Homero Campa
La solicitud de asilo que la activista América del Valle presentó ante la embajada de Venezuela en México mete en aprietos a los gobiernos de Felipe Calderón y de Hugo Chávez. El primero se vería obligado a reconocer que existen perseguidos políticos en el país; el segundo corre el riesgo de ser “incongruente”, pues en 2008 negó el salvoconducto a un líder estudiantil opositor que obtuvo asilo del Vaticano.
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de los 12 integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) –que cumplían sentencias de entre 33 y 112 años de prisión por los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco en febrero y mayo de 2006–, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, viajó a Caracas para negociar con el gobierno de Hugo Chávez una salida diplomática al caso de la activista América del Valle Ramírez, quien el pasado 23 de junio solicitó asilo político en la embajada de Venezuela en México.
Espinosa tenía previsto reunirse el sábado 3 con el canciller venezolano Ricardo Maduro en el marco del Foro Unificado Grupo del Río-Cumbre América Latina y el Caribe (G. Río-CALC), en el cual participan los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Venezuela, México, Brasil y Jamaica.
Según fuentes diplomáticas consultadas por este semanario, la canciller mexicana acudirá a la cita con Maduro con “argumentos sólidos” para pedir que Venezuela niegue la solicitud de asilo presentada por América del Valle. Destacan dos de ellos: la ley venezolana niega este beneficio a personas inculpadas por delitos comunes y existe un antecedente en el que el gobierno de Chávez negó el salvoconducto a un líder estudiantil opositor que fue acogido como refugiado político por parte del Vaticano
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley orgánica sobre refugiados o refugiadas y asilados o asiladas de Venezuela, este país otorga asilo político a la persona que considere “perseguida por sus creencias, opiniones o afiliación política, por actos que puedan ser considerados como delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos”.
Tal artículo favorece la solicitud de América del Valle.
Sin embargo, el artículo 41 de la misma ley establece: “No podrá otorgarse asilo a ninguna persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes (…)”.
En el caso de la activista mexicana, la Procuraduría de Justicia del Estado de México la acusa de cometer el delito de “secuestro equiparado” y el Juzgado Primero Penal de Almoloya giró dos órdenes de aprehensión en su contra. El Código Penal del Estado de México tipifica dicho delito como del fuero común.
El caso Nixon
De acuerdo con las citadas fuentes diplomáticas, es el llamado caso Nixon Moreno lo que más dificulta al gobierno de Venezuela otorgar el asilo político a América del Valle, so riesgo de “caer en la incongruencia”.
Nixon Moreno era líder del Movimiento estudiantil 13 de Marzo en la Universidad de los Andes (Ula), institución en la que estudiaba la carrera de Ciencias Políticas. En mayo de 2006, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió suspender las elecciones estudiantiles. Moreno –quien era candidato a presidente de la Federación de Centros Universitarios–encabezó una serie de protestas callejeras en contra de dicha resolución.
El 2 de junio de ese año, el Tribunal Sexto de Control del estado venezolano de Mérida emitió una orden de captura en contra de Moreno por “intimidación pública, lesiones personales e intencionales, genéricas y leves, así como actos lascivos y violentos” en contra de la agente de policía Sofía Aguilar, así como por “homicidio intencional simple en grado de frustración” en contra de otro oficial de la fuerza pública. Los delitos –que Moreno califica de “falsos”– presuntamente ocurrieron durante las protestas callejeras.
A partir de esa orden de aprehensión, Moreno pasó “a la clandestinidad” y se convirtió en prófugo de la justicia venezolana. Nueve meses después –13 de marzo de 2007– se presentó en la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas y solicitó asilo. El 26 de agosto de 2008, el Vaticano le concedió “asilo humanitario”, pero el gobierno venezolano le negó el salvoconducto para salir del país. Argumentó que no podía otorgarlo a un delincuente acusado de delitos del fuero común. Las relaciones entre Caracas y la Santa Sede, de por sí frías, se tensaron.
Las posiciones sobre este caso se polarizaron: para los sectores de la oposición, Moreno era a todas luces un perseguido político por sus ideas y actividades pacíficas en contra del “chavismo”; para el gobierno y sus seguidores, el estudiante era un delincuente. Luego las autoridades venezolanas difundieron supuestos antecedentes que lo involucraban en el intento de golpe de Estado de abril de 2002. Incluso, lo señalaron como un instrumento de los sectores empresariales, el clero y el “imperialismo yanqui” para desprestigiar a la “Revolución bolivariana”.
En enero de 2008, durante la sesión de la Asamblea Nacional (Parlamento), el presidente Chávez fustigó al Vaticano por “proteger” a Moreno. “Señor nuncio, usted tiene a un delincuente protegido ahí (en la embajada); usted debería entregarlo a las autoridades”.
El 9 de marzo de 2009 –dos años después de que solicitó asilo–, Moreno escapó de la sede de la nunciatura apostólica. Las autoridades venezolanas solicitaron a Interpol una orden de captura internacional. En ese mismo mes de marzo, Moreno apareció en Lima, Perú, cuyo gobierno le otorgó en noviembre pasado refugio “por razones humanitarias”.
“Los casos de Moreno y de Del Valle Ramírez son similares en los aspectos jurídicos, aunque sus protagonistas profesen posiciones políticas e ideológicas opuestas”, comenta un diplomático mexicano al reportero.
Explica los paralelismos: ambos fueron acusados por delitos del “fuero común” y jueces locales emitieron en los dos casos órdenes de aprehensión; ambos estuvieron un tiempo en la clandestinidad y se presentaron de improviso en una embajada para solicitar asilo. Y se pregunta: “Después de negar el salvoconducto a Moreno, ¿qué argumentos tendría el gobierno de Hugo Chávez para otorgar el asilo a América del Valle y pedir a las autoridades mexicanas el salvoconducto?”.
Sin embargo, si Venezuela otorga el asilo, el gobierno de Calderón se enfrentaría a un dilema: conceder el salvoconducto y con ello reconocer que América es “perseguida política”; o negarlo y enfrentar las críticas dentro y fuera del país, así como una eventual tensión en las relaciones bilaterales con el país sudamericano.
El diplomático que habló con este semanario dice que todo indica que el gobierno venezolano no desea enemistarse en este momento con el gobierno de Calderón. El motivo: México juega un papel importante para el éxito de la Cumbre de Caracas que se celebrará en esa ciudad el 5 de julio de 2011. En dicha reunión los mandatarios de la región establecerían la estructura y los mecanismos de operación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, organización regional creada durante la llamada Cumbre de la Unidad que se realizó en Cancún, México, en febrero pasado.
“Países como Chile, Costa Rica, Panamá y Colombia miran con recelo a los gobiernos del Alba (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y particularmente al de Hugo Chávez. Temen que éste quiera manejar la nueva organización regional en función de sus intereses. México concilia posiciones entre ambos bloques. A Chávez no le conviene un pleito con México… A no ser que renuncie a una organización realmente latinoamericana y caribeña y pretenda sólo un Alba ampliado”, analiza el diplomático.
Y justamente la reunión a la que asistió la canciller Espinosa el sábado 3 en Caracas tuvo como objetivo preparar los “documentos de procedimiento” de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Los motivos de América
América del Valle solicitó asilo en la embajada de Venezuela porque “no tiene otra alternativa”, sostiene Leandro Rivero, abogado defensor de la activista.
Y es que, dice, la justicia mexiquense rechazó en dos ocasiones otorgarle un amparo, por lo que, desde el punto de vista jurídico, se cerraron las posibilidades de evitar un juicio que está viciado de origen.
En entrevista con Proceso, Rivero precisa: en agosto de 2006, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles negó la solicitud de amparo que presentó para frenar las órdenes de aprehensión en contra de su defendida por el delito de “secuestro equiparado”. Entonces interpuso un recurso de revisión, el cual fue rechazado en noviembre de ese año por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
Rivero basa la defensa de América del Valle en la siguiente tesis: no fue acreditado el llamado “elemento subjetivo específico” del delito. Es decir, cuando su defendida y otros miembros del FPDT retuvieron en 2006 a un funcionario mexiquense no tenían un “plan deliberado y previo” para privarlo de la libertad ni tenían “la finalidad específica de causar algún mal o alcanzar fines ilícitos”, sobre todo porque los hechos ocurrieron en un “contexto de conversaciones” entre el FPDT y las autoridades. De ello se deriva que no hubo dolo ni el “elemento subjetivo específico” que ese delito requiere para su configuración.
Por los mismos hechos fueron acusados y sentenciados 12 miembros del FPDT a penas que van de 33 a 112 años de prisión, entre ellos Ignacio del Valle, padre de América. El pasado 30 de junio, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenaron su inmediata liberación pues concluyeron que en su juicio se utilizaron pruebas ilegales o insuficientes.
–¿La decisión de la SCJN también exonera a América del Valle? –se le pregunta a Rivero.
–De manera directa no le beneficia.
Explica: “Pese a que se trata del mismo delito (secuestro equiparado) imputado por los mismos hechos tanto a los 12 presos como a América del Valle, la SCJN sólo se pronunció sobre los procesos judiciales ya concluidos. Es decir, su decisión no incluye a América porque ésta no ha enfrentado el proceso penal”.
Expone que sólo en el hipotético caso de que América del Valle “enfrente” dicho proceso –lo que implica que deba hacerlo desde la cárcel–, la defensa puede ofrecer como prueba de descargo el precedente que estableció la SCJN el pasado 30 de junio.
El hecho, sin embargo, es que América del Valle “no desea enfrentar dicho proceso penal” debido a que “no tiene confianza en la justicia del Estado de México”.
El abogado le concede razón a su defendida. Se pregunta: “¿Cómo tener confianza en la justicia del Estado de México cuando, por un lado, impuso sentencias excesivas a los líderes de San Salvador Atenco, mientras que por el otro exoneró a los policías que estuvieron involucrados en abusos sexuales, torturas y otros delitos cometidos en contra de la mayoría de las 207 personas detenidas en mayo de 2006?”.
Proceso
05/07/2010
