La procuraduría mexiquense ha procedido con saña, acusa la CCIODH
EMIR OLIVARES ALONSO
La sentencia a 67 años y medio de prisión contra los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) justo cuando se cumplía el aniversario "de la brutal represión" que vivieron los pobladores de San Salvador Atenco, es "una clara advertencia desde el poder del Estado al movimiento social para que ceje en su empeño de pedir la libertad de sus presos políticos y de mantener su lucha legítima para decidir sobre sus territorios", señaló la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).
La organización -que hace casi un año elaboró una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron las fuerzas públicas durante la toma de Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006 como "torturas, detenciones ilegales, violaciones sexuales, homicidios" y otros- aseveró que las condenas dictadas el pasado viernes por la noche contra Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, por su "presunta" participación en el secuestro de funcionarios estatales en febrero y abril, "son arbitrarias y desproporcionadas".
Por ello, exhortó a las autoridades competentes a que dicha resolución "no sea la señal para el inicio de una nueva ola de represión contra el pueblo de San Salvador Atenco".
La comisión, conformada por activistas de países principalmente europeos, consideró que los sentenciados "no han gozado del derecho de la presunción de inocencia", establecido en acuerdos internacionales, y agregó que, aunque el juez penal de Toluca -quien dictó la sentencia- asegura que existen suficientes elementos que comprueban la culpabilidad de los líderes del FPDT, "la defensa legal ha demostrado de forma efectiva que los acusados no estaban en el lugar de los hechos en el momento en que éstos supuestamente se produjeron".
La ONG añadió que otro de los elementos que el juzgador no consideró para dictar sentencia es que la parte acusadora "no ha sido capaz de aportar testimonios, ni siquiera de las presuntas víctimas del secuestro, que probaran la comisión del delito".
Respecto de la imputación de la Procuraduría General de Justicia del estado de México para que se aplique la sentencia máxima (que para ambos "secuestros" sería de 120 años de prisión) a los inculpados, la CCIODH subrayó: "La saña con que está actuando la procuraduría de justicia estatal (al hacer dicha solicitud), contrasta con su absoluta falta de voluntad para investigar los graves delitos cometidos por las fuerzas policiales estatales y federales durante los días 3 y 4 de mayo; pues los culpables materiales e intelectuales de entre otros delitos perfectamente documentados, como homicidio, tortura y violaciones sexuales tumultuarias, permanecen hasta el momento en libertad y gozan de total impunidad".
Finalmente, la organización subrayó que la resolución del juez contra los líderes del FPDT "es especialmente grave", porque ocurre en el contexto de las recientes declaraciones de un legislador priísta de reactivar el aeropuerto alterno al de la ciudad de México en la región de Texcoco y Atenco.
Por ello, subrayó, los pobladores de esos municipios enarbolan "una reivindicación absolutamente legítima: no ser expulsados y decidir sobre el territorio y los recursos naturales en los que han vivido por generaciones".
