EDITORIAL DE EL UNIVERSAL
Nos envuelve un nebuloso reino de la impunidad que no nos abandona. Hechos y dichos, incluso de nivel criminal, levantan escándalo en la sociedad y, al final, se disuelven sin ninguna consecuencia para nadie. En esa tierra inasible en que se ha vuelto México, nadie es ni se hace responsable de lo que dijo o hizo. Los hechos de San Salvador Atenco, que hoy cumplen un año, son un caso ejemplificativo de ello.
Hace justamente 12 meses, cuando en ese municipio del estado de México la fuerza pública desalojó de las calles a vendedores ambulantes de flores fue repelida con violencia. Al día siguiente las fuerzas del orden cobraron revancha, lo que propicipó un cruento enfrentamiento.
El episodio dejó indeleblemente impresas varias imágines, algunas de ellas brutales: como la del agente federal pateado inmisericordemente por los manifestantes, y las corretizas y toletazos de parte de policías federales a habitantes caídos. Las posteriores acusaciones de agresiones sexuales a detenidas fueron indignantes.
Sin embargo, una justicia morosa apenas se dispone a dejar bien claro si hubo o no graves violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales. Al momento están encarcelados 28 civiles y 95 policías, que se encuentran en un limbo judicial, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva la cuestión de fondo.
Nuestra justicia es lenta. Los procesos, o las simples controversias, siempre quedan irresolutas, siempre expuestas a posibles acuerdos secretos.
Un caso más de dichos y hechos sin castigo para los responsables: esta semana se supo que Jorge Emilio González, presidente del Partido Verde Ecologista de México, en una operación consentida desde Los Pinos y operada por Santiago León, fue exhibido hace tres años en un video donde presumiblemente pedía 2 millones de dólares para ayudar a un empresario a usufructuar una reserva natural. Hay acusaciones, pruebas, pero no proceso ni castigo para los responsables.
Atenco está en la misma línea. Nadie puede darse por satisfecho con la morosidad de la justicia. Los meses pasan y el que era secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, es ahora procurador general, y otros funcionarios también fueron reubicados con el cambio de gobierno. Tal vez eso no importe formalmente, pero si la justicia es lenta con los civiles, con los poderosos e influyentes suele ser realmente considerada.
Atenco espera un definitivo deslinde de responsabilidades, mediante un proceso con todas las de la ley, ya que no es posible apelar a la falta de memoria histórica de los mexicanos, para dejar que la gente permanezca sin sentencia en la cárcel o los responsable de los excesos policiacos en la calle.
Es hora que no sabemos si los detenidos son realmente los culpables de los hechos; ni si está entre ellos quien pateó con saña al policía caído. Tampoco si los policías procesados por esos hechos cumplían órdenes o se excedieron por cuenta propia. Necesitamos que la justicia sea pronta y expedita, no que contribuya a la especulación y falta de confianza ciudadana hacia sus instituciones.
