Matilde Pérez U.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sostuvo que el proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es insuficiente, y exigió que se castigue al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, y a todos los que estuvieron involucrados en la violación a los derechos humanos durante los operativos policiacos realizados en 2006 en San Salvador Atenco.
A bordo de dos autobuses, habitantes de San Salvador Atenco y representantes de diversas organizaciones que se han solidarizado con el citado frente llegaron desde temprano al acceso de la SCJN, en donde exigieron se libere a todos los detenidos, y demandaron que los ministros actúen en contra de todos los responsables del operativo de mayo de 2006.
A bordo de dos autobuses, habitantes de San Salvador Atenco y representantes de diversas organizaciones que se han solidarizado con el citado frente llegaron desde temprano al acceso de la SCJN, en donde exigieron se libere a todos los detenidos, y demandaron que los ministros actúen en contra de todos los responsables del operativo de mayo de 2006.
“¡Exigimos justicia y castigo a los culpables!”, gritaron, y resaltaron en las mantas y cartulinas que colocaron entre los árboles del camellón de la calle Pino Suárez. Durante el mitin aseguraron que continuarán su lucha hasta que se haga justicia; no bajaremos la voz hasta lograr que Peña Nieto, Wilfredo Robledo, Abel Villicaña, Humberto Benítez Treviño, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Miguel Ángel Yunes sean castigados.”
Hasta poco después del mediodía, los manifestantes insistieron en que se permitiera el acceso al menos a un grupo de nueve personas para estar en la sesión de ayer de la SCJN, en la que se discutió el proyecto de resolución sobre el caso Atenco. “Nosotros somos los interesados directos en ver cómo se lleva a cabo la discusión, pues somos los familiares de los detenidos y de los golpeados”, argumentaron.
Acusaron a los magistrados de negarles durante la sesión un lugar a los campesinos, a los padres de familia de los presos, de los perseguidos políticos y de los muertos.