Diez miembros de la Corte coincidieron en sus exposiciones, excepto Salvador Aguirre Anguiano. Se espera que mañana el pleno resuelva sobre lo sucedido el 3 y 4 mayo de 2006.
México, DF. Al continuar este martes con el análisis del dictamen sobre el caso de San Salvador Atenco, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron un posicionamiento “personal” y coincidieron -en su mayoría- en que sí se incurrió en violaciones graves a las garantías de individuales de pobladores en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006.
Para el ministro David Góngora Pimentel desde el momento en que las instancias no aceptaron la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se violentaron “gravemente” los derechos humanos en conjunto, lo que implica un “total desprecio a la dignidad humana”.
Agregó que su postura se basa en el hecho no solamente en el hecho de que los mandos y la autoridad superior hayan incurrido en omisión, sino por tratarse “de una acción pensada”, lo que podría sugerir, dijo, la existencia de autores intelectuales. Y es que, abundó, el operativo para dispersar a los floristas que se manifestaron el día de 3 mayo siguió un modus operandi.
De igual manera, continuó Góngora Pimentel, en la violencia sexual ejercida hacia las mujeres se advierte un patrón de conducta ya que todos los abusos fueron cometidos con la mista técnica, “buscando no dejar evidencia incriminatoria” de los mismos.
La actuación de las autoridades, consideró, no muestra el cumplimiento de un operativo para despejar la circulación de una vía pública, sino un “mensaje claro para los que retan a la autoridad”. Asimismo, esto evidencia el uso de un método represivo el cual “no puede surgir por azar, sino con una planeación previa”.
En el mismo sentido de reconocer graves violaciones a las garantías individuales se pronunciaron en su turno los ministros José Cossío Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Juan Silva Mesa, Sergio A. Valls, Margarita Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco González, José de Jesús Gudiño Pelayo.
Solamente Sergio Salvador Aguirre disintió al considerar que no hay pruebas de violación al derecho a la vida, pese a las dos víctimas mortales que hubo a consecuencia de los operativos policiales. Asimismo, dijo que no existe un solo dictamen que acredite la violación a la libertad sexual para el caso de las mujeres que así lo denunciaron.
Para el ministro Cossío Díaz es importante precisar cuáles fueron las causas que generaron el estado de incertidumbre en el momento del operativo, y para ello es necesario estudiar la actuación de las autoridades e identificar sus nombres. Y es que, como ayer fue planteado, la responsabilidad no involucra a todos los participantes por igual.
Por su parte, Azuela Güitrón destacó la legitimidad e incluso la necesidad del operativo implementado por la autoridad con el fin de librar la vía pública que había sido tomada por los floristas que se manifestaban por haber sido reubicados.
Sin embargo, señaló, el uso de la fuerza para disolver la protesta fue “poco profesional” lo que derivó en acciones desproporcionadas. Incluso precisó: “el legítimo uso de la fuerza no exime las graves violaciones a las garantías individuales” tales como el derecho a la vida, a la libertad sexual, a la inviolabilidad de domicilio, entre otras.
Asimismo, puntualizó que la autoridad encargada de ejecutar acciones de control requiere una formación y preparación técnica y sicológica que evite tales resultados. Al respecto, el ministro Silva Mesa secundó que en el operativo “legítimo” hubo impericia, improvisación y falta de capacidad.
Expuso que de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Constitución, lo principios que rigen el uso de fuerza pública son la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos considerados en la misma Carta Magna. Para el ministro, todos esos principios constitucionales se vieron violentados.
De igual modo sucedió con los derechos humanos -que son las garantías individuales- reconocidos en tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México: “Este principio de respeto a los derechos humanos también fue violado”.
Para las ministras Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero, el uso de la fuerza pública fue justificada porque había facultades para hacerlo; no obstante, se llegó a un “exceso”.
“¿En el operativo hubo violación grave de garantías?, yo diría sí, (...) en cuanto al uso del uso excesivo de la fuerza en relación con las detenciones, en relación con las inviolabilidades de domicilio, en relación con, sobre todo, con los abusos sexuales cometidos contra las mujeres que fueron trasladadas”, afirmó Luna Ramos.
Respecto a los artículos constitucionales violados, subrayó que fueron el “16, 19 y 21".
Por su parte, José Fernando Franco González señaló que su “opinión” es a favor del dictamen en lo relativo a los acontecimientos del día 4; sin embargo, indicó, en lo que se refiere a las muertes de dos personas coincide con el hecho de que “no pueden ser calificadas en este informe como violación grave de garantías”, puesto que hasta ahora no está acreditado y “sigue sin estar acreditado que fuese un miembro de la autoridad quien los privó de la vida”.
No obstante, afirmó que no puede pasarse por alto que pudiese existir dicha calificación si de las investigaciones resultase que efectivamente un integrante de los agentes que actuaron fue el que “causó la muerte de las personas o en el caso de Alexis Benhumea Hernández, a quien es imputable el retraso en la atención médica”.
Asimismo, mencionó que podría existir “una responsabilidad objetiva del Estado si se acreditara que no se tomaron las medidas necesarias durante los operativos para evitar esas muertes”.
Para la sesión de mañana se espera que el Pleno de la Corte comience a revisar qué autoridades estuvieron involucradas en estos hechos, de igual forma, dejaron pendiente para este miércoles informar cuáles son los derechos de los habitantes de San Salvador Atenco que se violaron.
