Reclaman rendición de cuentas del gobierno desde la guerra sucia en los setenta hasta Atenco y Oaxaca.
Ginebra. México debería terminar con la impunidad por violaciones de los derechos humanos, reclamaron varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a pocos días de que se realice, el lunes, el Examen Periódico Universal (EPU) de ese país en la sede de la ONU en Ginebra.
Ginebra. México debería terminar con la impunidad por violaciones de los derechos humanos, reclamaron varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a pocos días de que se realice, el lunes, el Examen Periódico Universal (EPU) de ese país en la sede de la ONU en Ginebra.
“Las autoridades aún no han hecho rendir cuentas a nadie por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas que tuvieron lugar entre las décadas de 1960 y 1980", denunció Patrizia Scannella, encargada adjunta de la oficina de Amnistía Internacional (AI) en Ginebra.
"Los agentes de la policía federal, estatal y municipal de México implicados en violaciones graves de derechos humanos -como tortura, violación y homicidio ilegítimo-, especialmente las cometidas durante los disturbios civiles en San Salvador Atenco y en la ciudad de Oaxaca en 2006, no han comparecido ante la justicia", puntualizó Scannella.
"¿Cuales son las medidas decisivas y creíbles que va a anunciar México en la ONU para esclarecer lo que ocurrió durante la guerra sucia de los años 70?", se preguntó por su parte Juliette de Rivero, responsable en Ginebra de Human Rights Watch (HRW).
"Quisieramos que México resolviera de una vez por todas que cualquier abuso a los derechos humanos va a ser juzgado por la justicia ordinaria, y que se abolieran los tribunales militares", sostuvo De Rivero.
"En el contexto de violencia que vive México, cuando el gobierno ha tomado la decisión de desplegar más personal militar en las calles, es inadmisible que el fuero militar siga siendo competente para ocuparse de delitos contra los derechos humanos", subrayó José Zeitune, uno de los responsables en Ginebra de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
El tipo de examen al que México será sometido el lunes en Ginebra, denominado EPU, se realiza a partir de un informe presentado por el país, junto a dos otros elaborados por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. El primero resume elementos aportados por las agencias de Naciones Unidas, y el otro contiene "informaciones creíbles y fidedignas" presentadas por ONG.
En el informe elevado por el gobierno, cuya copia ya circula en Naciones Unidas, México admite que debe "trasformar el sistema de impartición de justicia", pero niega que exista complicidad de agentes oficiales en exacciones y recalca que "hoy día nadie puede afirmar que en México las violaciones de los derechos humanos son una política de Estado".
En el citado documento, México asume haber convocado "de manera temporal" a las Fuerzas Armadas para "restablecer condiciones mínimas de seguridad que permitan a los ciudadanos convivir en paz y recuperar paulatinamente espacios territoriales que ocupaba la delincuencia organizada", en clara alusión a la lucha contra el narcotráfico y las mafias criminales.
Sobre las carencias en materia de derechos humanos, el gobierno del presidente Felipe Calderón se plantea varios "desafíos fundamentales", entre los que menciona reformar el sistema de justicia para consolidar la democracia, conseguir "fallos y sentencias judiciales" en base a los estándares internacionales, armonizar las legislaciones federal y estatal con los tratados de la ONU y garantizar la seguridad de las personas en todo el país.
Los 191 Estados restantes de la ONU van a entablar el martes un "diálogo interactivo" de tres horas con la delegación de México, encabezada por el secretario de la Gobernación, Fernando Gómez Mont.
La audiencia pública en el Palacio de las Naciones se llevará a cabo bajo el control de una "troika", tres países designados por sorteo, que en este caso son Sudáfrica, Pakistán y Nicaragua. Al debate pueden asistir las ONG, pero les está vedado el uso de la palabra.
El viernes 13 de febrero, la "troika" dará a conocer el informe que redacte tras el debate público. En ese documento el gobierno de México indicará si acepta, rechaza o posterga pronunciarse sobre eventuales críticas y propuestas que le hayan formulado los Estados en la sesión del martes.
