■ La investigación acredita la participación del gobernador Enrique Peña Nieto: FPDT
■ Subirán a Internet la versión “pública” del proyecto elaborado por el ministro Gudiño Pelayo
■ Subirán a Internet la versión “pública” del proyecto elaborado por el ministro Gudiño Pelayo
Jesús ArandaLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con elementos suficientes para responsabilizar a funcionarios federales, estatales y municipales de la violación de los derechos humanos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, señalaron representantes del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra (FPDT), quienes añadieron que en la investigación de la Corte está acreditada la participación del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y del entonces secretario de Seguridad Pública federal Eduardo Medina Mora, entre otros, en la violenta represión contra la población.
También confiaron en que los ministros del máximo tribunal establezcan lineamientos sobre el uso de la fuerza pública en condiciones de proporcionalidad, razonabilidad y legalidad para evitar que hechos re- presivos como los que tuvieron lugar en San Salvador Atenco se repitan.
“Tenemos altas expectativas de que la Corte se pueda pronunciar sobre violaciones a los derechos humanos y también sobre lineamientos para el uso de la fuerza”, sostuvo ayer Luis Arriaga, director del Centro Pro de Derechos Humanos, con relación a que el próximo 9 de febrero los ministros iniciarán la discusión pública sobre el caso Atenco.
Buscan transparentar el proceso
Por cierto, la SCJN subirá hoy a su sitio de Internet la versión “pública” del proyecto de dictamen, elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en el que se establece que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales en San Salvador Atenco y Texcoco, en el estado de México.
Los ministros fijaron de plazo el 3 de febrero al ministro instructor de la investigación del caso Atenco para que elimine los nombre de las víctimas y todos los datos confidenciales o personales de los involucrados en los hechos, esto con fundamento en la Ley de Transparencia vigente, y suba a la red el documento para transparentar ante la sociedad la resolución que en su momento adopte la Corte.
Optimismo de la defensa
Ayer, en conferencia de prensa, el representante legal del FPDT, Leonel Rivero, subrayó que la sentencia del tribunal colegiado precisa que “nunca se materializó un plan deliberado y previo de los integrantes del frente para detener a funcionarios estatales y obligar al gobierno del estado de México a negociar”.
Acompañado por María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, líder del frente, quien se encuentra preso; Irma Palomo, esposa de Adán Espinoza, y Ángeles Sánchez, esposa de Bernardino Cruz, el abogado sostuvo que la decisión judicial beneficia a la defensa de los 52 pobladores de Atenco que continúan su proceso en libertad condicional, así como de los 13 que permanecen detenidos, entre ellos, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa (presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano), ya que la negativa de la autoridad de atender las demandas de los atenquenses fue precisamente la que detonó los hechos violentos del 3 y 4 de mayo.
La decisión del tribunal, que incluye la emisión de una nueva resolución, significa que el juzgador no puede acusarlos del mismo delito y aunque, eventualmente, gire una nueva orden de aprehensión, ésta sería únicamente por delitos no graves (como motín, ultraje a la autoridad y resistencia a la autoridad), cuyas penas, por ser menores, les permitirían obtener su libertad inmediata.
Por su parte, Trinidad Ramírez dijo que la resolución judicial confirma que los detenidos no cometieron ningún delito y que la represión en su contra es por mantener la lucha en defensa de sus derechos.
