Israel Dávila Toluca, Méx., 8 de mayo. La posibilidad de que sea absuelto Doroteo Blas Marcelo, el único policía estatal procesado por los ataques sexuales contra las mujeres detenidas en los operativos de Atenco del 3 y 4 de mayo de 2006, son amplias, ya que a nueve meses de que comenzó el juicio en el que se le acusa de actos libidinosos no se ha localizado a las mujeres que lo identificaron y acusaron.
José Castillo Ambriz, presidente del Poder Judicial del estado de México, señaló que si la víctima y la testigo que identificaron a Blas Marcelo como responsable de ataques sexuales no se presentan a ratificar su acusación, el proceso se cerrará y se dictará sentencia con los elementos que tiene el juez primero penal de Tenango, Tomás Santana Malvaez.
Blas Marcelo es el único policía procesado por los ataques sexuales de que fueron objeto 26 de las 47 detenidas en los operativos de Atenco, ya que las demás agraviadas no han podido identificar a sus agresores, por lo que no se ha fincado responsabilidad a más uniformados, indicó el procurador mexiquense, Abel Villicaña.
El proceso penal contra Blas Marcelo fue radicado en la causa 79/06 del juzgado primero de Tenango, después de que el juez libró una orden de aprehensión en su contra el pasado 14 de agosto.
Seis días después, el policía se presentó al juzgado con un amparo que impidió su detención. El 28 de agosto el juez consideró que existían elementos para enjuiciarlo y dictó auto de formal prisión, pero al tener protección de la justicia federal, Blas Marcelo enfrenta el proceso en libertad.
De acuerdo con José Castillo Ambriz, en nueve meses la parte acusadora, Ana María Velazco Rodríguez, y la testigo María Luisa González Gutiérrez, no han sido localizadas para que ratifiquen sus dichos.
"El juez está haciendo uso de las medidas de apremio para hacer comparecer a las personas relacionadas con los hechos, con la finalidad de que amplíen su declaración y haya careos, en caso de que esto resulte, pero hasta la fecha ha sido imposible su localización", explicó.
Castillo Ambriz indicó que si el uniformado demanda que se le procese y sentencie en un año, como señala la Constitución, el juez deberá cerrar la instrucción del juicio y emitir sentencia con los elementos que tenga a su alcance.
