La Redacción
MÉXICO, D.F., 13 de julio (apro).- En medio de las gestiones que emprendió para conseguir asilo político en Venezuela, América del Valle Ramírez, hija del dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle, recientemente excarcelado, quedó libre de cargos, luego de que el juez primero penal de Toluca, Hugo Martínez González, canceló la orden de aprehensión que pesaba en su contra por el presunto delito de secuestro equiparado.
La hermana del líder del FPDT, Josefina del Valle Medina, acusada también de secuestro equiparado, alcanzó el mismo beneficio, pues el Tribunal Superior de Justicia del estado de México confirmó la determinación del juez, por lo que a la fecha no existen más causas penales pendientes en su contra.
De acuerdo con el abogado del movimiento atenquense, Leonel Rivero, la resolución del juzgado primero de Toluca demuestra que la Procuraduría General de Justicia mexiquense no tenía argumentos sólidos para consignar a América y Josefina del Valle.
“Vemos que hay una rectificación a partir de un análisis que se hizo, una vez que la SCJN emitió su sentencia con relación a los amparos directos que promovimos para liberar a Ignacio del Valle y Felipe Álvarez por el delito de secuestro equiparado. Es el mismo delito y los mismos hechos por los cuales había ordenes de aprehensión contra América y Josefina”, dijo.
Luego de congratularse por la decisión, Rivero manifestó que la valoración que hicieron las autoridades mexiquenses “no sólo fue jurídica –porque con la sentencia de la Corte se demostraba que no se configuraba el delito de secuestro equiparado–, también se ve que hay valoración política; pensaron que era insostenible la acusación por todos los antecedentes jurídicos que existían”.
El pasado 30 de junio, la SCJN ordenó la liberación inmediata de los 12 integrantes del FPDT de San Salvador Atenco, Estado de México, incluidos sus tres principales dirigentes, quienes estaban condenados a penas de 30 a 112 años de prisión.
Ese día, la Primera Sala de la Corte ordenó la liberación al resolver los amparos interpuestos por la docena de encarcelados desde 2006 por los hechos ocurridos el 8 de febrero, el 6 de abril, y el 3 y 4 de mayo de ese año en Atenco.
La resolución no sólo corrigió la decisión de la justicia del Estado de México, sino las acusaciones hechas por el gobierno de la entidad, encabezada por el aspirante presidencial Enrique Peña Nieto.
Varios ministros señalaron que la imputación se apoyó más en el prejuicio y en la “criminalización de la protesta social”, violando las garantías individuales de los sentenciados.
Sin embargo, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez aún tienen causas pendientes en el Poder Judicial mexiquense por los delitos de robo agravado, lesiones, daño en los bienes públicos y despojo, pero la defensa ha promovido ya un juicio de amparo ante la justicia federal que está por resolverse.
