Notimex Nacional
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José de Jesús Gudiño Pelayo, sostuvo que autoridades de los tres niveles de gobierno incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales en el caso Atenco.
Al presentar su proyecto ante el pleno del alto tribunal, aseguró que hubo violación a los derechos humanos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y Atenco.
Esas acciones fueron favorecidas por altos funcionarios y resultado de omisiones legislativas sobre protocolos de operación ante actos violentos, añadió. "Quedó acreditada la violación a derechos humanos", dijo el ministro al leer su propuesta, y enfatizó que "Atenco no debe quedarse en Atenco, es una oportunidad que no debemos dejar pasar para adoptar criterios sobre el límite del uso de la fuerza pública".
Dijo que a partir de la investigación que llevaron a cabo los magistrados de circuito Alejandro Sergio González Bernabé y Jorge Mario Pardo Rebolledo, se advirtieron deficiencias y omisiones en ese rubro, lo cual deben atender los tres niveles de gobierno. En las primeras opiniones vertidas a propósito de esa propuesta, el ministro José Ramón Cossío Díaz precisó que la Corte no puede circunscribirse a lo ocurrido los días mencionados, pues de éstos derivaron detenciones en jornadas posteriores que pudieron haber sido violatorias de derechos humanos.
"Hay un conjunto de consecuencias relacionadas con esos acontecimientos", dijo Cossío Díaz al proponer que se analicen las consecuencias de los actos policiacos, opinión que no compartió el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
A su vez, el ministro Juan Silva Meza indicó que "Atenco es el botón de muestra de las deficiencias en el ejercicio de la fuerza pública", situación que incluso originó que la SCJN ejerciera su facultad de investigación.
Por separado, el ministro Genaro Góngora Pimentel recalcó que el máximo tribunal del país debe emitir una opinión sobre los límites que deben poner las autoridades para decir que México está en un Estado de derecho y que no prevalece "la ley de la selva".
"Es hora que sepan los gobernantes que en México ya no se toleran esas situaciones. Los derechos humanos no son algo que deba menospreciarse", sentenció.
Góngora Pimentel sostuvo que el orden público y los derechos humanos no son opciones contrapuestas, pues es posible conseguir orden sin afectar los derechos humanos y pueden existir operativos exitosos sin necesidad de muertos.Además, "no es necesario abusar sexualmente de mujeres para trasladarlas a un centro de reclusión", enfatizó.
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, policías estatales y federales preventivos se enfrentaron con habitantes del poblado San Salvador Atenco, cabecera municipal de Atenco, que protestaban por el desalojo de ocho floricultores del primer cuadro de Texcoco.
Durante los hechos, en los que un menor murió a consecuencia de la explosión de un petardo, los manifestantes bloquearon la carretera Los Reyes-Lechería, mientras que los uniformados emplearon gases lacrimógenos para dispersarlos.
