toletes y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión''.
En estos hechos, acusa AI, 47 mujeres fueron detenidas y trasladadas a la cárcel. ''Al menos 26 de ellas denunciaron ante la CNDH que fueron objeto de agresión sexual o violación por parte de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores''.
El organismo internacional señala que durante 2006 en México persistieron detenciones arbitrarias, malos tratos, tortura y la vulneración del derecho al debido proceso de presuntos delincuentes. ''Los tribunales continuaron pasando por alto los informes de tales abusos. En muchos casos se negó el acceso a asistencia letrada (abogados) en las fases iniciales de la detención, y con frecuencia los licenciados designados por el Estado no garantizaron el derecho a una defensa efectiva".
El informe será presentado este miércoles y recalca que ''a los detenidos más pobres y desfavorecidos, como los indígenas, se les negó a menudo la aplicación de normas mínimas de imparcialidad''.
