■ La Corte sirve a los intereses de grupos de poder, señalan ONG
■ Propicia la impunidad; dejó ir oportunidad de hacer justicia, dicen
Fabiola Martínez, Emir Olivares y Octavio Vélez Ascencio (Reporteros y corresponsal)
Protesta de habitantes de Atenco, el jueves pasado, tras el fallo de la Suprema Corte sobre el caso ocurrido en mayo de 2006 Foto: José Antonio López
El PRD informó ayer que promoverá ante el Congreso de la Unión la realización de juicio político en contra de todos los altos funcionarios y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, que fueron partícipes en el operativo en San Salvador Atenco.
Socorro Ceseñas, secretaria de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del PRD, dijo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –en la que se exoneró a dichos funcionarios– forma parte “de la estrategia del Estado para mantener esos hechos en la impunidad”.
Precisó que el partido del sol azteca gestiona, con sus legisladores, la forma de impulsar el citado proceso de juicio político, al tiempo que toma como un objetivo permanente el apoyo a las personas presas durante los operativos en Atenco.
En tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que el fallo de la SCJN “deja claro que el sistema de procuración y administración de justicia es manipulado para servir a los intereses del Estado y los grupos de poder, y propicia la impunidad” al exculpar de cualquier responsabilidad a funcionarios públicos como Peña Nieto y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) resaltó que con esa decisión la Corte desaprovechó la posibilidad de ejercer a cabalidad sus atribuciones como máximo tribunal constitucional para señalar a aquellas autoridades que con sus acciones y omisiones perpetraron violaciones graves a los derechos reconocidos en la Carta Magna.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas consideró que los ministros “tuvieron entre sus manos una oportunidad histórica de hacer justicia”, la cual dejaron ir.
Ambas organizaciones subrayaron que si bien la SCJN reconoció que en los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y Texcoco, estado de México, “se violaron de manera grave los derechos humanos y las garantías individuales”, ese órgano de justicia omitió señalar la responsabilidad de autoridades federales y estatales “que estuvieron implicadas en los hechos y fueron omisos en sus responsabilidades”.
Prodh señaló que al exculpar a servidores públicos de alto nivel, la Corte tuvo “criterios propios de un juzgado penal, pero no de un tribunal constitucional”, y omitió examinar a fondo el involucramiento de los funcionarios, demandando elementos probatorios indubitables sobre la participación subjetiva de éstos “lo que fue inadecuado: es ingenuo pretender que podría existir un documento en el que conste la orden expresa de que en Atenco se violaron garantías individuales”.
Ambas ONG demandaron a las autoridades estatales y federales la liberación de 13 personas que continúan recluidas y sentenciadas por los sucesos en Atenco, y exigieron justicia para las víctimas de torturas, asesinatos, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y otros delitos.
El concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, afirmó que la SCJN se convirtió en “alcahueta” de los violadores a derechos humanos en San Salvador Atenco y subrayó que la determinación sienta un “grave precedente” para Oaxaca.
“(La Corte) deja abierta la puerta a la impunidad”, señaló.
El activista sostuvo que la inmunidad decretada a los responsables de la represión confirma el régimen de complicidades entre el PAN y el PRI, pero sobre todo la conversión de la SCJN “en un ente político” porque confirma esos acuerdos partidistas.
