"En el país no se aplican los tratados internacionales"
VICTOR BALLINAS
VICTOR BALLINAS
El consultor e investigador en derechos humanos Ricardo Sepúlveda, director de la Unidad de Enlace de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el gobierno foxista, asegura que "el caso Atenco no está concluido y mucho menos cerrado. Hubo graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas y aplicarse la justicia; aún falta la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
En entrevista, Sepúlveda dice: "es muy importante que en el caso Atenco se tome todo el tiempo que se necesita para que haya realmente una aclaración satisfactoria de los hechos; habiendo yo conocido de cerca el caso -por su cargo en Gobernación-, digo que se debe aplicar la justicia y se necesita una reforma para que en México no vuelvan a repetirse estos actos".
Atenco, subraya el investigador, "debe ser una lección de hasta dónde tenemos que avanzar y de lo que se tiene que hacer en México, porque este hecho mostró las debilidades del sistema de seguridad, que son profundas".
El ex funcionario foxista destaca que "en un estado de derecho donde exista una cultura de respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades, el uso de la fuerza no tiene por qué implicar el avasallamiento de los derechos de otras personas; eso fue lo que ocurrió en Atenco, pero no sólo ocurrió ahí: tenemos los casos de los altermundistas en Guadalajara, los maestros y la APPO en Oaxaca, y los mineros en Lázaro Cárdenas".
Sepúlveda acusa: "México tiene tradición de no aplicar internamente los tratados internacionales de derechos humanos. Tenemos que partir de esa mala costumbre y tradición, porque no vamos a lograr el cambio si no reformamos el principio constitucional de aplicación de los tratados internacionales; ese es un gran pendiente en nuestra agenda de derechos humanos".
Reconoce que sí han ocurrido avances en materia de derechos humanos en el país, pero todavía "son muy menores, muy parciales; hay un desconocimiento en la materia a todos los niveles, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Partimos de una falta de mecanismos para aplicar los tratados, y no hay que darle más la vuelta: de lo que se trata es de modificar el principio constitucional para darles a los tratados internacionales de derechos humanos la misma jerarquía de las garantías internacionales".
