( Nota del Viernes 4 de mayo de 2007 )
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
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Miguel Ángel Granados Chapa
El miércoles 3 de mayo del año pasado, un incidente de policía municipal en Texcoco derivó en un violento enfrentamiento entre agentes estatales de seguridad y miembros del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra —la organización que años atrás impidió la construcción del aeropuerto en esa región mexiquense—, y condujo al día siguiente a una brutal represión en que participó, además de la agencia de seguridad estatal, la Policía Federal Preventiva.Durante el combate del primer día, fue muerto a balazos Javier Cortés, un jovencito que ajeno a la contienda pasaba por allí. Un mes más tarde falleció Alex Benhumea, un estudiante universitario al que una bomba de gas lacrimógeno le causó un mortal traumatismo craneano.
En uno y otro día fueron detenidas más de 200 personas, todas remitidas al penal de Santiaguito, cerca de Toluca, y varias de ellas expulsadas del país, por su condición de extranjeras. Al menos 26 mujeres vivieron un infierno en ese traslado a bordo de vehículos oficiales, pues agentes policíacos cometieron contra ellas diversas formas de abuso sexual, violación con más frecuencia. Ninguno de los agresores ha pisado la cárcel y los más de ellos ni siquiera están sometidos a proceso.En cambio, se enjuicia penalmente a 189 personas, de las que casi de inmediato 144 salieron en libertad bajo fianza, situación en que se hallan 17 detenidos más.Actualmente hay 28 personas presas, tres en la prisión de alta seguridad del Altiplano, 14 en Santiaguito y 11 en el penal de Molino de Flores, próximo a Texcoco, 10 de los cuales acaban de ser trasladados allí. Entre ellos se encuentran el doctor Guillermo Selvas y su hija Mariana.
Del primero ha escrito su colega, médico también, Herman Bellinghausen: “Ganaste la condición de preso político en el cumplimiento de un deber que tú mismo, libremente, te impusiste.
Afuera, en las calles de Atenco, los policías rompían puertas y cráneos, vejaban, se disponían a torturar y violar. Y tú tenías al joven Alexis Benhumea con una herida en la cabeza. Entendiste lo mal que estaba. Las horas pasaban en aquel pobre refugio. Sabiendo cuánto arriesgabas, saliste a buscar medicamentos, instrumental y ayuda para hacer algo por el herido. Te volvió a ganar lo 'idealista'. Repetiste el absurdo de cumplir tu deber hipocrático y humano. Te detuvieron, golpearon y calumniaron miserablemente”, lo mismo le pasó a su hija, sólo porque lo acompañaba.
Muchos otros fueron detenidos en semejantes circunstancias. Ignacio del Valle, líder de los atequenses, fue copado durante horas el jueves 4 en un domicilio de Texcoco y luego detenido.
No participó más que en el choque matutino, el menos fragoroso de todos los episodios. Y sin embargo, tenido como reo de alta peligrosidad espera (lo mismo que sus compañeros Felipe Álvarez y Héctor Galindo), en la cárcel federal donde están recluidos narcotraficantes y secuestradores, la sentencia por estas acusaciones: secuestro equiparado, porque el 6 de febrero y el 8 de abril retuvieron a funcionarios del gobierno local, conducta nada admirable ciertamente, pero por entero diferente de la que practica su vecino Daniel Arizmendi, el “Mochaorejas”.
Y también se les acusa de secuestro y ataques a las vías generales de comunicación, a cuyos hechos son notoriamente ajenos porque estaban primero resguardados del ataque de la policía, pero a la vista de la misma, y luego detenidos, sin haber tenido que ver con el estrangulamiento de la carretera México-Lechería y las batallas en torno, en una de cuyas escaramuzas un agente de la autoridad fue bestialmente golpeado por activistas.
La suerte ha sido benigna y aun generosa, en cambio, con quienes reprimieron a los capturados hace un año. Después de un primer momento en que el gobernador Enrique Peña Nieto se ufanó de imponer el orden, según dijo, con saldo blanco, tuvo que encarar la evidencia de lo ocurrido y poner a disposición de la justicia y del órgano disciplinario interno a algunos de los señalados por su vesania. Pero no fueron todos ni han sido castigados, y algunos hasta conservan sus puestos de mando, el único que lo perdió, y por otras razones, fue el vicealmirante Wilfrido Robledo, que fundó y dirigía la Agencia de Seguridad estatal.
Por contraste, el secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, recibió un premio por la actuación del personal a sus órdenes, al que avaló.Es desde el 1 de diciembre procurador general de la República, lo que le asegura impunidad en caso de que le resultara alguna responsabilidad en aquellos acontecimientos, pues tendría que perseguirse a sí mismo.
En noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendaciones al gobierno estatal y a la SSP, que fueron desatendidas por Medina Mora, no obstante la contundencia con que se documentó el comportamiento atroz, rayando en la animalidad de las policías estatal y federal, sobre todo en las horas del alba del jueves 4, cuando entraron con ilegalidad y violencia en la cabecera municipal y tundieron a ciudadanos con furia criminal.
En febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una investigación sobre violación de las garantías individuales, con base en el artículo 97 constitucional, que utilizará la información recabada por la CNDH y tratará de contestar: “¿Por qué se dieron esas violaciones? ¿Alguien las ordenó? ¿Obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?”.— México, D.F.
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