El 1 de julio, al liberar a los 12 presos de Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo lo que hace mucho no practicaba: impartir justicia. Hay que felicitarse por ello. Pero este acto que satisface a la nación no está exento de pesar. Desde hace cuatro años, muchas mujeres y hombres que no necesitamos haber pasado por las facultades de Derecho para saber lo que significa la justicia pusimos en evidencia no sólo la inocencia de esas personas, cuyo único delito fue defender su tierra y sus modos de vida frente a los intereses del poder, sino que señalamos también la impunidad en la que vive ese mismo poder que las reprimió, encarceló y condenó, y que, durante su detención, violó mujeres.
Después de cuatro años de dolor, de sacrificios, de luchas para resarcir esa injusticia, los verdaderos culpables, que tienen nombre y apellido, no sólo permanecen impunes, sino que, protegidos por el poder, continúan en las corporaciones policiacas o se encumbran en las esferas políticas. El caso más claro es el de Enrique Peña Nieto. Ese gobernador, que fue fundamental para que dicha injusticia se mantuviera durante cuatro años, no sólo permanece en su puesto, sino que, arropado por un PRI tan corrupto como su historia, se encumbra como virtual candidato a la Presidencia de la República.
En este sentido, el resarcimiento de la justicia que acaba de hacer la Suprema Corte no sólo es parcial, sino insuficiente. No basta con haber liberado a unos seres humanos que simplemente nunca debieron haber estado en prisión. Hay, además, que resarcirles esos cuatro años de sufrimiento, castigar a los culpables que cometieron ese delito y cumplir con un sinnúmero de pendientes que antes y después de esa inmensa injusticia han acumulado el Estado, los gobiernos y los partidos.
Desde hace 15 años no he dejado de firmar mis artículos con parte de esos pendientes. A lo largo de esos años, otros tantos agravios que han permanecido impunes y otras tantas traiciones a la justicia se han agregado. Si no los he sumado a mis demandas es porque de hacerlo ocuparían tal espacio que llenarían mi columna. Pero los conocemos, los llevamos en nuestros corazones, los sentimos con una rabia contenida y no hemos dejado de denunciarlos cada vez que la ocasión lo pide. Las columnas de los periodistas y de los analistas honestos de este país están llenas de ellos.
En el caso de los presos de Atenco, nuestro deseo era que esa liberación hubiese llegado antes de que la descomposición del país alcanzara niveles inauditos. Pensamos, de todas formas, que hay que alegrarse porque esa justicia hace despuntar una hoja de verdor en medio del desierto de la injusticia y caer un relámpago en las tinieblas del país. Pero no queremos solamente alegrarnos. Queremos también admirar y creer. Para ello es necesario que la justicia se pruebe antes de que la presión de los que la tienen clara, porque la aman sobre cualquier interés, la mantengan viva a costos muy altos.
Cómo nos gustaría, en este sentido, que el PRI dejara de proteger a criminales como Ulises Ruiz, Mario Marín y Enrique Peña Nieto para que sean procesados como los criminales que son; cómo nos gustaría que el gobierno federal y sus aparatos judiciales dejaran de proteger a los responsables de la muerte de los niños de la guardería ABC y a los asesinos de Acteal, cuyos nombres todos conocemos; cómo nos gustaría ver a los partidos políticos dejar sus corruptelas y sus pactos innaturales para que tengamos elecciones verdaderamente libres; cómo nos gustaría ver el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés para que el EZLN y las organizaciones de derechos humanos no tengan que mantenerse en estado permanente de alerta; cómo nos gustaría ver que la protesta social ya no se criminaliza y que se deja de fabricar delincuentes para proteger a los verdaderos criminales o justificar la ineficiencia de nuestras instituciones. En síntesis, queremos ver que, en el corazón mismo de este México que vive una vergonzosa descomposición, los hombres y mujeres que están encargados de impartir la justicia en nuestra nación comiencen a impartirla con verdad y a corregir lo que toda la nación sabe que hay que corregir para honrar a la justicia.
Es duro saber que las más altas instancias que protegen la justicia de México han dejado este cuidado a ciudadanos que no tienen su autoridad, algunos de los cuales, incluso, como los propios presos de Atenco, han estado privados de la esperanza de la que cualquier justicia vive. Son ellos, que han dado lo mejor de sí mismos en la lucha común y que no perciben los jugosos salarios de nuestros jueces, quienes han tenido la razón y estaban en el bien.
La virtud de la justicia, hay que recordarlo, no es un discurso que se debate en el intrincado bosque de los tecnicismos jurídicos que sólo protegen intereses, sino un acto cuyo sentido, en relación con el bien, es inequívoco. Por ello, la justicia, que es una virtud, no está en el Estado ni en las leyes ni en los partidos ni en la nación, sino en las personas que los integran; una virtud que sólo existe, como en el caso de Atenco, en los justos que la defienden y la hacen valer. Es desde allí que debemos continuar enfrentando nuestros pendientes, que, día con día, son, para nuestra vergüenza, más.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de la APPO y llevar a Ulises Ruiz a juicio político.
Javier Sicilia.
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