Por: Julio Pomar (especial para ARGENPRESS.info)
La infame sentencia impuesta a tres de los dirigentes del movimiento de San Salvador Atenco, Estado de México, además de su evidente injusticia contra luchadores sociales que, discutibles o no en sus métodos de acción, tiene todo el tufo de una venganza política. Pero ni siquiera la venganza del actual jefe de la administración pública federal, Felipe Calderón Hinojosa, contra los atenquenses, sino del ex presidente Vicente Fox Quesada, quien por venganza los reprimió salvajemente y por venganza los encarceló mientras le duró el mando.
La venganza es porque los de Atenco se opusieron -y triunfaron- a la construcción de la que se había cantado como la “obra del sexenio” foxista, el aeropuerto de Texcoco, que más bien llevaba todos los visos de un mega negocio a costillas de los campesinos propietarios de las tierras en que se iba a asentar el aeropuerto. O sea, políticamente no surge de la nada esta decisión del juez primero de lo penal de Toluca, EdoMex, José Blas Hernández, sino de esa específica reyerta vengativa de Fox, que ahora parece seguir la actual administración. El lucrativo negocio estaba en que querían comprarle a los campesinos sus tierras a siete pesos el metro cuadrado y ya lo estaban vendiendo a equivalencias de más de 20 mil pesos a las empresas que participarían en las concesiones de espacios del nuevo aeropuerto u otros servicios auxiliares. De ahí que Fox, ardido por ese fracaso, decidiera aplastar a los de Atenco.
¿Pero qué papel le corresponde en este intríngulis social a Calderón? Podría haber sacado el problema social y político de Atenco de sus tonos rijosos para negociar una verdadera solución duradera a futuro con los aguerridos atenquenses. La sentencia dictada por el juez deja fuera de posibilidad cualquier futuro arreglo político negociado, al imponerle a cada uno de los tres dirigentes nada menos que 67 años y seis meses de prisión, lo cual equivale a una cadena perpetua. El delito incoado fue secuestro equiparado, imputado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por la retención de funcionarios entre febrero y abril del año pasado. En cambio, a los agentes del supuesto orden que reprimieron brutalmente en mayo pasado a los atencanos, nadie los ha tocado ni con el pétalo de una rosa, no sea que el estado de derecho versión foxiana se vaya a ver conturbado y transgredido.
Ignacio del Valle Medina, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicúa son los nombres de los sentenciados, cuya personalidad no es la de santos palomos pues un liderazgo surgido de protesta popular contra un intento de despojo vil de sus tierras no produce almas seráficas ni querubines, sino gente que decidió enfrentarse a la injusticia, con los recursos a la mano, frente al inmenso aparato del poder que los quiso avasallar y al final de cuentas los reprimió y ahora los condena a cadenas perpetuas.
Es una nueva represión. El actual grupo gobernante debe pensar dos y tres y más veces si ese es el camino que elige para tratar los asuntos sociales o políticos. Si es así, tarde que temprano irá por nuevas respuestas. La sangre que se derrama deja huellas imposibles de borrar. La represión legal que ratifica esa sangre derramada echa más gasolina al fuego. Si el efecto buscado es “ejemplificar” para otros, quiere decir que este gobierno tiene cancelados los caminos de la ley y la negociación política y social. ¿Qué otra represión vengativa vendrá ahora?
