En Estados Unidos, durante las últimas semanas, un par de posibles secretarios de Estado nominados por Barack Obama han tenido que renunciar a sus aspiraciones por faltas contra la administración hacendaria, en uno de los casos, por una falta de no más de mil dólares.
Imposible para Barack Obama manchar su nueva administración así. El mismo presidente tuvo que admitir haber metido la pata. Una falta administrativa impidió a alguien ejercer un cargo público de responsabilidad.
En México, las cosas funcionan de manera diferente.
Esta semana, el ministro de la Suprema Corte de Justicia José de Jesús Gudiño Pelayo dio a conocer su dictamen, elaborado después de una larga investigación sobre posibles violaciones de derechos humanos en Atenco en 2006. El dictamen se discutirá este lunes en el pleno.
Gudiño concluye que sí hubo violaciones y que fueron graves.
Cito del dictamen: “lo que este Tribunal estima que sí puede sostenerse, y de alguna manera embona con el sentido de las declaraciones de los policías y con diversas cuestiones que se advierten de la sucesión de hechos que fueron investigados, es que aun cuando la violencia no hubiese sido ordenada, fue permitida y alentada y en esa medida autorizada, alentada o avalada por los superiores” (itálicas en el original).
Hace una “relatoría de los diversos funcionarios de los tres órdenes de gobierno que tuvieron injerencia en los hechos de cuenta, ya sea ejerciendo funciones decisorias, de coordinación, de supervisión u operativas, cuyos actos u omisiones, según las funciones que a cada uno competían en términos de lo explicado en los considerandos precedentes, habrían configurado las violaciones a derechos humanos apuntadas”.
Y nombra a Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel Yunes, Enrique Peña Nieto; entre otros.
Señalamientos similares y a los mismos personajes había hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes en su recomendación sobre lo sucedido en Atenco. Recomendación por cierto que el gobierno federal no ha cumplido.
Como usted notará al repasar los nombres, a pesar de los señalamientos de dos instituciones del Estado mexicano —aquí no se incluyen los de varias organizaciones no gubernamentales—los señores gozan de cabal salud, y siguen en puestos de no poca responsabilidad, prestigio y, por supuesto, salario. Uno es procurador general de la República, otro es gobernador del Estado de México con muchas ganas de ser presidente y el tercero dirige el ISSSTE con muchas ganas de gobernar Veracruz.
Es más, después de Atenco, el presidente Calderón hizo a Medina Mora y a Yunes miembros de su gabinete.
Estoy seguro de que ni siquiera a ninguno le ha pasado por la mente renunciar. Nomás faltaba.
Porque ni modo de pedir que enfrentarán algún proceso, aunque sea administrativo, por lo sucedido. No da para tanto el país. Ni modo que les pudiera en la conciencia que mientras ellos cobran del erario, la otra parte de aquel conflicto descansa en una celda en una prisión de máxima seguridad. Ni pensar que les importe que lo sucedido tenga a México denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional de España. A ellos qué.
Sus nombres son tan sólo unos más en una larga lista que incluye a René Bejarano, Mario Marín, Ulises Ruiz...
En este país nadie renuncia por nada, nadie se arrepiente de nada.
Da risa escuchar a los políticos hablar de combatir la impunidad cuando ellos la encarnan.
Y no sólo ellos, por supuesto.
Y no sólo ellos, por supuesto.
La falta de vergüenza comienza a ser una característica de las élites mexicanas.
Como nos lo ha hecho recordar la reciente confirmación y aceptación de parte de sus cómplices que el señor Maciel no era sino un perverso.
¿Dónde están las disculpas a sus víctimas?
¿Cuándo las confesiones y renuncias de sus cómplices y defensores, que han sido tantos?
¿Y qué tal, al menos el arrepentimiento público, de aquellos que ejercieron su poder económico para castigar a quienes denunciaron?
¿Cuándo pedirá una disculpa el señor Servitje y sus allegados, que castigaron con furia al Canal 40 por el programa Realidades de Marisa Iglesias, el primero en México en denunciar las perversiones de Maciel? Castigo que comenzaría una serie de penurias para su dueño Javier Moreno Valle.
¿Cuántos, al contrario de Javier, callaron la historia?
¿Qué dicen ahora los ricos que descalificando el testimonio de gente intachable, siguieron defendiendo al fundador de los Legionarios, dándole dinero, apoyo, prestigio; en contra de las víctimas? ¿Qué dicen los gobiernos que omitieron cualquier investigación? ¿Y los que lo querían hacer santo?
Todos, estoy seguro, duermen tranquilos.
El tema apenas y se tocará en alguna cena acompañándolo de un par de güisquis.
El cinismo ha ganado.
masalla@gmail.com
