Es venganza del régimen; no se comprobó el secuestro: la defensa; anuncia que apelaráA un año de su detención, Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo fueron informados del fallo
ISRAEL DAVILA , RENE RAMON CORRESPONSALES
El delegado Zero y los comandantes Hortensia y Amoos, a su llegada al penal de Santiaguito, donde encabezaron una manifestación para exigir la libertad de los "presos políticos" de Atenco Foto: Víctor Camacho
Almoloya de Juárez, Mex., 5 de mayo. Ignacio del Valle Medina, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, fueron sentenciados hoy a 67 años y seis meses de prisión cada uno, al encontrarlos responsables de secuestro equiparado, delito que les imputó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) por la retención de funcionarios entre febrero y abril del año pasado.
Minutos después de conocer el fallo del juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández, el procurador Abel Villicaña expresó que la resolución será minuciosamente revisada, ya que la dependencia exige la pena máxima de 120 años de prisión para cada uno. En cambio, Bárbara Zamora, quien encabeza la defensa de los presos, consideró que el fallo "es una infamia", ya que ni los funcionarios presuntamente retenidos reconocieron a los líderes de Atenco como los responsables de la privación de su libertad.
Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle y quien asumió la batuta del movimiento campesino una vez que sus líderes fueron encarcelados, se encontraba en Cuernavaca, Morelos, donde recibió, a nombre de su cónyuge, un premio de derechos humanos. Otros militantes del FPDT se enteraron del dictamen cuando participaban en una caravana que encabezaron el subcomandante Marcos e integrantes de la otra campaña en el penal de Santiaguito.
Justo un año después de su detención y reclusión en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, ubicado en esta localidad, los tres integrantes del FPDT fueron notificados la madrugada de hoy de la primera sentencia que se dicta en su contra, toda vez que aún tienen pendiente otro proceso por secuestro y ataques a las vías de comunicación.
El juez Blas Hernández consideró que "existen elementos suficientes que comprueban la responsabilidad" de Del Valle Medina, Alvarez Hernández y Galindo Gochicua en la retención de funcionarios mexiquenses.
José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, señaló que en el fallo se establece que ninguno de los reos es de alta peligrosidad, por lo que se les condenó casi con la pena mínima por el delito de secuestro, es decir, 30 años de prisión.
Pero al estar acusados de dos secuestros, la pena que se dictó por cada una de las retenciones fue de 33 años con ocho meses, y al ser acumulables, el juez estableció que la condena que deberán purgar los líderes de Atenco es de 67 años y medio de cárcel.
Tras la determinación, tomada esta madrugada, un secretario del juzgado fue enviado al penal del Altiplano para que los procesados conocieran los términos de la condena, la cual incluye una multa de 2 mil 476 días de salario mínimo a cada uno como reparación del daño.
La PGJEM les imputó la retención ilegal de Rosendo Rebolledo Montiel, ex director de Gobierno de la zona oriente del estado, perpetrada el 8 de febrero de 2006, así como de otros cuatro funcionarios de la Secretaría de Educación, el 6 de abril de ese año, cuando los atenquenses se quejaron por la inasistencia del secretario del ramo, Isidro Muñoz, con quien tenían programada una reunión para determinar los programas a aplicar en la comunidad.
Aun sin ser notificada oficialmente de la condena, Bárbara Zamora consideró "claro que es una sentencia por consigna, que se trata de una venganza del régimen para mantenerlos encarcelados con delitos fabricados".
La defensora señaló que pese a no tener confianza en las autoridades estatales, a más tardar el martes próximo apelará la sentencia contra sus defendidos para que sea una sala del Tribunal Superior de Justicia la que modifique la condena.
Insistió en que no existían elementos jurídicos para dictar una sentencia tan "excesiva. Las acusaciones se sustentan en dichos de un solo testigo. Ni siquiera las víctimas los reconocen como responsables".
En tanto, el procurador mexiquense indicó que en el pliego de conclusiones, el Ministerio Público solicitó que se aplique la condena máxima, es decir 60 años por cada secuestro, lo que implicaría una pena de 120 años para cada uno de los acusados.
De defensores de derechos humanos a secuestradores
"Qué contradicción, ahorita dieron un premio a Ignacio del Valle y al FPDT como defensores de los derechos humanos, y por otra parte nos acusan de secuestradores y delincuentes", dijo Ana, integrante del FPDT entrevistada en Atenco.
Se refería al Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, galardón que se entrega desde hace 15 años en Cuernavaca, Morelos, adonde acudió Trinidad Ramírez a recibirlo en nombre de su esposo, Ignacio del Valle.
Damián, a nombre del FPDT, consideró que "además de ser condenable, la sentencia es sumamente excesiva e irracional. Esto demuestra que el gobierno del estado tiene mucho interés en mandar señales políticas de agudizar todavía más el conflicto; quiere dar un castigo ejemplar".
