También debe sancionarse a los responsables de los operativos contra los atenquenses, dicen
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recibieron la noticia sobre la liberación de sus dirigentes con abrazos y lágrimas, en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-Foto Alfredo Domínguez
Georgina Saldierna, Andrea Becerril, Roberto Garduño y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Senadores y diputados del PRD, así como organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos, festejaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorgó el amparo y ordenó la liberación de los 12 presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco.
No obstante, señalaron que se trata de una “solución incompleta, pues falta hacer justicia a las 27 mujeres violadas por policías del estado de México y castigar a los responsables de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006” contra los pobladores de San Salvador Atenco, estado de México.
Los diputados perredistas Alejandro Encinas, Enoé Uranga y Mauricio Toledo afirmaron que la decisión del máximo tribunal abre la puerta al rechazo legal que la sociedad debe encabezar “contra la criminalización de los movimientos sociales”.
Coincidieron en que los cuatro años de prisión que padecieron los líderes campesinos representan “un injusto castigo de autoridades que interpretan perversamente la ley”.
Senadores del sol azteca exigieron al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, que retire los cargos contra América del Valle Ramírez –hija del dirigente del FPDT, Ignacio del Valle, y de Trinidad Ramírez, quien encabezó esa organización durante el tiempo en que su esposo estuvo en prisión–, quien tras permanecer cuatro años fugitiva decidió pedir asilo al gobierno de Venezuela.
El presidente del Senado, Carlos Navarrete, manifestó que es muy bueno que la Suprema Corte haya echado abajo el afán del gobierno del estado de México de criminalizar la protesta social. Consideró que el máximo tribunal del país reparó una injusticia al frenar la lección que algunos querían dar al movimiento popular de la República.
Ahora “quisiera ver qué explicación dan quienes con saña pretendieron dar un escarmiento a líderes sociales, sindicales, políticos, indígenas del país, para que nadie más se atreva a expresar su verdad ni luchar por sus causas”.
Por separado, Alejandro Encinas, coordinador de los perredistas en la Cámara de Diputados, señaló que la resolución cobra relevancia y es un paso importante para llevar justicia a los movimientos sociales.
“La determinación de la Corte debe ayudar a resolver la criminalización de los líderes sociales, y el caso de los dirigentes de Atenco no se generó por una acción del gobierno panista, fue una coalición de intereses de PRI y PAN. Es ahí donde debemos cambiar el desorden institucional que sólo afecta los intereses del pueblo.”
Enoé Uranga conminó al Poder Legislativo a reformar las leyes relativas al trato que deben recibir los dirigentes sociales. “La lucha social es tratada por el poder como delincuencia organizada. Es insólito que Felipe Calderón haya enviado una iniciativa judicial donde se incluye que la movilización social puede ser considerada como tal”, sostuvo.
El diputado Mauricio Toledo afirmó que la determinación del Poder Judicial acerca de los líderes de Atenco “es una decisión tardía que afectó sensiblemente las raíces de un movimiento social como el de los campesinos de Atenco, que no hicieron otra cosa que defender sus posesiones familiares y comunales, y da la pauta para que el Congreso federal ponga límites a la actuación de las instancias de gobierno cuando pretenden abusar de sus posiciones de privilegio”.
Respetan PAN y PRI la decisión de los ministros
Los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI en la Cámara de Senadores, Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente, manifestaron respeto por la decisión de los ministros.
“Qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto de manera definitiva lo que muchos estaban esperando”, resaltó Beltrones.
Yeidckol Polevnsky, senadora por el PRD, manifestó que a los presos de Atenco no sólo hay que pedirles perdón, sino resarcirles el daño que se les ha hecho al mantenerlos en la cárcel de manera injusta.
Por otra parte, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia e Idheas señalaron que la liberación de los 12 presos de Atenco es muy importante, “pero es una solución incompleta”, por la falta de castigo para los responsables de los operativos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
Gloria Ramírez, presidenta de la AMDH, manifestó: “Estoy emocionada, esta resolución me ha dejado perpleja, lo festejamos. Sin embargo, está pendiente el caso de América del Valle: ella tiene que poder caminar libremente en su país. Y falta justicia para las mujeres violadas”.
Adrián Ramírez, de la Limeddh, subrayó: “Nos sorprende favorablemente esta resolución, pero no está completa si no hay sanción para los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y para los violadores de las mujeres” de San Salvador Atenco.
