Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, festejó ayer que finalmente la Procuraduría General de Justicia del estado de México y el Poder Judicial de esa entidad hayan cancelado las órdenes de aprehensión en contra de América y Josefina del Valle, hija y hermana de Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
“Qué bueno que el gobierno mexicano se pensó bien las repercusiones que habría tenido si la hija del líder de los campesinos de Atenco se hubiera tenido que ir exiliada a Venezuela.”
Agregó que se trató de un acto de justicia que se tardó cuatro años, en los que la joven América padeció “todas las penurias a que se ven sometidos los perseguidos políticos en este país”.
Igualmente, el senador Ricardo Monreal y el diputado Mario di Costanzo, del PT, consideraron que habría sido un duro golpe para el gobierno de Calderón que Venezuela concediera asilo político a América del Valle, ya que quedaría en entredicho la legalidad y el respeto a los derechos humanos en México.
De su lado, los abogados Manuel Fuentes Muñiz y Eduardo Miranda Esquivel, quienes han defendido a líderes de movimientos sociales, coincidieron ayer, en entrevista por separado, en que el desistimiento de la acción penal a favor de América y Josefina del Valle demuestra que el sistema de justicia del país, las procuradurías y los jueces locales son usados “de manera facciosa” por quienes ejercen el poder, con el objeto de criminalizar la protesta social.
En tanto, el penalista Hugo Rosas, quien defiende a la estudiante mexicana Lucía Morett –una de las tres sobrevivientes del bombardeo de Santa Rosa de Sucumbíos por la fuerza aérea de Colombia contra un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ubicado en Ecuador, ocurrido el 1º de marzo de 2008–, indicó que el caso de las acusaciones contra los pobladores de Atenco “desde un inicio fue un asunto político y no jurídico, que hoy ha quedado en evidencia”.
Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), destacó que la forma en que fueron detenidos, agredidos y, en algunos casos, hasta violados, los y las pobladores de Atenco, en mayo de 2006, demostró desde un principio que eran víctimas de un acto de represión del Estado mexicano.
“Se trata (el de Atenco) de un caso en el que se pusieron en evidencia las violaciones a los derechos humanos de estas personas y, obviamente, se trató de una venganza del Estado, donde, en lugar de que se respetaran las garantías de defensa de los imputados, fue todo lo contrario, se les aplicó todo el peso de la ley, de una ley torcida”, destacó el presidente de la ANAD.
Miranda Esquivel, quien encabeza la Unión de Juristas de México, sostuvo que “el caso de Atenco y otros como los del ISSSTE, de la cooperativa Pascual, del sindicato minero, de los electricistas, de los maestros y pobladores de Oaxaca, de la guardería ABC de Sonora y de la periodista Lydia Cacho, muestran cómo la impartición de justicia en nuestro país está pervertida y se ofrece o aplica en función de la oportunidad empresarial y los intereses políticos de los grupos en el poder. El de Atenco, desde un principio mostraba visos de ser de una total injusticia, de represión y criminalización de la protesta social”.
