“Los delitos que pudieron haber cometido no ameritan una sentencia tan alta. En el Estado de México han sido aprehendidos secuestradores y no han recibido sentencias tan fuertes como la anunciada”, afirma.
México, DF.– La sentencia de 67 años de prisión a los principales líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es excesiva, consideró la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Omeheira López Reyna.
“Los delitos que pudieron haber cometido no ameritan una sentencia tan alta. En el Estado de México han sido aprehendidos secuestradores y no han recibido sentencias tan fuertes como la anunciada”, apuntó.
La legisladora consideró que se debe revisar dicha sentencia y argumentó que existen irregularidades que están demostradas en las actuaciones de la autoridad estatal en el momento de las detenciones de los presuntos responsables de la violencia desatada en San Salvador Atenco.
Destacó que la Comisión de Derechos Humanos solicitó el pasado mes de abril una audiencia especial a la Comisión Especial de Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con objeto de que atendieran directamente a los familiares de los presos que fueron afectados y en la cual acordaron mantener contacto a través de reuniones posteriores.
“Esta reunión fue con la intención de que la Comisión Especial de Magistrados tuviera la versión directa de las familias víctimas y pudiera emitir una resolución neutral del caso, nosotros como Comisión fuimos el intermediario”, recalcó.
La legisladora dejó entrever la posibilidad de conformar un grupo de trabajo para hacer una visita al Procurador y al Gobernador del Estado de México a fin de conocer la situación actual de las familias de las víctimas San Salvador Atenco.
López Reyna recordó que existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que aún no ha sido aceptada por las autoridades a las que se emitió; afirmó que la Comisión estará pendiente de que la justicia se aplique de manera equitativa y que se resuelva de manera oportuna.
Cabe señalar que los acusados también enfrentan otro proceso jurídico por ataques a las vías de comunicación por los hechos de mayo de 2006.
