rosalía vergara
México, D. F., 2 de mayo (apro).- La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), reprochó al presidente Felipe Calderón por no haber atendido las 13 recomendaciones que le planteó el 4 de junio del año pasado por la incursión policial en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo del 2006.
A un año de los hechos que dejaron como saldo dos muertes que no han sido esclarecidas y, hasta la fecha, 29 personas detenidas en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, esta organización recriminó la falta de interés de las autoridades por castigar a los responsables.
La Comisión documentó los abusos sexuales contra mujeres, violación a los derechos humanos de pobladores y gente que participó en el movimiento, así como la muerte del menor Francisco Javier Cortés Santiago y del universitario Ollín Alexis Benhumea --quien falleció porque se le incrustó un cartucho de gas lacrimógeno en el cráneo--, sin que ningún policía haya sido consignado.
Dichas recomendaciones fueron el resultado de la IV visita de la Comisión Civil Internacional a San Salvador Atenco, pero a la fecha “las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la intervención policial en el pueblo documentadas en nuestro informe, continúan prácticamente impunes: apenas unos pocos policías han sido sancionados y solamente en vía administrativa con algunos días de suspensión”, lamenta la Comisión en un comunicado.
Sobre la violación de mujeres, destacó que a pesar de que existen por lo menos 14 denuncias sólo un policía ha sido procesado por el delito “de actos libidinosos” y está pendiente su sentencia.
“Mientras tanto, continúan ingresadas en diferentes prisiones 29 personas, tres de ellas en un penal de máxima seguridad y 165 personas que fueron detenidas y acusadas, están en libertad bajo fianza pero enfrentadas a juicios por delitos de ataques a las vías de comunicación en su tipología agravada”. No se han investigado las irregularidades cometidas por las autoridades en la expulsión de cinco extranjeros detenidos en Atenco.
“Tampoco se han atendido las recomendaciones de diferentes organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, ni nacionales como las de la CNDH y está pendiente de hacerse pública la investigación abierta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre estos hechos”, señala.
El informe al que se refiere el CCIODH fue presentado en su momento ante el Parlamento Europeo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para que lanzaran recomendaciones al gobierno mexicano y se actuara en consecuencia.
“Resulta altamente preocupante esta dejadez de responsabilidades públicas, pues este tipo de omisiones están detrás de la impunidad de los funcionarios públicos en sus actuaciones y, con ello, constituyen la semilla de nuevas vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades. Desgraciadamente, el conflicto de Oaxaca es prueba de ello, como ha podido comprobar la CCIODH en su recientemente”, advierte la Comisión.
Las conclusiones...
La Comisión consideró probado que en el operativo policial del 3 y 4 de mayo del año pasado se produjo un uso excesivo de la fuerza pública en Atenco. Los policías no se rigieron dentro del marco del Estado de derecho, se vulneraron los derechos humanos con las detenciones ilegales, allanamientos de morada injustificados, muerte de dos personas, actos de tortura, agresiones físicas, verbales y morales, violaciones sexuales, entre otros:
“La Comisión considera que la mayor parte de las mujeres agredidas y detenidas en Atenco fueron objeto de gravísimas agresiones sexuales de diversa índole, que consideremos pueden ser tipificadas como tortura sexual.“
La atención que recibieron las mujeres a su llegada al centro penitenciario de Santiguito fue prácticamente inexistente hasta el día de hoy. Este hecho resulta particularmente grave al tratarse de personas víctimas de agresiones sexuales y malos tratos reiterados”. Por eso, recomendó apoyo médico, terapéutico y social para todas las mujeres que han sufrido agresiones; medidas urgentes de protección para las agredidas sexualmente y, especialmente, aquellas que han presentado denuncia o van a hacerlo.
”La Comisión señala que entre las medidas que debió tomar el gobierno para responsabilizar a los culpables de los abusos, fue cesar al director general de la Agencia Estatal de Seguridad, Wilfrido Robledo Madrid, y al comandante David Pintado Espinos, máximo responsable policial del operativo de la policía estatal; cesar al responsable del operativo de la Policía Federal Preventiva, Alejandro Eduardo Martínez Aduna, y al jefe del Estado Mayor, el general de Brigada Ardelio Vargas Fosado, entre otros.
