Ahora hay que evidenciar “la cadena de mando que orquestó operativos en 2006”
Por Anayeli García Martínez
México, D.F., 21 jul 10 (CIMAC).- Aunque ya cesó la persecución contra algunos integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, (FPDT) que participaron en los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, 11 de las 26 mujeres violadas sexualmente durante esos “operativos” siguen esperando justicia.
La libertad de América del Valle, Ignacio del Valle, Adán Espinoza y otros 11 presos políticos, no fue una concesión de las autoridades, fue una conquista del movimiento social, sin embargo para que exista una verdadera justicia, los responsables deben ser sancionados. “La cadena de mando que orquestó los operativos debe ser evidenciada”.
Así lo consideró en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, una de las 47 mujeres detenidas hace más de cuatro años y una de las 26 que fueron violadas sexualmente. Cabe mencionar que de ellas, sólo 14 denunciaron ante la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim).
En el proceso, y ante la falta de resultados tres de ellas desistieron, es así que hoy son 11 mujeres quienes continúan en la búsqueda de justicia y castigo para los responsables, esta vez a través del sistema interamericano.
Para Bárbara Italia, una de sus principales demandas es evidenciar a los responsables intelectuales y materiales de la detención de 207 personas, la muerte de dos civiles, las lesiones de decenas de manifestantes y la tortura sexual ejercida contra mujeres.
Hasta hoy, el Estado mexicano no ha mostrado voluntad política para investigar estos hechos, dice Bárbara Italia, quién relató que desde 2006 su caso permanece en la impunidad, junto con el de Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas.
Recordó que en julio de 2009, la Fevim declinó su competencia en favor de la Procuraduría General de Justicia del estado de México. Desde entonces no se han realizado las diligencias necesarias para ubicar a los responsables, aunado a ello, las denunciantes “sabemos muy poco de lo que ocurre con la investigación”, denunció.
Consideró que a partir de ese momento, los retrocesos fueron importantes. En este panorama, el 29 de abril de 2008, las 11 mujeres -acompañadas por el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional- pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar su caso, a fin de encontrar justicia y reparación del daño.
De acuerdo con información difundida por el Centro Prodh, la CIDH comunicó el 10 de diciembre de 2009 que se le había dado al gobierno mexicano dos meses para que presentara un informe sobre las mujeres agredidas en Atenco; el 10 de febrero de este año, el plazo venció sin ninguna respuesta.
El 26 de febrero, en una nueva comunicación de la CIDH, se informó que el organismo internacional concedió otra prórroga solicitada por el Estado mexicano, para responder a las partes pertinentes de la petición. Hasta ahora no se sabe si México presentó su informe, dijo Bárbara Italia.
“Creímos que la CIDH apresuraría los pasos para admitir el caso, sin embargo, aún espera que el Estado mexicano responda”, consideró.
Finalmente declaró que aunque el júbilo por la libertad de sus compañeros es muy grande, precisó que “hay cosas pendientes que no podemos dejar al olvido”. Entre ellas -señaló- el uso faccioso de la ley para encarcelar por más de cuatro años a los integrantes del FPDT, por lo cual ahora sólo queda continuar en el largo camino de la transformación social.
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