Coinciden los ministros en que en Atenco era necesario emplear la fuerza pública, pero que por la manera en que se desarrollaron los hechos pudo constatarse que se registraron violaciones graves a diversas garantías
La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que sí se registraron violaciones graves a las garantías de la población en los enfrentamientos registrados en la comunidad de Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, durante el segundo día de análisis en torno a este caso.
Pero dejaron pendiente, para la sesión de mañana, precisar cuáles fueron los derechos de los pobladores que se violaron.
Aunque a lo largo de la discusión hubo coincidencias en el sentido de que se violaron los derechos a la vida, a la libertad sexual, a la no discriminación por género y a no ser torturado, a la integridad personal, al debido proceso legal, a la justicia, a la igualdad ante la ley, a no ser detenido arbitrariamente, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de trabajo y de expresión.
Los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro Góngora Pimentel, Juan Silva Meza, Sergio Valls Hernández, Mariano Azuela, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco González Salas, Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia, aunque con diversos matices, coincidieron en que en Atenco sí era necesario emplear la fuerza pública, pero que por la manera en que se desarrollaron los hechos se pudo constatar que sí se registraron violaciones graves a diversas garantías.
Los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro Góngora Pimentel, Juan Silva Meza, Sergio Valls Hernández, Mariano Azuela, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco González Salas, Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia, aunque con diversos matices, coincidieron en que en Atenco sí era necesario emplear la fuerza pública, pero que por la manera en que se desarrollaron los hechos se pudo constatar que sí se registraron violaciones graves a diversas garantías.
Sin embargo, en casos como el de la muerte de los jóvenes, Javier Cortés y Alexis Benhumea, la mayoría de la Corte se ha pronunciado por no determinar si los responsables de su muerte fueron o no policías, por no contar con pruebas suficientes para determinar quién detonó la bala que mató al primero ni quién arrojó el artefacto que hirió y provocó la muerte del segundo.
El ministro Sergio Aguirre Anguiano fue el único que se pronunció por declarar que no existieron violaciones graves a las garantías de la población de parte de los policías.
Para la sesión de mañana también se espera que el Pleno de la Corte comience a revisar qué autoridades estuvieron involucradas en estos hechos.
La discusión en torno a la participación de la autoridades que intervinieron en el conflicto partirá de la propuesta que presentó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, como encargado del caso, en el sentido de declarar que si bien la violencia no fue planeada por autoridad alguna, sí se encontraron elementos que permiten considerar que, una vez que se dieron los enfrentamientos y las detenciones, las agresiones fueron permitidas y alentadas por los mandos de la policía que estaban al frente de los operativos.
Se trata de una conclusión que de antemano, y antes de empezar la discusión de este punto, fue puesta en duda por el ministro Genaro Góngora Pimentel.
En opinión de Góngora la violencia que se registró en los enfrentamientos fue un acto de venganza planeada por autoridades de rangos "superiores", a quienes calificó como los autores intelectuales de las agresiones.
