Advertencia a movimientos sociales
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 7 mayo 07 (CIMAC).- La condena a 67 años de prisión a tres de los principales líderes del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, es un mensaje claro de Felipe Calderón para generar un clima de terror y frenar a los movimientos sociales, por lo que hoy Arturo Macías Medina, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) hizo un llamado a las y los legisladores locales y federales a reformar urgentemente el sistema de justicia penal.
En entrevista, Macías Medina subrayó que es “muy preocupante” que se utilice al aparato judicial para criminalizar estos movimientos sociales y a sus líderes porque si bien, puntualizó, puede cuestionarse la actuación del FPDT, la lucha por la defensa de su tierra y sus demandas son legítimas.
Más preocupante es todavía, señaló el activista, el retroceso en la vigencia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país, ya que el Estado no está abriendo ningún puente de diálogo y sólo busca la criminalización.
Tras señalar que durante el sexenio foxista “se armó toda una falacia y un humo en torno a los derechos humanos”, la política del panista Felipe Calderón no es más que la continuidad de esta farsa montada desde la administración pasada.
Por ello, el director de uno de los organismos de defensa de los derechos humanos más importantes del país, hizo un llamado a legisladores locales y federales a realizar una urgente reforma al sistema de justicia penal, que garantice una imparcialidad a los inculpados y no dependa de los vaivenes políticos”.
Arturo Macías aseveró que la política de Calderón, tan anunciada desde su campaña presidencial de “la mano dura”, desde la perspectiva de los derechos humanos “habla de una política autoritaria que está poniendo en riesgo la estabilidad social del país”.
“Esta política nos está llevando a un estado policiaco en donde la única instancia válida son las fuerzas armadas y militares”.
Y no descartó que a corto o mediano plazo el país enfrente un estallido social “porque no sólo es Atenco, ahí está Oaxaca, La Parota o el Cajón, que son focos de atención y preocupación que el Estado no está tomando en cuenta”, advirtió Medina Macías.
CALDERÓN YA DIO LÍNEA
Para Arturo Macías, la línea ya está dada desde los Pinos y es la militarización. El caso más emblemáticos y reciente es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que si bien, argumenta Macias Medina, “con sus asegunes” fue creada para vigilar el pleno cumplimiento y respeto a los derechos humanos, ahora impera la fuerza de la militarización y no la de éstos (los derechos humanos).
Y advierte: “si se continúa con esta línea de poco diálogo, que además se está dando únicamente entre las cúpulas del poder (empresarios, partidos políticos y Calderón Hinojosa) y se deja de lado a la sociedad civil, “se corre el riesgo de un estallido social y de que se perpetúe la impunidad”.
En tanto, para el abogado del Colectivo de abogados de La Otra Campaña, Juan de Dios Monge, la sentencia de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, es “aberrante” y tiene un tinte político más que jurídico.
Para Juan de Dios Monge, esta sentencia constituye una “venganza política” del Estado Mexicano contra el FPDT que, en su momento, impidieron concretar lo que calificó el negocio foxista: la construcción del aeropuerto en Texcoco.
La abogada Bárbara Zamora ha señalado lo anterior: “desde 2001 el gobierno del Estado de México ha tenido diversos desencuentros con los pobladores de esta localidad porque éstos se han organizado para defender sus derechos, sus tierras, echando abajo la construcción del aeropuerto en Texcoco o defendiendo sus predios y tierras de la expropiación que el gobierno ha querido hacer y que los mismos pobladores han impedido”.
A estos tres líderes del movimiento de Atenco, encarcelados desde abril de 2006 en el penal del Altiplano, se les acusa de haber participado en el secuestro de funcionarios del Estado de México, luego de una manifestación contra el desalojo de vendedores ambulantes y de floristas en marzo del mismo año.
Fueron notificados de la sentencia por el juez primero penal de Toluca, Alfredo Blas Hernández, el pasado fin de semana. En tanto, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), que realizó un informe sobre los hechos que fue presentado ante el Parlamento Europeo y otras instancias internacionales, señala que la Procuraduría Estatal de Justicia está actuando con saña en estos casos.
Lo anterior, señala el organismo internacional en un comunicado, porque los sentenciados no han gozado de la presunción de inocencia y porque existen elementos suficientes que han demostrado que éstos no se encontraban en el lugar de la detención.
Al igual que Juan de Dios Monge, la CCIODH señala que ninguno de los tres líderes del movimiento de Atenco ha sido reconocido por las “supuestas víctimas de secuestro”.
Por lo que advierte que ello “contrasta con su absoluta falta de voluntad (de la Procuraduría estatal) para investigar los graves delitos cometidos por las fuerzas policiales estatales y federales durante los días 3 y 4 de mayo de 2006: los culpables materiales e intelectuales de delitos perfectamente documentados, entre otros homicidio, tortura y violaciones sexuales tumultuarias, permanecen hasta el momento en libertad y gozan de una total impunidad”.
Y concluye que dictar la sentencia a un año de lo sucedido en Atenco y Texcoco “sólo puede interpretarse como una clara advertencia desde el poder del Estado al movimiento social del valle de México para que ceje en su empeño de pedir la libertad de sus presos políticos y mantener su lucha legítima por decidir sobre sus territorios ante la nueva amenaza de relanzar el proyecto del aeropuerto en Texcoco”.
07/LGL/GG/CV
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 7 mayo 07 (CIMAC).- La condena a 67 años de prisión a tres de los principales líderes del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, es un mensaje claro de Felipe Calderón para generar un clima de terror y frenar a los movimientos sociales, por lo que hoy Arturo Macías Medina, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) hizo un llamado a las y los legisladores locales y federales a reformar urgentemente el sistema de justicia penal.
En entrevista, Macías Medina subrayó que es “muy preocupante” que se utilice al aparato judicial para criminalizar estos movimientos sociales y a sus líderes porque si bien, puntualizó, puede cuestionarse la actuación del FPDT, la lucha por la defensa de su tierra y sus demandas son legítimas.
Más preocupante es todavía, señaló el activista, el retroceso en la vigencia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país, ya que el Estado no está abriendo ningún puente de diálogo y sólo busca la criminalización.
Tras señalar que durante el sexenio foxista “se armó toda una falacia y un humo en torno a los derechos humanos”, la política del panista Felipe Calderón no es más que la continuidad de esta farsa montada desde la administración pasada.
Por ello, el director de uno de los organismos de defensa de los derechos humanos más importantes del país, hizo un llamado a legisladores locales y federales a realizar una urgente reforma al sistema de justicia penal, que garantice una imparcialidad a los inculpados y no dependa de los vaivenes políticos”.
Arturo Macías aseveró que la política de Calderón, tan anunciada desde su campaña presidencial de “la mano dura”, desde la perspectiva de los derechos humanos “habla de una política autoritaria que está poniendo en riesgo la estabilidad social del país”.
“Esta política nos está llevando a un estado policiaco en donde la única instancia válida son las fuerzas armadas y militares”.
Y no descartó que a corto o mediano plazo el país enfrente un estallido social “porque no sólo es Atenco, ahí está Oaxaca, La Parota o el Cajón, que son focos de atención y preocupación que el Estado no está tomando en cuenta”, advirtió Medina Macías.
CALDERÓN YA DIO LÍNEA
Para Arturo Macías, la línea ya está dada desde los Pinos y es la militarización. El caso más emblemáticos y reciente es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que si bien, argumenta Macias Medina, “con sus asegunes” fue creada para vigilar el pleno cumplimiento y respeto a los derechos humanos, ahora impera la fuerza de la militarización y no la de éstos (los derechos humanos).
Y advierte: “si se continúa con esta línea de poco diálogo, que además se está dando únicamente entre las cúpulas del poder (empresarios, partidos políticos y Calderón Hinojosa) y se deja de lado a la sociedad civil, “se corre el riesgo de un estallido social y de que se perpetúe la impunidad”.
En tanto, para el abogado del Colectivo de abogados de La Otra Campaña, Juan de Dios Monge, la sentencia de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, es “aberrante” y tiene un tinte político más que jurídico.
Para Juan de Dios Monge, esta sentencia constituye una “venganza política” del Estado Mexicano contra el FPDT que, en su momento, impidieron concretar lo que calificó el negocio foxista: la construcción del aeropuerto en Texcoco.
La abogada Bárbara Zamora ha señalado lo anterior: “desde 2001 el gobierno del Estado de México ha tenido diversos desencuentros con los pobladores de esta localidad porque éstos se han organizado para defender sus derechos, sus tierras, echando abajo la construcción del aeropuerto en Texcoco o defendiendo sus predios y tierras de la expropiación que el gobierno ha querido hacer y que los mismos pobladores han impedido”.
A estos tres líderes del movimiento de Atenco, encarcelados desde abril de 2006 en el penal del Altiplano, se les acusa de haber participado en el secuestro de funcionarios del Estado de México, luego de una manifestación contra el desalojo de vendedores ambulantes y de floristas en marzo del mismo año.
Fueron notificados de la sentencia por el juez primero penal de Toluca, Alfredo Blas Hernández, el pasado fin de semana. En tanto, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), que realizó un informe sobre los hechos que fue presentado ante el Parlamento Europeo y otras instancias internacionales, señala que la Procuraduría Estatal de Justicia está actuando con saña en estos casos.
Lo anterior, señala el organismo internacional en un comunicado, porque los sentenciados no han gozado de la presunción de inocencia y porque existen elementos suficientes que han demostrado que éstos no se encontraban en el lugar de la detención.
Al igual que Juan de Dios Monge, la CCIODH señala que ninguno de los tres líderes del movimiento de Atenco ha sido reconocido por las “supuestas víctimas de secuestro”.
Por lo que advierte que ello “contrasta con su absoluta falta de voluntad (de la Procuraduría estatal) para investigar los graves delitos cometidos por las fuerzas policiales estatales y federales durante los días 3 y 4 de mayo de 2006: los culpables materiales e intelectuales de delitos perfectamente documentados, entre otros homicidio, tortura y violaciones sexuales tumultuarias, permanecen hasta el momento en libertad y gozan de una total impunidad”.
Y concluye que dictar la sentencia a un año de lo sucedido en Atenco y Texcoco “sólo puede interpretarse como una clara advertencia desde el poder del Estado al movimiento social del valle de México para que ceje en su empeño de pedir la libertad de sus presos políticos y mantener su lucha legítima por decidir sobre sus territorios ante la nueva amenaza de relanzar el proyecto del aeropuerto en Texcoco”.
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