A su vez, Amnistía Internacional sostuvo ayer, en un comunicado, que la impunidad en Atenco "sigue rampante", y expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos
Carlos Avilés
Carlos Avilés
Los magistrados encargados del caso Atenco decidieron dejar para el final de su averiguación las entrevistas a los altos funcionarios, como el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a quienes mantienen bajo investigación por las violaciones graves a las garantías individuales que se registraron en dicha localidad hace justo un año.
A su vez, Amnistía Internacional sostuvo ayer, en un comunicado, que la impunidad en Atenco "sigue rampante", y expresó su preocupación por la falta de avances en la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Conforme a los lineamientos que fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la indagatoria a dos meses de su creación, la Comisión Investigadora se ha concentrado en responder las siguientes preguntas: "¿Por qué se dieron esas violaciones? ¿Alguien las ordenó? ¿Obedeció a una estrategia estatal o a que se rebasó la situación y a la deficiente capacitación de los policías?".
Para responder esas preguntas los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, y varios colaboradores, han recopilado más de 115 mil fojas.
Tal como indicó la Corte al ejercer su facultad investigadora en el expediente 3/2006, la comisión inició sus indagatorias a partir de la existencia acreditada "de violaciones graves a las garantías individuales y derechos humanos fundamentales por parte de las autoridades policiacas que intervinieron en los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México".
La comisión trazó sus líneas de investigación y fijó las etapas que seguiría para responder las preguntas planteadas por la Corte, a partir de la documentación recabada y que en ese momento sólo tenía 6 mil.
En especial, "del análisis, clasificación y sistematización de la información contenida en el expediente formado sobre los hechos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, integrado por 8 tomos, 14 anexos y 207 expedientillos", donde se da cuenta de que en el caso de San Salvador Atenco se registraron violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad sexual, a la propiedad privada y al debido proceso.
A partir de esta información, los magistrados Pardo y González se dieron a la tarea de solicitar información adicional sobre el tema a diferentes autoridades federales, estatales y municipales, además de los expedientes sobre el caso que han integrado los tres órdenes de gobierno.
Recopilan expedientes
Como parte de este trabajo lograron conseguir que se les entregara copia certificada de nueve causas penales, dos averiguaciones previas en curso, un expediente del Instituto Nacional de Migración, dos expedientes del Consejo de Menores del estado de México; un juicio de amparo y 41 expedientes de la Contraloría Interna de la Secretaría General del gobierno mexiquense.
Al mismo tiempo, los integrantes de la Comisión Investigadora también han recopilado información y han tenido entrevistas con representantes de organismos no gubernamentales, con los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y con algunas de las personas que fueron privadas de su libertad por estos hechos, lo mismo vecinos de la localidad que ex policías.
La comisión investigadora, por instrucciones de la Corte, también realiza un estudio para establecer criterios sobre los límites que se deben tener al hacer uso de la fuerza pública, a fin de evitar que hechos como los de Atenco se vuelvan a repetir, y se analizan "las diversas formas de indemnización para los casos de violación a los derechos fundamentales".
De este modo, la investigación se ubica en este momento, de acuerdo con información dada por los magistrados, en "lectura, análisis y sistematización de toda la información que se ha estimado pertinente recopilar, a fin de tener un panorama amplio de los hechos a investigar".
Por lo que, aseguran, una vez que se concluya el estudio de todo el material, se pasará a una nueva etapa en la que está previsto citar a todos los altos funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal que se vieron involucrados en el caso, incluido, el actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien al momento de los hechos era secretario de Seguridad Pública Federal.
La Comisión busca determinar si algunos de los funcionarios involucrados incurrieron en "posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas".
