lourdes godínez lealMéxico, D.F., 2 de mayo (apro-cimac).- Irregularidades, manipulación de casos, fabricación de pruebas, letargo en la justicia e impunidad, han sido las características en los procesos penales de las 200 personas, entre ellas 49 mujeres, que fueron detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Algunas de estas personas siguen un proceso penal en libertad, en tanto que otras 27 continúan presas.
Los operativos, ocurridos hace un año, dejaron como saldo la muerte de Edgar, un menor de edad, por causa de una lesión en la cabeza provocada por un petardo, y del joven universitario Ollín Alexis Behumea, así como la violación de 7 mujeres y el abuso sexual a otras 16, según documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Para Bárbara Zamora López, abogada y defensora de derechos humanos, el balance de este año se resume en "un castigo indebido" para las 27 personas que continúan en prisión acusadas de secuestro equiparado --delito grave por el que no obtienen su libertad--, y ataque a las vías de comunicación.
En entrevista, la defensora de los derechos humanos considera que el Estado cometió una grave violación a las garantías individuales de los pobladores de estas comunidades del Estado de México; y no descarta que todo sea una venganza política del gobierno de esta entidad, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, luego de sus fallidas intenciones por expropiar las tierras que estos pobladores han defendido, con motivo del proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto.
Zamora López señaló que "la administración política" del proceso penal que llevó a cabo el juez segundo de lo penal en Toluca, Jaime Maldonado Salaza, y quien dejó el caso hace un par de días por petición del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Toluca, fue para complacer o quedar bien con Peña Nieto.
A decir de Bárbara Zamora, el juez Maldonado Salazar hizo una "manipulación burda" del proceso a las más de 200 personas que estuvieron detenidas en Santiaguito y La Palma, porque en primer lugar, señala, no era su jurisdicción y pese a ello continuó siendo juez y parte.
La abogada, encargada de la defensa jurídica de la indígena mazahua Magdalena García Durán, quien se encontraba presa en Santiaguito, informó que fue trasladada hace un par de días al penal de Molino de Flores, en Texcoco, en donde llevará un nuevo proceso, luego de que Maldonado Salazar fuera removido.
Bárbara Zamora presentó 3 amparos para García Durán, mismos que fueron ganados, pero Maldonado Salazar dictó 3 autos de formal prisión y negó los amparos concedidos."
Lo que pasa con Magdalena es inverosímil", subrayó Zamora López, ya que ella está acusada también de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación.
Magdalena fue acusada de 3 cargos distintos por Maldonado Salazar: el primero por secuestro de policías, luego se le acusó de que ella vigilaba la casa donde estaban los policías "secuestrados" y, finalmente, de que sabía que iban a secuestrar a los policías, pese a ello y a la incompetencia del juez Maldonado, enfatiza Bárbara Zamora, Magdalena continúa presa.
Finalmente, la abogada Zamora López descartó que las personas que continúan presas obtengan su libertad próximamente, como ocurrió con María Luisa y Norma, quienes fueron liberadas la semana pasada, porque no estaban acusadas de secuestro equiparado.
Aún falta por concluir el descargo de pruebas y que los policías terminen de comparecer, pero la impunidad de la que gozan éstos y sus altos mandos difícilmente podrá terminar, afirmó Zamora.
Un año sin cumplir
Después de los hechos ocurridos en Atenco y Texcoco, varias voces se pronunciaron por el castigo a los responsables, intelectuales y materiales de los operativos; y por la libertad de los presos.
Durante un año el caso Atenco recorrió el mundo a través de informes de organismos civiles nacionales e internacionales, y se hicieron varias recomendaciones y movilizaciones, sin que a la fecha haya procesados por los sucesos.
En noviembre de 2006, el Comité Contra la Tortura (CAT) reunido en Ginebra, Suiza, reconoció que durante los operativos de Texcoco y Atenco sí existió la tortura, por lo que consideró que el Estado mexicano era responsable de dicha conducta y señalaba que era su "obligación" reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias.
Así mismo, se presentaron dos informes: de la CNDH y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), que dio a conocer un informe de los hechos en junio de 2006 y que señala como contundente la presencia de tortura durante los operativos, entre otros señalamientos y recomendaciones.
En tanto, las peticiones de organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Amnistía Internacional (AI), la ONU y organismos internacionales de derechos humanos han sido las mismas: castigo a los responsables y justicia para las mujeres.
Expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reunidas en agosto de 2006, exigieron al gobierno mexicano otorgar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra Mujeres (Fevim) la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco.
in embargo, a un año de todas estas recomendaciones y observaciones, el gobierno mexicano continúa sin esclarecer los hechos, sin castigar a los responsables, ni otorgar justicia a las víctimas, en contravención de los tratados y convenios internacionales que ha signado en la materia.
En tanto, organizaciones civiles anunciaron movilizaciones para exigir justicia para los detenidos y procesados, a un año de los hechos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez realizará una conferencia de prensa para dar a conocer los avances en las investigaciones por tortura (sexual) que realiza la Fevim.
Mientras, la Otra Campaña anunció una marcha mitin que partirá del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, a un año de los hechos en Atenco y Texcoco.
