- Falta voluntad a la administración calderonista
- Fox también incumplió y dejó importantes pendientes
La actuación del nuevo gobierno -el de Felipe Calderón- en la defensa y promoción de los derechos humanos, hasta ahora ''ha sido decepcionante. Hasta hoy no ha mostrado voluntad para elaborar programas que atiendan las graves violaciones'' en esta materia, afirmó ayer la presidenta de Amnistía Internacional, sección México, Liliana Velázquez, al presentar el Informe 2007 de esa organización, en su capítulo dedicado a nuestro país.La defensora acusó que la impunidad es el fenómeno más arraigado ''en todos los casos de abuso de derechos humanos en México, y es también el reto más importante de este gobierno, que debe tomar medidas para contrarrestar esa situación y tiene la responsabilidad ante la sociedad y la comunidad internacional de garantizar que no haya impunidad''.
Catálogo de impunidad
Velázquez dio cuenta de las graves violaciones registradas durante 2006: asesinatos de ciudadanos a manos de policías en San Salvador Atenco, estado de México; Oaxaca, y Lázaro Cárdenas, Michoacán; violaciones y agresiones sexuales contra mujeres cometidas por elementos policiacos, detenciones arbitrarias, tortura, uso ilegítimo de la fuerza, violencia y feminicidios, entre muchas otras.
La presidenta de AI resaltó que ''un gobierno que no rechace la tortura debilita su autoridad moral y su capacidad de cuestionar abusos''. Llamó además al presidente Felipe Calderón a asumir su papel de liderazgo dentro del país para mejorar la situación. ''Lo más importante es demostrar con hechos que no tolerará otro Atenco o Oaxaca''.
Anunció que la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, viajará a México en agosto para recordar al Ejecutivo federal su compromiso con los derechos humanos.
Velázquez insistió en que el uso de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado en el país abre la posibilidad para que se cometan graves violaciones a los derechos humanos por su falta de capacitación para realizar tareas policiales, como los hechos que ya denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Michoacán, donde se dio cuenta de violaciones sexuales de mujeres por parte de militares, cateos ilegales y detenciones arbitrarias.
''Evidentemente que sí hay una preocupación real de AI en cuanto a la intervención de militares en las labores de seguridad, porque el sistema de justicia militar puede ser la fórmula para generar impunidad''.
Al dar cuenta de la situación de los derechos humanos en el país durante 2006, Velázquez refirió que Amnistía produjo 473 informes y otras publicaciones; de ellos, cuatro fueron para México; el más reciente fue en febrero de este año, denominado Leyes sin justicia.
Durante el año pasado, abundó Velázquez, se realizaron 330 acciones urgentes en favor de personas en situación de riesgo, y al menos 13 fueron para México; se analizaron 153 países, hubo 120 visitas a 77 naciones y territorios y tres de esos recorridos fueron en nuestro país; se documentó la reclusión de presos de conciencia en 57 países y uno de ellos es México. ''Este panorama -que se refleja en el informe 2007 de AI- lejos de ser alentador es una clara muestra de las preocupaciones de la organización en relación con los derechos humanos''.
El presidente Vicente Fox concluyó su mandato y ''no cumplió con las expectativas que generó en materia de derechos humanos, y aunque hubo logros, éstos se consumaron básicamente en el plano internacional. El anterior gobierno dejó importantes pendientes que el actual debe abordar de manera seria y comprometida'', apuntó.
Hizo énfasis en que Amnistía Internacional observó en 2006 las siguientes preocupaciones: uso excesivo de la fuerza en materia de seguridad pública; operativos policiacos masivos contra manifestantes, que dejaron un saldo de graves abusos contra los derechos humanos.
Dio cuenta del desalojo de trabajadores, que el gobierno llevó a cabo en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, en Michoacán, donde hubo dos muertos a consecuencia de disparos de policías, y 54 personas resultaron heridas.
También hizo notar el enfrentamiento entre policías del estado de México con ciudadanos en Texcoco y San Salvador Atenco. Hubo ahí un uso excesivo de la fuerza, tortura y homicidios, así como detenciones arbitrarias, violaciones y agresiones sexuales, violación al derecho a un juicio justo. A un año de esos hechos no hay avances ni sanciones para los responsables. ''Sólo se han fincado cargos menores a los responsables''. Al referirse al caso Oaxaca, donde hubo asesinatos, detenciones arbitrarias, maltrato, tortura, fabricación de cargos, juicios injustos e impunidad, Velázquez subrayó que ''con esas acciones los gobiernos del estado de México y de Oaxaca han generado una espiral de abusos en la que ya ningún derecho es intocable y donde nadie está a salvo''.
Destacó que para defender los derechos humanos se requieren instituciones fuertes y activas; es imprescindible una reforma al sistema de justicia en el país que tome como base fundamental estas garantías. Señaló que con el cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, y sus pobres resultados, lo que se manifiesta es impunidad. ''El silencio de la Femospp parece ilustrativo de la importancia que debe dar el gobierno en cumplir con sus compromisos internacionales de no permitir la impunidad''.
Amnistía sostuvo que ''la situación de recurrir a las fuerzas armadas para realizar tareas policiales y la retención del fuero militar para obstaculizar cualquier investigación de denuncia de los derechos humanos son aspectos negativos''.
Abundó: ''Un gobierno que no rechace la tortura debilita su autoridad moral y su capacidad de cuestionar dichos abusos. Un sistema de estado de derecho que funcione adecuadamente en todo el país es la principal salvaguarda para los derechos humanos, pero para que sea realmente justo dicho sistema debe incluir a las mujeres y a los pobres''.
Finalmente, Amnistía Internacional reconoce como aspectos negativos de este gobierno las propuestas de reforma al sistema de justicia, donde crea un clima de excepción que podría dañar los derechos humanos, así como la falta de acción para asegurar que no haya impunidad en los casos graves de violaciones a derechos.
