La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, a expensas de su redacción final, cierra toda posibilidad de impartir justicia y consuma una vez más la impunidad con que el Estado responde a las graves violaciones a los derechos fundamentales, violaciones que, paradójicamente, han sido ampliamente documentadas por la misma Corte en su investigación.
Estas conclusiones confirman la negación de justicia como patrón de respuesta del Estado, como la CCIODH ha venido constatando a lo largo de 10 años de observación por los derechos humanos en México: así ha ocurrido en un crimen de Estado como es el caso Acteal, en la denuncia de Lydia Cacho y ahora en el caso Atenco. En todos ellos se imputa a funcionarios de bajo nivel y se exonera a los responsables policiales y políticos, justificando actuaciones del poder cuyo principal objetivo es la represión de los movimientos sociales.
Como también sucedió en su decisión sobre la ley indígena en el 2003, la SCJN cierra de nuevo las aspiraciones legítimas de obtener justicia.
El fracaso de la administración de justicia en México deja a los denunciantes la justicia internacional como única vía.
En su resolución, la mayoría de la SCJN exonera a los responsables políticos del operativo por falta de pruebas, es decir, les aplica el principio de presunción de inocencia, un principio que, aplicado a los servidores públicos en casos de violaciones de derechos humanos, sólo puede tener como resultado la impunidad.
En el mismo proyecto del dictamen presentado por el ministro Gudiño, la Corte contaba con elementos suficientes que justificarían la apertura de una nueva investigación específica sobre la actuación de los responsables políticos.
El comportamiento de los agentes durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, visto en conjunto, no puede entenderse si no existían instrucciones previas de cómo debía desarrollarse el operativo. La manera en como se desarrollaron las detenciones y los traslados a los centros de detención en momentos y lugares distintos a lo largo de dos días, responden a un patrón tan parecido que, en caso contrario, no sería racionalmente comprensible.
La Corte no ha tenido en cuenta algo que queda constatado en su propia investigación: en el desarrollo del operativo de Atenco, las autoridades responsables permitieron la existencia de tiempos y espacios fuera de derecho y todo tipo de prácticas colectivas violentas.
¿Cómo pueden atribuir a comportamientos individuales y espontáneos el hecho de que 85% de los detenidos y detenidas presentaran lesiones no atribuibles a la detención o el elevadísimo porcentaje de mujeres que han denunciado abusos sexuales como lo constata la misma investigación de la Corte?
En este sentido, tampoco tiene en cuenta la Corte la resistencia tenaz de las autoridades municipales, estatales y federales a realizar la menor investigación sobre los delitos cometidos por los agentes participantes en el operativo: las autoridades públicas han encubierto las agresiones, las han negado reiteradamente, han dificultado las denuncias y la investigación y han manifestado de diversas maneras su intención de proteger a las responsables directos.
Esto es así hasta el punto de que, como se mencionaba en nuestro anterior boletín (http://cciodh.pangea.org/?q=es/node/276), dos años y medio después, no existe ni un solo agente procesado pese a la gravedad de las denuncias, que la misma Corte, al parecer, reconocerá en su dictamen final, lo que contrasta con las duras penas de prisión —algunas prácticamente de por vida— dictadas contra 13 miembros del movimiento social.
La Suprema Corte ha pasado de puntillas sobre un nuevo caso flagrante que ilustra una vez más la total impunidad del ejercicio del poder en México.
Ante la disyuntiva de elegir entre procurar establecer mecanismos de justicia o consagrar la impunidad, la mayoría de la Suprema Corte ha decidido dar carpetazo al asunto.
El mensaje es claro: los poderes políticos de México pueden volver a planear otro operativo como el de Atenco, pero ahora sabiendo de antemano que el máximo órgano judicial de la República les exonerará por falta de pruebas. Ni siquiera les exigirá realizar una investigación seria sobre los delitos cometidos por servidores públicos, aunque la misma Corte los reconozca en su investigación.
En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de Estado.
Después de agotarse la última instancia de la justicia mexicana, la pregunta que cabe hacerle a la mayoría de magistrados es simple: ¿dónde queda la justicia?
Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
Barcelona, a 15 de febrero de 2009.
