■ “Es hora de que sepan los gobernantes que en México ya no se toleran esas situaciones”
■ En la discusión del asunto, que continuará hoy, sólo un ministro descarta la existencia de abusos
■ En la discusión del asunto, que continuará hoy, sólo un ministro descarta la existencia de abusos
Jesús Aranda
Le corresponde al Estado mexicano demostrar que no es el resposable de la muerte de dos jóvenes –Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago– y de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en San Salvador Atenco, sostuvo ayer Genaro David Góngora Pimentel al iniciarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la discusión de este asunto.
En cambio, para su compañero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, lo ocurrido en el poblado mexiquense los días 3 y 4 de mayo de 2006 se debió a que la autoridad fue rebasada “por imprevisión, por un grupo beligerante de gente armada, con cañones, con lanzacohetes, con machetes, con piedras, con garrotes y con todo tipo de artilugios agresivos”.
Aguirre, quien fue el único de los 11 ministros que descartó tajante la existencia de violaciones a los derechos humanos, sostuvo que era una “¡barbaridad!” atribuir a la policía la muerte de los jóvenes.
En respuesta al planteamiento de Góngora de que las autoridades federales y del estado de México no cumplieron con realizar una investigación profunda para esclarecer quién realizó el disparo que mató a Cortés Santiago –pese a la evidencia de que el arma usada era oficial y que la Procuraduría de Justicia mexiquense ni siquiera practicó la prueba de pólvora a los agentes que participaron en el operativo–, Aguirre señaló que la bala “pudo haber salido de la policía, para alguno de los ministros esto es indudable; pudo haber salido del arsenal de los atacantes subversivos, es una probabilidad, o pudo haber sucedido por un acto aislado lamentable y horrible”.
A su vez, José Ramón Cossío deslindó de responsabilidad a la Policía Federal Preventiva –en aquel entonces encabezada por el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora– de la mala “planeación” del operativo en Atenco, aunque coincidió posteriormente con el dictamen presentado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en que no fue proporcional el uso de la fuerza y que se consintieron “actos de tortura durante la detención y traslado” al penal mexiquense de Santiaguito.
Sin embargo, Gudiño Pelayo precisó de inmediato a Cossío que la PFP sí participó el 3 de mayo, a pesar de que la dependencia federal en su momento negó haber intervenido.
Margarita Luna Ramos proyectó la que sería su postura en este debate: que no encontró ningún indicio en el dictamen de Gudiño “de que alguna de las autoridades superiores, llámese gobernador del estado (Enrique Peña Nieto), llámese procurador general de la República, llámese director de la Policía Federal Preventiva, etcétera, haya dado la orden específica para decir sí, hagan un operativo con exceso de fuerza y de violencia, sin importar garantía individual alguna”.
“La gran oportunidad”
Los ministros debatieron en dos sesiones –una por la mañana y otra por la tarde–, en las que quedó en evidencia que no todos los integrantes del pleno apoyan el sentido del proyecto elaborado por el ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo, quien plantea que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales de los atenquenses, particularmente en contra de las 31 mujeres que fueron detenidas los días 3 y 4 de mayo de 2006 y que sufrieron agresiones sexuales a manos de los uniformados del estado de México.
Sabedor de la división de criterios, Gudiño Pelayo señaló en su intervención inicial, en la que hizo un detallado relato de los hechos, que Atenco “es la oportunidad de que el tribunal constitucional contribuya en algo” al debate sobre el uso legítimo de la fuerza pública, “para que México sea un país de más seguridad, pero también de libertades.
“Es una coyuntura inigualable para empezar el debate sobre los límites de la potestad del Estado, porque no hacerlo da paso al uso arbitrario e ilimitado de las fuerzas del Estado y nos torna vulnerables, porque nos coloca ante la disyuntiva de escoger entre el autoritarismo o la anarquía.
“Atenco no debe quedarse en Atenco”, subrayó.
A pesar de las más de cinco horas de debate en sesión “pública”, a la que tuvieron acceso sólo integrantes de la Corte, funcionarios del estado de México y una comisión de cinco representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra –estos últimos ingresaron apenas 15 minutos antes de que terminara la sesión matutina–, los ministros sólo aprobaron un punto concreto:
Que el informe del ministro Gudiño es suficiente para que el pleno determine si hubo o no violaciones graves a las garantías individuales en Atenco, y será hoy cuando cada uno de los ministros defina su posición sobre el uso legítimo de la fuerza y, en consecuencia, si fueron violados los derechos humanos en Atenco.
Por su lado, Góngora Pimentel convocó a sus compañeros a asumir una postura en favor, en términos generales, del dictamen, ya que “somos la última instancia nacional que puede coadyuvar a reparar las violaciones a los derechos humanos y sentar límites para que estas conductas no se vuelvan a repetir en el futuro”.
Por eso, enfatizó: “debemos poner límites y decir que en México existe estado de derecho, rigen leyes nacionales y no la ley de la selva. Es hora de que sepan los gobernantes que en México ya no se toleran esas situaciones; son otros tiempos”.
La palabra la tienen sus compañeros, quienes reanudarán hoy la discusión del asunto.
